Integrantes de la CETEG durante la conferencia de prensa presidida por su secretario general, Héctor Torres Solano, en el Antimonumento a los 43 normalistas en la avenida Costera, en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, afirmó que no hay avances en las varias demandas que se han planteado al gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que desde hace más de un año y medio se entregó su pliego petitorio y se han organizado 18 mesas de trabajo, pero no se ha avanzado y “el presidente de la República dejó mucho que desear. El presidente, hasta este momento, no ha podido atender a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Hay un acuerdo político y el dijo que a la coordinadora iba a ser la primera que iban a darle atención, que iban a resolver las demandas tan sentidas que tiene y es la hora y fecha que no se ha resuelto nada. Defraudó la confianza, que la coordinadora en su momento le depositó, y que hoy tiene un nuevo aliado, el charrismo sindical”.
Dijo que otros de los temas es la creación de una subsecretaría para la educación de los pueblos originarios, así como la auditoría al Plan de Previsión Social. Agregó el dirigente cetegista que hay muchos temas que están rezagados.
Añadió que hay muchas peticiones que no se han resuelto, como la flexibilidad a la ley del Usicamm, donde la “intención de la CETEG es tirar esa ley, que está lesionado los derechos laborales”.
Otro problema es que se enteraron en la Gaceta Parlamentaria que los diputados federales están buscando desaparecer la Dirección de Educación Indígena y también está la falta de pago de horas, que nada más de los agremiados en la CETEG son alrededor de 3 mil horas.
Recordó que hubo una mesa de trabajo, donde se les dijo que “participen o se vayan a lo que marca el Usicamm. Nosotros, de antemano y desde que llegó el presidente, le dijimos que rechazamos rotundamente la Ley del Usicamm, la reforma educativa, y el presidente prometió que iba a cambiarla, que iba mandar una nueva iniciativa y no fue así. Mandaron una iniciativa que conviene a los intereses de los grandes capitalistas”, porque es la misma reforma que se heredó de Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa en el antimonumento a los 43 normalistas, en la avenida Costera, el dirigente cetegista informó que los profesores realizarán un brigadeo de tres días en escuelas, para recabar las inquietudes que tienen los trabajadores y llevarlos al Congreso Político Educativo, donde “nos darán la ruta de qué vamos hacer en el ciclo escolar que se avecina”.
Informó que después de su congreso se valorará si se da una jornada de lucha estatal, “estallar ya un movimiento en forma, un movimiento de gran envergadura”.
Indicó que en las mesas nada más se firman minutas, porque no hay una solución como tal.
Otros de los conflictos es el de los maestros por contrato, donde la CETEG no va claudicar en esa lucha, “vamos a empujar para que se atiendan todas las peticiones que tenemos y las necesidades de los compañeros que están frente a grupo”.
Adelantó que el Congreso Político de Pueblos Originarios será los días 4 y 5 de mayo, mientras que del 27 al 29 de junio se llevará a cabo el Congreso Político Educativo.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero César González Arcos en la entrevista con El Sur Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, (SEAGro), César González Arcos, declaró que la iniciativa de reforma que propone trasladar las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, centraliza al organismo y le disminuye capacidades técnicas y profesionales, y se pronunció para que, en todo caso, se mantenga y se fortalezca.
La iniciativa que está a debate en la Cámara de Diputados propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la trasferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado, con el objetivo de “adelgazar la función administrativa y hacerla más eficiente”.
Entre los 18 organismos que se proponen en estas reformas está la Secretaría Ejecutiva del SNA.
En entrevista, González Arcos declaró que con esta reforma se pretende “desprender” a la Secretaría Ejecutiva del SNA para enviarla a la SFP. Dijo que observan que con ello se pretende debilitar el esfuerzo del Estado Mexicano en la lucha contra la corrupción, al querer centralizarlo en el Poder Ejecutivo federal.
Opinó que con eso se contrapone al espíritu del SNA que busca, mediante el federalismo, el combate a la corrupción.
González Arcos declaró que actualmente la Secretaría Ejecutiva del SNA funciona de manera autónoma al Poder Ejecutivo federal, y permite a través del Comité Coordinador “que el combate a la corrupción llegue hasta el municipio más modesto del estado, al empresario o al servidor público que intervino en un acto de corrupción, sea del ámbito y la competencia donde se encuentre”.
Añadió que, en cambio, una deficiencia en caso de proceder la reforma mediante la que se propone trasladar la Secretaría Ejecutiva a la SFP, es que dejaría de funcionar la Plataforma Digital Nacional (PDN) que contiene toda la información de los entes públicos, tanto del ámbito federal, como estatal y municipal.
Explicó que la PDN ayuda a que todos los ciudadanos puedan conocer de primera mano y en tiempo real contratos públicos, declaraciones patrimoniales y quienes están inhabilitados.
“Se puede conocer por ejemplo si un ciudadano fue inhabilitado en Tijuana y después se fue a trabajar a Cancún, esa es la importancia de la Plataforma; que podamos conocer qué nivel de sancionados tenemos y cómo andan haciendo este paseo público en otros lugares y quede debidamente documentado”.
Actualmente la Plataforma está bajo la custodia de la Secretaría Ejecutiva del SNA, y según Gon-zález Arcos, esto da certeza a los ciudadanos de que la información está en un organismo ajeno a un poder, y que es un instrumento del Estado. Planteó que esa es otra de las razones “de la verdadera importancia” de tener una Secretaría Eje-cutiva en las actuales condiciones.
El presidente del Comité informó que, además, la Secretaría Ejecutiva del SNA es la que creó la Política Nacional Anticorrupción, que se replicó en los estados para que se hicieran modelos homologados contextualizados en los estados a fin de que cada estado tenga su política estatal anticorrupción.
“Hoy en el país tenemos una política nacional (anticorrupción) y 27 políticas estatales, algunas de ellas ya fueron implementadas y otras están en proceso de implementación”, informó.
Destacó que actualmente la Secretaría Ejecutiva del SNA es una institución neutral del Estado mexicano, que no pertenece a ningún poder; “es una institución que lo principal que busca es la división y el equilibrio entre los poderes”.
Explicó que una de sus responsabilidades es dar insumos para combatir la corrupción, “y tener los contextos por los cuales la corrupción se encuentra bajo cierto fenómeno social, desde cuestiones muy particulares en un municipio, hasta cuestiones más generales en el ámbito nacional.
Por tanto, cuestionó: “Hacer una modificación de esta naturaleza, mover una institución que busca combatir la corrupción a través del federalismo, a través del Estado mexicano, e incorporarlo a un área de una dependencia federal, indudablemente modifica no solamente su forma normativa, sino hasta la visión de cómo se debe combatir a la corrupción”.
Informó que el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA Jorge Alberto Alatorre, junto con sus homólogos de otros estados, fueron al Congreso de la Unión el martes pasado para dialogar con los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “a efecto de que tomen en cuenta estas consideraciones y se sensibilicen de la importancia de tener una institución como es la Secretaría Ejecutiva ajena al resto de las modificaciones que se plantea hacer el Ejecutivo a las otras instituciones.
Consideró que a los diputados les hace falta tener información con mayor detalle de las implicaciones que tendría incorporar en una iniciativa de esta naturaleza a un órgano que es del Estado, a una dependencia del Gobierno federal.
Informó que la respuesta de los diputados fue que iban a hacer un análisis “profundo y exhaustivo” de dicha iniciativa. “Nosotros vemos voluntad de escuchar a las voces del Sistema Nacional Anticorrupción, y esa es una buena señal para seguirla trabajando con los diputados y ciudadanos”, abundó.
Agregó que, en tanto, en los estados, los presidentes de los sistemas estatales iniciaron ayer una campaña a favor de que se realice un análisis más a fondo y exhaustivo de las implicaciones de esta reforma que propone trasladar la Secretaria Ejecutiva del SNA a la SFP.
“Queremos que se involucre la sociedad, que le pregunten a la sociedad si estamos en el camino correcto en el combate a la corrupción como Estado, no como un poder público. Creo que es ahí donde está el interés en el que todos debemos estar involucrados, en el combate a la corrupción”.
Añadió que en el caso de Guerrero también van a buscar a los diputados federales para “socializar la importancia de una institución como esta”, pues insistió que como se propone en la reforma “se le restaría autonomía y fuerza a un organismo que incide en el combate a la corrupción”.
Adelantó que, en caso de proceder la reforma federal, en Guerrero, al realizarse la homologación de la ley, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pasaría a formar parte de la Secretaría de la Contra-loría y Transparencia Guberna-mental.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin que realizaron en la avenida Costera, en el Antimonumento a los 43 Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Alrededor de 80 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos, en la avenida Costera, para seguir exigiendo la aparición con vida de los jóvenes a 8 años y 7 meses de que fueron desaparecidos.
Los normalitas llegaron en un autobús que fue atravesado en el carril que va del Centro a la Base Naval para llevar a cabo su acto y colocaron una corona de flores en el antimonumento.
En su intervención, los oradores manifestaron que no se rendirán y seguirán sus acciones hasta que sus compañeros aparezcan: “hasta que haya justicia no vamos a descansar”.
Reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha cumplido su promesa de resolver el caso en un año, que han pasado cuatro años de su gobierno y “está a punto de salir y no hay avances”. Dijeron que su informe sólo ha sido mentiras y que ha sido partícipe de la injusticia y falta de castigo a los culpables.
“No ha hecho nada por avanzar en el caso y lo poco que se ha dado es gracias al Grupo de Expertos Independientes”, dijo el estudiante. Reclamó que no es posible que a 8 años 7 meses no se tengan avances ni pruebas contundentes de dónde están sus compañeros y “no están en la cárcel todos aquellos maquinadores del caso. No es posible que no se haya dado ningún avance, no es posible que el Ejército no quiera aceptar lo que hizo”.
Los normalistas indicaron que con este mitin inician las actividades para conmemorar los 8 años y 7 meses desde que fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas en Iguala.
Advirtieron que así pasen los años Ayotzinapa se mantendrá en pie de lucha porque “Ayotzinapa no olvida a sus compañeros, porque Ayotzinapa no perdona al gobierno, porque Ayotzinapa no se calla y se va a mantener en pie de lucha hasta que aparezcan con vida nuestros 43 compañeros y se haga justicia por los tres compañeros que fueron asesinados ese mismo día”.
Otro de los jóvenes –quien tampoco dio su nombre–, dijo que el fin del mitin era manifestar la inconformidad que hay contra el gobierno federal porque no hay respuesta a la demanda de presentación con vida de quienes sólo se manifestaban para exigir mejores condiciones y señaló porqué no usan esas acciones contra los grupos criminales.
Exigieron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su palabra y que no proteja a nadie del Ejército ni a ningún funcionario público.
Concluyeron su actividad con el himno Venceremos.
El secretario de Finanzas y Administración del estado, Raymundo Segura Estrada, informó que ante una caída de la recaudación federal, en febrero pasado se redujeron 353 millones de pesos de las participaciones a Guerrero, por lo que el gobierno gastará en lo “estrictamente necesario”.
Dijo que los municipios no han sido afectados, pero ante solicitudes de ampliación de presupuesto de organismos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), o la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), no están “en situación de poder apoyar” y todas las dependencias y organismos tiene la responsabilidad de ser austeros y trabajar con los recursos asignados.
La mañana de ayer, en la explanada del recinto del Poder Ejecutivo, tras concluir el acto oficial para el inicio de la distribución del fertilizante en Guerrero, en declaraciones a los medios, Raymundo Segura Estrada comentó que la federación ha informado de problemas en la captación de impuestos, por lo que se ha proyectado que con esa tendencia.
“Efectivamente, ya tuvimos la primera situación donde nos redujeron la participación por 353 millones de pesos, lo que fue febrero, pero esperamos que se vea compensado con los meses posteriores, todo tiene que ver con el comportamiento de la recaudación y de ello estamos muy pendientes”, comentó.
Ante el recorte presupuestal, mencionó que el gobierno del estado controlará la distribución de los recursos y sólo se dará dinero para “lo estrictamente necesario”.
Aseguró que lo principal que se cubrirá por indicación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, son los sueldos, y después los créditos bancarios que tienen que pagar puntualmente, y harán “una reorganización de las necesidades”.
En enero de este año, Segura Estrada contó que en diciembre pasado el gobierno del estado solicitó 2 mil 500 millones de pesos en créditos bancarios “por la lluvia de peticiones” de organismos autónomos, organismos públicos descentralizados, y secretarías faltantes, que no tenían para pagar aguinaldos.
Manifestó que la reducción de las participaciones es para todos los estados, no solamente para Guerrero, y resaltó que hasta el momento los gobiernos municipales no se han visto afectados, porque “los protegemos dándoles su participación que le corresponde”, sin embargo, si hay algún recorte “demasiado importante” podría haberlo, aunque esperan que el efecto se neutralice con mejores recursos de la federación.
Argumentó que la recaudación local incrementó en febrero un 37 por ciento, debido a ciertos programas que echaron a andar a principio de año, como invitar a los contribuyentes a pagar la tenencia, “esto ayudó en enero y febrero a incrementar la recaudación”, que aseguró, se hablaría de cerca de “200 millones (de pesos) que se recabaron adicionalmente”.
El secretario afirmó que no se van a sacrificar los programas sociales, y ya está “determinada qué obra pública se va a realizar” y espera que no se cancele alguna.
Se le preguntó si con los recortes el gobierno estatal podrá ayudar en la ampliación presupuestal que ha solicitado el IEPC y otros organismos, pero respondió que no están en situación de apoyar, que están abiertos a platicar con ellos, pero “todos y todas las dependencias autónomas, secretarías, tenemos la responsabilidad de hacer una revisión al interior, tenemos que ser austeros para que el recurso que fue asignado nos pueda alcanzar”.
Se han vendido sólo 12 camionetas
También se le preguntó cuánto dinero ha ingresado por el mecanismo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Comentó que era información la debía dar la Secretaría de Contraloría, pero se le insistió y dijo que el estado no ha tenido ningún ingreso por esa vía.
De las 42 camionetas de lujo, de ellas 35 blindadas, y dos motocicletas, una BMW, que en noviembre de 2021 la gobernadora anunció su subasta, Segura dijo que “ha sido un problema muy complicado, esas unidades principalmente las blindadas y de lujo se entregaron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero no han tenido resultados favorables”.
“Son muy pocas las que se vendieron, pero tenemos que ser pacientes, no es fácil colocar unos vehículos que lamentablemente no estaban en buenas condiciones”, comentó, y dijo que únicamente fueron vendidas 12.
Segura también comentó acerca del cambio del titular de la Subsecretaría de Ingresos, que es parte del reacomodo que hace la gobernadora Evelyn Salgado, que respeta las causas y que ya trabaja con la nueva subsecretaria.
De acuerdo con fuentes del gobierno del estado, Benjamín Valenzo Cantor solicitó separarse del cargode por asuntos personales, y no hubo deficiencias o acusaciones acerca de su trabajo como funcionario, y dejó de laborar hasta el último día de marzo.
Las fuentes contaron que en su lugar se nombró a Rubí Díaz Arreola como nueva subsecretaria de Ingresos. Aún no se ha informado oficialmente del cambio, pero según la página oficial del gobierno del estado, su cargo anterior era como delegada administrativa de la Secretaría de Turismo.
El ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, llamó al estado y al municipio a coordinarse con el gobierno federal para atender el problema de la inseguridad y aprovechar que las tres autoridades son del mismo partido, para hacer acciones en beneficio del municipio.
Velázquez Aguirre encabezó este domingo una asamblea con vecinos de la colonia Emiliano Zapata, como parte de su recorrido por el estado, para la creación del pacto de unidad y reconciliación ciudadana, que inició el pasado 20 de marzo.
En su intervención, Velázquez Aguirre dijo: “La inseguridad hoy se está viviendo de manera muy cruel, mucho más que antes, hoy nos están matando a los turistas, nos están ahuyentando al turismo y no sólo eso, están quitándole la vida a nuestra gente, al transporte”.
Luego, insistió en sus críticas al gobierno federal por haber cambiado los programas sociales en lugar de entregar a las madres, ahora se entrega a los estudiantes y a los abuelos, ya no les alcanza el dinero que les dan de la pensión, “porque todo está caro”.
Dijo que los jóvenes que no estudian y no trabajan no deben recibir ningún tipo de apoyo, “con todo respeto, porque a esos que no estudian ni trabajan hay que hacerlos que trabajen, para que sean productivos. Hay que ayudarlos, pero no darles el dinero, porque si me gustaba drogarme hoy ya tengo para drogarme, y si me gustaba meterme al chupe, ya tengo para alcoholizarme”.
Agregó que el pacto de unidad y reconciliación ciudadana busca justicia social y darle bienestar a la gente y que juntos van a ir a pedir al gobierno y hacer caravanas, para ayudar a la gente con productos a bajo costo y gestiones para atender sus necesidades.
En declaraciones al final de la asamblea, consideró que no se deben buscar pretextos ante el problema de la inseguridad en el municipio, “el gobierno de la República es de un mismo partido, el del estado y el municipal igual, no es un afán de criticar, es más bien un afán de decir la problemática que estamos viviendo, y no lo dice Evodio, lo dicen estos encuentros ciudadanos, todos porque lo que se está viviendo es grave. Hoy estamos teniendo cada vez con más constancia decesos en la parte turística, se nos va a acabar la gallina de los huevos de oro, como se dice comúnmente, y nos preocupa enormemente porque es más desempleo y más violencia, inseguridad, menos turismo”.
De la coordinación que hablan las autoridades, dijo que lo que “se ve es que unos caminan por un lado y otro, y lo que debiéramos buscar es que el gobierno de la República hoy vea como prioridad a Acapulco, y debiera ser una exigencia de la gobernadora junto con la presidenta municipal”.
Velázquez Aguirre anunció que a finales de este mes, el pacto de unidad y reconciliación ciudadana realizará una asamblea para informar de los resultados de sus actividades por la entidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de ayer en Palacio Nacional Foto: Agencia Reforma
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en Acapulco, en una reunión cerrada, con el personal operativo de los programas sociales federales, cerca de 2 mil personas, y con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó el delegado del gobierno federal, Iván Hernández Díaz.
Consultado vía telefónica sobre la visita del presidente, confirmó que viene a la reunión para evaluar la operación de las sucursales del Banco de Bienestar. Aunque se reservó el lugar, por las condiciones de privacidad, y el espacio, la cita sería en el Forum Mundo Imperial.
De manera extraoficial se tuvo informacion de que López Obrador llegará en un vuelo comercial después de la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, se trasladará en camioneta al sitio de la reunión y terminando volverá a la Ciudad de México.
A la reunión en Acapulco llegarán “servidores de la nación”, personal de becas, de Sembrando Vida, del programa de precios de garantía, entre otros, además de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y sólo ella del gobierno estatal.
El domingo vecinos de Coahuayutla denunciaron a El Sur que la sucursal del Banco del Bienestar instalada en la cabeceera municipal a tres años de construida no funcionaba.
Al respecto Hernández Díaz precisó que el viernes pasado comenzó a funcionar. Aclaró que las operaciones comenzaron de manera paulatina, pero que ya tiene personal y está abierta al público, aunque precisó que solamente para algunos servicios, como consulta de saldo y de cuentas, porque todavía no tiene dinero en efectivo.
Aseguró que en los días siguientes se van a habilitar los servicios que siguen configurándose.
“En Coahuayutla no hemos realizado el acto de arranque porque estamos en esta etapa, para todos los bancos de integración, y todo lo vamos a estar realizando en el resto del año”, abundó.
En el arranque de cada sucursal, indicó que se realiza una asamblea con ciudadanos, personal del banco, y personal que opera los programas sociales; servidores de la nación, pensiones, precios de garantía, para informar sobre la operación.
A la fecha están operando 45 sucursales, principalmente en la Montaña, de un total 116 que habrá en este año.
Sobre el retraso de tres años en la operación de la sucursal de Coahuayutla, indicó que intervienen varios factores que no están en manos de la delegación, por ejemplo, el desabasto de cajeros, “no ha sido fácil tener todos los cajeros de 2 mil 700 sucurlales”.
Asimismo, el proceso de contratación personal pasa por varios filtros, no es homogéneo, y muchas veces se emiten más de una convocatoria.
Señaló que el presidente está atento de la operación de los bancos, es un tema muy importante de la administración.
Como dijo en la conferencia mañanera, le quedaban pocos estados por concluir las reuniones de trabajo con el personal de los programas de Bienestar, entre ellos Guerrero.
Alumnos de la secundaria Independencia de México, de la comunidad de Ayahualtempa, toman clases a la intemperie y se sientan en piedras para recibir sus lecciones. Los niños no pueden salir de su comunidad debido a la violencia que desde hace años se vive en la región,y los padres optaron por abrir una escuela y pedir al gobierno estatal la reconstrucción de tres aulas para su funcionamiento, pero no se ha cumplido este compromiso Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niñas y niños indígenas de Ayahualtempa, comunidad nahua del municipio José Joaquín de Herrera acuden a estudiar en un terreno baldío a la entrada del pueblo, porque los gobiernos federal y estatal no han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo. Ayer, alumnas y alumnos marcharon en su comunidad, con sus maestros y sus padres y otros niños de primaria, para exigir la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico Foto: Lenin Ocampo Torres
Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa
Niños indígenas de la comunidad nahua, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases en un terreno baldío a la salida del pueblo, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
Evelyn Salgado Pineda destacó el compromiso de Guerrero en la defensa de la soberanía nacional, con la publicación de un pronunciamiento signado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de Morena, condenando una iniciativa de dos legisladores estadunidenses del Partido Republicano, para una intervención militar contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
En su cuenta de Facebook, la gobernadora declaró: “Junto a las gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que integramos la Cuarta Transformación, ratificamos nuestro apoyo absoluto a las acciones emprendidas por el Gobierno de México, para garantizar y proteger los intereses de nuestro país”.
En el pronunciamiento expresaron su apoyo y compromiso “en el combate frontal a las organizaciones del crimen organizado que operan transnacionalmente”.
Recordaron que estas organizaciones lucran tanto en México como en Estados Unidos.
Enfatizaron que los dos países comparten el hacer frente a los narcotraficantes, detener el flujo del fentanilo y sus precursores químicos que tanto dañan a la sociedad. Llamaron a la colaboración bilateral e internacional, efectiva y respetuosa, para brindar oportunidades económicas a los jóvenes a fin de que no se unan a los cárteles.
Confirmaron que la dinámica de estas organizaciones criminales “es tal”, que requiere de inteligencia financiera, acompañada de una política de salud y de drogas moderna.
Insistieron en que el fenómeno debe abordarse con un enfoque de salud pública, y no de violencia o invasión militar.
Diputadas locales posan para una fotografía para conmemorar el 8 de Marzo al final de la sesión del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Diputadas de Morena y PRI, durante sus intervenciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se pronunciaron por el reconocimiento de sus derechos y la erradicación de las diferentes violencias, pero también aprovecharon para hacer alusión a la posibilidad de que la próxima presidencia de la República sea encabezada por una mujer, y para defender a la presidenta de la Corte por presuntos ataques desde el gobierno federal.
La priista Grabiela Bernal Reséndiz en su intervención se solidarizó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández, “quien está siendo víctima de los más fuertes ataques y presiones del gobierno federal solo por mostrar autonomía”.
La priista le dijo a la ministra “que no está sola y que las esperanzas de millones de mexicanas y mexicanos están en usted y en las demás ministras y ministros para salvaguardar la Constitución política de nuestro país”, en referencia a la decisión sobre la revisión del plan de reforma electoral del presidente López Obrador.
Se pronunció por “no más campaña de odio y división contra la ministra Piña, ni contra ninguna mujer de este país”.
La morenista Citlali Calixto Jiménez dijo en tribuna que en el estado se realizan acciones dirigidas “a construir un santuario para las mujeres, se está trabajando como nunca antes se había hecho”.
Después señaló que México está preparado para ser gobernado por una mujer, en referencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien es aspirante a la presidencia de la República.
“Tenemos más funcionarias públicas que nunca ¿Y por qué no?, estamos en condiciones de tener presidenta de la República”.
La presidenta de la Jucopo, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, dijo que conoce de primera mano lo “complejo que es enfrentarse a un sistema que por el simple hecho de ser mujer se nos juzga y se pone en duda la capacidad de tomar decisiones”.
Señaló que a quienes cuestionan y luchan por espacios “sin restricción nos vulneran, nos minimizan, nos tratan de ignorantes porque para algunas personas, el tener grados académicos o decirse especialistas en alguna materia consideran que son mejores y que tienen derecho a señalar y a ofender a los demás”.
La petista Leticia Mosso Hernández dijo qué Día Internacional de la Mujer debe ser también un movimiento que abone por un mundo digital inclusivo, a la innovación y la tecnología para la igualdad de género, ya que este es uno de los mayores rezagos en la entidad que es la tercera con mayor rezago tecnológico, situación que se profundiza en los municipios y comunidades indígenas.
El priista Héctor Apreza Patrón festejó que no “se partidicen estas luchas” porque de hacerlo, señaló que sería “mezquino”, incluso criticó que hubiera pocos diputados varones en el pleno escuchando las intervenciones de las diputadas.
Partidos y no autoridades deben regular el principio de paridad, plantea Bernardo Ortega
En la primera sesión del pleno del segundo periodo ordinario de sesiones, el diputado perredista Bernardo Ortega presentó una iniciativa para que en la elección de diputaciones locales, además del principio de paridad de género sea respetada la autodeterminación y “autogobierno de los partidos”, planteando que las asignaciones se realicen respetando el orden de prelación, tal y como las hayan registrado los partidos, para no dejar a decisión de los organos electorales esa asignación.
El perredista planteó en su propuesta que además del principio de paridad de género, sea respetada la autodeterminación y autogobierno de los partidos, señala que es apremiante “conjuntar” el tema de paridad de géneros con la autoorganización de los partidos políticos, para que “sin romper o lesionar alguno de ellos” se logre la conformación igualitaria de hombres y mujeres.
Recordó que se ha dejado en manos de las autoridades electorales, sobre todo jurisdiccionales, la aplicación de criterios para dar cumplimiento de los principios constitucionales; sin embargo, “se ha olvidado cada vez más el de la auto organización y auto determinación de los partidos políticos, gracias a los cuales se da vida al sistema electoral”.
Señaló que “es un principio ineludible lograr la conformación paritaria de mujeres y hombres en el Congreso de Guerrero; por ello, una vez realizadas las elecciones, y al quedar firmes los triunfos de las diputaciones electas por mayoría en las urnas, la autoridad electoral, como árbitro de la contienda, tiene la tarea de lograr una conformación paritaria del Congreso de Guerrero; es decir, 50 por ciento de hombres y 50 de mujeres, en cifras naturales, 23 para cada género”.
En el caso de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional o “plurinominales”, se echa mano de las listas que registraron los partidos políticos, y “es ahí donde empieza la desarmonización, porque la autoridad electoral administrativa, queriendo cumplir con la paridad de géneros, empieza a asignar las diputaciones sin que se ciña al orden en que fueron registradas las candidaturas a diputaciones por los partidos políticos en sus listas”.
De acuerdo con lo dicho por el perredista, los órganos electorales por querer cumplir con la paridad, “empieza a hacer los ya famosos saltos de género, logrando una conformación paritaria, pero sin respetar el orden de prelación con que los partidos determinaron registrar sus candidaturas.
“Aquí es donde la problemática resulta muy visible, porque la autoridad electoral, sin hacerlo de mala fe, se aparta del principio de autodeterminación de los partidos políticos cuando se ciñe al principio de paridad de género, alternancia e igualdad sustantiva, olvidando el principio de autoorganización”.
También planteó que cuando la autoridad administrativa electoral realice la asignación, respete estrictamente el orden de prelación, tal y como lo registraron los partidos políticos en sus listas, garantizándose los primeros lugares en ellas, para lograr la armonía e igualdad sustantiva de género.
