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Deben las autoridades garantizar el tránsito de ediles de Tierra Caliente: Alejandro Bravo

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que la denuncia de los alcaldes de Tierra Caliente de que reciben amenazas de un grupo delictivo “es una situación lamentable que las autoridades correspondientes están obligadas a atender” para garantizar el derecho al libre tránsito.
En declaraciones por teléfono, Bravo Abarca indicó que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito no sólo a los alcaldes, diputados, “sino al pueblo de Guerrero, garantizar que podamos transitar con toda libertad quienes no temenos y no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”.
A pregunta expresa sobre que se debe hacer para garantizar la seguridad de los alcaldes de la Tierra Caliente, luego de que ya se conoce el alcance multihomicida de los grupos delictivos que operan en esa región, como sucedió el 5 de octubre de 2022 cuando fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras 19 personas, el dirigente del PRI opinó que definir la estrategia le corresponde a las autoridades responsables de la seguridad.
“Quienes tendrán las acciones necesarias que verdaderamente den resultados deben de ser quienes son los profesionales y quienes encabezan las diferentes instituciones de seguridad. Son quienes obligadamente tienen que hacer un operativo que permita garantizar los resultados que esperan los compañeros alcaldes”.
Bravo Abarca sostuvo desconoce más sobre lo que sucede en la Tierra Caliente y en la Zona Norte, sino sólo lo que leyó en El Sur, que consideró un llamado de auxilio: “es una petición de la que no tengo mayores detalles salvo lo que se ha leído” y lo que ha conversado con algunos ediles.
Sobre que comentarios le han hecho los presidentes municipales del problema de las amenazas, no abundó, dijo que es lo mismo que manifestaron en la carta, que no pueden salir de la región.
A pregunta expresa sobre si buscarían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se garantice el trabajo político de los partidos en esas regiones Bravo Abarca dijo que ha realizado actividades sin inconvenientes en Tierra Caliente y prevé visitar la próxima semana la Zona Norte: “como dirigente estatal yo no te puedo decir que haya tenido algún contratiempo”.
“El llamado que le hacemos no solamente a la gobernadora, al gobierno del estado es que haya (seguridad), lo que hemos venido diciendo que exista una coordinación correcta entre diferentes corporaciones obligadas a brindar seguridad a los guerrerenses para que de esa manera se tengan mejores resultados por el bien del pueblo de Guerrero”.

Estrategia de seguridad fallida, tras las amenazas a alcaldes
calentanos: PRD

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, opinó que la condición en que están los alcaldes de Tierra Caliente y la zona Norte son el resultado de un Estado fallido y muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad, se muestra como una característica de un Estado fallido y creo que no hay acciones concretas de parte del gobierno del estado y la federación. Es muy preocupante muy lamentable que las autoridades municipales se encuentren en esta situación sin poder hacer nada, debido a que no tienen la posibilidad de enfrentar esta circunstancia y esta situación tan complicada como lo es una amenaza de la delincuencia organizada”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal del PRD señaló que el problema no es de la noche a la mañana sino que ya tiene antecedentes, pero se optó por confrontar a los alcaldes acusándolos de tener vínculos con la delincuencia. La carta enviada a la gobernadora muestra que la delincuencia no tiene partido y que todos son víctimas y rehenes de eso grupos.
Catalán Bastida dijo que supo del problema desde hace días en una conversación con la diputada Elzy Camacho.
De la reunión con la gobernadora prevista para ayer, dijo que esperaba que los alcaldes y diputados recibieran el respaldo para ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad física.
El dirigente perredista sostuvo que corresponde a las autoridades responsables de la seguridad en el estado explicar qué está pasando con el problema del avance de los grupos delictivos en la Tierra Caliente y en la zona Norte, lo cual es “preocupante porque no hay un referente de tal magnitud en la historia reciente del estado”.
Criticó que el problema de la inseguridad en el estado va en aumento porque las autoridades del estado no asumen su responsabilidad, “hay una responsabilidad que no han podido asumir del todo y no se generan buenos resultados creo que es una estrategia fallida y esto afecta la gobernabilidad que se pueda tener en el estado”.

 

Lleva seis meses detenida en el Congreso la Ley de Austeridad propuesta por la gobernadora

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Desde hace seis meses, en el Congreso local está detenido el proceso legislativo para el dictamen de la Ley de Austeridad, que fue una propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Este documento sólo pasó a primera lectura, pero ya no a segunda, para su discusión y votación, porque hay oposición de diputados de Morena, PRI y PRD, quienes plan-tean que sea una ley solamente para el Poder Ejecutivo estatal.
Después de su revisión y dictaminación, donde la Comisión de Justicia le hizo cambios mínimos, el pasado 13 de octubre, hace más de seis meses, se realizó la primera lectura en sesión ordinaria del pleno.
En la sesión del 20 de octubre hubo un intento para que este dictamen pasara a segunda lectura, pero sin dar explicaciones se sacó del orden del día y no se volvió a incluir.
El motivo, según lo comentado por fuentes en las tres fracciones, decidieron no pasarlo a segunda lectura porque corría el riesgo de ser rechazada.
La iniciativa enviada por la gobernadora no tuvo modificaciones importantes, ya que lo esencial se mantiene en el dictamen, en el que se plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adicional, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados; mientras que sólo se autorizan los gastos en viáticos y viajes oficiales “estrictamente indispensables”, sin boletos de primera clase o equivalentes.
La oposición por parte de diputados de Morena, PRI y PRD es porque consideran que esta ley debe ser aplicada sólo para el Poder Ejecuti-vo, y que así sean sólo las secretarías y organismos del gobierno estatal los que estén obligados a esa ley.
Pero, tanto la propuesta de Evelyn Salgado como el dictamen aprobado y llevado ante el pleno por la Comisión de Justicia, establece que esta ley debe ser aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios; así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos.
Lo comentado por diputados es que la oposición viene principalmente de diputados que tienen aspiraciones políticas para ser alcaldes, y se oponen a ceñirse a esta iniciativa de austeridad.
Lo que argumentan es que se viola la autonomía del municipio y de los poderes Legislativo y Judicial, porque se trata de una iniciativa de la jefa del Ejecutivo, que no fue consensuada con los otros poderes y ayuntamientos.
Otro de los argumentos de los opositores es que casi el 100 por ciento de los recursos de los municipios son federales y no estatales, por lo que el Ejecutivo estatal no puede establecer límites o nuevas reglas en el ejercicio de los recursos públicos.
Otro planteamiento es que los poderes Legislativo y Judicial agreguen en sus propias leyes orgánicas, un capítulo en el que establezcan estas medidas de austeridad, y excluir a los municipios, porque éstos “son libres y pueden determinar sus propias reglas en el ejercicio del recurso público”.
Lo último que se supo de este dictamen es que, a partir de la oposición, sería modificado en la Comisión de Justicia, pero no se informó de manera oficial en el pleno.
Las fuentes en los grupos parlamentarios consultados comentaron que el tema está detenido, por falta de acuerdo para su aprobación, y que no se ha realizado ninguna modificación al dictamen.
Otras iniciativas pendientes, que fueron enviadas por la gobernadora recientemente y que aún no son dictaminadas, son la que plantea catalogar como falta administrativa grave no enterar, el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores estatales; así como otra para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
También el incluir dos delitos nuevos al Código Penal del Estado, para que se castigue con cárcel a servidores públicos que filtren fotografías de víctimas de delitos, también a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a estos “tratamientos”.

 

Firman CRAC-PC, INPI y gobierno estatal convenio para prevenir violencia hacia mujeres

Emiliano Tizapa Lucena

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n, Rau?l de Jesu?s, el delegado del INPI, Manuel Va?zquez y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino en la firma del convenio Foto: Jessica Torres Barrera

Chilpancingo

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), firmaron con la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el gobierno del estado, un convenio para difundir, capacitar, aplicar su reglamento y prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzado.
Ayer se firmó el convenio en las instalaciones del INPI, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, donde la secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, agradeció a la CRAC por establecer un diálogo para alcanzar fines comunes como son la prevención de las violencias hacia la mujer y el matrimonio en uniones tempranas de niños.
Comentó que el gobierno estatal busca alianzas con la federación, los gobiernos municipales y con la CRAC, esta última una organización con influencia desde hace muchos años en los pueblos de la Costa Chica y la Montaña. Afirmó que desde el año pasado se desarrolla la estrategia integral para el bienestar y la justicia de las mujeres y las niñas en nueve municipios y en 24 localidades de esas regiones.
Aseguró que juntos avanzarán en el proceso de sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres y de las niñas, y celebró que las reformas al reglamento de la CRAC, entre ellas el castigo a la venta de menores y al matrimonio forzado. “Ya en sí es un paso trascendental” que debe difundirse y dársele la importancia, porque significa una voluntad clara y expresa de la CRAC para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, aseguró que hace un año se implementó un proyecto para fortalecer, construir y adecuar el reglamento interno de la CRAC, y destacó que el INPI ha sido muy respetuoso de las actividades organizativas de la organización comunitaria.
Dijo que el año pasado la CRAC trabajó en la prevención de la violencia de las mujeres indígenas en las comunidades donde tienen jurisdicción y aplican su sistema comunitario, así como la prevención del matrimonio infantil, por lo que los comisarios municipales le planteraron junto a los coordinadores la continuidad del proyecto para la difusión, capacitación, prevención y la aplicación del reglamento.
Expuso que el apoyo será económico, aunque no precisó la cantidad, pero manifestó que la CRAC administrará el recurso, por lo que pidió les ayuden a transparentarlo, y se aplique para lo que se destinó.
El vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raul de Jesús Cabrera, agradeció que por segundo año consecutivo el INPI apoye a la CRAC con un nuevo proyecto.
Precisó que en 2022 el apoyo del INPI sirvió para la modificación de 18 artículos de su reglamento interno, del que destacó la prohibición de venta de menores o matrimonios forzados, que lograron con 10 reuniones y recorriendo las cinco Casas de Justicia: Zitlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas-Caxitepec, El Paraíso y San Luis Acatlán.
Dijo que este año la idea es difundir, capacitar, y la aplicación del reglamento interno, para prevenir el matrimonio forzado, su objetivo, destacó, será tener 15 reuniones, recorrer y capacitar todas las autoridades y las comunidades, consensuar, y esperan que en octubre próximo, cuando cumpla 28 años la organización, presenten el proyecto y entreguen todos los resultados.
Al concluir la firma, en declaraciones a El Sur, Raúl de Jesús Cabrera, añadió que el reglamento interno de la CRAC indica que se aplicará un castigo de 15 años de reeducación a quienes realicen venta de menores o matrimonios forzados.
Expuso que los reglamentos ya se entregaron a las autoridades de todas las comisarías que pertenecen al sistema comunitario, a los consejeros y los comandantes, y la idea es explicar el contenido, por eso las reuniones serán abiertas para toda la comunidad, además de que tendrán en una versión digital que difundirán.
Añadió que después de que en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de la niña Angélica, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Cochoapa de Grande, luego de que sus suegros exigían que sus padres devolvieran el dinero, pues la habían vendido a los 11 años para forzarla al matrimonio, “hasta la fecha no se han presentado situaciones iguales, eso no quiere decir que se haya acabado, quiero pensar que existe el temor de los delitos que se está contemplando”.

 

Detienen vecinos y luego liberan a un reportero en un pueblo de San Luis Acatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Presuntamente por publicar una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, no está funcionando, el editor del semanario y portal Prensa del Sur, Bertín Chino González, fue detenido en esa comunidad.
En declaraciones por teléfono, denunció que su detención fue ordenada por el comisario municipal, Ángel Morales Agustín, a quien responsabilizó de su integridad física, “por si me golpean en la noche, porque aquí son medio cabrones”, dijo.
Contó que el miércoles subió a su portal una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida en esa localidad no está funcionando, y que ayer a las 5 de la tarde, llegaron policías rurales vestidos de azul que dependen del comisario municipal, a la casa de su esposa en esa localidad y lo detuvieron.
Dijo que cuando les preguntó por qué delito lo detenían, el comandante le respondió que “por el reportaje” de Sembrando Vida que publicó.
En el video que subió a su portal el reportero, aparecen imágenes del vivero vacío: “vemos este vivero de Sembrando Vida que está completamente desolado, no tiene nada. Esto que siempre está mencionando el presidente López Obrador que Sembrando Vida… así como aquí están los viveros de Atlamajalcingo del Monte, en Olinalá, en Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, también están así los viveros. En Guerrero no funcionan”.
Por la noche, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emitió una alerta a las organizaciones de periodistas, a la Comisión de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección a Periodistas, así como a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “para que de inmediato se revise la situación del compañero, quien se encuentra detenido por la Policía Rural de la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero”.
La organización, informó que el reportero tiene 30 años ejerciendo la labor de periodista, y consideró que su detención “representa una grave violación a sus derechos humanos, además de una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de informar y estar informado”.
El SNRP demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, su inmediata libertad, “y una profunda investigación que permita sancionar a los responsables de este atentado a la libertad de informar”.
A las 8 de la noche se realizaba una asamblea en la comunidad para determinar la situación del reportero.
Bertin Chino trabajó en Chilpancingo y en los últimos años en la Montaña y la Costa Chica. Estos días se encontraba en Horcasitas, de donde es originaria su esposa.
A las 9:30 de la noche, la Secretaría General de Gobierno informó que Chino González fue liberado luego que fue detenido por la policía rural de San Luis Acatlán por la mediación del director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.

 

Instalan el comité técnico para la consulta a pueblos indígenas y afros sobre candidaturas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso del local y el gobierno estatal instalaron el comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se preguntará a pobladores de 49 municipios cómo quieren que sea el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como los lineamientos para dichos registros en el próximo proceso electoral 2023-2024.
Ayer, mediante una transmisión en redes sociales, desde las páginas del IEPC Guerrero se dio a conocer la instalación del comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia electoral.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que daban inicio de los trabajos de la consulta previa, libre e informada respecto a las normas sustantivas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como de los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral del próximo 2023-2024, que deberán de observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.
Comentó que la consulta se deriva de los mandatos de los tribunales de la Corte y la Sala Regional de la Ciudad de México, quienes ordenaron realizar diversas actividades para diseñar y elaborar una consulta que garanticen el registro de postulación de candidaturas indígenas y afromexicanos.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, manifestó que la importancia de la consulta que se hará en 49 municipios es generar una comunicación lineal y directa con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Aseguró que se hará la consulta con perspectiva intercultural, perspectiva de género y perspectiva interseccional, por lo que pidió a los habitantes de los 49 municipios a participar en ella, además, destacó que es la sexta consulta que organiza el IEPC.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, comentó que para el gobierno del estado es importante la consulta para garantizar a las comunidades su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, afirmó que estarán vigilando el cumplimiento de la ley durante todo el proceso de la consulta.
La secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos del estado, Reyna Mejía Morales, indicó que Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos indígenas, particularmente con las naciones Ñuu Ssavi, Me’phaa, Nahual y Ñoomda.
Aseguró que los pueblos orignarios y afroamericanos deben ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Mencionó que aun en raras ocasiones en algunos pueblos, sigue pregonando el machismo, y se le prohíbe a las mujeres a que voten, por lo que llamó a “poco a poco ir sensibilizando a nuestra gente indígena”.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, dijo que se sumará para vigilar y acompañar el proceso “histórico e importante”, y precisó que facilitará algunos traductores e intérpretes para que todos los hombres y las mujeres de los 49 municipios entiendan y comprenda el proceso de la consulta.
En representación de la Secretaría de la Mujer, la procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, enfatizó que buscan contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, pues en otros procesos se enfrentan a una desventaja e incluso a una triple discriminación, y en consecuencia su participación termina siendo muy limitada en las comunidades.
La consejera electoral del IEPC, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, añadió que está abierta la convocatoria para participar en las actividades de observación electoral de este proceso, e invitó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar, para ello, se podrán registrar hasta el 21 de abril en la página de internet www.ipcgro.mx.
Sostuvo que el Comité Técnico y el órgano garante de la consulta acompañarán el cumplimiento de todas las etapas del proceso consultivo, para garantizar que los pueblos indígenas y afroamericanos ejerzan su derecho a una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Detalló que el Comité Técnico quedó conformado por el INPI, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la Secretaría de la Mujer del estado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado; mientras que el órgano garante queda representado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, y tendrán una vigencia a partir de ayer hasta que se den por concluidos los trabajos de la consulta y se declaren aprobados los informes.
En la instalación, que se hizo de forma virtual, también estuvieron las consejeras electorales, Vicenta Molina Revueltas, Azucena Cayetano Solano, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, y el consejero Amadeo Guerrero Onofre; el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; los representantes de los partidos políticos acreditados; la diputada por Morena, Marben de la Cruz Santiago; y en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, el secretario técnico de la Jucopo, Arturo Pacheco Bedolla.

El gobierno estatal sigue sin pagarles el bono de antigüedad, denuncian trabajadores del Cobach

Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach), agremiados en la sección 31 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de los Municipios (Sutsopegm), denunciaron que el gobierno estatal sigue sin pagarles el bono de antigüedad y que son mil 200 afectados.
Por teléfono, la secretaria general de la sección 31, Guillermina Rodríguez Parra, dijo que el miércoles acudió al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, pero las autoridades le dijeron que no hay dinero para darles el bono, “que le darán prioridad al pago de las quincenas”.
Externó que son afectados mil 200 trabajadores administrativos en todo el estado, quienes están inconformes porque es un bono que el director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega, aseguró que les pagaría en marzo.
“Los trabajadores están desesperados, con reclamos, y dispuestos a movilizarse en los próximos días. Pero hemos priorizado el diálogo con las autoridades estatales”, destacó Rodríguez Parra.
Informó que este viernes se volverán a reunir con el director general del Cobach, para que les dé una fecha, “Jesús Villanueva sólo me dice que no hay dinero en el gobierno estatal”.
La secretaria general especificó que el gobierno estatal les ha otorgado 4 de los 8 millones de pesos, es decir, que el bono no ha llegado al cien por ciento.
Además, detalló que a los sindicalizados les adeudan el incremento del 1.8 por ciento en prestaciones económicas y recategorizaciones. Adelantó que si en los próximos días no tienen una respuesta, los trabajadores se movilizarán. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

No terminará su protesta pese a la salida de la directora, dicen paristas del Tec de la Montaña

 

Padres de familia y estudiantes del ITSM durante la conferencia de prensa este miércoles, afuera de la escuela, donde mantienen un plantón desde el 16 de marzo, para exigir la destitución de maestros acosadores Foto: Antonia Ramírez Marcelino

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

Estudiantes y padres de familia del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM), informaron que aun cuando la directora Fredislinda Vázquez Paz se separó de su cargo, no van a levantar su paro, hasta que el gobierno estatal se comprometa a cumplir los 23 puntos restantes de su pliego.
Este miércoles a las 10 de la mañana, en conferencia de prensa, encabezados por el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos y acompañados de padres de familia que mantienen tomada la escuela desde el pasado 16 de marzo, para pedir la salida de maestros “acosadores” y la salida de Fredislinda Vázquez, a quien acusaron de protegerlos.
Los estudiantes y padres de familia respondieron al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, que no levantarán su movimiento hasta que tengan una garantía de que van a ser solucionados los 23 puntos restantes que integran su pliego petitorio. Dijeron que tienen propuestas y que van a analizarlas “con cautela”.
Esto, luego de que secretario Rodríguez Saldaña, a través de un comunicado informó que esa dependencia nombraría a un nuevo director en el ITSM, porque la indicación de la gobernadora es “no permitir actos de acoso sexual en el sector educativo” y también dijo que habló con el dirigente de los estudiantes para que, solucionado este punto, se reinicien las clases inmediatamente, aunque se cruza con las vacaciones de Semana Santa.
Su pliego petitorio inicial era de siete puntos, teniendo como principal problema el “acoso sexual de profesores contra alumnas, auditoría, su queja porque no los dejaban usar el gimnasio y el auditorio; también se inconformaron por el aumento en las cuotas”.
Tres días después cambiaron sus demandas, a las que sumaron 24 puntos y el principal era la destitución de Vázquez Paz, a quien señalaron de supuestamente solapar a los agresores.
Aunque desde el martes 4 de marzo, la ahora ex directora Fredislinda Vázquez informó que pidió al gobierno estatal separarse del cargo, “para coadyuvar y dar solución del conflicto en el tecnológico” y que lo decidió por los “injustos señalamientos y descalificaciones que le han hecho en redes sociales, y lo grave, amenazas de muerte”.
Durante la conferencia de prensa, los estudiantes y sus padres de familia denunciaron que las instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres les “han cerrado las puertas” y han minimizado las denuncias de las alumnas.
Acusaron directamente a la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y dijeron que el funcionario que los atendió, les dijo que “las denuncias no proceden” y el mismo trato recibieron del Centro de Justicia para la Mujer, que depende de la Secretaría de la Mujer.
Unas de las alumnas, y representante estudiantil, precisó que en la Codehum regional el funcionario “se burló” de las víctimas, diciendo que era “normal” que las vieran con morbo.
Un padre de familia indicó que cuando las alumnas lograron presentar las denuncias, con apoyo de abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hubo “fuga de información” en esas dos dependencias y resulta que hay personajes que saben sus nombres, números de teléfono, direcciones, nombres de sus padres y las “están amenazando de muerte”, para que desistan y no continúen con las denuncias.
También mencionó que además de acudir a estas dos dependencias, las jóvenes ya presentaron las denuncias formales ante la Fiscalía de Delitos Sexuales en Tlapa, pero dijo que no podía dar nombres, ni mayores detalles, por seguridad de las alumnas.
Otro padre de familia dijo que las apoyaba, pero que no estaba de acuerdo con que no estén acudiendo con la autoridad correspondiente para las denuncias, porque eso hace que los casos no avancen, que sólo están perdiendo clases y exponiéndose en bloqueos estériles y que lo primero debía es acudir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, para que ahí exijan que les garanticen medidas de protección, porque sólo lo hacen cuando tiene un expediente y tal parece que no lo han hecho porque no quieren mostrárselo a la prensa.
Los estudiantes también reclamaron a la prensa, diciéndoles que deberían estar a su favor y que no las cuestionen. Esto, al preguntarles el porqué no están dando los nombres de los maestros “acosadores”, cuando en las redes sociales ya los están diciendo, y el porqué no informan sobre el número de expediente que ya deberían tener en la Fiscalía.
En redes sociales hay cuestionamientos sobre el porqué las estudiantes no han señalado a los maestros, con nombre y apellido, pues según están desprestigiando a la escuela, además de que no pueden decir que son todos los maestros.
Otros comentarios son a favor de la directora y algunos ya la están destapando como una fuerte aspirante a presidenta municipal en Tlapa, por Morena. Otros la rechazan y dicen que el movimiento no tiene tintes políticos.

 

Toman padres el edificio Álvarez en la capital; exigen la construcción de dos escuelas

Luis Blancas

Chilpancingo

Padres de familia y maestros de la primaria Rafael Ramírez Castañeda y del jardín de niños Moisés Guevara, de la colonia Rafael Norte, tomaron el edificio Álvarez, donde se encuentra la Secretaría de Finanzas estatal, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a los funcionarios de educación, la construcción de los dos planteles.
A las 9:10 de la mañana, los manifestantes tomaron las oficinas, ubicadas en el centro de la ciudad, donde impidieron la entrada de los trabajadores y contribuyentes, y bloquearon la calle 5 de Mayo.
Por esta movilización hubo empujones, entre los inconformes y personas que querían entrar a la oficina de gobierno, para realizar algún trámite en el Registro Civil, pago de tenencia vehicular y el trámite de placas de circulación.
Los manifestantes portaron pancartas y lonas, en las que se leía: “Los padres de familia del jardín de niños Moisés Guevara exigimos reubicación de su edificio”, “exigimos presencia del IGIFE, SEG y gobierno del estado” y “a los 3 niveles de gobierno: Los padres de familia y personal docente de la primaria Rafael Ramírez Castañeda exigimos la construcción de nuestra escuela, clases para nuestros hijos de manera inmediata. Estamos hartos de tantas mentiras. Basta de engaños”.
El maestro Miguel Ángel Ventura Ramos recordó que los dos planteles fueron afectadas por la tormenta Manuel, en septiembre de 2013, asím como por los sismos que han ocurrido en los últimos años y el deslizamiento de ladera en la zona norponiente de la capital.
Dijo que por esta situación iniciaron una serie de movilizaciones, incluso han cerrado la Autopista del Sol, para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la reubicación de las dos escuelas.
Ventura Ramos comentó que el año pasado, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) asignó un presupuesto de 10 millones de pesos para la construcción de la primaria y el kínder, que este año la administración de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez autorizó la donación de un predio para la construcción.
Dijo que la inconformidad es que el gobierno estatal, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) no han dado indicaciones para que se inicien los trabajos de las dos obras.
“Por esta situación hemos iniciado una jornada de lucha, porque hemos visto apatía, desinterés de los tres órdenes de gobierno para atender nuestras demandas. Por eso solicitamos al gobierno estatal que se inicien los trabajos de la obra”, declaró.
Indicó que los estudiantes de las dos escuelas toman clases en aulas improvisadas, como toldos, en las canchas de la colonia Galeana, ubicada al norte de la ciudad.
El maestro comentó que la reubicación de las dos escuelas beneficiará a 700 estudiantes e insistió a la gobernadora Evelyn Salgado, al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y a autoridades del IGIFE, una mesa de diálogo para atender sus peticiones.
Consultado por teléfono, el maestro Miguel Ángel Ventura Ramos informó que fueron atendidos por funcionarios del IGIFE, con quienes acordaron que realizarán el trámite de los estudios de suelo, para verificar las condiciones del lugar, y el proyecto de obra de las dos escuelas. Agregó que el próximo 20 de abril tendrán una reunión, para que les informen de los avances de su demanda.
Minutos antes de la 1 de la tarde, los manifestantes se retiraron del edificio Juan N Álvarez.

 

Dirijan las quejas de acoso a la Fiscalía, pide a estudiantes del ITSM el director de Acapulco

Jacob Morales Antonio

El director del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, Salvador Herrera Soriano, llamó a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) a que las quejas de acoso y hostigamiento sexual las dirijan al órgano de control del gobierno estatal o a la Fiscalía.
Este jueves, el director Herrera Soriano firmó un convenio con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, para que los estudiantes de esa carrera puedan hacer sus residencias profesionales en despachos contables de los socios y para realizar actividades de capacitación, investigación, culturales y deportivas entre la asociación y el instituto.
En el acto, realizado en las instalaciones del colegio, el director del tecnológico de Acapulco llamó a los alumnos y padres de familia a buscar la solución, así como a no continuar con el cierre de la institución educativa.
“Lamento mucho que se haya cerrado el tecnológico de la Montaña. Hago un llamado a los estudiantes, que están participando en este cierre, a los padres de familia, a que se busque una solución”, indicó.
El director agregó que “ninguna institución educativa debe de ser cerrada nunca jamás. Cualquier problema que se tenga en una institución educativa, tiene que dirimirse a través de las instancias administrativas y legales”.
Dijo que los estudiantes deben de acudir a interponer las quejas de acoso y hostigamiento ante el Órgano de Control del Gobierno del Estado, “o si son fuertes, también dar parte a la Fiscalía General del Estado, pero no cerrando las instalaciones”.
El directivo llamó a buscar una solución, para regresar pronto a las aulas y señaló que el cierre del plantel de Tlapa perjudica la formación profesional de los estudiantes, pues los temas que se dejan de ver en cada una de las materias difícilmente se recuperan, además de que se afecta la imagen de la escuela.
En el encuentro estuvo la presidente del colegio, Guri Carmen Zuluaga Huerta, y el vicepresidente del sector gubernamental de la región Centro-Istmo Peninsular, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ignacio Rendón Romero, estudiantes y docentes de la carrera de contador público.

 

No se liberarán recursos adicionales para el IEPC: secretario de Finanzas

El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, informó que ya explicaron a las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que el gobierno del estado no podrá atender la petición de más de 100 millones de pesos para sus acciones del segundo semestre del año y del arranque del proceso electoral de 2024.
Consultado en el auditorio José Joaquín de Herrera después de un acto oficial, explicó que el presupuesto del estado es “deficitario” y esa cantidad “descobijaría otras áreas prioritarias”.
Aclaró que el gobierno tiene el compromiso de entregar lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal. Ante las peticiones de recursos adicionales, analizan la manera de apoyarlos, sin gastos superfluos. Señaló que también tienen peticiones de créditos y recursos adicionales de ayuntamientos y no pueden atenderlos a todos.
Recordó que el gobierno del estado tiene una política de austeridad y contra la corrupción para proteger los programas sociales. Tampoco afectan salarios ni prestaciones. Lo anterior porque el gobierno federal adelantó que 2023 podría ser año difícil en la recaudación que afecte directamente las participaciones a los estados. Aclaró que eso no ha sucedido y esperan que todo siga de acuerdo con lo planeado. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).