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“Una grosería” acusar al gobernador y a él de proteger al crimen: edil de Chichicualco

El presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), el priista Ismael Cástulo Guzmán, declaró ayer que es “una grosería” y una versión vieja el señalamiento en lonas con narcomensajes encontradas en varias partes de la Ciudad de México, en las que lo vinculan a él, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a varios políticos de Guerrero con el Cartel del Sur.
Evadió contestar al señalamiento que hizo el gobernador en el sentido de que fue él quien acordó la ruta que tomaron los desplazados para regresar a sus comunidades el sábado cuando fueron atacados y obligados a regresar a Chichihualco. Declaró que no quiere entrar en contradicciones con el Astudillo porque “ya están avanzando las pláticas para resolver el conflicto”.
Este martes fueron colocadas mantas con un mensaje dirigido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y en las que acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores de brindar protección a una supuesta red criminal que involucra a políticos y funcionarios estatales y jefes militares, entre ellos al alcalde Cástulo Guzmán.
Consultado ayer por teléfono el alcalde declaró que ese es un asunto “ya rebasado” y que es lo mismo que se ha venido difundiendo desde hace tiempo en redes sociales, “pero para hacer groserías, cualquiera”.
Informó que esas versiones circulan desde cuando comenzó su lucha por la paz en la Sierra.
Adelantó que si se llegara el caso de que lo citen a comparecer ante las autoridades, “yo voy a decir que no sé nada de nadie y los que anden haciendo eso Dios que los bendiga, ellos saben su rollo”.
En cuanto a las declaraciones que hizo el gobernador el 20 de noviembre, de que fue él quien decidió la ruta que tomaron los desplazados en su regreso a sus comunidades el sábado y que fueron atacados en el camino, el alcalde se negó a responder.

Rechazan vínculos con la delincuencia

El martes, el vocero del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero Salvador Alanis, informó que los comisarios de cinco pueblos, entre estos el de Filo de Caballos, acordaron en una asamblea la permanencia de la Policía Comunitaria en la zona y que el comisario y los pobladores de Filo de Caballos acordaron que no regresen las 17 familias desplazadas de ese pueblo.
Al respecto el coordinador de los desplazados, Palacios Salgado, declaró vía telefónica que si tienen pruebas de que las 17 familias de Filo de Caballos son delincuentes, que presenten las denuncias para que haya un proceso legal en su contra por parte de las autoridades competentes.
Declaró que ellos (los policías comunitarios) no son autoridad para que los señalen: “aunque carguen un rifle y una playera que diga Policía Comunitaria, ellos no tienen autoridad para poner y señalar y encarcelar a la gente que ellos quieran”, expresó.
Añadió que los comisarios de cinco comunidades que supuestamente aprobaron la permanencia de la Comunitaria en Filo de Caballos están presionados, “si te pongo una pistola apuntándote a tu cabeza y te digo que voy a matar a todos tus hijos y a tu esposa, ¿qué harías?”.
Agregó que no se puede realizar una asamblea en la que no está la mayoría para que se aprueben los acuerdos, insistió en que no tiene lógica sus argumentos.
Demandó que si los comisarios no están presionados que les permitan salir a dar una conferencia de prensa a Chichihualco o a cualquier otra ciudad y hablen de la situación en que se encuentran ellos y los pobladores.
Dijo que por eso el sábado los comunitarios atacaron la caravana de los desplazados para que no llegaran y respaldaran a los comisarios y al resto de los pobladores que piden la salida de los comunitarios.
Rechazó que haya sido gente de Los Morros que apoya a los desplazados los que realizaron disparos para asustar a los desplazados y regresaran a Chichihualco.
“Nosotros que necesidad tenemos de hacer eso, si somos los que queremos regresar a nuestras casas, ¿crees que queremos estar sufriendo aquí, mientras nuestros animales, nuestras siembras y nuestros cultivos se está echando a perder porque ya vamos para quince días que no regresamos?.
Añadió que no tiene lógica que hayan sido partidarios de ellos los que dispararon para que se regresaran y no llegaran a sus pueblos.
El coordinador de los desplazados demandó a las autoridades competentes que pongan orden en esos pueblos y que se haga una investigación apegada a derecho para que se castigue a los realmente responsables de todos los hechos de violencia en la zona.
También insistió en que las autoridades estatales y federales intervengan para que salgan los comisarios de Filo de Caballos, Campo de Aviación, Puentecillas y El Ranchito a quienes los comunitarios tienen retenidos, para que den una conferencia de prensa y declaren abiertamente lo que están viviendo, pero que antes se ponga bajo resguardo a su familia que está a en riesgo.
Dijo que si realmente la Policía Comunitaria sabe quiénes son los delincuentes que están cometiendo los delitos en el corredor de Casa Verde a Filo de Caballos que pongan la denuncia correspondiente y que se actúe conforme a la legalidad, “y no solamente porque lo dice la gente que tiene interés del control de ese territorio”.
Palacios Salgado, declaró, además, que la ruta que tomó la caravana el sábado cuando regresaban a sus casas fue un acuerdo que tomaron en común los desplazados, las autoridades estatales encabezadas por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral y los militares.
“Las autoridades saben perfectamente cómo se tomó la decisión, se reunieron los coordinadores de los desplazados con Martín Maldonado, la delegada de Gobierno en la zona Centro Norma Yolanda Armenta y el Ejército mexicano y determinaron la ruta a seguir”, aseguró.
Sin embargo dijo que el subsecretario Martín Maldonado se está prestando al juego de los policías comunitarios y que está dialogando con esa gente armada, “cuando el Gobierno no tiene por qué hacer ese tipo de negociaciones, tiene que dialogar con las autoridades correspondientes que son los comisarios y los presidentes municipales”.
Acusó que el sábado al regresarse el subsecretario Martín Maldonado, después de que fue atacada la caravana, al dejar indefensos a los desplazados, éstos no podían arriesgar sus hijos y mujeres y que por eso se regresaron a Chichihualco, “por eso tomamos esa decisión, y no fue el alcalde Ismael Cástulo el que tuvo que ver en la ruta que se determinó seguir ni el que nos pidió que regresáramos. Nos tuvimos que mover nosotros mismos como pudimos por la ruta que conocemos y que creímos que estaba segura porque ya la hemos subido muchas veces”. (Zacarias Cervantes / Chilpancingo).

 

Llama el arzobispo a revisar y reorientar la estrategia de seguridad en Guerrero

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dijo que el deterioro de la seguridad, y el crecimiento de la violencia en Guerrero y otros estados, “revela la necesidad de revisar y reorientar la estrategia de seguridad”. Esto, luego del asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, del que dijo representa un desafío y un reto para los gobiernos federal y estatal.
El prelado católico consideró que las confrontaciones mediáticas “nunca” serán el camino oportuno para la resolución de conflictos y enfatizó que se debe de mantener separados los diferentes temas, luego de los señalamientos que hubo en la semana, entre los gobiernos del estado y el municipal de Acapulco, tras el homicidio de Soto Duarte.
En la columna Timonel, del periódico Mar Adentro, el arzobispo se refirió a las policías comunitarias, modelo alternativo de seguridad y justicia, y convocó a todos los pueblos para que se apoye a esas organizaciones y mantener los valores y principios con los que se conformaron.
En conferencia de prensa dominical, el arzobispo leyó un comunicado en el que lamentó nuevamente el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto, asesinado el sábado de la semana pasada, hecho que dijo viene a “agudizar y a ensombrecer” el clima de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero.
El asesinato representa un “reto y desafío a las autoridades locales y federales, y para la sociedad guerrerense”, indicó Garfias Merlos, quien expuso que Guerrero ocupa el índice más alto de homicidios según datos del Inegi y se han incrementado los homicidios dolosos.
Carlos Garfias expuso que el homicidio del alcalde, y los que ocurren todos los días en Guerrero, “exigen una investigación a fondo y profesional, demanda restablecer el estado de derecho, muestra el deterioro de la inseguridad y el crecimiento de la violencia en Guerrero y otros estados”, también “revela la necesidad de revisar y reorientar la estrategia de seguridad”.
Indicó que los obispos consideran que son tres los factores sobre los que urge intervenir: la crisis de legalidad, de inequidad ante el rompimiento del tejido social y la de inseguridad, como la expresión de la falta de moralidad.
El prelado católico llamó a la sociedad a no quedarse en el miedo, rabia, deseos de venganza, temor o desesperanza, a “sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros y construir alto mejor”. Construir un estado y un país mejor, ante “tanta corrupción y tanta violencia han llegado a ser tan insoportables”.
De que pese de los llamados constantes que ha hecho al diálogo y a trabajar en coordinación sociedad y autoridades, la violencia continua creciendo, el sacerdote dijo que aunque parezca que no se está avanzando, se están atendiendo a las víctimas, a los jóvenes e impulsando la educación para la paz. “Dentro de la gravedad de la situación, creo que vamos haciendo un esfuerzo y empeño, es a largo plazo, no se va poder hacer un proyecto de educación para la paz de un día para otro, hay que aprender a dialogar y seguir haciendo el esfuerzo”.
Del intercambio de señalamientos que se dio en la semana, entre los gobiernos estatal y el municipal de Acapulco, por la responsabilidad de la seguridad después de la muerte de Ambrosio Soto, dijo que se deben de separar los temas, que no se deben de involucrar situaciones políticas con un hecho que afectó a una familia, como es el homicidio del alcalde.
“Hay que centrarnos en el hecho, algo que nos modifica mucho nuestra vida y que nos hace estar generando más conflictos de los que se van resolviendo, es que mezclamos todo y eso siempre suscitará confusión, mayor conflicto y mayor problema, hay que ir separando los problemas para ir resolviendo”, dijo.
El arzobispo consideró que las confrontaciones mediáticas y hacer malas interpretaciones no ayudan en la solución de los conflictos, que las autoridades y la sociedad tiene que trabajar por sí mismos y dialogar.
De la detención junto con presuntos integrantes de la delincuencia organizada, primero de la secretaria de la Red Jóvenes x México, Ximena Bernal Vargas, y después del hijo menor de ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, Iván David Alonso Bustamante, el arzobispo dijo que si están identificadas las personas y hay elementos suficientes para proceder a detenerlas, es una señal “de que se empieza a tomar cartas en el asunto, para ir resolviendo a quienes están involucrados en el crimen organizado”.
Garfias Merlos lamentó y dijo que se tiene que saber exactamente lo que sucedió en Tepecuacuilco, donde mataron a siete integrantes de una familia.
En su columna Timonel, de Mar Adentro, el arzobispo se refirió a las policías comunitarias, las cuales dijo formaron esta organización para contrarrestar la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Que respondió a las necesidades de los pueblos, ante la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico.
“Este modelo alternativo de seguridad y justicia permite que las comunidades sean sujetos protagónicos, tanto de su seguridad como de la justicia impartida en su jurisdicción”, escribió el arzobispo, quien convocó a “todos” a que apoyen a los pueblos en sus demandas de mejores condiciones y prosperidad, para que sigan los valores y principios sobre los cuales surgió la Policía Comunitaria.