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Cancela la Segob una reunión con los padres de los 43; el titular se fue con el presidente del INE

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la audiencia acordada con el anterior titular de la dependencia Miguel Ángel Osorio Chong para este miércoles, y tras 4 horas sin respuestas se retiraron de las instalaciones de Bucareli en la Ciudad de México.
En un comunicado condenaron la “indolencia” del secretario de Gobernación con las víctimas de desaparición forzada y su nulo compromiso con los derechos humanos y la justicia, de quien supieron extraoficialmente que se encontraba en una reunión con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Lamentaron que para el nuevo secretario y su antecesor que renunció al cargo para buscar un puesto en el Senado, sean más importantes los temas electorales que las desapariciones forzadas y las víctimas.
Como parte de la primera jornada de lucha de 2018 los padres anunciaron con anticipación acciones en la Ciudad de México a partir del martes 23 de enero.
Ayer marcharon del antimonumento dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que está en Paseo de Reforma, rumbo a la Secretaría de Gobernación.
Indiciaron que la intención era que el nuevo funcionario confirmara los acuerdos y compromisos del gobierno federal con los familiares y víctimas de los hechos de los ataques y la desaparición forzada, en Iguala.
Uno de los temas pendientes es el programa de trabajo y de visitas del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018.
Ayer los padres revelaron que ya tenían una reunión acordada, que consideraron un asunto institucional, pero cuando llegaron alrededor de las 11 de la mañana, el área ya estaba cerrada con vallas que les impidieron el paso a las oficinas.
Indicaron que detrás de las vallas solicitaron formalmente la audiencia de este miércoles, y los funcionarios que los escucharon se comprometieron a procesar la solicitud, pero ya no regresaron.
Tras 4 horas de manifestación se retiraron del lugar y recriminaron el recibimiento que Navarrete Prida dio a los familiares de los desaparecidos, “azotando la puerta en nuestro rostro e impidiendo que abordemos los problemas reales que padece nuestro país”.
No obstante, insistieron en que la mesa de diálogo pendiente con la Secretaría de Gobernación se realice cuanto antes, “las vidas de nuestros hijos no pueden esperar, las acciones de búsqueda no pueden cesar”, concluye el mensaje.

 

 

Acarreos, compra del voto y reparto de tortas en la elección de comisarios en Acapulco

Con señalamientos de acarreo de personas por parte de priistas y perredistas, entrega de tortas a las personas que acudieron a votar, despensas, dinero e intervención de funcionarios, se realizó la tercera y última etapa de la elección de comisarios en nueve poblados, incluyendo una extraordinaria, donde se observó una gran asistencia de vecinos y pobladores.
El director de Gobernación, Juan San Román Ortiz, informó que la elección se realizó con “tranquilidad”, a excepción de Tres Palos, donde hubo intercambio de palabras de ciudadanos por la votación.
Las elecciones se realizaron en la comunidad de Tres Palos, La Sabana, La Venta, El Treinta, Xaltianguis, Llano Largo, Puerto Marqués, Aguacaliente, Santa Cruz y en el poblado Lomas del Aire, esta última fue extraordinaria.
En un recorrido por la colonia Santa Cruz, los poblados de La Sabana, El Kilómetro 30 y Xaltianguis, se observó un gran número de ciudadanos que acudieron a emitir su voto.
En la colonia Santa Cruz, a las 9:30 de la mañana, la cancha estaba llena de vecinos, además de que alrededor también estaban colonos esperando su turno para votar.
Ahí se observó al hermano de la presidenta del DIF, Perla Edith Martínez, el gestor social, el perredista Oscar Martínez Ríos. Ahí, en esa colonia por la tarde se informó que integrantes de la planilla amarilla, del PRD, detuvieron a una integrante de la planilla blanca, de priistas, “comprando votos”.
Mientras que en el poblado de La Sabana había más de 500 personas haciendo fila para emitir svoto, las señoras llevaban sus sombrillas para cubrirse de la lluvia, a algunas personas de la fila les dieron bolillo con relleno, mole rojo y refrescos.
Cerca de la comisaría, antes de las 10 de la mañana, se observó al regidor priista Luis Miguel Terrazas Irra, quien dijo que estaba ahí para constatar que la elección se llevará sin ninguna irregularidad. También se observó al director de Gestión Ciudadana, Nabor Ventura.
Las personas que estaban formadas para emitir su voto, cuidaban que no se metiera nadie en la fila. Unos 20 metros de las oficinas había unas personas que tenían lista con nombres y se escuchaba que se preguntaban cuántas personas traían para votar.
Cerca de las urnas había vallas metálicas y estaba resguardada por policías municipales.
En el poblado de Xaltianguis las votaciones fueron tranquilas, aunque hubo acusaciones de personas que estaban “comprando el voto”, también dijeron que se había registrado una planilla de la Policía Comunitaria, pero empleados de Gobernación dijeron desconocer el dato.
En este poblado se registraron cuatro planillas, blanca, amarilla, verde y roja. La casilla se instaló en la cancha techada del poblado.
Después de mediodía se observó gran asistencia de vecinos, la cancha eran dos filas que rodeaban la cancha donde se efectuaron votaciones.

“Tranquilidad” en la elección: Gobernación

El director de Gobernación, San Román Ortiz declaró que “solamente en Tres Palos se estaba entusiasmando los competidores y peleándose para quién votaba primero, pero todo ha transcurrido con normalidad. Se habló con los ciudadanos, se les pidió que si no se tranquilizaban se iba a suspender la elección”.
Dijo que se colocaron vallas metálicas en cinco poblados para prevenir enfrentamientos, que son Tres Palos, Puerto Marqués, Llano Largo, la Sabana y en Santa Cruz.
Abundó que “es una votación realmente tranquila, no hay conflictos físicos, se refiere a querer ganar la elección. Las comisarias no son indicativas para la elección federal del año próximo. No deben tomarse en cuenta, los comisarios son autoridades nobles y lo que buscan es ayudar a su comunidad, y uno como gobierno debe ayudarles para que ellos queden bien”.
Dijo que en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, donde se suspendió la elección luego de que mataron a siete personas, ya se pegó la convocatoria y se realizará el próximo 2 de julio. Reiteró que en La Concepción no se pegó la convocatoria.

Declara Héctor Astudillo la alerta de género en ocho municipios; no espera el dictamen de Segob

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que el gobierno del estado determinó declarar la alerta de género en ocho municipios, independientemente del dictamen que esperan que emita la Secretaría de Gobernación sobre el tema.
Este miércoles, en un acto realizado en el vestíbulo del edificio Centro del Palacio de Gobierno, Astudillo Flores informó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones del estado; y desde diciembre de 2010, a partir de la tipificación del delito de feminicidio, se han registrado 142 casos de este tipo en Guerrero.
Por ello se determinó declarar la alerta de género para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
En declaraciones a los reporteros, sostuvo que se realizó en los últimos días un análisis en torno a la declaratoria, debido al clima de inseguridad que se vive en todo el país, por lo que se debían de fortalecer las medidas para ayudar a prevenir la violencia de género.
“Bueno, lo que he hecho es aceptar como gobernador algo que está sucediendo en el país y que no es propio de Guerrero, y que es necesario fortalecer una serie de medidas para atender este tema”, agregó.
–¿Por qué hasta ahora y no antes, cuando se estaba solicitando?
–Bueno, lo importante es que lo estamos haciendo.
El gobernador señaló que ante este panorama, su gobierno considera importante “fortalecer las acciones que se han venido implementado para detener y eliminar los tipos de violencia”.
“Independiente del proceso federal, que en su momento concluirá la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de cuyos resultados seremos respetuosos”, agregó.
En su discurso, argumentó que los feminicidios se han convertido en un problema de “carácter nacional”, por lo que la declaratoria de alerta se ha decretado en siete estados, mientras que en otros 24 está en proceso de dictaminación.
El gobierno del estado puntualiza siete aspectos a atender, la principal se enfoca en fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios.
Después se atenderá la consolidación del funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado, así como asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, que permita el registro de la incidencia de la violencia contra las mujeres, con el propósito de generar estadísticas, a fin de realizar acciones efectivas de prevención y erradicación.
También se incluye el establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, además de reasignar recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de violencia de género y feminicida.
Por último, se aborda la implementación de medidas para dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas y consolidar los instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres.
En su discurso, Astudillo narró que desde principios de su administración había señalado su interés y voluntad política para atender las demandas presentadas por diversas organizaciones, a fin de atender los problemas de violencia de género y feminicida que prevalece.
Sostuvo que por eso se inició un proceso incluyente para “escuchar al movimiento amplio de mujeres que estaban solicitando la declaración de alerta de violencia de género”.
“La posición enfática del gobernador fue impulsar acciones integrales para atender estos reclamos, con sensibilidad y respeto de los procedimientos” de ley, agregó.
Recordó que el 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres AC presentó al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), en calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una solicitud de declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres.
Dijo que para el 28 de junio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud y la remitió a la Secretaría Ejecutiva, desde donde informaron al gobierno estatal sobre la solicitud.
Para el 12 de septiembre, el gobierno del estado recibió el informe, que contenía 10 conclusiones y 52 indicadores que debieron cumplirse en seis meses, por lo que entregaron en la prorroga autorizada hasta el 14 de marzo de 2017.
Astudillo dijo que al emitir esta Alerta de Violencia de Género, el gobierno reconoce el ineludible deber de establecer medidas emergentes para detener la violencia de género y la violencia feminicida.
Solicitó al Poder Legislativo avanzar en la armonización de las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres, así como pidió al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia y la sanción efectiva a quienes cometan agravios en contra de las mujeres.
Pidió que en la procuración de justicia se garantice la atención “sensible” a las mujeres víctimas de la violencia y la aplicación de protocolos de actuación en la investigación de los delitos que dañan a las mujeres guerrerenses.
También hizo un llamado a los ayuntamientos a cumplir con sus deberes legales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al anuncio asistieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García; el de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el p residente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno; y la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez.

Acuerdan el alcalde de la capital y comerciantes que no se volverán a instalar ferias en el Zócalo

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, informó en un comunicado que en una reunión con comerciantes fijos del primer cuadro de la ciudad acordaron que no se volverán a instalar ferias comerciales en el Zócalo y que retirará a los vendedores ambulantes, luego de que se quejaron de la instalación de la Feria de la Amistad-Canaco 2017.
Los comerciantes le advirtieron al presidente municipal que si permitía otra vez la instalación de comerciantes en el Zócalo, también se establecerán ahí.
En un recorrido ayer en el primer cuadro de la ciudad, en las inmediaciones de la catedral de la virgen de la Asunción, el Tribunal Superior de Justicia, el Museo Regional y el Palacio de Cultura se observó a comerciantes ambulantes.
Consultada vía telefónica, la comerciante Martha Tejeda declaró que junto con sus compañeros, entre ellos María Tejeda, Marco César Mayares y Carlos Álvarez, se reunieron el jueves con el alcalde, el secretario de Gobernación Juan Manuel Valenzuela y el secretario general del Ayuntamiento Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, para exponer su descontento por la instalación de ferias y del ambulantaje, porque durante la feria de la Amistad-Canaco 2017, disminuyeron sus ventas en 40 por ciento, en una temporada que esperaban tuvieran buenas ventas, pero no fue así.
Informó que en la reunión con las autoridades municipales pidieron que no se instalaran “mercados” y “tianguis” en el Zócalo, porque perjudican sus ventas.
En un boletín de prensa, emitido por el Ayuntamiento de Chilpancingo informó que “durante la reunión se acordó de manera consensuada entre autoridades y comerciantes establecidos que serán retirados de la vía pública y del zócalo los vendedores ambulantes que representan una competencia desleal al no pagar impuestos y obstaculizar el libre tránsito de los peatones”.
En el escrito se leyó que el alcalde acordó reordenará el padrón de comerciantes informales y frenar el crecimiento del ambulantaje, además de que las acciones que tome el gobierno municipal se firmará en acurdo de Cabildo en coordinación con los comerciantes fijos.

Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas

 

A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.

Deja Roberto Álvarez la delegación de Gobernación para dedicarse sólo a la vocería de seguridad

 

Solamente 14 días duró en el cargo de delegado de la Secretaría de Gobernación el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, quien dejó el puesto anunciado por el gobernador Héctor Astudillo Flores el pasado 30 de noviembre.
Aunque no es oficial, la propuesta para ocupar la delegación de Gobernación en Guerrero es el ex presidente municipal de Coyuca de benítez, Ramiro Ávila Morales.
El 16 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo le dio posesión a Álvarez Heredia como delegado de la Secretaría de Gobernación y coordinador de los delegados federales en Guerrero.
En la presentación el director regional de las delegaciones de la Secretaría de Gobernación, Juan Salgado Brito, dijo que Roberto Álvarez era reconocido por “su indiscutible lealtad institucional y su vasta experiencia política y de gobierno”.
Indicó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le hizo cuatro encargos al nuevo delegado, sumar las fuerzas de la federación a través de los delegados federales al gobierno del estado; buscar un mayor acercamiento con todos los grupos de la sociedad; velar y vigilar que los compromisos presidenciales y las obras de gran calado se cumplan a cabalidad, e impulsar una mayor vinculación institucional de los delegados federales con los funcionarios estatales y con los ayuntamiento.
Vía telefónica, Álvarez Heredia informó que dejó el cargo como delegado de Gobernación en Guerrero el pasado 30 de noviembre, mismo día que organizó la única reunión de delegados.
Expuso que el gobernador Héctor Astudillo le dijo que no encontraba un remplazo para el cargo de vocero que él ocupa y decidió dejar la delegación para continuar en su puesto en el gobierno estatal.
“Yo ya dejé la delegación estatal de la Secretaría de Gobernación, porque prefieren que yo me dedique al cien por ciento al tema de la vocería, el gobernador propuso ante Gobernación a Ramiro Ávila, quien fue presidente municipal de Coyuca de Benítez; él no ha sido presentado como delegado, en una fecha con todos los delegados para presentarlo ante ellos, porque entrar al gobierno federal es un proceso administrativo largo”, explicó.
Dijo que no se dio a conocer su separación porque “la dinámica de los mismos acontecimientos te hace que dejes un tema y ya estás inmediatamente en otro, y el tema de la vocería no lo he dejado”.

Pide el Congreso a Gobernación dar protección a periodistas y defensores de derechos humanos

En la sesión de este martes, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia brinde “la protección más amplia” a periodistas y defensores de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en Guerrero.
Además, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, que si tiene pruebas, proceda legalmente y detenga al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, hecho en el que fueron asesinados dos normalistas.
Los diputados aprobaron también 11 Leyes de Ingresos y seis Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para diferentes municipios de la entidad, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Ayer, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una propuesta de exhorto dirigido a los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para que cumpla los objetivos del Cuarto Informe de ese Mecanismo, que se presentó el pasado 7 de diciembre.
La propuesta incluye también que coadyuven en la medida de sus competencias a brindar la protección más amplia a periodistas y personas defensoras de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en el país, pero particularmente los que ejercen en Guerrero.
El exhorto es extensivo al fiscal Xavier Olea, a quien se pidió atender las denuncias presentadas ante la institución a su cargo por comunicadores y activistas que han sido amenazados en el ejercicio de su profesión.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, lo que “evidencia” la necesidad de fortalecer en su favor labores de prevención, protección y procuración de justicia.
Comentó que ese organismo tiene un registro de 119 periodistas asesinados desde 2000, de los que 12 son mujeres; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
Además dijo que quienes se dedican a esta labor en la entidad ahora no sólo sufren de ataques de servidores públicos, sino también de la delincuencia organizada, y advirtió que Guerrero es el tercer estado en el país donde más riesgo corre una mujer que ejerce el periodismo.
“El ejercicio periodístico sin lugar a dudas representa hoy en día una actividad de alto riesgo, por ello, debemos de garantizar que la libertad periodística esté protegida, dicha actividad realizada con ética profesional contribuye a que la sociedad esté mayor informada, elemento fundamental para fortalecer nuestra democracia”, señaló.
La propuesta fue aprobada por el pleno por unanimidad de votos.
Antes de desahogar ese asunto, la diputada de Morena subió a la tribuna para razonar su voto. Ahí expresó que ni en el país ni en Guerrero hay respeto a los derechos humanos ni garantías para quienes los defienden.
“Hay derechos humanos porque este es un asunto únicamente declarativo, ya que en los hechos, las permanentes vejaciones de las personas, niños, mujeres, hombres, adultos, homosexuales, indígenas, sufren  bullying, discriminación y todo tipo de atentados a sus derechos”, lamentó.
Dijo que en la entidad no hay ni infraestructura institucional ni capacidad de personal para frenar las violaciones “sistemáticas” a los derechos fundamentales, además de que las instituciones creadas para defenderlos han sido rebasadas.
“No hay garantías para que defensores de derechos humanos y periodistas ejerzan sus actividades, una prueba de ello es que muchos periodistas, reporteros y fotógrafos quedaron en medio del enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG, sin que las autoridades a las que hoy se pretende exhortar hicieran algo al respecto. ¿Dónde estaban? ¿Esperan hasta que haya muertos?”, cuestionó.

Acusaciones del fiscal, una cortina de humo

En su intervención, Cisneros Martínez dijo que respaldaría el exhorto de Movimiento Ciudadano, sin embargo advirtió que, en el caso del fiscal, “es como hablarle a un palo”.
Aprovechó para criticar las acusaciones que éste hizo en contra del actual coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, a quien Xavier Olea acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de procurador del estado y fueron asesinados Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Miren ahora, ya declaró que Alberto López Rosas mandó a atacar a los dos estudiantes de Ayotzinapa hace 5 años, ¿de cuándo acá un fiscal le advierte a un presunto delincuente que lo va a inculpar?, o ¿acaso pretende que huya o se ampare?”
Le exigió a Olea Peláez que si tiene pruebas que confirmen sus acusaciones proceda legalmente en contra del ex alcalde de Acapulco y lo detenga, aunque no descartó que sus declaraciones sean sólo una cortina de humo ante los pocos resultados del gobierno del estado para atender el problema de violencia.

Modifican Ley de Ingresos de Acapulco

En la sesión de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco, sin embargo hubo modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y el PRI.
Cuando se sometió a consideración del pleno el dictamen correspondiente, Ricardo Mejía presentó una reserva para que la expedición inicial o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan su expendio, mantengan los costos que establece la Ley de Ingresos vigente.
El legislador explicó que en la iniciativa que hizo llegar el gobierno municipal del puerto se incrementaba el monto para algunos lugares, principalmente los que forman parte de la cadena de tiendas Oxxo lo que, aseguró, lejos de estimular la inversión, la perjudica.
Recordó que por la situación de violencia que priva en la entidad, y los constantes cobros de extorsión de los que son víctimas empresarios y comerciantes de Acapulco, es necesario generar condiciones que no afecten su economía.
Por su cuenta, el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó otra reserva que evita que el gobierno municipal cobre un monto adicional a los establecimientos que hacen promoción, demostración y/o degustación de marcas y productos ajenas a las bebidas alcohólicas, como se ha venido haciendo.
Ambas reservas fueron aprobadas por el pleno.
Además de la de Acapulco, se aprobaron las leyes de ingresos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Alpoyeca, Cualac, Cuetzala del Progreso, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.
De igual forma se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Taxco y Zihuatanejo.

Otros temas

Ayer la Comisión de Justicia presentó ante el pleno el dictamen por el que se adiciona un artículo al Código Penal del estado, a fin de tipificar el tráfico de vehículos robados o partes de éstos.
“Con la aprobación del presente decreto, se busca inhibir el delito de robo y en consecuencia que no quede impune la comisión del delito de robo de autos, así como el tráfico de vehículos y de auto partes, por un lado, así como penalizar de forma severa la falsificación de documentos para la comercialización de automotores robados”, se lee en el dictamen que fue aprobado por el pleno.
Además, a propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso aprobó un exhorto por el que pide a la Secretaría de Atención al Migrante realizar el Padrón Geoeconómico, a fin de conocer la situación migratoria de Guerrero.
En las intervenciones, el diputado Ricardo Mejía reiteró su postura respecto a la necesidad de que se legisle para crear un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública, pero sin que se le otorguen atribuciones “excesivas” que puedan atentar contra los derechos humanos.
Indicó que para que el Ejército regrese a los cuarteles, como lo planteó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es necesario que se depuren las policías locales, a fin de garantizar que no tengan nexos con la delincuencia organizada y se recupere la confianza de la población.
Al respecto también habló la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, quien dijo que el Estado mexicano pasó de un régimen democrático a uno militar.
“Lo que intenta hacer el Senado de la República, de darle atribuciones policiales al Ejército, constituye una confesión en razón de que han estado actuando al margen de la legalidad y de la Constitución. Ante esto es obvio que hay una política de endurecimiento de las medidas para supuestamente combatir la violencia y la inseguridad y el Estado no cesa en lo que he venido reiterando, que el fuego no se combate con fuego”, advirtió.

Protesta el MPG en Palacio de Gobierno; les cancelaron las reuniones con el gobierno, dicen

Unos 50 integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se manifestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno en esta ciudad para exigir la libertad de los presos políticos, y respeto a los derechos laborales de los maestros.
A las 11:30 de la mañana los manifestantes colocaron lonas en las escalinatas del Palacio de Gobierno en las que se observaron las fotografías de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, las siglas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las del MPG y otras organizaciones sociales.
Consultada durante la manifestación, la integrante de la comisión de Convergencia de la CETEG, Adriana Catalina Sánchez informó que el gobierno estatal canceló las mesas de trabajo acordadas con el MPG hace tres meses cuando se debía atender al magisterio disidente, por lo que “están estancadas” las demandas y su solución.
Señaló que las demandas principales del MPG es que se reincorpore a los 951 maestros que fueron cesados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por no evaluarse y faltar a sus centros de trabajo más de tres días, así como que se respeten los derechos laborales de los maestros y su estabilidad laboral.
Por otra parte, dijo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Robespierre Robles Hurtado suspendió en dos ocasiones las mesas de diálogo del MPG en las que se pediría que los seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, fueron liberados bajo fianza de la cárcel de ese municipio el 12 de mayo de este año ya no tengan que firmar en Tlapa sino en Ayutla.
Los policías comunitarios son los indígenas na savi Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, quienes fueron detenidos el 21 de agosto de 2013 en una aparatosa operación de la Marina, el Ejército y policías federales durante el periodo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que las mesas de trabajo se suspendieron cuando era el turno de la CETEG opositora de exponer sus demandas ante las autoridades y reprobó la actitud del gobierno estatal que a la fecha no se ha reunido con los maestros que mantienen el plantón en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Una comisión del MPG se reunió con el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, y se les informó de las demandas de las organizaciones sociales. En la reunión se acordó que los representantes del gobierno estatal recibirán nuevamente a la comisión este miércoles a las 11 de la mañana para concretar la fecha en que el gobernador Héctor Astudillo Flores atenderá a los dirigentes. La manifestación concluyó cerca de las 4 de la tarde.

Pide el Cabildo a Gobernación que explique a comisarios el cambio en obras prioritarias

El director de Gobernación municipal, Juan San Román Ortiz, y el director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, comparecieron ante regidores de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El primero dijo que hay preocupación de comisarios y delegados por la obra prioritaria en sus comunidades, mientras el segundo informó a los ediles las acciones para el reordenamiento vial y el programa de descacharrización en el municipio.
El síndico Ilich Lozano Herrera pidió al director de Gobernación regular los comités ciudadanos para conocer cuántos existen y que se les haga saber a los comisarios y a los delegados los cambios en la obra prioritaria.
El regidor priista Luis Miguel Terrazas Irra solicitó a San Román que se informe a los comisarios los cambios que se han hecho de las obras prioritarias para evitar que haya quejas e inconformidad.
La obra prioritaria es la obra principal que proponen comisarios y delegados al Ayuntamiento. Los cambios que se hacen en el actual gobierno consisten en que dejaron de serlo, como pavimentación de calles y techado de canchas, pues ahora lo son la instalación de redes de agua y drenaje, o construcción de aulas.
San Román aseguró en la sesión que “hemos destrabado problemas que se originan por lentitudes. Son 120 comunidades, 67 comisarios y 53 delegados, a todos se les atiende”, ya que precisó que se busca “mantener la gobernabilidad en el municipio atendiendo la protesta ciudadana”.
Explicó que comisarios que están por concluir su periodo han solicitado que se atienda la obra prioritaria y aumente el apoyo económico para las ferias regionales. También que se gestione un aumento al apoyo mensual y el aguinaldo. Por ello pidió a los regidores que en el presupuesto consideren esas demandas.
Además informó que otro de los problemas que no se ha podido solucionar es el de los vecinos de Cumbres de Llano Largo, que solicitan que se les autorice el panteón. En el predio que están arreglando ya sepultaron a una persona.
Otro de los conflictos pendientes es en la oficialía de Registro Civil del poblado de La Máquina está “acéfala” y solicitó el apoyo de los regidores para que se ponga en funcionamiento y se dé atención a los ciudadanos de esa colonia.
Informó que este año se elegirán nuevos comisarios.
El director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, dijo que la dependencia a su cargo lleva a cabo el programa de descacharrización, el retiro de casetas telefónicas que obstruyen la vía pública, además de muebles o sillas para apartar lugares en la vialidad.
Explicó que hay hecho 235 notificaciones a vehículos, de los cuales 69 fueron retirados con grúas.
Asimismo, unos 141 vehículos han sido movidos por sus propietarios. Detalló que en el caso de las acciones hay un “40 por ciento de su efectividad” y de los objetos que se aseguran las personas pagan multa y se les regresa, pero si reinciden no se les devuelve.