Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa, también habrían sido espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México; en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia transmitida por Internet, la comisionada Esmeralda de Troitiño, quie presidió ayer la audiencia de la CIDH sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, en la que le notificó que recibió mensajes de texto con enlaces a páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus. “Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro –quien fue integrante del GIEI-, e insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH, la cual esta semana celebra su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
En un año los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Su labor obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal que dice que los estudiantes fueron atacados por narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula, con lo que pretendía cerrar el caso de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 septiembre de 2014.
Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestaron que es preocupante que el gobierno de México emplee la tecnología para vigilarlos, en lugar de utilizarla para dar con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Cristina Bautista dijo que gracias a la investigación que hizo el GIEI los padres supieron que 17 celulares de los normalistas continuaron activos luego de los ataques en Iguala, “eso nos da a entender que las autoridades no han utilizado la tecnología para encontrar a nuestros hijos, el gobierno no tiene interés en buscarlos, utilizó la tecnología para espiarnos, a nosotros y a nuestros abogados”.
Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, recordó que en la última audiencia del mecanismo de seguimiento, el gobierno de México dijo que los padres no tienen disposición de aceptar los hechos, pero “nosotros vamos a aceptar los resultados científicos que den las investigaciones”.
Relató las manifestaciones y el plantón frente a la PGR de los padres, así como la represión con gases lacrimógenos de las que fueron víctimas en su movimiento para exigir respuesta a sus demandas.
Del cronograma que se hizo con las autoridades para dar resultados del caso dijo que “es mucho tiempo” el que solicitaron, y pidió que la CIDH intervenga para que los avances se den a conocer la segunda semana de agosto y no hasta octubre de este año.
“Los 43 padres de familia le decimos a la CIDH y al comisionado Vargas (Luis Ernesto Vargas Silva), no se deje engañar por este Estado mentiroso, que esté con la verdad, no con los padres, que exija la verdad del Estado Mexicano, porque ha sido mentiroso y nunca hace su trabajo”, expresó.

#GobiernoEspía

La empresa NSO Group de origen israelí desarrolla el malware Pegasus y lo vende de manera exclusiva a las agencias de gobierno. En los últimos dos años este programa fue utilizado, presuntamente, por instituciones gubernamentales mexicanas para tomar el control de los celulares de activistas, periodistas y políticos mexicanos, pese a violar la ley.
El creciente escándalo de espionaje gubernamental operado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se introdujo ayer en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos, -integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los normalistas, acompañados por sus abogados Vidulfo Rosales, Mario Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se vieron acorralados por los cuestionamientos de los comisionados de la CIDH.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas” que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a personas, sino a instituciones”, respondió Patrón, al añadir que “la gran pregunta es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor de derechos humanos recordó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben de ser investigados, pues existen evidencias de que compraron el programa Pegasus.
El 17 marzo en los últimos minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado otra hipótesis”.
En esa ocasión el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el fiscal que la PGR adscrito al caso Ayotzinapa, quien eludía de manera burda la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro de por qué se ejercieron presiones sobre el exvisitador interno de la PGR, César Chávez, debido a las conclusiones de su informe, de los probables actos de tortura contra siete de cada diez detenidos, y por qué no se ha investigado el trasiego de heroína de Iguala a Chicago, además de la posible participación de policías municipales de Huitzuco y de militares en los ataques a los normalistas.