Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos  de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des

de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.

“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria

para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.

Desconoce el FUSDEG a Crescenciano Ramírez; lo separará del movimiento, anuncia

Integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) desconocieron a Crescenciano Ramírez López, y anunciaron que la estructura de Petaquillas tendrá una asamblea hoy para separarlo del movimiento, porque pretende dividirlo.
En conferencia de prensa en la base de la Policía Comunitaria del FUSDEG en el Valle de El Ocotito, uno de los integrantes de la organización dijo que desconocen a Ramírez López porque realiza asambleas sin tomar en cuenta al FUSDEG y pretender poner a la población al servicio de su persona.
“Pareciera que pretende dar un golpe de Estado al pueblo de Petaquillas y deshacer lo que ya está hecho del FUSDEG”, declaró.
Por su parte, el comandante municipal de Acapulco, Plácido Macedo Adame dijo que Crescenciano Ramírez no toma en cuenta la estructura de la organización, “no le interesan las actividades de los comandantes, hace asambleas a su manera”.
Agregó que en un asamblea en Xaltianguis, firmaron la expulsión de Ramírez López, “fue por un acuerdo unánime en la asamblea separarlo de la organización y que respetara la organización”.
Macedo Adame comentó que el documento fue respaldado por el FUSDEG de Tierra Colorada y Chilpancingo, espera que hoy en una asamblea a las 6 de la tarde en Petaquillas, la organización plantee el desconocimiento de Crescenciano Ramírez.
Un miembro del FUSDEG dijo que el gobierno del estado pudiera estar detrás de la división de la organización, pero a través de asambleas reforzarán la unión del FUSDEG en los municipios de Acapulco, Tierra Colorada y Chilpancingo.
Comentó que este año cambiarán la estructura del FUSDEG para reforzar el movimiento y la seguridad en los tres municipios.
Informó que hoy a las 6 de la tarde tendrán una asamblea en Petaquillas para atender problemas internos de la organización.
A la conferencia de prensa asistieron el coordinador del consejo del FUSDEG en Petaquillas, Alejo Espinoza Silva; el comisario de Petaquillas, Alejo Silva Antaño; y el integrante de la comisión del Frente en Tierra Colorada, Marcelo Tacuba Castañeda.
La noche del jueves, el promotor del FUSDEG, Crescenciano Ramírez López denunció que el coordinador de la organización, Salvador Alanís quiere asesinarlo tras de que lo ha señalado de no respetar los acuerdos de asamblea, no tomarla en cuenta y pretender seguir en el cargo de manera irregular.
Alanís negó los señalamientos que hizo contra él Crescenciano Ramírez, de quien dijo que ya fue expulsado del FUSDEG y pretendió dar un “golpe de Estado” a la organización aliándose con el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas del Estado de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, para dividir al FUSDEG, aseguró.

Por las vacaciones, ponen guardias en más de 16 secretarías del gobierno del estado

Esta semana los trabajadores de Palacio de Gobierno iniciaron guardias para atender a los vecinos que requieran algún trámite durante la temporada de vacaciones de fin de año.
Los trabajadores sindicalizados aglutinados en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) regresarán a trabajar el 7 de enero.
Por ello este lunes los trabajadores iniciaron guardias en más de 16 Secretarías del gobierno del estado de Guerrero, se constató que en Palacio de Gobierno la cantidad de trabajadores disminuyó.
También permanecen laborando los trabajadores de confianza que ingresaron en el gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Se observó durante un recorrido en los edificios Tierra Caliente, Centro y Acapulco de Palacio de Gobierno que en las ventanillas había personal dando información y recibiendo documentos a vecinos que acudieron.
Uno de los trabajadores dijo que los empleados que hacen guardias son los encargados de atender a la población que requiera hacer un trámite.
En los tres edificios principales se observó que algunos vecinos hacían trámites en la Secretaría de Finanzas, Administración y Desarrollo Social.
Las labores se reanudaran el 7 de enero del próximo año como lo marca el calendario de vacaciones de los burócratas.

El gobierno del estado contra El Sur

El gobierno del estado suspendió el convenio de publicidad que apenas en marzo firmó con la empresa editora de El Sur, como represalia por la publicación en estas páginas de diversas notas y columnas en que se critica la actuación de autoridades laborales que dependen del poder Ejecutivo.

Se trata de una injerencia inaceptable en la línea editorial del periódico con la que se demuestra que, como sus antecesores, también el gobierno de la alternancia entiende los convenios de publicidad como un instrumento de presión y control de los medios de comunicación.

A esa visión patrimonialista de los recursos públicos; a ese uso del erario no para beneficio de la sociedad –en este caso con el desarrollo de una prensa crítica–, sino para favorecer los intereses políticos del gobierno en turno se enfrenta de nuevo El Sur como antes padeció decisiones atrabiliarias similares de José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros.

Al informarnos de la medida, el director de Comunicación Social, César Bajos Valverde, dijo que al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “le parece una incongruencia que tú tomes dinero de un gobierno que consideras corrupto”.

La imprecisa queja del funcionario, su lenguaje y la personalización que hace, revelan un trato que es asimismo inadmisible para nosotros. El director general de El Sur no recibe ningún dinero, y lo que paga el gobierno del estado –que son fondos públicos y no de los gobernantes– es por los espacios de publicidad que contrata.

Y lo que hemos denunciado no es a un gobierno corrupto, sino el uso faccioso de las instituciones para castigar a un medio en el que se critica al gobierno del estado y que da espacio a las movimientos sociales y a los actores políticos que lo cuestionan. Y lo que estamos denunciando ahora es una medida –el retiro de la publicidad gubernamental– con la que se busca doblegar a periodistas que se resisten a entrar en el círculo de acuerdos de complicidad por encima de la ley.

En medio de campañas políticas que tienden a polarizar a los ciudadanos, precisamente en un momento en el que más necesaria es la información plural, es que se da esta decisión gubernamental. No es posible edificar una democracia si se ataca a la institución de la prensa libre. No puede autoproclamarse “demócrata convencido” un gobernador que se atreve a decir a un periódico qué debe publicar y qué no.

Sería indigno de nuestra parte ceder al chantaje y dejar de ejercer un derecho consagrado por la Constitución de la República y la del estado de Guerrero a cambio de supuestamente garantizar la estabilidad financiera de la empresa responsable de la publicación de El Sur.

Por eso es que hacemos del conocimiento de nuestros lectores esta medida del gobierno del estado. Además, ¿con qué autoridad moral podríamos seguir siendo el vehículo para las denuncias ciudadanas contra atropellos del poder si nosotros mismos no nos defendemos llegado el caso?

Como si las instituciones de justicia de Guerrero no estuviesen entre las más desprestigiadas del país, el gobernador nos manda decir que nos atengamos a sus decisiones y nos exige que no informemos nada a nuestros lectores de las decisiones ilegales que allí se están tomando en nuestra contra.

¿Qué podemos hacer ante tribunales laborales que son orientados por funcionarios del gobierno del estado para tomar decisiones políticas? ¿O ante jueces y magistrados que igualmente emitieron sus fallos agregando al expediente mentiras flagrantes y violando la ley?

En su Declaración de Principios de Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA establece lo siguiente:

“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales… con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Seguiremos informando a nuestros lectores del curso de los supuestos “conflictos laborales” en los que se montó el gobierno del estado para intentar doblegarnos.

Hoy, como siempre, reivindicamos el lema de que El Sur es un periódico al servicio de los ciudadanos, no del gobierno.

Hará el municipio una campaña especial contra el dengue sin el gobierno del estado

No se coordina la Jurisdicción Sanitaria, dice Durán

 

Desde el 1 de junio se levantarán todos los carros abandonados y se fumigará todo un mes

 Redacción

El director de Salud municipal, Henry Durán Dangond, dijo que la Jurisdicción Sanitaria 07 del gobierno del estado no se coordina con el Ayuntamiento para prevenir el dengue con programas de descacharrización ni ha informado cuánto presupuesto aportará para ese propósito, cuando ya está encima la época de lluvias en que la incidencia de esa enfermedad se incrementa notablemente.

En declaraciones a reporteros durante la tercera sesión de Cabildo abierto, en la colonia Jardín Azteca, el funcionario municipal dijo que hace dos meses, el titular de la Jurisficción Silvio Chavelas le envió un oficio en el quen solicitaba camiones y macheteros y le “respondimos que estábamos de acuerdo en un trabajo coordinado, quisiéramos saber cuánto tienen presupuestado y cuanto van a aportar, estoy esperando esa respuesta”.

Dada la pasividad del gobierno del estado, dijo Durán, Salud municipal, la Coordinación de Servicios Públicos y la Secretaría de Protección y Vialidad comenzarán el primero de junio una “campaña especial” de descacharrización donde “se van a levantar todos los carros abandonados del municipio y vamos a fumigar durante un mes”.

El funcionario recordó que por la ubicación geográfica de Acapulco en “cualquier mes del año” se presentan casos de dengue, pero que la incidencia de la enfermedad se incrementa notablemente en la época de lluvias, y por eso “se toman medidas especiales” para combatirlo.

Dijo que de enero al 15 de mayo se registraron 21 casos de dengue en el puerto –siete en hombres y 14 en mujeres– y que este registro se lleva debido a que “hemos decidido combatir el dengue todos los días del año, no solamente en temporada de lluvias”.

Explicó que diariamente se colectan cuatro toneladas de cacharros, “tenemos dos camionetas con dos máquinas y cuatro fumigadores con máquinas en la espalda para fumigar casa por casa porque tenemos casos de dengue aunque no haya lluvia, no podemos esperarnos a combatir el dengue sólo cuando llueve, sino permanentemente”.

Cuando se detecta un caso de dengue, la Dirección de Salud efectúa “un mapeo de los contactos de las personas, síntomas en los miembros de la familia, y se va a fumigar al área y a los vecinos”. Precisó que los casos se han dado tanto en el área rural como en la urbana, “no ha habido diferencia”.

Usar los cauces legales, pide el gobierno del estado a los policías encapuchados

No hay descuentos injustificados, responde en un boletín

Se analiza aumentar el bono por el 10 de Mayo, otra de las respuestas del comunicado

Zacarías Cervantes Chilpancingo A través de un comunicado que se distribuyó ayer por la Dirección General de Comunicación Social, el gobierno del estado rechazó las denuncias de policías del estado que distribuyeron un comunicado y fografías donde aparecen encapuchados que se quejan por descuentos y demandan incremento salarial, así como el pago de aguinaldo y mejorar sus prestaciones.

Pero en el documento se indica que “el gobierno del estado manifiesta su completa disposición para atender todas las expresiones de inconformidad, siempre y cuando estas sean planteadas por los cauces y las instituciones legalmente establecidas para ello”.

El lunes pasado, policías inconformes, que integraron una Organización Clandestina para la Protección de la Familia, se presentaron encapuchados en una cancha de Chilpancingo donde leyeron y entregaron comunicados en los que exigen incremento salarial y pago al cien por ciento del aguinaldo, así como denuncian diversos descuentos que les aplica la Secretaría de Finanzas a sus quincenas, “de forma arbitraria”.

Con respecto a la reintegración de los descuentos que reclaman los uniformados, el documento del gobierno estatal subraya que a partir de enero se “revisó el procedimiento” e impactó en               la percepción de los trabajadores, no sólo de las áreas de Seguridad Pública, sino de todas las dependencias.

“Por lo tanto, no hay descuento injustificado, por el contrario, esto se hace con apego a la legislacion fiscal, evitando a la administracion pública estatal incurrir en delitos tipificados como graves, por omision fiscal”.

En cuanto a la demanda del bono de 2 mil pesos por el 10 de mayo, se informa que se otorga con motivo del Día de las Madres y es de mil 500 pesos, y este año se pagó a partir del lunes. En el acto para celebrarlas se le planteó al jefe del Ejecutivo estatal el incremento de este estímulo, y actualmente se analiza”.

Con respecto a la demanda de los policías de que se maneje con transparencia el fondo de ahorro, el gobierno estatal informa que la “caja de prevision” es manejada a traves del Comité               Técnico en beneficio de los agentes del Ministerio Público, peritos, agentes de la Policía Judicial, Policía Preventiva y custodios. “Este personal aporta a la caja de prevision un 6 por ciento de su sueldo base y sobre sueldo vida cara, para tener derecho al pago de seguro de vida, gastos funerarios, pensión por muerte en cumplimiento de su deber y pensión por invalidez”.

En el documento se señala que durante los cuatro años recientes, la caja de prevision ha otorgado 38 pensiones y 835 indemnizaciones globales.

En cuanto a la demanda de incremento salarial y a los días de aguinaldo de los uniformados, se informa que a partir de enero de 2001 a la fecha, la percepcion de los policías ha registrado un incremento del 37.8 por ciento.

En el comunicado también se da respuesta a la exigencia de los policías de que no los discriminen con los créditos que se otorgan sólo a algunos, y al respecto se señala que los créditos del Plan de Previsión Social se han otorgado indistintamente, tanto al personal de base, confianza y supernumerario.

Agrega que hay una cartera vencida de 203 trabajadores de Seguridad Pública, “motivo por el cual el Comité Técnico de Administracion del Fideicomiso del programa acordó, como uno de los requisitos para otorgar los créditos, la inclusión de una carta aval para salvaguardar la integridad de los fondos fideicomitidos”.

En el caso de la demanda para que no se disminuya el número de productos de la despensa, el gobierno estatal asegura que “el valor nutricional de las despensas, así como el número de productos es el mismo desde que comenzó el programa”.

En el pliego, los policías exigen que el pago de sus quincenas sea en efectivo y no en cheque, toda vez que estos no los pueden cobrar en los lugares donde se encuentran destacamentados, y cuando sus esposas acuden a los bancos no pueden cobrarlos.

Al respecto, se informa que desde hace dos años se cambió la modalidad de pago en efectivo a pago con cheque “para protección al salario de los trabajadores, para evitar cobros indebidos y salvaguardar la integridad física de los pagadores por posibles asaltos”.

Se asegura, asimismo, que el cobro de los cheques, con un endoso simple y la identificacion del endosante y del endosatario, puede hacerse en la institución correspondiente.

Y con respecto a la demanda de los policías para un incremento del 100 por ciento a su aguinaldo, se señala que “los trabajadores tendrán derecho a una gratificación anual equivalente a 40 días de salario, que será cubierto en dos partes iguales dentro de los primeros 15 días de diciembre y enero respectivamente”.

Usar los cauces legales, pide el gobierno del estado a los policías encapuchados

No hay descuentos injustificados, responde en un boletín

 Se analiza aumentar el bono por el 10 de Mayo, otra de las respuestas del comunicado

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

A través de un comunicado que se distribuyó ayer por la Dirección General de Comunicación Social, el gobierno del estado rechazó las denuncias de policías del estado que distribuyeron un comunicado y fografías donde aparecen encapuchados que se quejan por descuentos y demandan incremento salarial, así como el pago de aguinaldo y mejorar sus prestaciones.

Pero en el documento se indica que “el gobierno del estado manifiesta su completa disposición para atender todas las expresiones de inconformidad, siempre y cuando estas sean planteadas por los cauces y las instituciones legalmente establecidas para ello”.

El lunes pasado, policías inconformes, que integraron una Organización Clandestina para la Protección de la Familia, se presentaron encapuchados en una cancha de Chilpancingo donde leyeron y entregaron comunicados en los que exigen incremento salarial y pago al cien por ciento del aguinaldo, así como denuncian diversos descuentos que les aplica la Secretaría de Finanzas a sus quincenas, “de forma arbitraria”.

Con respecto a la reintegración de los descuentos que reclaman los uniformados, el documento del gobierno estatal subraya que a partir de enero se “revisó el procedimiento” e impactó en   la percepción de los trabajadores, no sólo de las áreas de Seguridad Pública, sino de todas las dependencias.

“Por lo tanto, no hay descuento injustificado, por el contrario, esto se hace con apego a la legislacion fiscal, evitando a la administracion pública estatal incurrir en delitos tipificados como graves, por omision fiscal”.

En cuanto a la demanda del bono de 2 mil pesos por el 10 de mayo, se informa que se otorga con motivo del Día de las Madres y es de mil 500 pesos, y este año se pagó a partir del lunes. En el acto para celebrarlas se le planteó al jefe del Ejecutivo estatal el incremento de este estímulo, y actualmente se analiza”.

Con respecto a la demanda de los policías de que se maneje con transparencia el fondo de ahorro, el gobierno estatal informa que la “caja de prevision” es manejada a traves del Comité    Técnico en beneficio de los agentes del Ministerio Público, peritos, agentes de la Policía Judicial, Policía Preventiva y custodios. “Este personal aporta a la caja de prevision un 6 por ciento de su sueldo base y sobre sueldo vida cara, para tener derecho al pago de seguro de vida, gastos funerarios, pensión por muerte en cumplimiento de su deber y pensión por invalidez”.

En el documento se señala que durante los cuatro años recientes, la caja de prevision ha otorgado 38 pensiones y 835 indemnizaciones globales.

En cuanto a la demanda de incremento salarial y a los días de aguinaldo de los uniformados, se informa que a partir de enero de 2001 a la fecha, la percepcion de los policías ha registrado un incremento del 37.8 por ciento.

En el comunicado también se da respuesta a la exigencia de los policías de que no los discriminen con los créditos que se otorgan sólo a algunos, y al respecto se señala que los créditos del Plan de Previsión Social se han otorgado indistintamente, tanto al personal de base, confianza y supernumerario.

Agrega que hay una cartera vencida de 203 trabajadores de Seguridad Pública, “motivo por el cual el Comité Técnico de Administracion del Fideicomiso del programa acordó, como uno de los requisitos para otorgar los créditos, la inclusión de una carta aval para salvaguardar la integridad de los fondos fideicomitidos”.

En el caso de la demanda para que no se disminuya el número de productos de la despensa, el gobierno estatal asegura que “el valor nutricional de las despensas, así como el número de productos es el mismo desde que comenzó el programa”.

En el pliego, los policías exigen que el pago de sus quincenas sea en efectivo y no en cheque, toda vez que estos no los pueden cobrar en los lugares donde se encuentran destacamentados, y cuando sus esposas acuden a los bancos no pueden cobrarlos.

Al respecto, se informa que desde hace dos años se cambió la modalidad de pago en efectivo a pago con cheque “para protección al salario de los trabajadores, para evitar cobros indebidos y salvaguardar la integridad física de los pagadores por posibles asaltos”.

Se asegura, asimismo, que el cobro de los cheques, con un endoso simple y la identificacion del endosante y del endosatario, puede hacerse en la institución correspondiente.

Y con respecto a la demanda de los policías para un incremento del 100 por ciento a su aguinaldo, se señala que “los trabajadores tendrán derecho a una gratificación anual equivalente a 40 días de salario, que será cubierto en dos partes iguales dentro de los primeros 15 días de diciembre y enero respectivamente”.

Anuncia Sabino Palma queja en la CIDH contra el gobierno del estado

Deja el reclusorio con su esposa y sobrino tras pagar la fianza

 

 Karina Contreras A las 2:25 de la tarde, César Sabino Palma, su esposa, Alma Palma y su sobrino Pedro Palma abandonaron el reclusorio de Las Cruces,  luego de depositar la fianza de 15 mil pesos por cada uno que les fijó el juez del juzgado noveno, Filomeno Vázquez Espinosa.

Al salir del reclusorio, César Sabino Palma informó que pondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en contra del gobierno de René Juárez Cisneros, ya que insiste en que fue “secuestrado para evitar que abordara al presidente Vicente Fox Quesada”, durante su visita al puerto para clausurar el Tianguis Turístico.

Los tres integrantes de la familia Palma fueron detenidos el lunes pasado, cuando iniciaron un plantón afuera del hotel Quinta Real para exigir la indemnización por la expropiación de 70 hectáreas y media de un predio en Punta Diamante que reclaman como suyo. La detención se dio a la 1:30 de la tarde, y fueron presentados el martes a las 6 de la tarde con los cargos de                 ataques a las vías de comunicación,                 a los medios de transportes y amotinamiento.

El juez Vázquez Espinosa les concedió la fianza a los Palma el jueves pasado, pero fue hasta ayer que la familia depositó el dinero y pudieron abandonar el reclusorio. La familia Palma salió del reclusorio acompañada de su abogado Víctor Manuel Memíje Martínez.

En declaraciones, César Sabino Palma, advirtió que van a seguir pidiendo justicia para que les paguen sus tierras en Punta Diamante. Dijo Sabino Palma también que no cesará de buscar al presidente de la república, Vicente Fox Quesada, para informarle que en Guerrero no hay estado de derecho, y que sólo “hay anarquía en los funcionarios”.

Sabino Palma aseveró que seguirá luchando por su patrimonio, pues por derecho le corresponde exigir su pago y ahí están los papeles que lo demuestran. Manifestó que los encarcelamientos no lo van a detener para exigir respeto a su patrimonio.

Mientras que su esposa, Alma Peláez afirmó que el gobernador “se debe tentar el corazón” y no hacer daños a la gente que no debe; y agregó que ellos nunca cometieron un delito para que los metierán a la cárcel.

Precisó que los que cometieron ataques a las vías de comunicación fueron los policías cuando bloquearon el bulevar para detenerlos. Hizo un llamado al gobernador a rectificar su actitud, y debe reconocer que hizo mal.

Al igual que su esposo, Alma Peláez expresó que van a seguir luchando por las tierras de la familia Palma, y que las detenciones no las van a intimidar, pues quieren que les paguen lo que es su patrimonio. Finalmente agradeció a todos los que los apoyaron con sus manifestaciones para exigir su libertad.