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Piden a organizaciones no involucrarse en el proceso en contra de la hija de Tía Marchas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La representante del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera, Gema Antúnez Flores llamó a normalistas de Ayotzinapa, organizaciones y colectivas a no intervenir en el proceso judicial por homicidio en el que fue imputada la hija de la activista, Marisela Núñez Trujillo, conocida como tía Marchas.
En conferencia de prensa reconoció el peso político de la Normal Rural, por ello insistió en que no haya manifestaciones para la libertad de una de las siete personas que fueron involucradas en el caso de Abel Hernández Barrera de 19 años, por la Fiscalía General del Estado.
Consideró que la defensa está en tiempo y condiciones de presentar las pruebas de descargo que considere.
Este lunes normalistas y organizaciones protestaron en Ciudad Judicial, al mismo tiempo que se reanudaba la audiencia inicial que comenzó el jueves anterior, con la causa penal 33/2023.
En solidaridad con Marisela Núñez, estudiantes y activistas de colectivas exigieron la libertad inmediata de la hija de Marisela, Marisol Figueroa Núñez, detenida de manera arbitraria el 2 de marzo, una semana antes del inicio del procesamiento.
También denunciaron que hubo actos de tortura hacia la hija de la Tía Marchas, para tratar de obligarla a señalar a una persona del asesinato del que ahora la acusan.
Antúnez Flores dijo que están acompañando a Rosario, la mamá de Abel Hernández Barrera, porque forma parte del colectivo de familiares desde 2018, tras la desaparición de su hijo menor, Daniel, de 10 años.
Mencionó que Abel acompañaba a su mamá a las acciones de búsqueda. La última vez que se supo de él, Abel salió del horario nocturno de su trabajo en una tienda de conveniencia, y le dijo a un compañero que iba a ver a su novia en el bar La Malquerida, en Chilpancingo, de una relación reciente.
En agosto de 2022 a poco de su desaparición, se dio el hallazgo de una extremidad de su cuerpo en una casa ubicada detrás del panteón central.
Mencionó que entonces se levantó la denuncia por el asesinato y el colectivo realizó búsquedas del resto del cuerpo en las barrancas aledañas.
Añadió que como parte de las investigaciones, la FGE localizó el cuerpo que sigue en el Servicio Médico Forense para la identificación por ADN.
Lamentó que la mamá de Abel va a tener un doble duelo, al haber enterrado una parte de un hijo en agosto, y volverlo a hacer ahora con el resto del cuerpo.
Advirtió que la mamá de Abel, viuda, vive en condiciones de pobreza económica, sólo demanda justicia, pero si actores sociales insisten en la libertad de una de los coimputados, revisará pedir reparación del daño.

Buscaba a sus hermanos desaparecidos el hombre hallado decapitado en agosto en Chilpancingo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La cabeza encontrada dentro de una hielera el 30 de agosto en la colonia 4 de abril, al poniente de Chilpancingo, correspondía a Abel, un joven integrante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, quien desde hace cinco años buscaba a sus hermanos desaparecidos, Héctor y Agustín, informó la presidenta de ese colectivo, Gema Antúnez Flores.
La activista pidió ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación oportuna del caso.
Abel vivía en la colonia Las Cuevitas, a un costado de la escuela Secundaría 30 Lázaro Cárdenas del Río al oriente de Chilpancingo, desapareció el 29 de agosto después de que salió de trabajar de una tienda de conveniencia cerca de Petaquillas.
A las seis y media de la tarde del día siguiente fue encontrada su cabeza dentro de una hielera blanca de unicel, a orillas de la calle Paseo del Rosal de la colonia 4 de abril, al poniente de Chilpancingo.
La víctima era activista del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, que encabeza Gema Antúnez Flores, debido a que desde hace cinco años buscada a dos de sus hermanos desaparecidos, Héctor y Agustín.
Debido a que el día del hallazgo de la extremidad los familiares de Abel no estuvieron en condiciones de ampliar la denuncia, ayer acudieron a la Agencia del Ministerio Público acompañados de la presidenta del colectivo al que pertenecía, para abundar en su declaración.
Gema Antúnez informó que todavía no se puede señalar que el homicidio de Abel sea por la búsqueda de sus hermanos, incluso aclaró que ya se había alejado un poco.
Informó que darán oportunidad a que la Agencia del Ministerio Público realice sus propias investigaciones del caso para que después el colectivo inicie la búsqueda del cuerpo.
“No sabemos si esté relacionado con el hecho de que él anduvo buscando información de sus hermanos, pero era un joven de 19 años sin vicios, trabajaba en una tienda y de ahí salió de trabajar cuando se lo llevaron y ya no regresó a su casa”, contó la activista.
Agregó que su familia lo buscó la misma tarde que desapareció pero no obtuvieron ninguna información en hospitales ni en ningún lugar.
Al día siguiente se enteraron que fue encontrada una cabeza en la colonia 4 de Abril y fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) y la reconocieron como la de su familiar.
Gema Antúnez dijo que un compañero de trabajo les dijo a sus familiares que al salir de trabajar Abel recibió una llamada telefónica de su novia que también trabajaba en una tienda de conveniencia, y oyó que se iban a ver, “pero hasta ahí quedó todo, ya no apareció, hasta el día siguiente que encontraron su cabeza”.
Dijo que pedirán en el desahogo de pruebas que se busque a la novia para que aporte más información porque inexplicablemente ya retiró toda su información de sus redes sociales y ya no se sabe nada de ella, “aunque sabemos que está bien”.
Agregó que fue la misma novia la que le habló a un familiar de Abel a quien le dijo que lo buscaran porque “gente armada” los había levantado a los dos, pero que a ella la liberaron.

Llaman colectivos a parar la crisis humanitaria que asola Chilapa; registran 173 homicidios en el año

Colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en el estado anunciaron el inicio de la campaña Chilapa se levanta, para exigir un alto a los asesinatos y desapariciones de ese municipio, y hacer un llamado a instancias nacionales y organizaciones internacionales para que se solidaricen y ayuden a terminar con “la crisis humanitaria” que asola la región.
El representante del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro señaló que del 1 de enero al 1 de septiembre de este año en ese municipio la organización ha registrado 173 homicidios, en Tixtla 19 y en Zitlala 16, lo que denomina “el corredor de la muerte”.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el representante del Colectivo de Familias en Búsqueda de sus Desaparecidos en Acapulco, Ciro Fuentes Urióstegui, integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, María Guadalupe Rodríguez Narciso, Lamberto Castro y Gema Antúnez Flores y Díaz Navarro expusieron el motivo de la campaña y la unión de los colectivos.
“Chilapa tiene una crisis humanitaria muy profunda de la cual el gobierno federal, el gobierno estatal y por su puesto el gobierno municipal han sido omisos en atender, aún con todos los reclamos que hacemos los ciudadanos, las víctimas, los desplazados, todos los que hemos sido víctimas de un hecho delictivo. Pero también hay mucha gente que está a punto de sufrir esta situación, en este momento hemos decidido empezar una campaña Chilapa se levanta”.
Dijo que los colectivos exigen ya un alto a la violencia, a los crímenes, a los homicidios que día a día se tienen en esa ciudad, “también se levanta para pedir ayuda nacional e internacional y convocar a organizaciones civiles, no gubernamentales, y todo aquel que tenga sentido humanitario para ayudarlos a salir de la crisis que tienen”.
Abundó que según un estudio Acapulco es la capital del crimen, pero esa ciudad tiene una tasa, según el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz en un reporte del 2016, de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Chilapa tiene 191 por cada 100 mil habitantes, y por tanto sería “la mega capital del crimen”.
Refirió Chilapa no es turístico, habitan indígenas, campesinos, sectores más vulnerables y desprotegidos y por eso no se destaca.
“Todo Chilapa ya es una escena del crimen, justamente ahorita que veníamos en el trayecto alcanzamos a ver en la carretera (Chilapa-Tixtla) un cuerpo maniatado, con visibles huellas de tortura, se habla de que es de uno a tres cuerpos”, expuso.
Tienen registrados 173 homicidios del 1 de enero al 1 de septiembre, con el que encontraron en la carretera sumarían 174, mientras que en Tixtla saben de 19 en el mismo lapso, pero aclaró que son engañosos los datos porque hay gente que capturan en esta ciudad y los dejan en la capital, y que en Zitlala se han registrado 16 asesinatos en el mismo tiempo.
Dijo que la violencia fue a la alza en Chilapa de 2012 al 2014 y que en ese tiempo dominaba el grupo criminal Los Rojos liderado por Zenén Nava Sánchez, como una célula del cártel de los Beltrán Leyva, pero que tras una ruptura una parte se pasó al grupo delictivo Los Ardillos.
Dijo que principalmente un hombre que fungía como policía municipal, (era el brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto González preso en Nayarit por delincuencia organizada), Constantino Chino, y que quien los encabeza son Celso e Iván Ortega Jiménez, hermanos del ex presidente de la comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro agregó que en 2015 son desplazados Los Rojos de Chilapa y comienzan a tomar el control Los Ardillos, de ahí se habla de una “limpia” y ahora hicieron creer que llegaba otro grupo llamado Los Jefes, pero son los Ortega Jiménez.
Reiteró como en declaraciones pasadas que los Ortega son los que también lideran el grupo de civiles armados Paz y Justicia, al que Siempre Vivos acusa de la desaparición de 30 vecinos durante una irrupción armada del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal.
Dijo que la Ley 701 de derecho y cultura indígena no debe seguir cobijando a la formación de policías comunitarias que están al servicio de cárteles.
Afirmó que estos criminales también lideran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, en Chilapa, y a la policía municipal de Quechultenango y de Mochitlán.
Abundó que lo sabe Bernardo Ortega, y señaló que un 90 por ciento de los homicidios perpetrados en Chilapa han sido por estos hermanos.
Los más sanguinarios en la historia de Guerrero

De los hermanos Ortega Jiménez, Díaz Navarro dijo, “yo creo que en la historia de Guerrero son los más sanguinarios, los más violentos, los más crueles que hemos tenido y que siguen operando impunemente en Chilapa y toda esa región”.
“El viernes tuvimos ocho homicidios porque se rumoró que había regresado el jefe de plaza de Chilapa, entonces Celso mandó a sus sicarios a calentar la plaza, hubo ocho homicidios porque su estrategia es que llegue el Ejército, llegue la Marina, la Policía Federal y capture a su acérrimo enemigo que es Zenén Nava Sánchez”.
Reiteró que se emprendió esta campaña para poner un alto a las graves violaciones de derechos humanos, “que curiosamente ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han hecho ningún pronunciamiento, no han solicitado medidas cautelares para Chilapa, que está en un total abandono”.
Señaló que de hoy en adelante cada muerto que haya será responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y del gobierno del estado, porque no detiene a los delincuentes a pesar de que están identificados.
“Si no sabían quiénes son los que nos están masacrando, quiénes están exterminando al pueblo de Chilapa se los acabo de decir, hay muchas órdenes de aprehensión contra estos delincuentes, ya tiene como un año que se emitieron esas órdenes de aprehensión y hasta el día de hoy sólo capturaron a un sicario de más bajo nivel”, expuso.
El gobernador no hace nada ante la masacre, reprochan

Díaz Navarro informó que el 3 de septiembre habrá una manifestación en Chilapa para visibilizar el problema que se vive y se invitará a colectivos de otros estados.
La representante del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso expuso que se suma a la campaña que está emprendiendo Siempre Vivos, porque no puede ser posible que sigan las masacres, que sigan las violaciones a los derechos humanos, “no es posible que el gobernador Héctor Astudillo Flores no haga nada y mejor le dé protección a los delincuentes”.
“¡Ya basta!, ya es un alto, también le exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la federal, a la estatal, que hagan algo por las víctimas, esas instituciones se crearon para eso, para dar apoyo a las víctimas y todo el estado de Guerrero está bañado en sangre”, expuso.
Agregó que Chilapa es el municipio más sanguinario, que por eso exigen a las autoridades no solamente que se paren el cuello hablando de democracia y de justicia, cuando en la realidad no existe.
Dijo que con sus compañeros exigen al gobernador el presupuesto que tiene la CEAV en el estado, porque no puede seguir trabajando sin presupuesto, que cuando se acercan a la Comisión a pedir apoyos no tienen, los tienen que conseguir en el DIF y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y eso es una vergüenza para Astudillo Flores.
Reprochó que el gobernador se jacta de regalar dinero al Teletón, cuando las familias de las víctimas en Guerrero se están muriendo de hambre, los hijos han dejado de estudiar porque no hay apoyo, porque al que daba el sustento a la familia lo levantaron o lo asesinaron.
Abundó que las familias necesitan atención psicológica, médica y educativa, e insistió al gobernador que “¡ya basta!”, que no sólo se esté tomando fotos y ponga los ojos en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, en la sierra y si no puede que renuncie al cargo, para que se quede una persona sensible que los atienda.
Fuentes Urióstegui dijo que en Guerrero hace falta una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por Desaparición Forzada, que en el estado hay leyes congeladas en el Congreso local que no se han promulgado como la Ley de Desaparición de Personas.
Añadió que les dicen que la Ley General de Víctimas es un arma que pueden utilizar y que les va a beneficiar de alguna manera, y que él preguntaba que si de verdad ha beneficiado a alguien porque para acceder a esos derechos les ponen una serie de trabas que difícilmente cumplen.
“De por sí la búsqueda de nuestros familiares es difícil, si no tenemos el apoyo de la autoridad, si no tenemos el apoyo de algún sustento económico para las familias pues va a ser mucho más difícil la búsqueda. La falta de voluntad política de los gobernantes va a dirigida al cansancio, a que las familias nos agotemos, porque esto no es fácil, nos agotamos económicamente, físicamente, moralmente, psicológicamente, quieren que tengamos ese degaste para ya no seguir exigiendo”, expuso.
Dijo que quieren que las instancias internacionales los volteen a ver porque en el estado hay deficiencias en investigación, hay en dictámenes forenses, todos los expedientes, las carpetas de investigación están paradas y no hay quien exija a las autoridades que den respuesta de lo que se investiga.
Llamó a los reporteros a unirse porque el gremio también ha sido violentado, que no se luche de forma aislada porque el problema es nacional.
Lamentó que muchos se quedan callados y no alzan la voz mientras los siguen asesinando poco a poco, y no se ve que vaya a parar.
Lamberto Castro hizo alusión a “las víctimas invisibles”, los niños y niñas que son hijos de víctimas y que instancias municipales, estatales y federales no los atienden, y que por el testimonio de cada familia que ni el DIF ni la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) toman cartas en el asunto, para ver el destino de estos niños.
“El llamado que hacemos a través del colectivo Chilpancingo es que intervengan instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNICEF, o a través de otros organismos que pueden ser de defensa y protección a menores, en este caso pudiendo organizar alguna campaña de productos que puedan ser en centros de acopio, para hacer llegar a las madres que tienen niños lactantes o padecimientos de alguna enfermedad”.