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Apoyará el municipio al gobierno federal en el caso de las autodefensas, dice Evodio

Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Estado recuperará la rectoría en seguridad en los lugares donde operan las autodefensas, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre afirmó que el gobierno federal contará con todo el respaldo y apoyo para las decisiones que se tomen en el Grupo Coordinación Guerrero.
Dijo que, por supuesto, su gobierno está para apoyar al secretario de Gobernación, que es quien dirige la política de seguridad del país, “y estamos en espera que nos puedan compartir cómo poder sumarnos a estos esfuerzos”.
En su visita a Chilpancingo, Osorio Chong indicó que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan grupos de autodefensas que se hacen llamar policías comunitarios, y dijo que tienen información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
Al alcalde se le preguntó si la presencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Barra Vieja afectará el turismo, y respondió que se ha platicado con ellos y se ha trabajado para concretar acciones que hagan que se respete la ley en todo momento.
Sobre los asesinatos que continúan en Acapulco, Evodio Velázquez dijo que se hace un frente común para atender el tema con el Grupo de Coordinación, que como presidente municipal siempre está dispuesto y atendiendo los problemas y trabajando todos los días, “haciendo cosas buenas, tener turismo es tener inversión, es tener empleos y tener bienestar y construir la paz”.
Aclaró que no hay varitas mágicas ni tampoco acciones que vayan a descubrir el hilo negro, sino que todos los días se debe seguir trabajando arduamente para enfrentar los desafíos y los retos de Acapulco.
Añadió que se debe resaltar “que Acapulco está hoy avanzando todos los días, incluso en materia de seguridad, lamentablemente otras ciudades como Chilpancingo, como el mismo Zihuatanejo, tienen complejidades fuertes y que hoy Acapulco se mira a la baja poco a poco”.
Agregó que esas acciones son las que también hacen la cohesión social, que se construya mayor seguridad y “construyamos la paz todos juntos”.
Al alcalde se le preguntó si se puede festejar algo, tomando en cuenta que más del 80 por ciento de la población teme ser víctima de un delito, de acuerdo con la encuesta del Inegi, y respondió que no se puede festejar, “no es un festejo, yo no sería irresponsable, al contrario, creo que es un llamado para seguir por el camino que vamos, el de trabajar en la competitividad del destino y fortalecer el desarrollo de las familias de Acapulco, es algo a corto, mediano y largo plazo”.

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.

Pide el PRD nacional que el gobierno federal asuma el control de la seguridad de Guerrero

 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, llamó al gobierno federal a asumir el “control total” de la seguridad en Guerrero “así como lo han hecho en otros estados como Michoacán”.
En conferencia de prensa en las oficinas de esa formación política en la Ciudad de México, la presidenta del CEN, Alejandra Barrales Magdaleno, y la secretaria general, la guerrerense Beatriz Mojica Morga, expresaron su solidaridad con la familia del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal Demetrio Saldívar Gómez y los militantes del partido.
La petición hecha por el CEN del PRD al gobierno federal se hizo primero mediante un boletín y después en conferencia de prensa.
La presidenta nacional informó que ya solicitó una reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que atienda el llamado, pues es urgente que la federación atienda lo que sucede en Guerrero, ya que “de un año a la fecha han sido ocho homicidios diarios los que se están conociendo en el estado de Guerrero, es una cifra alarmante”.
En la conferencia, Alejandra Barrales manifestó que el asesinato del secretario general del CEE de Guerrero es una pérdida que duele e indigna al partido y a los militantes “porque en menos de 15 días son tres los dirigentes, destacados de nuestro partido en Guerrero, víctimas de la violencia e inseguridad; dos de ellos pierden la vida”, en referencia al asesinato de Roger Arellano Sotelo ocurrido el 9 de abril, Catalino Duarte Ortuño secuestrado el 13 de abril y el miércoles el asesinato de Saldívar Gómez.
La presidenta del partido señaló que estos acontecimientos “son la confirmación de un Estado fallido y particularmente en el tema de Guerrero”, entidad que es la que registra el mayor numero de homicidios dolosos en todo el país, “nos preocupa la situación que está prevaleciendo en Guerrero”.
“Es una situación, por desgracia, generalizada que nos confirma que no tiene el gobierno el control de la situación y ante esta situación y este lamentable estado de las cosas, nosotros queremos primero condenar este hecho, solidarizarnos con los familiares de nuestro compañero Demetrio Saldívar, con los guerrerenses que están sufriendo todo este tipo de situaciones”
“Queremos hacer un llamado al gobierno federal para que tome el control de la seguridad en el estado, como lo han hecho en otros lugares de la República donde lamentablemente se ha tenido que llegar a esta situación como sucedió ya en el caso de Michoacán”.
Alfredo Castillo Cervantes fue designado el 14 de enero de 2014 comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán dependiente de la Secretaría de Gobernación en medio de la confrontación que había en la entidad entre grupos de autodefensa, delincuencia organizada y las fuerzas federales. Estuvo en el cargo poco mas de un año.
“Es evidente que las autoridades locales no están respondiendo, sino que ha habido claras muestras de que en muchos casos pudieran estar involucrados en todo este tipo de actos. Queremos que se tome el control total de la seguridad”.

Pasó el año de gracia: Mojica

En su intervención en la conferencia, la secretaria general del CEN, la guerrerense Beatriz Mojica, señaló que los hechos de violencia en la entidad han ocurrido en las diferentes regiones del estado “y en un año y medio que lleva este gobierno hay más de 4 mil asesinatos en Guerrero”.
Agregó que la “excusa” del gobierno del estado es que las víctimas están vinculados a la delincuencia organizada, pero entre las muertos hay maestros, doctores, enfermeras, empresarios, estudiantes, jóvenes “y es un clamor de la sociedad guerrerense que se atienda la inseguridad”.
“Una de las cusas del colapso que se vive en Guerrero es el vacío de autoridad que ocasiona un gobernador que toma decisiones de manera ausente, que en cada crisis que enfrentan intentan justificar sus malos resultados echando culpas al pasado”.
Mojica Morga, quien contendió con Astudillo Flores por la gubernatura del estado, recordó que en una entrevista periodística el ahora gobernador pidió un año de gracia para dar resultados en el problema de la inseguridad, y “esa época ya pasó y ha venido escalando gravemente los problemas que hay en el estado de tal manera que la cifra ya es tan escalofriante que ha tocado a los turistas”.
Recordó lo ocurrido el sábado por la noche en el parque de La Reina, en Acapulco, cuando un ataque a dos presuntos narcomenudistas que fueron abatidos dejó como saldo cinco personas heridas, de quienes dos eran unas muchachas de la Ciudad de México que vacacionaban en el puerto.
“Lo que nos habla es que el estado no tiene la capacidad de sacar adelante la seguridad y por eso hacemos este llamado” al gobierno federal para que asuma el control de la seguridad.
Solicitó que la federación atraiga las investigaciones de los perredistas que han sido asesinados en la entidad, pues sostuvo que a nueve meses del asesinato del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, no hay resultados de la investigación.
En un boletín de prensa emitido pasada la media noche, el CEN del PRD repudió y condenó el asesinato de Saldívar Gómez y exigió a las autoridades federales y estatales una investigación responsable. “No toleraremos que el asesinato de Demetrio quede impune”.
“El PRD condena y expresa su repudio ante la ejecución de Demetrio Saldívar. Demetrio es una víctima más de una guerra sin sentido, de una pésima estrategia de seguridad que han mantenido durante dos administraciones federales”,
En el boletín la dirigencia nacional señaló “la incapacidad de las instancias estatales y del gobernador”, como las causas que “han generado un entorno de violencia e inseguridad”.
“Exigimos que sea la federación quien tome en sus manos la investigación del crimen de nuestro compañero Demetrio Saldívar, y de nuestros compañeros perredistas asesinados, en virtud de la probada ineptitud del gobierno de Guerrero”.
“Enviamos nuestra solidaridad a familiares, amigos y compañeros de nuestro secretario general ante la irreparable pérdida, y respaldamos las acciones que tomen para exigir se frene la escalada de violencia que azota a los guerrerenses”.

Replantear la estrategia de seguridad, pide el alcalde de Ometepec a federación y estado

 

El alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos pidió al gobierno federal replantear la estrategia de seguridad que sólo atiende de manera prioritaria a los cinco municipios más violentos del estado, porque los delincuentes están llegando a los municipios colindantes donde hay poco apoyo.
Luego de anunciar e instalar cámaras de video-vigilancia del Centro de Comando y Control (C2), el perredista sostuvo que, “hay que blindar a los municipios donde todavía la delincuencia no ha rebasado la capacidad operativa de las instituciones de seguridad pública”.
Estrada Bustos expresó que se debe de replantear el esquema de seguridad, por el gobierno federal y estatal, porque los delincuentes de esos municipios llegan a los municipios colindantes.
“La federación en este momento sólo está concentrada en los municipios, en los cinco más violentos y es ahí donde le invierten dispositivos y despliegues policiacos muy intensos, dejando desprotegidos a otros municipios”, aseguró.
En su discurso de la presentación del C2, el alcalde dijo que las autoridades no se pueden quedar “impávidos, paralizados o intimidados por la delincuencia”. Además llamó a la ciudadanía a participar con las autoridades porque no se puede hablar de un plan integral si no hay colaboración, pues no toda la responsabilidad es del gobierno.
Informó que el C2 tendrá un costo de 4.5 millones de pesos, dinero que proviene del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), que reforzará y apoyará a los 110 policías municipales que no alcanzan para atender a 35 mil habitantes de la cabecera, “era una necesidad impostergable”.
Precisó que en la primera etapa serán colocadas 20 cámaras que podrán ser manejadas desde el Centro de Control, y habrá otras 50 fijas, con una cobertura en los puntos de alta incidencia delictiva y el Centro de la ciudad.
Omar Estrada Bustos dijo que los operadores podrán activar un botón cuando vean un incidente en la calle, que permitirá que los policías vayan a los lugares donde se cometa un delito.
Aseguró que la medida es para prevenir el delito en la cabecera municipal, donde no hay un nivel de incidencia alta, pues resaltó que, “de enero a la fechan ha habido en el municipio cuatro homicidios”.
Dijo que Ometepec no tiene condiciones “graves” como otros municipios, pero que no esperará a que la situación se salga de control para actuar. Después, el alcalde inauguró dos semáforos en la avenida José Agustín Ramírez.

Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales

 

El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia

Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.

Se fortalece la organización

El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.

 

Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

Trato especial a Guerrero por el repunte de la violencia, pide el PRD al gobierno federal

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD informó que el próximo miércoles se reunirá con la dirigencia nacional del partido para que ésta sea intermediaria con los legisladores federales y desde el Congreso de la Unión se pida al gobierno federal atención especial para Guerrero por la ola de violencia que priva en la entidad.
También se acordó que para antes de que concluya el año la dirigencia estatal busque acercamientos con los partidos de izquierda, incluido Morena, para comenzar los trabajos de unidad rumbo al proceso electoral de 2018 y defender juntos el presupuesto de 2017.
Este lunes el CEE celebró su sesión semanal en la que se trataron diferentes puntos, entre éstos el de la inseguridad.
Consultado por teléfono, el presidente del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que el miércoles de la próxima semana la dirigencia del partido se reunirá con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandra Barrales, y con la secretaria general, Beatriz Mojica Morga.
Explicó que la petición que le harán al CEN es que solicite a todos los diputados federales del partido que desde el Congreso de la Unión se llame al gobierno federal a darle un trato especial a Guerrero por la situación que enfrenta en materia de seguridad.
Respecto a que en noviembre hubo 230 asesinatos en Guerrero, que representa un aumento del 36.9 por ciento en comparación con el mes anterior, cuando ocurrieron 168 homicidios, dijo que es necesario replantear la estrategia de seguridad y por ello se pedirá la intervención del CEN.
“Sin duda el repunte de la violencia es preocupación de todos y del PRD también, por lo tanto vamos a llevar ese tema a la dirigencia nacional, creemos que es muy importante que el gobierno federal ponga atención a Guerrero y lo trate como un asunto prioritario y de seguridad nacional, porque es evidente que las instancias del gobierno en el estado tienen muy pocas posibilidades”, expresó.
Dijo que otro de los temas que se abordaron fue el caso del director de la Agencia de Noticias Guerrero (ANG), José Nava Mosso, quien fue demandado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Emiliano Lozano Cruz, por haber difundido un video en el que el funcionario aparece en estado de ebriedad y es detenido por la policía preventiva de Chilpancingo.
Indicó que el partido emitirá una postura pública al respecto en la que se solidarizarán con el periodista.
En un audio compartido por la el área de prensa del PRD, se escucha al dirigente del CEE lamentar la conducta del diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez, quien el domingo acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores en su gira de trabajo en Cruz Grande, donde integrantes de la Coduc, organización que encabeza el legislador, recibió apoyos.
“Lamentamos mucho ese acercamiento, no le ayuda en nada al PRD y evidencia que hay una relación de interés personal, el PRD es el partido opositor en Guerrero, es opositor al gobierno de Astudillo y lo va a seguir siendo”, se le oye decir al líder perredista.
Comentó que si Sebastián de la Rosa ha establecido acuerdos con el gobernador es porque quiere beneficios para su organización, pero aclaró que “el PRD de Guerrero no busca chambas, canonjías, lo que busca es que le vaya bien a los guerrerenses, que haya seguridad, oportunidades, más allá de los intereses personales”.
Por separado, el secretario de Organización, Pánfilo Sánchez Almazán, informó que en la sesión se acordó que antes de que concluya el año la dirigencia buscará acercamientos con los partidos de izquierda, incluido Morena.
Explicó que los diputados federales del PRD y Movimiento Ciudadano sumaron fuerzas para defender el presupuesto federal, por lo que se buscará replicar esa acción en el Congreso local, a fin de lograr una alianza encaminada a que los sectores más vulnerables de la entidad no sean afectados en la aprobación del presupuesto de 2017.
Comentó que el acercamiento es también para iniciar los trabajos de unidad rumbo al proceso electoral de 2018, que comienza formalmente en septiembre del próximo año.
Aseguró que los acercamientos serán con el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, a pesar de que el dirigente estatal de este último, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ha reiterado que ese partido no tiene interés de hacer alianzas con el PRD.
Otro tema, comentó, es apoyar en la organización del encuentro estatal de jóvenes militantes del partido, que se celebrará el 9 y 10 de diciembre en Acapulco.

Cinco ejecutados entre Tixtla y la capital y un muerto y un herido aquí; todos fueron torturados

La noche de ayer cinco hombres ejecutados a balazos fueron encontrados en el cerro Machohua en el viejo libramiento a Tixtla, en la colindancia con Chilpancingo.
En otro hecho un hombre asesinado a balazos y otro herido en la cabeza fueron hallados en una calle de terracería en la colonia Las Terrazas, al poniente de esta ciudad.
Ambos hechos ocurrieron durante la visita a Chilpancingo del secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que evaluó las operaciones de seguridad en los municipios calificados por el gobierno federal como los más violentos de Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez e Iguala.
Con estas ejecuciones suman 210 asesinatos en lo que va del año en la capital, en los que presuntamente participó el crimen organizado, según un recuento de El Sur.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a las 8:30 de la noche de ayer recibieron el reporte de que en el kilómetro 7 del viejo libramiento a Tixtla en el cerro Machohua en las inmediaciones de Chilpancingo, había cinco hombres asesinados.
A la zona acudieron policías municipales, estatales y federales que hallaron los cuerpos de cinco hombres boca abajo y acomodados en fila.
Al llegar al cerro Machohua hay una brecha de terracería que conduce a la cima, a unos 150 metros estaban los cinco cuerpos de las víctimas.
Uno de los cadáveres vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul, tenis rojos, otro un pantalón blanco, playera rosa con rayas y calcetas grises con negro, uno más sólo tenía un short rojo, el cuarto vestía un pantalón de mezclilla azul, playera color naranja y encima tenía una cobija roja con naranja, y el último tenía una playera gris en la cabeza y pantalón de mezclilla azul.
La víctimas tenían aproximadamente entre 25 y 30 años, presentaban impactos de bala y huellas de tortura.
La zona fue acordonada por policías municipales, estatales y federales mientras peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.

Encuentran cerca de Casas Geo a otras dos víctimas

Además, un hombre ejecutado a balazos y otro herido fueron encontrados en una calle de terracería en la colonia Las Terrazas, cerca de la unidad habitacional Casas Geo, al poniente de Chilpancingo.
Según fuentes policiacas, a las 9:55 de la noche recibieron un reporte de que en ese lugar había dos hombres asesinados a balazos.
Acudieron policías municipales quienes hallaron los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura, atados de las manos hacia atrás y con los ojos vendados.
El herido vestía playera azul y estaba semidesnudo, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital general Raymundo Abarca Alarcón para recibir atención médica.
El ejecutado estaba boca abajo con las manos atadas hacia atrás, vestía una playera morada, pantalón de mezclilla azul y estaba descalzo.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
En la capital el lunes un chofer del transporte público fue atacado a balazos por civiles armados en la calle principal Eusebio Mendoza de la colonia Alborada.
La mañana del sábado dos hombres ejecutados a balazos y atados de los ojos fueron encontrados dentro de un taxi del servicio público en la calle Nueve de la colonia del PRI y hace nueve días el cuerpo de un hombre de unos 53 años, atado de las manos hacia atrás y asesinado a balazos y con golpes, fue hallado en la colonia Azteca, cerca del panteón nuevo ubicado al norte de la capital.

Pide el alcalde “apoyo urgente” al gobernador para combatir la violencia en Tixtla

Debido a la violencia en el municipio de Tixtla el gobierno perredista de Hossein Nabor Guillén solicitó apoyo urgente para combatir la ola de violencia al gobierno del Estado.
“Nosotros estamos tratando de contener lo que más podemos, pero mientras no haya presencia del gobierno federal y estatal, pues obviamente se nos complican más las cosas”, enfatizó.
Tras el hallazgo de los tres cuerpos dejados a la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, el alcalde se comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores para manifestar su preocupación ante los continuos hechos de violencia.
El lunes de la semana pasada, 21 de noviembre, se hallaron los cuerpos de ocho hombres decapitados, este viernes fue hallado asesinado el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Irineo Salmerón Dircio junto a otra persona, y este lunes fueron encontrados tres hombres muertos, entre ellos un ex regidor.
El gobernador “está integrando a Tixtla en la presencia del gobierno federal para los próximos días, se anunció pero no se ha dado”, dijo ayer el alcalde.
Insistió en que su gobierno repudia la violencia, principalmente contra los integrantes de la Policía Comunitaria, “quienes han sufrido dos levantones”.
Recordó que ante la ola de violencia se organizó la Policía Municipal para instalar retenes sobre la carretera.
“Mira nuestra capacidad económica del Fortamun sólo nos da para sostener 55 elementos de la Policía Municipal, esos 55 elementos para los 53 mil habitantes debes de tener claro que no alcanzan, pero tenemos en activo menos porque la mitad cubre un turno y el otro grupo el otro turno”, informó.
Reiteró que el gobierno municipal trata de combatir el problema de inseguridad, pero es urgente la intervención de la federación y del estado, para evitar que se “compliquen más las cosas”.
“El gobernador nos tomó la llamada por la mañana y anunció que se incrementará la presencia (de policías federales), obviamente esto obedece a algunas estrategias de seguridad que no nos van avisar, estamos esperando cuándo llegan y cuál será la estrategia a seguir”, mencionó.
Confirmó que uno de los cuerpos hallados en la mañana es Luis Tenero Encarnación, quien fue regidor y era uno de los promotores de la creación de la Universidad Intercultural Latinoamericana de Ciencias y Artes (UILCA).

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.