El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.
El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado
Se reúne Evelyn en Altamirano con alcaldes que denunciaron amenazas de Los Tlacos
Dialogan más de tres horas en el cuartel del 34 Batallón de Infantería, en medio de fuertes medidas de seguridad. Insisten en que no hay condiciones para ir a Chilpancingo. El objetivo fue “fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”, dice la gobernadora en un comunicado. No se dan detalles del encuentro ni de los acuerdos. Asisten el comandante de la Novena Región Militar y la fiscal del estado
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.
Despliegue de la Marina y la Policía del Estado sobre la carretera federal frente al 34 Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, mientras se desarrollaba la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con alcaldes y diputados de la región Tierra Caliente y algunos de la Norte Foto: Israel Flores
Deben las autoridades garantizar el tránsito de ediles de Tierra Caliente: Alejandro Bravo
Para el presidente estatal del PRI, la seguridad se debe extender a todos los ciudadanos, “quienes no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”
Daniel Velázquez
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que la denuncia de los alcaldes de Tierra Caliente de que reciben amenazas de un grupo delictivo “es una situación lamentable que las autoridades correspondientes están obligadas a atender” para garantizar el derecho al libre tránsito.
En declaraciones por teléfono, Bravo Abarca indicó que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito no sólo a los alcaldes, diputados, “sino al pueblo de Guerrero, garantizar que podamos transitar con toda libertad quienes no temenos y no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”.
A pregunta expresa sobre que se debe hacer para garantizar la seguridad de los alcaldes de la Tierra Caliente, luego de que ya se conoce el alcance multihomicida de los grupos delictivos que operan en esa región, como sucedió el 5 de octubre de 2022 cuando fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras 19 personas, el dirigente del PRI opinó que definir la estrategia le corresponde a las autoridades responsables de la seguridad.
“Quienes tendrán las acciones necesarias que verdaderamente den resultados deben de ser quienes son los profesionales y quienes encabezan las diferentes instituciones de seguridad. Son quienes obligadamente tienen que hacer un operativo que permita garantizar los resultados que esperan los compañeros alcaldes”.
Bravo Abarca sostuvo desconoce más sobre lo que sucede en la Tierra Caliente y en la Zona Norte, sino sólo lo que leyó en El Sur, que consideró un llamado de auxilio: “es una petición de la que no tengo mayores detalles salvo lo que se ha leído” y lo que ha conversado con algunos ediles.
Sobre que comentarios le han hecho los presidentes municipales del problema de las amenazas, no abundó, dijo que es lo mismo que manifestaron en la carta, que no pueden salir de la región.
A pregunta expresa sobre si buscarían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se garantice el trabajo político de los partidos en esas regiones Bravo Abarca dijo que ha realizado actividades sin inconvenientes en Tierra Caliente y prevé visitar la próxima semana la Zona Norte: “como dirigente estatal yo no te puedo decir que haya tenido algún contratiempo”.
“El llamado que le hacemos no solamente a la gobernadora, al gobierno del estado es que haya (seguridad), lo que hemos venido diciendo que exista una coordinación correcta entre diferentes corporaciones obligadas a brindar seguridad a los guerrerenses para que de esa manera se tengan mejores resultados por el bien del pueblo de Guerrero”.
Estrategia de seguridad fallida, tras las amenazas a alcaldes
calentanos: PRD
El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, opinó que la condición en que están los alcaldes de Tierra Caliente y la zona Norte son el resultado de un Estado fallido y muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad, se muestra como una característica de un Estado fallido y creo que no hay acciones concretas de parte del gobierno del estado y la federación. Es muy preocupante muy lamentable que las autoridades municipales se encuentren en esta situación sin poder hacer nada, debido a que no tienen la posibilidad de enfrentar esta circunstancia y esta situación tan complicada como lo es una amenaza de la delincuencia organizada”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal del PRD señaló que el problema no es de la noche a la mañana sino que ya tiene antecedentes, pero se optó por confrontar a los alcaldes acusándolos de tener vínculos con la delincuencia. La carta enviada a la gobernadora muestra que la delincuencia no tiene partido y que todos son víctimas y rehenes de eso grupos.
Catalán Bastida dijo que supo del problema desde hace días en una conversación con la diputada Elzy Camacho.
De la reunión con la gobernadora prevista para ayer, dijo que esperaba que los alcaldes y diputados recibieran el respaldo para ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad física.
El dirigente perredista sostuvo que corresponde a las autoridades responsables de la seguridad en el estado explicar qué está pasando con el problema del avance de los grupos delictivos en la Tierra Caliente y en la zona Norte, lo cual es “preocupante porque no hay un referente de tal magnitud en la historia reciente del estado”.
Criticó que el problema de la inseguridad en el estado va en aumento porque las autoridades del estado no asumen su responsabilidad, “hay una responsabilidad que no han podido asumir del todo y no se generan buenos resultados creo que es una estrategia fallida y esto afecta la gobernabilidad que se pueda tener en el estado”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que en el gobierno estatal tienen claro el panorama de la violencia que generan los grupos delictivos por la disputa de territorios, “que lleva muchos años” y “desgraciadamente se ha recrudecido”.
En declaraciones por teléfono, aseguró que: “estamos trabajando para irlos sacando (de sus territorios) e ir disminuyendo el índice de criminalidad”.
Admitió el mapa que indica que en Guerrero hay más de 16 grupos delictivos que se disputan el territorio. Recordó que él ha dicho que sólo en Acapulco hay más de 16.
Informó, que en las próximas semanas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informará de un plan de desarrollo para la Sierra de Guerrero que implica apoyos y una estrategia “para generar mejores condiciones de vida en esta región del estado”.
El mapa de seguridad del actual gobierno estatal, publicado el lunes en El Sur, indica que este año se tienen registrados al menos 16 grupos delictivos que se disputan el control del territorio del estado para la explotación de recursos naturales, el trasiego y distribución de drogas, así como el cobro de cuotas y las extorsiones.
Derivado de ello el obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, opinó que los grupos delictivos se han multiplicado y fortalecido en la entidad, en algunos casos por sus vínculos con las autoridades, pero también “por la ineficacia del Estado y los huecos sociales y políticos que deja, donde no han podido entrar a trabajar las instituciones”.
El director de Tlachinollan Abel Barrera, declaró que el mapa indica que ya no hay municipio que no tenga jefe de plaza, y que el resultado es una violencia mayor; las víctimas son asesinadas, ejecutadas, torturadas, encajueladas en actos crueles y de deshumanización de la vida pública a la que “nos han acostumbrado los grupos de la delincuencia”.
Reynoso Núñez declaró que en el gobierno son “respetuosos” de todas las opiniones “y las escuchamos con mucha atención; me parece que esas expresiones que se hacen nos ayudan”.
Pero aseguró que en el gobierno tienen claro el panorama “y sabemos que hay muchos grupos en disputa por el territorio, y estamos trabajando para irlos sacando de estos territorios. Estamos trabajado en todo el estado”.
Respecto al mapa y diagnóstico de los grupos delictivos que se disputan el territorio, dijo: “Efectivamente, cuando yo he hablado de los grupos delictivos, he dicho que solamente en Acapulco contamos con más de 16”.
Reconoció que en el estado hay una disputa que lleva muchos años y que “se ha recrudecido desgraciadamente, pero estamos trabajando para irlos sacando e ir disminuyendo el índice de criminalidad; vamos a seguir atentos a las declaraciones y observaciones que nos hacen los diversos organismos y los actores que hacen vida en el estado”.
No obstante, rechazó que haya vínculos de las autoridades estatales con algunos de estos grupos, como coincidieron en señalarlo el obispo emérito Rangel Mendoza y Barrera Hernández.
“Por parte del gobierno del estado no hay vínculos con ningún grupo delincuencial. Lo ha sostenido la gobernadora y lo ha dicho con mucha firmeza, y nosotros estamos en esa misma línea; quien se involucre con grupos criminales lo hará bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad”.
Aseveró que si hubiese una vinculación de esta naturaleza, probablemente existirían otras condiciones, “pero no lo queremos, ni lo deseamos, me parece que estamos trabajando para imponer el estado de derecho, eso es lo que la gente necesita, no que haya una vinculación del Estado con los grupos criminales, porque ahí es donde se dan los problemas de la extorsión, cobro de piso y secuestros, cuando hay una connivencia y complacencia del Estado”.
Insistió: “vamos a seguir trabajando para que las instituciones de seguridad sirvan verdaderamente al pueblo”.
–¿Se ha hecho una revisión, como para estar tan seguros?
–Se hace siempre, recuerde que hay exámenes de control y con fianza, y cuando hay denuncias se hacen las investigaciones correspondientes. La Policía del Estado ha estado también en la rotación de sus mandos, ha estado buscando erradicar estas prácticas que se arraigaron dentro de los cuerpos policiacos, pero hoy tenemos muy clara la ruta, que es la del trabajo, el respeto a los derechos humanos, y servir a la gente, a la sociedad.
Respecto a su diagnóstico de la violencia que ha aumentado en Acapulco y en Chilpancingo en los últimos días, el funcionario explicó que muchos de los homicidios están ligados a la criminalidad, cobre todo por ajustes de cuentas, pero reconoció que otros, “desgraciadamente” han tocado a gente inocente.
Admitió: “Hay de los dos, hay muchos ligados a la criminalidad pero otras son víctimas colaterales de los conflictos que hay entre los grupos”.
Solución al caso de los desplazados
El funcionario dijo que al gobierno se le dificulta dar seguridad a los pueblos de la sierra porque son muchas comunidades y muy dispersas, “y es materialmente imposible” instalar una base para cada pueblo. “Lo que hacemos es una estrategia estableciendo puntos de control y rutas de recorridos”.
Explicó que pretenden ir poco a poco penetrando en el territorio, “junto con la Policía del Estado se ha estado implementando esta estrategia y se va a ir trabajando en ella”.
Informó que en el caso de las familias desplazadas de San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, que pedían que se atendiera el problema de seguridad, en la reunión del martes les informaron que ya había presencia en la zona desde antes que se desplazaran; “estaba la Policía del Estado junto con el Ejército”.
No obstante indicó que ellos están pidiendo una base permanente “y el Ejército nos está apoyando en las tareas de seguridad en la sierra, sin embargo, es muy complicado instalar bases en cada comunidad”.
Pero añadió que van a mandar a San Antonio de las Tejas grupos de la Policía del Estado con el apoyo de soldados “y vamos a ir valorando cómo se va desarrollando la seguridad en esta comunidad y en toda la zona en general”.
Dijo que es el mismo problema que plantean las 40 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, que la semana pasada pidieron también, la presencia del Ejército, pero aseguró que ya los hay, aunque “no en la forma de bases permanentes en cada comunidad, porque es materialmente imposible”.
Informó que para resolver el problema de la violencia en la sierra el Gobierno del estado está trabajando en un plan de desarrollo que pronto dará a conocer la gobernadora.
“Es un plan que incluye el tema social, de educación y de salud; el tema de seguridad es importante en estos momentos y se tiene que atender de manera inmediata para evitar la inseguridad y que se sigan dando los desplazamientos de más comunidades, pero también debe ir acompañado y de la mano de un proyecto social y es el que está trabajando la gobernadora”.
Explicó que el hecho de haber considerado a la sierra como octava región, no es solo un tema declarativo, sino que va a ir acompañado del rubro social.
“La gobernadora hará anuncios importantes en la próxima semana respecto de los apoyos que vienen para la sierra y de la estrategia que se va a estar implementando para poder generar mejores condiciones en esta región del estado”.
El secretario de Gobierno explicó que se trata del plan de desarrollo que han estado pidiendo los actores de la sierra para poder darles a las comunidades la atención que requieren.
“Estaremos dando atención al problema de educación y al de salud, que es bien importante y son los dos reclamos principales, vamos a trabajar también el tema de desarrollo social, y para ellos se está involucrando el programa Sembrando Vida”.
Declaró que es un trabajo que se está haciendo de manera integral y que es la gobernadora la que va a dar el anuncio en las próximas semanas.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, reconoció que aún no sabe si su fracción apoyará la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para sancionar con cárcel o multas a las personas que se dediquen o induzcan a las terapias que corrigen la orientación sexual.
La iniciativa de decreto que plantea la sanción a las terapias de conversión para corregir la orientación sexual e identidad de género, fue rechazada en conferencia de prensa por integrantes del Frente Nacional por la Familia, luego de que se dio a conocer en el Congreso.
En consulta telefónica, Ortega afirmó que están justamente en el análisis de los pros o contras de la iniciativa, a la que van “a ponerle mucho empeño, (pero) no sabría decir si vamos a apoyarla o no”.
Aclaró que se comentó en una reunión y conoció algunas posturas de sus compañeros, pero aún no ha sido tema de trabajo con el área técnica que recibió la encomienda de hacer un estudio de profundo “para tener una idea clara sobre qué tanto puede ayudar a los niños principalmente o a la gente adulta”.
Dijo que supo de la oposición de algunos grupos religiosos, y como vocal de la Comisión de Justicia le interesa que se acuerde una ley de consenso.
Precisó que esta propuesta de la titular del poder Ejecutivo no llegó como asunto preferente al Congreso local, distinto a la iniciativa para sancionar a los entes públicos que no enteren o retengan cuotas del ISSSPEG, y la reforma para regular el hospedaje temporal que se ofrece a través de plataformas digitales.
Sin embargo, estimó que habrá tiempo suficiente para analizarla con calma en el transcurso del periodo ordinario que termina el 15 de junio.
Recordó que el PRD vota de consenso como fracción, y su voto al proyecto en la Comisión de justicia será el que seguirán sus compañeros cuando sean revisados los antecedentes en otros estados.
También dijo que van a comentar el asunto con el presidente del partido, Alberto Catalán Bastida, sobre la posición del PRD en su agenda política,
“Estoy checando antecedentes de este tipo de prácticas de conversión, de dónde viene, cómo surgió, porque es un tema escabroso”, como la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios, aprobados en esta legislatura. (Lourdes Chávez /Chilpancingo).
Las dos docentes que fueron enviadas por el gobierno estatal al plantel de telebachillerato en El Durazno, comunidad serrana del municipio de Coyuca de Catalán, este viernes abandonaron la localidad.
Éstas eran las únicas maestras que estaban dando clases también a todos los niños de jardín de niños, primaria y telesecundaria; así lo denunció la comisaria Azucena Rosas García, quien además, exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que obligue a los maestros a cumplir con su trabajo o que dejen el lugar a alguien que sí quiera trabajar.
En su página de Facebook, la gobernadora Salgado Pineda publicó una foto en la que se observa a dos jóvenes estudiantes bajo una bandera nacional, la mandataria añadió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.
“La educación sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para la construcción de un Guerrero más próspero y en paz. Por eso, nuestro compromiso está más firme que nunca y no daremos ni un paso atrás hasta lograr que todas nuestras niñas y niños tengan las condiciones necesarias para prepararse debidamente”, añadió el mensaje de Salgado Pineda.
Vía telefónica, la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas, informó que la fotografía difundida por la gobernadora la subieron hace unos días las maestras de telebachillerato, que llegaron a la comunidad el pasado viernes 10 de marzo, y es en las instalaciones de la primaria, misma donde llegó Evelyn Salgado el 7 de marzo pasado, en un recorrido por el lugar.
Sin embargo, la comisaria reclamó que las dos maestras del telebachillerato sólo estuvieron ocho días, porque este viernes se bajaron de la localidad serrana, donde el pasado 10 de diciembre fueron asesinados siete hombres por integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Contó que las docentes sólo les explicaron que se retiraban porque su jefe les había hablado, y que a ella no le informaron cuando llegaron ni se comunicaron cuando se retiraron, y reprochó que los maestros suben cuando quieren, por lo que exigió a la gobernadora que les pida a los maestros que cumplan con su trabajo, “se supone que para eso les están pagando, y no nos están dando el servicio”.
Reclamó que si a los docentes que envían a esa zona serrana no les interesa trabajar, que dejen el lugar libre para alguien que sí, y expuso que no sólo las maestras de telebachillerato se retiraron, sino que el día que llegaron ellas a la localidad, las maestras de jardín de niños, primaria y telesecundaria se bajaron. Añadió que habló por teléfono con una de ellas, para preguntarle cuándo regresaban, y le respondió que hasta el 17 de abril.
Mencionó que no están de acuerdo con que regresen hasta esa fecha, porque los niños ya perdieron muchas clases y todavía van a seguir perdiendo más.
Rosas García recalcó que después de que la gobernadora hizo su publicación en Facebook, envió un oficio a la Evelyn Salgado mediante el delegado de Gobernación de Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, en el que planteó que se exija a los maestros que cumplan, “no estamos pidiendo nada de lo que no tengamos derecho”.
Manifestó que desde el 5 de abril de 2022, entregó un documento a la gobernadora que fue turnado al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativalas (IGIFE), en el que pidió la construcción de tres aulas de concreto para el plantel de Telebachillerato, además de baños, equipo de cómputo, microscopios, 50 butacas y tres pizarrones blancos, porque actualmente las aulas son de madera con techos de lámina, piso de tierra, pero lo único que han recibido son 50 pupitres para la primaria y tres pizarrones.
Aclaró que las dos maestras que llegaron no quisieron dar clases en el telebachillerato, porque las aulas de madera están a la orilla de la comunidad, y dieron clases en la primaria, donde se observa a las jóvenes en la imagen que difundió la gobernadora.
Respecto a la inseguridad, Azucena Rosas aseguró que continúan con recoridos de vigilancia, aunque en las comunidades colindantes han escuchado de que andan integrantes de La Familia Michoacana, quienes los atacaron en diciembre pasado, “en El Durazno tenemos seguridad permanente y no se han ido, no nos han dejado. Lo que sí le pediría, pues es que se persiga a los delincuentes, que los detengan”.
Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado a llamarles la atención a los maestros para que cumplan con sus deberes, “no nada más que sea publicidad, una foto para la publicidad. No, que de verdad cumplan con sus deberes”.
Maestros jubilados de Costa Grande, de la sección 14 del SNTE, durante la protesta afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir el pago del 2 por ciento del SAR y prestaciones como el Plan Flexible Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Maestros jubilados, agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Costa Grande, protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Unos 25 manifestantes colocaron una lona, en la que pidieron el pago del 2 por ciento del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y prestaciones como el Plan Flexible para pedir préstamos.
Indicaron que son 63 afectados de los municipios de Petatlán, La Unión, Coahuayutla y Zihuatanejo. “Auxilio, socorro, se roban mis ahorros” y “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, corearon los inconformes.
En declaraciones, el representante de los jubilados, Malaquías Pérez Abarca, informó que han tenido reuniones con las autoridades estatales, pero no tienen respuesta, pese a que les prometieron tener una el pasado 28 de febrero.
Indicó que piden la audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado, para que solucione sus demandas, “porque quisiéramos tener este beneficio en vida, no en muerte”.
El inconforme precisó que el ahorro se los dan cuando se van a jubilar, pero no se los han otorgado, “queremos ese dinero que nos corresponde”. Dijo que también solicitan el pago del Plan Flexible, “nuestros ahorros fueron saqueados por los anteriores gobiernos, desde el ex gobernador René Juárez Cisneros”.
Externó que los jubilados no tienen la culpa de que los anteriores gobiernos “se hayan robado nuestro dinero”. Manifestó que han solicitado al actual gobierno que haga una auditoría al programa, pero se ha negado a realizarla.
Indicó que este martes buscarían una reunión con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con otra autoridad de gobierno que le dé seguimiento a sus peticiones. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Evelyn Salgado Pineda destacó el compromiso de Guerrero en la defensa de la soberanía nacional, con la publicación de un pronunciamiento signado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de Morena, condenando una iniciativa de dos legisladores estadunidenses del Partido Republicano, para una intervención militar contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
En su cuenta de Facebook, la gobernadora declaró: “Junto a las gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que integramos la Cuarta Transformación, ratificamos nuestro apoyo absoluto a las acciones emprendidas por el Gobierno de México, para garantizar y proteger los intereses de nuestro país”.
En el pronunciamiento expresaron su apoyo y compromiso “en el combate frontal a las organizaciones del crimen organizado que operan transnacionalmente”.
Recordaron que estas organizaciones lucran tanto en México como en Estados Unidos.
Enfatizaron que los dos países comparten el hacer frente a los narcotraficantes, detener el flujo del fentanilo y sus precursores químicos que tanto dañan a la sociedad. Llamaron a la colaboración bilateral e internacional, efectiva y respetuosa, para brindar oportunidades económicas a los jóvenes a fin de que no se unan a los cárteles.
Confirmaron que la dinámica de estas organizaciones criminales “es tal”, que requiere de inteligencia financiera, acompañada de una política de salud y de drogas moderna.
Insistieron en que el fenómeno debe abordarse con un enfoque de salud pública, y no de violencia o invasión militar.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, flanqueado por el secretario de Organización, Jonathan Márquez Aguilar; la secretaria general, Yesenia Salgado Xinol; el secretario de Pueblos Indígenas, Abel Bruno Arriaga; y el secretario de Comunicación, Emmanuel Gutiérrez Andraca Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que hay gobiernos municipales como Pungarabato y Chilapa en los que se puede ver la infiltración de la delincuencia, y donde Morena “no puede ganar elecciones por la delincuencia, pero sí el PRI, el PAN y el PRD”.
Aseguró que donde gobiernan estos partidos de oposición “es imposible hacer política, aunque somos nosotros ahora el partido oficial, porque es evidente que puede haber protección”.
Ayer, en conferencia de prensa en las oficinas de Morena, en Chilpancingo, González Varona respaldó nuevamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, debido a la nota que publicó el lunes el periódico Reforma, que señala que bajo el gobierno de la morenista, la Familia Michoacana (FM) expandió su control del territorio en la entidad, y que cita el comunicado sin firma emitido por habitantes de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan –que El Sur publicó el 21 de febrero– con el que la acusan de proteger al grupo criminal.
Sostuvo que es año preelectoral y que los partidos de oposición están frustrados, y tienden a deteriorarse y difuminarse, además, dijo que la publicación de Reforma era una ofensa al pueblo de Guerrero, porque fue un intento de difamar y desestabilizar un gobierno que ha confrontado a grupos de la delincuencia, que fueron empoderados en sexenios pasados y que siguen empoderando “en regiones de nuestro estado”.
Aseguró que la delincuencia permea en los ayuntamientos, y que se “puede ver la infiltración de la delincuencia en ciertos municipios de la región (Tierra Caliente), les voy a dar un ejemplo bien claro donde Morena no puede ganar elecciones por la delincuencia, pero sí el PRI, el PAN y el PRD, ellos si ganan”.
Sostuvo que estos partidos tienen pactos con la delincuencia, mientras que Morena, aseguró, su pacto es con el pueblo.
“La delincuencia creció con Calderón”
El líder de Morena aseguró que “los hechos de violencia que han sucedido en las regiones es un movimiento natural de este grupo de criminales, que con mucho esfuerzo la gobernadora y el gobierno de México han combatido”.
Aseveró que al grupo delictivo de La Familia michoacana fue replegado de la Tierra Caliente a la Sierra y Costa Grande, aunque es un problema de décadas que se recrudeció “con la infiltración cuando ganó el Partido de la Agencia de los Narcos –como nombró en lugar de decir Partido Acción Nacional–, que sirvió como agencia de colocación de los narcos en la Secretaría de Seguridad Pública”, en relación con el ex secretario de seguridad recién sentenciado en Estados Unidos, Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón.
Sostuvo que en la administración de Calderón Hinojosa “la delincuencia se apoderó de todos los territorios” y con la operación llamada Rápido y furioso entraron miles de armas a nuestro país para esos grupos criminales, “encabezados por su ex secretario de Seguridad Pública, (Genaro) García Luna, que tienen armamento más sofisticado que las propias policías estatales y policías municipales”.
Se le preguntó qué ayuntamientos del PRI, PAN y PRD tienen vínculos con la delincuencia organizada específicamente, pero dijo que no podía señalarlo porque no era agencia de seguridad, pero sí podía decir que donde gobiernan es donde más álgida está la violencia, la infiltración, las extorsiones y los enfrentamientos.
Mencionó que en Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, no han dejado gobernar a Morena, y mencionó el caso de la candidata en 2021 por Morena a la alcaldía, Francisca Baltazar Bravo, quien “fue amenazada, la secuestraron y la tuvimos que sacar (junto a su familia) a la Ciudad de México, y ganó el PRI ahí, porque no la dejaron que hiciera campaña, ¿y por qué creen? Yo nada más se los dejo ahí, ya las agencias de seguridad pública nacional se encargarán de investigar”.
Manifestó que donde gobiernan los partidos del PRI, PRD y PAN “es donde es imposible hacer política, aunque somos nosotros ahora el partido oficial, porque es evidente que puede haber protección”.
Defiende a gobiernos municipales de Morena
Se le dijo que Acapulco también tiene problemas con inseguridad y gobierna Morena, pero respondió que ahí hay bandas delictivas que son perpetuadas por las colindancias del municipio, “Acapulco no se visualiza como la Tierra Caliente y la Sierra, es la diferencia, que allá existen grupos”.
Resumió que las causas de la violencia en Acapulco y el apogeo de la Familia michoacana, que argumentó Reforma, se debe a los operativos, y en el último caso “los delincuentes corren hacia la Sierra, hacia Petatlán”, mientras que en Acapulco registra violencia por los operativos que se hacen en la Costa Chica y el Valle del Ocotito, y provoca que los “delincuentes estén caminando hacia el puerto”.
Se le preguntó si hay más municipios como en Pungarabato o Chilapa donde no ganen al PRD o PRI y crean que se deba a los nexos con el crimen, expuso “que solo en Chilapa que es eternamente dirigido por caciques regionales”.
Se le dijo que en Tlalchapa, también la familia Mora Eguiluz ha gobernado por varios periodos y ahora están en Morena. Jacinto González Varona afirmó que “en Tlalchapa yo no he conocido de violencia en ese municipio, ahí está pacificado, no es como Arcelia, no es como Altamirano, no es como Coyuca de Catalán, en Zirándaro”.
En el municipio de Tlalchapa, ubicado en Tierra Caliente, en el periodo 2015-2018 gobernó Amalia Mora Eguiluz –hermana de la actual secretaria de Formación Política de Morena, Celeste Mora Eguiluz, y ex secretaria del Migrante en el estado– por la coalición PRD-PT; en 2018-2021 gobernó su padre, Martín Mora Aguirre, por el PRD; y en el 2021-2024, ganó otra hermana, Tania Mora Eguiluz, por Morena.
Ayer, el dirigente estatal de Morena precisó que en el caso de Zirándaro, el ex alcalde Gregorio Portillo Mendoza, a los cuatro días de ser candidato a la alcaldía en 2018 lo sacaron del municipio “porque no pactó (con el crimen organizado), hicieron campaña de manera virtual, la gente de la cabecera estaba cansada del crimen y le dio el voto, porque las comunidades las perdimos (en votos)”.
“Protegido por Seguridad Pública federal tomó protesta y no lo dejaban gobernar y ustedes han documentado toda esa parte, donde el presidente (municipal) le pedía auxilio al gobernador en turno (Héctor Astudillo Flores) porque no lo dejaban gobernar”.
–¿Entonces la alcaldesa que ganó en 2021 (Tania Pacheco Duarte) sí pactó?
–La alcaldesa que ganó, ganó también porque el presidente hizo un buen trabajo, no permitió que se infiltrara y por eso repite Morena en Zirándaro, no se viven actos tan violentos como se vive en Coyuca de Catalán, en San Miguel Totolapan, en Arcelia, nada más revisen la diferencia que existe entre los municipios que gobernamos y que gobiernan ellos.
–Pero hubo un video donde se difundió una caravana del Cartel Jalisco Nueva Generación en su municipio de Zirándaro -, se le comentó.
–¿Pero está ella? Yo no puedo decir que ella estaba ahí, porque no la vi.
A pregunta de un reportero, sobre la propuesta que la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien declaró que se analizaba solicitar la desaparición de poderes en Guerrero porque el estado está controlado por el crimen organizado, Jacinto González respondió que “es una propuesta muy exagerada, porque ni siquiera hay ingobernabilidad en nuestro estado”.
