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GIEI dejará el caso Ayotzinapa ante falta de acuerdos con el gobierno, adelanta Tlachinollan

Jesús Guerrero / Agencia Reforma

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.

Les da confianza AMLO para regresar a la investigación de los 43, dicen integrantes del GIEI

Integrantes de lo que fuera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les da confianza para regresar a la investigación del caso Ayotzinapa.
Reforma publicó ayer que el camino para el regreso de los expertos internacionales está listo, y que ellos están dispuestos a colaborar de nuevo en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Pero hay un nuevo gobierno, ¿les da algún tipo de garantía o esperanza?, se les preguntó a Ángela Buitrago y Carlos Beristain durante su participación en el conversatorio Rastro de los desaparecidos en América Latina.
“Sí, indiscutiblemente la apertura, la posición y la sensibilidad pues muestra una tranquilidad para regresar”, dijo Buitrago, ex fiscal de Colombia.
De los cientos de cuerpos resguardados en cajas de tráileres en Jalisco el doctor español Carlos Beristain advirtió la urgencia de cuidar los procesos de los cadáveres.
“Es una historia que si uno lo ve con perspectiva sabíamos que eso iba a pasar”, expuso.
“Eso hace evidente un problema que lleva 10 años en este país y que visibiliza una historia oculta y hay que cuidar que no pase como el caso Colombiano, que la Fiscalía sacó cuerpos de fosas sin trabajo con los familiares, con lo cual fueron determinados como N.N. y pasaron de tener desaparecidos a tener N.N, es lo que hay que cuidar en México”.
Para Buitrago lo que ocurrió en Jalisco generó una revictimización de los familiares de desaparecidos. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se demostró el trasiego de drogas de Iguala a Chicago y debe investigarse, dicen padres de los 43

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “tenía razón”, hay trasiego de drogas de Iguala a Chicago y esta línea de investigación “debe de ser indagada de manera exhaustiva, lejos de pretender cerrar el caso”, expusieron madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa en el antiguo monumento a los caídos de 1960 en la alameda Granados Maldonado de esta ciudad, el representante de los padres, Melitón Ortega, una comisión de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero llamaron a las organizaciones y a la sociedad a participar en la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.
Melitón Ortega leyó un comunicado en el que los padres de los jóvenes señalan que en los 43 meses de lucha por la presentación con vida de sus hijos, que se cumplen el próximo jueves, “hemos visto de cerca la corrupción, la displicencia, la falta de compromiso de este gobierno para ofrecer justicia a las víctimas pero también nos hemos consolidado como organización de padres, al lado de nuestros otros hijos de Ayotzinapa”.
Señalaron que hay pruebas como peritajes “de alto rigor científico”, informes de organismos internacionales de derechos humanos, los celulares de los normalistas desaparecidos que se mantuvieron activos después de los hechos, sus ropas encontradas en el Palacio de Justicia de Iguala y la ruta de desaparición en Huitzuco que “hacen trizas la hipótesis del basurero de Cocula”.
No obstante con la reciente publicación de las conversaciones telefónicas entre sicarios de Guerreros Unidos de Iguala y Chicago las autoridades pretenden interpretarlas para respaldar “su mentira histórica” y sentar las bases para cerrar el caso.
Añadieron que las llamadas son una prueba de que Guerreros Unidos es un grupo delictivo que opera en el plano internacional, por lo tanto “su red de vínculos y complicidades incluye autoridades estatales y federales”, por lo que se debe de investigar esta línea porque los normalistas no estaban infiltrados por sicarios y éstos los reconocen como estudiantes.
Blanca Luz Nava Vélez, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava expresó que “este 26 de abril se van a cumplir 43 meses de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre que nos está matando a nosotras como madres, 43 meses de burla, como madres seguiremos buscando a nuestros hijos, no vamos a descansar hasta que sepamos la verdad”.
Manifestó que es mentira la teoría del basurero de Cocula y que las autoridades no sólo engañan a los padres de familia “sino a todo el mundo, se los dice una madre desesperada porque ya quiere tener noticias de su hijo, tenemos fe en que los vamos a encontrar pero únanse pueblo por favor, hay que hacer algo, no le podemos dejar este mundo a los niños que están creciendo”, porque advirtió que los ataques como el de Iguala se pueden repetir si quedan impunes.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa dijo que los normalistas “estamos dispuestos a no olvidar, por eso invitamos a que luchen en esta lucha digna, que nos acompañen, el gobierno en vez de ayudarnos nos está poniendo trabas pero no vamos a dejar en el olvido esta injusticia que le ha hecho daño a nuestro estado, a nuestro país y al mundo”.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame manifestó su solidaridad con los padres de familia a nombre de la organización y de la Dirección Colectiva, dijo que los integrantes de las organizaciones sociales participarán en las actividades de la jornada de lucha que fueron avaladas por la Asamblea Nacional Popular.
Informó que éste sábado seguirá el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social, “donde planteamos que la lucha social es independiente de los partidos políticos y que el eje central es que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas”.
Añadió que se trata de un proceso de articulación y el número 43 “es un signo, es algo que va a llevar herrado el Estado en su consciencia para siempre de que quedó evidenciado ante el mundo, de que hubo una infamia, un asesinato impune y que el Estado, ya quedó claro, está coludido con el crimen organizado”.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza y los representantes del secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero y del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, se solidarizaron con los padres y se comprometieron a que estarán en las actividades de la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.

La PGR busca a los 43 con o sin vida: Melitón Ortega

En declaraciones luego de la conferencia de prensa al respecto de la búsqueda que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron el miércoles en el cerro Gordo en Iguala apoyados por policías federales de la Gendarmería, Melitón Ortega dijo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos supieron de la diligencia por los periódicos y que, “al parecer ahí andan nuestros compañeros representantes de derechos humanos” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aseguró que es falso que en la diligencia se hayan encontrado cuatro cuerpos en fosas clandestinas, “es una información sin sustento, mañana o pasado nos estarán informando (sobre la búsqueda)”.
A pregunta expresa de si la búsqueda de los normalistas es en fosas o vivos, Melitón contestó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recomendó hacer la búsqueda mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó una investigación integral, “hoy tenemos que buscar en todos lados, sin embargo señalamos que el gobierno es el responsable, son policías de los tres niveles de gobierno los responsables”.
De las declaraciones del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien el ex presidente de la República Felipe Calderón y el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señalaron por no acreditar a los policías estatales teniendo como consecuencia los hechos en Iguala, Melitón Ortega dijo que si Aguirre Rivero tiene información del caso debe presentarla ante las instancias correspondientes, aunque “para nosotros debe estar en la cárcel”.

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.

Preocupa a la CNDH que el Estado cierre el caso Ayotzinapa sin encontrar a los 43

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez expresó su preocupación por la declaración de funcionarios federales de que el gobierno pretende dar por concluida la investigación del caso Iguala antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El ombudsman sostuvo que el gobierno federal debe garantizar que se han agotado todas las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Tras participar en un foro en el Senado, González Pérez señaló que la indagatoria debe garantizar el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas, castigar a los culpables y, ante todo, conocer el paradero de los desaparecidos.
“La CNDH ha sido enfática en que se tienen que agotar todas las líneas de investigación que nos permitan conocer la verdad, fincar las responsabilidades de quienes hayan cometido estas atrocidades de desaparecer a 43 jóvenes, el que haya reparación integral del daño y que haya garantías de no repetición”, planteó en entrevista.
González Pérez advirtió que el organismo evaluará las conclusiones del caso que pretende presentar la PGR.
“La CNDH será puntual desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros no investigamos delitos, nosotros verificaremos que haya una procuración de justicia que responda al reclamo precisamente de justicia que demandan los padres, los padres quieren saber el paradero de sus hijos, desconocemos la información con que cuente la PGR pero en todo caso esa información será evaluada por la CNDH”, afirmó.
La semana pasada en audiencia pública en Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas admitió que el Ejecutivo federal tiene la intención de presentar conclusiones este mismo año.
A su vez el fiscal especial de la PGR para el caso Iguala, Alfredo Higuera informó que en las últimas semanas se obtuvo información que confirmaría el móvil de la desaparición de los normalistas y la colusión de policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
Por su parte el defensor de los padres de los estudiantes, Mario Patrón expresó su preocupación de que exista urgencia de cerrar el caso sin localizar a los desaparecidos.(Agencia Reforma / Ciudad de México).

Toman alumnos de Ayotzinapa la caseta de Huitzuco y organizaciones hacen un mitin en la capital por los 43

Como parte de la acción global a 41 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, alumnos de dicha escuela tomaron la mañana de ayer la caseta de Paso Morelos de la Autopista del Sol en el municipio de Huitzuco, y por la tarde organizaciones sindicales hicieron un acto político en Chilpancingo.
Según reportes de fuentes policiacas de Seguridad Pública Federal, a las 10:30 de la mañana unos 40 normalistas llegaron a la caseta en un autobús Costa Line con número 2014, iban cubiertos del rostro con playeras y levantaron las plumas de metal y pidieron cooperación a los automovilistas para continuar con sus actividades de lucha en reclamo de justicia y presentación de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala hace tres años y cinco meses.
Los normalistas mostraron una manta en la protesta donde exigían el cumplimiento a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Demandaron la investigación a los policías de Huitzuco por su probable responsabilidad en uno de los ataques al grupo de estudiantes que iba en el quinto autobús, donde según las investigaciones también participaron policías federales. Además una investigación a soldados del 27 Batallón de Infantería en Iguala, investigar las líneas telefónicas de los estudiantes que siguieron funcionando después de su desaparición y el trasiego de droga en autobuses del servicio público de la ruta Iguala-Chicago.
Se dio a conocer que la protesta de los normalistas concluyó a las 12 del mediodía y después liberaron la carretera y salieron con dirección a la Ciudad de México.

Chilpancingo

Por otra parte en la capital del estado unos 80 trabajadores de diferentes sindicatos y activistas sociales se reunieron como cada 26 de mes en la glorieta de Banderas donde colocaron el número 43 en una placa que denominaron el antimonumento, en solidaridad con los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes calificó los hechos de Iguala como una barbarie de la que el Estado no ha dado respuesta
Asimismo el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García también llamó a la movilización de organizaciones en todo el país para impedir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior que en estos momentos se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Llamó a mantener la unidad en la lucha y anunció que su sindicato convoca a las organizaciones sindicales a una reunión el 3 y 4 de marzo para discutir las acciones por la abrogación de las reformas estructurales.
“No podemos permitir más agravios a comunicadores, detenciones de luchadores sociales, tenemos muchas tareas y estar alerta porque el primero de julio los mexicanos tenemos la oportunidad de cambiar el estado de indefensión”, dijo sobre las elecciones conjuntas de presidente de la República, Congreso de la Unión, así como los comicios locales de Ayuntamientos y diputados.
De la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame recordó que los ataques a los normalistas en Iguala evidenciaron ante el mundo la colusión de autoridades con la delincuencia organizada.
Informó que el primero de marzo en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) están convocando a la discusión de los procesos de lucha del país, sin olvidar los agravios contra los 43 y miles de desaparecidos en el país.
De UPN el profesor, José Luis Ayala subrayó que además de la actividad simbólica que cada mes se hace en ese lugar por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, todos los días los activistas deben hacer conciencia con los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo sobre la barbarie que ocurre todos los días en la entidad.
“Al terminar este evento debemos transmitir este mensaje a las personas receptivas para que sea multiplicado, ese es el mejor mensaje de solidaridad con los padres de los normalistas y con la sociedad”.
Del Frente Magisterial Popular, Aracely Fierro destacó la caravana de los padres de los 43 normalistas en el norte y sureste del país que terminó hoy con la acción global en la Ciudad de México, “recordemos que muchas familias llegan ahí a dar aliento a su lucha. Por esa razón decimos que ellos han sido un ejemplo de lucha para nosotros”.
Asimismo, del Comité de los mártires del 60, Roberta Campos Adame recordó que desde los ataques en Iguala y la desaparición de los 43 se han abierto muchas fosas clandestinas en el país, la primera en Guerrero.
Denunció que el ex procurador, Jesús Murillo Karam presentó un basurero como una fosa para decir que ahí habían sido incinerados los estudiantes, aunque los padres nunca dieron crédito a esa versión y fue necesaria la intervención de expertos internacionales para descartar la versión de las investigaciones.
Señaló que entre las líneas de investigación que los expertos recomendaron está la que involucra al Ejército, el mismo que en el año 1960 masacró a personas que se solidarizaron con el movimiento estudiantil en Chilpancingo.
Insistió en que a los 43 normalistas se los llevaron los soldados, para confirmarlo destacó que la autoridades se niegan a investigar a las fuerzas castrenses.
Por su parte la secretaria de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla agregó que el antimonumento se instaló en ese lugar para que la población vea todos los días que 43 estudiantes se encuentran desaparecidos y que el mismo número de familias comenzaron una lucha que rompió el silencio de miles que salieron a las calles a buscar a sus hijos desaparecidos.
“En este camino, a tres años con cinco meses ha quedado una madre que no supo dónde quedó su hijo”, en referencia a la señora Minerva Bello, mamá del normalista desaparecido Everardo Rodríguez Bello que falleció el 5 de febrero sin conocer el paradero de su hijo.
Cerró el mitin el coordinador de la Comisión Política de la CETEG con el llamado a la unidad, además anunció que el 9 y 10 de marzo habrá un Congreso Político Extraordinario donde también están convocando a organizaciones y movimientos en el estado.

Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

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Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

Retoma la PGR las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI para el caso Ayotzinapa

La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en la ruta de las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, después de una reunión de los padres de Ayotzinapa con el procurador Raúl Cervantes, en la que participó la presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Rosales Sierra reclamó que en 2016, lejos de retomar las líneas que ya había propuesto el GIEI desde 2015, “nos la pasamos debatiendo el basurero de Cocula y si seguía el mandato del GIEI; hasta ahora, la PGR está dando la razón al GIEI, que son atinadas las líneas de investigación, y vamos en la línea correcta, aunque fue hace dos años”.
A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la dependencia retomó las líneas de investigación propuestas por el GIEI, lo que generó un retraso de dos años, denunciaron familiares y organizaciones que exigen la presentación con vida de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 desaparecidos, acompañados de su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se reunieron con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Vidulfo Rosales explicó en conferencia de prensa, después del encuentro, que esperaban escuchar avances concretos; pero no les satisfizo. La PGR reportó que en tres meses han avanzado 30 por ciento; sin embargo, no hay investigaciones concretas sobre las cuatro líneas pendientes para dar con el paradero de los normalistas: un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la responsabilidad del Ejército y detenciones de policías.
Dijo que en el cronograma de la PGR les reportaron un avance, durante las casi dos horas que duró la reunión que inició alrededor de las 4 de la tarde, “el tema del quinto camión, del C4, la telefonía, y básicamente es lo que hoy en día están reportando; los avances sustanciales, las detenciones de los policías federales, de Cocula, de Huitzuco, cómo deslindar responsabilidad mandos del Ejército; esos resultados medulares no los tenemos”.
Hay temas pendientes desde 2015, explicó el defensor, como la detención de policías supuestamente implicados de Huitzuco y Cocula, municipios aledaños a Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 normalistas y los asesinatos de seis personas, tres de ellas estudiantes. En ese caso hay un conflicto competencial, dijo, porque ni un juez federal ni otro del nuevo sistema de justicia, admiten que les corresponde revisar. Están en suspenso las detenciones.
No dieron las autoridades una respuesta concreta, se quejan padres de los 43

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, explicó que a 35 meses de los ataques “no hay mucho relevante. Nos dijeron que se sigue aplicando la tecnología Lidar (empleada para buscar fosas clandestinas), que investigaron que de las 29 cámaras del C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) sólo funcionaron cuatro”.
Por su parte, el también portavoz de los padres de los 43, Melitón Ortega denunció que, “para nosotros los padres de familia no nos dieron una respuesta concreta. Queda en la laguna lo que queremos. Creemos que es una reunión más, como siempre nos han llevado, diciendo que hay avances las autoridades, pero para nosotros no significa nada, más dolor, desesperación”.
Rosales adelantó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH, que se reunió con la PGR antes que con ellos, dará este miércoles a conocer su informe. Rescató que del encuentro “la PGR se encuentra en la ruta de las cuatro líneas propuestas por el GIEI… No vemos una actuación de buena fe, hay un retraso”.
Otro punto importante, especificó el abogado, fue que la dependencia ya admitió que el quinto camión, que señaló el GIEI, siguió por el Periférico Norte de Iguala desde que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca hasta llegar a la parte sur y al Palacio de Justicia, tal y como relataron sobrevivientes.
Para Rosales es grave que a casi tres años, el gobierno de Guerrero admita que de las 25 cámaras disponibles para saber qué ocurrió esa noche, fueran sólo cinco las que servían, de cuatro obtuvieron recientemente videos, pero dijo, no hay nada más.
En octubre tienen programada la próxima reunión con la PGR. El titular se comprometió a que sería un encuentro ya con nuevas detenciones. El movimiento continuará sus acciones de protesta previstas cerca del tercer aniversario en varias ciudades del país y municipios de Guerrero.

Llama la presidenta del mecanismo de seguimiento de la CIDH a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa

La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidenta del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, Esmeralda Arosamena Troitiño llamó a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa, en una emotiva visita a la Normal Rural donde prometió a los padres y estudiantes que hará todos los esfuerzos y diligencias para alcanzar lo que ellos esperan, “y a lo que tienen derecho”.
Luego, en entrevista precisó que los padres esperan, en primer lugar encontrar a los muchachos y justicia por los tres jóvenes asesinados el mismo 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos.
Confió que en el periodo de vigencia del mecanismo, que termina en noviembre, puedan concluir el caso.
También señaló que si no hay avances en la investigación, el mecanismo no tendrá con qué trabajar. Adelantó que, de manera anticipada, la CIDH envió un cuestionario puntual a las autoridades mexicanas para esta reunión.
Por separado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra adelantó que si en esta reunión no hay avances en las cuatro líneas de investigación planteadas por los padres (el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzco, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la telefonía celular), romperán el diálogo con la PGR y van a intensificar sus acciones de protesta.
La comisionada de la CIDH llegó a Tixtla a las 11 de la mañana con el equipo operativo técnico del mecanismo internacional de seguimiento. Los padres de los normalistas desaparecidos y alumnos de la Normal los recibieron en el arco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, donde está la desviación hacia la Normal, con consignas de lucha y collares de flores amarillas, habituales en la zona para las fiestas tradicionales.
Después de abrazos y saludos, marcharon hacia la escuela, aproximadamente un kilómetro, pero la comisionada abordó antes la camioneta de sonido, que conducía un normalista rural.
En un acto público en la explanada de la escuela, Arosamena contó que en ese trayecto un joven de 19 años compartió con ella que “hoy, Ayotzinapa es la conciencia no sólo de los estudiantes, sino de la nación”.
Expresó su reconocimiento a la lucha de los padres y de los estudiantes, y llamó a no claudicar, sino sumar a todos , “a no dejar de levantar esta bandera de la dignidad de un pueblo, la dignidad de una nación. Eso deben entender nuestros gobernantes, que el centro de nuestros países es su gente”.
En el acto, la señora Hilda Hernández, mamá del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dio la bienvenida a los visitantes e insistió en que la CIDH no los deje solos, “queremos una solución, no más mentiras, no más engaños. A tres años es muy difícil esta situación que estamos viviendo, esperemos que con ustedes a nuestro lado, tengamos la verdad”.
Luego de la presentación de una danza azteca a cargo de los alumnos de nuevo ingreso, el secretario general del Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, detalló el perfil de los estudiantes de Ayotzinapa, pobres sin muchas alternativas, que en la escuela puede desarrollar destrezas, artes, cultura, adoptar los principios de solidaridad y colectividad, que para las autoridades representan un peligro.
Dijo que se cuentan 10 estudiantes muertos desde 1988 a manos de funcionarios públicos, por ello, “en Ayotzinapa nos une el dolor, pero también la necesidad de seguir estudiando”.
En su discurso, la comisionada Arosamena, de origen panameño, respondió que, “en el día de hoy, mi sentimiento de solidaridad humana, de compromiso personal pero también institucional. La desaparición de personas es un acto cruel y perverso, afecta no sólo la vida y la integridad física elemental de las víctimas, también de los familiares que cada día, que cada momento sigue viviendo el dolor no sólo de la ausencia, de no saber, de no tener una respuesta, de no poder tener acceso a la verdad”.
Recordó que el objetivo del mecanismo es el seguimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero también tiene un compromiso con la vida. Ahí recordó la charla con el normalista en el breve trayecto final hacia la escuela, de que esta lucha convirtió a la Normal Rural de Ayotzinapa en la consciencia de la nación, a propósito de la frase escrita en la portón: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.
Siguió la reunión privada con los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales en el auditorio, que duró poco más de dos horas.

Dos palabras claves, encontrar y justicia

Antes de ir al comedor del internado, alrededor de las 3 de tarde, Arosamena Troitiño declaró sobre el encentro. Dijo que la demanda de los padres se traduce en dos palabras claves: encontrar y justicia.
“Primero, encontrar a los muchachos, saber dónde están y sabiendo dónde están, los familiares van a recibir por lo menos parte de la repuesta, que quieren o al unísono la justicia, tiene que determinarse las responsabilidades de las personas involucradas”.
Indicó que también hay tres alumnos ejecutados, y sus padres también merecen una respuesta, “si no hay justicia, no habrá consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”.
A pregunta de un periodista, descartó la tesis del basurero Cocula, de que ahí habrían sido asesinados y quemados los 43 desaparecidos. Aclaró que para la CIDH no representa una línea de investigación, pues el GIEI determinó con dictámenes técnicos-científicos que no hay forma de identificar esa posibilidad.
Adelantó que, antes de concluir el mandato del mecanismo, habrá una última sesión pública en el periodo de sesiones de la CIDH en Uruguay.
Confió que en esta reunión, la penúltima programada en México, puedan recoger las posiciones del gobierno mexicano, “nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas específicas y esperamos tener esas respuestas el día de mañana (hoy)”.
Aceptó que casi tres años sin resultados, “es demasiado tiempo para una tragedia de tal magnitud, hace que los familiares estén en desesperanza absoluta, pero tengo la confianza de que antes de finalizar este año, nosotros podamos tener una respuesta más concreta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa”.
De la posibilidad de ampliar el mandato del mecanismo, si no hubiera respuesta hasta noviembre, aclaró que será decisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero aclaró que la Comisión no quiere que haya “una dilación indefinida, eterna”, que los actores necesitan respuestas en concreto, y concluyó, “tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”.