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Denuncian hostigamiento del director de la cárcel de Coyuca de Catalán a un preso político

El representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Gonzalo Molina González, denunció hostigamiento del director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Coyuca de Catalán a Martín Cruz Avellaneda, porque defiende los derechos de los presos en esa cárcel de la Tierra Caliente.
Vía telefónica, el también promotor de la Policía Comunitaria, informó que el director del Cereso, Armando Gama Martínez, “presiona y hostiga al compañero por defender a los presos y después de protestar porque se les está cobrando 50 pesos por visita conyugal”.
Gonzalo Molina señaló que el directivo “amenazó a Martín Cruz de que si sigue protestando o quejándose será cambiado al Cereso de Acapulco”.
“Es amenazado constantemente, ahora porque protestó en contra de los nuevos reglamentos para la visita conyugal, donde piden exámenes de Covid-19, de Sida y otros requisitos que muchos familiares de los presos por sus condiciones (económicas) no pueden cumplir”.
Molina González acusó que los “directores se ensañan en todos los Ceresos del estado, también con los compañeros que se encuentran presos en Ayutla los presionan y si dicen algo les quitan las visitas, hay muchas violaciones a los derechos humanos que no denuncian los presos por miedo a represalias”.
El promotor comunitario también exigió al gobierno federal y a la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que agilicen “la libertad de los presos políticos como lo prometió Andrés Manuel López Obrador, porque muchos compañeros siguen presos injustificadamente y después de muchos años ni sentencia tienen”.
Martín Cruz Avellaneda se encuentra preso sin sentencia desde hace 21 años, pertenece a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, es acusado de varios delitos y uno de ellos fue por enfrentar a la familia Montúfar por la tala de bosques, informó Gonzalo Molina. (Lenin Ocampo Torres / Chilpancingo).

 

Asesinan al comisario de Acatempan Julio Coctecón; dejan su cuerpo desmembrado en El Fortín en Tixtla

La Guardia Nacional en el barrio del Fortín en Tixtla donde fue localizado sin vida el comisario de Acatempa, Julio Coctecón, quien fue levantado por hombres armados Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Redacción

Chilpancingo

El cuerpo desmembrado del comisario municipal de Acatempa, Julio César Coctecón Rendón, fue arrojado frente a la casa donde vivía el promotor de la Policía Comunitaria Mi Patria es Primero, Gonzalo Molina González, en el barrio El Fortín, en la cabecera municipal de Tixtla.
Coctecón Rendón fue privado de su libertad por hombres vestidos de militar a la una de la tarde, cuando laboraba en sus cultivos de milpa en las inmediaciones de la localidad Acatempa, municipio de Tixtla.
Coctecón Rendón fue integrante de la Policía Comunitaria, y estuvo en prisión tres años, acusado de un delito que no cometió, y obtuvo su libertad absoluta el 15 de enero de este año, como resultado de la movilización por la libertad de los presos políticos encabezada por Gonzalo Molina.
Ayer, fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 5 de la tarde recibieron el reporte del hallazgo de restos humanos en las canchas de basquetbol de El Fortín.
Al lugar llegaron policías estatales y ministeriales, que encontraron el cuerpo desembrado de un hombre en una calle pavimentada que se dirige a las canchas y frente a la casa donde vivía el promotor de la Policía Comunitaria Mi Patria es Primero de Tixtla, Molina González.
Los restos de la víctima estaban tendidos en cada lado de la calle. A la escena del crimen llegaron familiares de la víctima y lo identificaron como comisario municipal de Acatempa, Julio César Coctecón Rendón.
Según testigos a la una de la tarde Coctecón Rendón fue privado de su libertad por civiles vestidos con ropa tipo militar en su milpa.
Al lugar llegaron policías estatales, ministeriales y militares quienes resguardaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para realizar la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El 15 de enero, después de casi tres años preso, acusado de privación ilegal de la libertad y robo, obtuvo su libertad absoluta el ex policía comunitario nahua de Acatempa, Julio César Coctecón Rendón.
Ese día el representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, informó que Julio Coctecón formaba parte de una lista de 60 presos que están en penales de Guerrero injustamente por irregularidades en los procesos cometidas y solapadas por “jueces corruptos”.
Coctecón Rendón fue detenido en Tixtla en febrero de 2018 por la Policía Ministerial, acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo, pero tras casi tres años de haber permanecido en prisión, se comprobó que no cometió delito alguno y obtuvo su libertad “absoluta”.
Por su parte la FGE difundió un comunicado la tarde de ayer que señala que la dependencia realizará las investigaciones del homicidio del comisario de la localidad de Acatempa, Julio César Coctecón Rendón; ministeriales y policías estatales “mantienen un operativo en la zona antes mencionada para ubicar a él o los probables responsables de este hecho”.
En un comunicado de prensa, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero denunció: “el di?a de hoy 15 de junio de 2021, muestra la cara ma?s cobarde y ruin de la delincuencia organizada de Los Ardillos. El ex preso poli?tico, Julio César Coctecón, comisario de Acatempa y polici?a comunitario de la CRAC-PC fue levantado cuando trabajaba en su milpa junto con su esposa e hijo. Lo hicieron caminar por el cerro y posteriormente lo subieron a una camioneta Nissan blanca, a las pocas horas lo tiraron desnudo y desmembrado enfrente de la que fuera la casa de Gonzalo Molina en Tixtla, Guerrero”.
Señala que la acción se llevó a cabo a la vista de las autoridades y de los pobladores indefensos en esa localidad, y denuncia como antecedentes una seris de actos de hostigamiento a Gonzalo Molina y a su equipo de trabajo.

 

Reivindica el FODEG como presos políticos a 40 guerrerenses recluidos en siete penales

 

El Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) reivindicó como presos políticos a 40 guerrerenses recluidos en siete penales estatales y uno federal; además, de los detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), emblemáticos en el proceso de amnistía que revisa el gobierno federal.
El expediente más conocido en esta relación, es el del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, interno en el penal de Chilpancingo desde 2013.
En un escrito abierto, el coordinador de la organización, Mario Alberto Martínez Rosario, hijo del extinto luchador social Bertoldo Martínez Cruz, solicitó la libertad inmediata de 18 personas internas en la cárcel de Las Cruces en Acapulco, cinco en Chilpancingo, tres en Iguala; cuatro en Tecpan, dos en Coyuca de Catalán, seis en Ayutla de los Libres, uno en Ometepec y uno en el penal del Altiplano, del Estado de México.
Varios de los nombres en la lista están documentados en el página del Comité Cereso y otros organismos civiles de derechos humanos.
El primer caso es el de Erasto Hurtado Díaz, militante del PRD e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), detenido el 17 de julio de 1998 en Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, quien fue acusado del homicidio del dirigente de la organización donde participaba, Euzebio Bárquez Juárez, y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, pero sigue en proceso por el delito de secuestro.
Asimismo, señala que en el penal de Acapulco se encuentran detenidos injustamente Gerardo y Palemón Cabrera González, Rodolfo Cabrera González, Gilberto Aguirre Bahena, Emilio Salas Silva, Telésforo Espinoza Valencia, Catarino Chávez Primo, Gerónimo Hernández Refugio y Ángel Guillermo Martínez González.
También Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez, de quienes el 29 de octubre de 2013, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), de Coyuca de Benítez, denunció su detención ilegal y arbitraria. Además, Gabino García Avilez, Orlando Ávila Mesino, Alejando Ortiz Santiago y Rubén Maceda Salazar.
En Chilpancingo están detenidos Víctor Manuel Rodríguez Alemán, Gonzalo Molina González, José Eduardo García Reyes, Raúl y Félix Barragán Rentería.
De la prisión de Iguala, menciona a Margarito Santana Bahena, vinculado al EPR, de acuerdo con la información de su detención publicada el 23 de mayo de 2005; además de Claudio Marcos Zarcos Higuera y Alejandro Herculano Santana.
En el penal de Tecpan se encuentran el profesor, militante del PRD y luchador social Máximo Mojica Delgado y su esposa, María de los Ángeles Hernández Flores, detenidos el 27 de noviembre de 2008, cuando participaban en un movimiento por la vivienda; además de los activistas Santiago Nazario Lezma y Javier Ruiz Córdova.
Internos en el penal de Coyuca de Catalán, Martín Cruz Avellaneda y Matías Jaimes Olivares; en Ayutla, Antonio García Albina, Germán Morales Lucas, Gildardo Díaz Pérez, Clemente Mateo Flores, Leonisio Luna Victoriano y Pedro Victoriano Teresa.
En la prisión de Ometepec, Bernardo García Merino, y en el penal del Altiplano, en el Estado de México, Jorge Astudillo Martínez, quien de acuerdo con registros periodísticos, fue acusado de terrorismo.

 

Se complica la salud de Gonzalo Molina en la cárcel de Chilpancingo; convocan a una protesta

 

La salud del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla preso en el penal de Chilpancingo, Gonzalo Molina González, se complicó a partir de la semana pasada, declaró ayer vía telefónica Edna Karina Abad, una de sus amigas que lo visitó el viernes. Este martes cumple seis años encarcelado.
Mientras tanto la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó mediante un boletín que Molina González fue trasladado al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, “para ser valorado por referir dolores en la parte abdominal, practicándole estudios de ultrasonido y Rayos X, a través de los cuales le fue diagnosticada una infección en vías urinarias”.
Familiares, amigos y organizaciones sociales anunciaron que se manifestarán este lunes afuera de Ciudad Judicial, para exigir atención médica oportuna y para demandar que se agilice el proceso judicial que se le sigue, y que se ha retrasado debido a trabas que han puesto funcionarios del sistema judicial.
Edna Karina informó que visitó a Gonzalo el viernes en el penal de Chilpancingo y que le contó que tenía un fuerte dolor en el estómago, pero que no sabía si era una cuestión gástrica, si era su apéndice o si era un padecimiento del riñón que lo tenía muy inflamado.
Agregó que el problema es que durante la semana no hubo médicos en el penal para que lo atendieran, y desde el miércoles en la madrugada había comenzado a sentir los fuertes dolores.
Dijo que le contó que fue hasta la mañana cuando le dieron una pastilla para el dolor, “pero que en si no le habían dado la atención que necesitaba aun cuando les dijo que por el dolor había tenido hasta fiebre y escalofríos”.
Informó que desde el 21 de octubre le había contado que se sentía mal, que tenía fiebre pero que en esos días se habían detectado algunos casos de dengue y chikungunya dentro del penal, y que la médico le dijo que posiblemente eran síntomas de alguno de esos padecimientos.
Añadió que le recetó pastillas de paracetamol pero como en el penal no hay medicamentos, ella se las llevó cuatro días después de que se las recetaron, “porque así es la dinámica, tienes que entrar a solicitar la receta, comprar el medicamento y hasta que te autorizan nuevamente la entrada llevas lo que te piden”.
Declaró que entiende que desde entonces ya se sentía mal y que por la atención media tardía y deficiente recayó, “y empezó a sentirse así”.
Dijo que lo extraño es que al principio se le quitó la fiebre pero le siguió el dolor y que a Gonzalo le preocupa que vaya a ser su apéndice, pero no ha sido atendido debidamente.
Reprochó que aún en la situación de salud en que está, el Estado sigue jugando con él al convocarlo a careos o a video audiencias que suspende de última hora.
Recordó que en el último mes se suspendieron dos, una que sería en el juzgado de Tixtla que se suspendió supuestamente por falta de condiciones de segurida, y otro en los juzgados del penal pero se suspendió porque el juzgado de Tixtla no notificó de que se realizaría la videoconferencia, que no contaban con el equipo y que ni siquiera sabían la hora indicada.
Informó que para este lunes está programada una tercera audiencia para las 11 de la mañana en los juzgados del penal.
Espera que ahora sí, el juzgado de Tixtla haya notificado a las autoridades del penal de esta video audiencia, que esté listo el equipo y que esté todo dispuesto para que se haga.
“Nosotros pretendemos hacer un mitin afuera de Ciudad Judicial para exigir que las autoridades del penal le autoricen la atención médica adecuada, y para que se agilice su proceso penal”.
Recordó que este 6 noviembre Gonzalo Molina cumple seis años preso, “ya no puede seguir detenido por un delito que no cometió y por el que ha sido juzgado dos veces”.

Convocan a protestar en Ciudad Judicial

Por otra parte el ex preso de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera convocó mediante las redes sociales a una protesta este lunes en Ciudad Judicial a favor de Gonzalo.
“Les escribimos angustiados porque compas que visitan seguido a nuestro hermano y compañero de lucha, Gonzalo Molina González, en el reclusorio de Chilpancingo en donde está privado injustamente de su libertad desde hace más de 5 años, nos informan que se encuentra muy delicado de salud. Él presenta un fuerte dolor que desconocemos si se trata del riñón, apéndice o intestino”, dice el escrito de Campos Herrera.
Informa que este lunes a las 11 de la mañana, habrá una nueva audiencia relacionada con su proceso jurídico, y que en el marco de esa audiencia están proponiendo “reunirnos un contingente, los más que podamos organizarnos de aquí al lunes, para presentarnos en Ciudad Judicial a las 10 de la mañana exigiendo su libertad y pronta atención médica”.
Luego de la convocatoria para la protesta la Secretaría de Seguridad Pública informó en un boletín que el sábado Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC ) en Tixtla, fue trasladado al hospital general Raymundo Abarca Alarcón, como medida preventiva para ser valorado por referir dolores en la parte abdominal, practicándole estudios de ultrasonido y Rayos X, a través de los cuales le fue diagnosticada una infección en vías urinarias.

El lunes se cierra el caso del preso Gonzalo Molina; pide Arturo Campos que sea liberado

El caso del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, se cierra este lunes, a partir de ahí quedan 15 días para dictarle sentencia, y se espera que reciba su libertad.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López pidió a las organizaciones estar atentas, pues en el caso del ex policía comunitario preso Samuel Ramírez Gálvez informaron de su salida horas antes, para que nadie fuera a recibirlo.
Ayer el ex preso de la CRAC Arturo Campos manifestó que Gonzalo Molina debe salir en libertad porque no cometió ningún delito, y demandó a las autoridades su libertad.
En una llamada la representante del Comité y Arturo Campos celebraron el cierre del caso de Molina González, y esperan su libertad inmediata.
Arturo Campos expuso que espera que ya se otorgue la libertad a su compañero, porque no hay pruebas para dictarle una condena, que debe obtener la libertad absoluta pues ya aguantó que el gobierno lo tenga más de cuatro años preso sin haber cometido algún delito.
Agregó que hay certeza de que pronto saldrá en libertad, y que seguramente después de salir se incorporará al movimiento por los derechos de los pueblos.
De la aprobación a la reforma al Artículo 14 de la Constitución del estado que desaparece la figura de policía comunitaria, señaló que no pueden hostigarlos más porque ya lo han hecho, y aclaró que este sistema de justicia nació en 1995, sin la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Añadió que existe el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales que los protegen.
Agregó que han trabajado por los pueblos y han combatido la delincuencia, pero cuando el gobierno es parte de la delincuencia entonces les perjudica el trabajo de la Policía Comunitaria.
“Nosotros vamos a seguir con la Ley 701, nosotros lo único que queremos es el respeto, no necesitamos más leyes… no estamos en contra del sistema… lo único que hacemos es combatir la inseguridad en nuestro territorio”, recalcó.
Añadió que en las comunidades donde está la CRAC lo único que quieren es paz, y exigió al gobierno libertad para Gonzalo Molina, y para el representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

En “un mes y días” obtendrá su libertad, confía el preso de la CRAC Gonzalo Molina

El preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC.P), Gonzalo Molina González, informó que en un mes y días obtendrá el auto de libertad, pues la siguiente semana cierra la causa en la que lo acusan de terrorismo, robo agravado y lesiones, y aunque hay otra por la misma razón al resolverse la primera se resuelve la segunda.
Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos y al sistema de justicia comunitario a estar atentos, y mencionó que su liberación nunca ha estado sujeta a negociación.
En un enlace telefónico mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Molina González quien lleva más de cuatro años preso, manifestó que le pusieron trabas para alargar su proceso jurídico y mantenerlo recluido.
“Ya estoy cerrando esta semana, ahorita acabo de hablar con mi abogado… no hay nada que hacer en la causa 59/13 que está en el juzgado de distrito… terminamos el proceso”, puntualizó.
Dijo que cerrando esta causa en una semana solicitaría su audiencia de vista, finalizaría y en mes y días le estarían entregando auto de libertad, pues se desahogaron todas las pruebas que lo señalan inocente.
Agregó que resolviéndose esa causa se resuelva la otra que queda, la 47/2017, porque la ley dice que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Dijo que en mayo este proceso tenía que haberse resuelto, sin embargo el juzgado Séptimo expuso que había audiencias que desahogar, entre ellas un peritaje cultural, pero se desistió de todas las audiencias.
Abundó que considera con su abogado que las pruebas que tienen son suficientes para echar abajo los delitos de los que lo acusan.
Molina González manifestó a las autoridades que esta lucha que ha llevado “con dignidad”, es la lucha de las comunidades y pueblos indígenas, y que siempre ha dicho que su libertad no está en negociación.
Agregó que tiene siete causas penales y en todas está absuelto, sólo le quedan esas dos pero tampoco hay delito que perseguir, y tiene que salir en libertad.
“Desde este lugar quiero hacer un llamado a los compañeros para que estén pendientes de mi salida, esta salida, esta libertad no se la debemos a nadie más que a las personas, compañeros que me han apoyado siempre, que han estado cerca conmigo y que gracias a eso he aguantado toda esta injusticia que se ha cometido en mi persona, lo hago por el bien de los niños principalmente, lo hago por la lucha que han llevado nuestros pueblos y comunidades indígenas de más de 500 años resistiendo el saqueo, la explotación, la discriminación y el exterminio, por eso Gonzalo se ha mantenido firme”, expuso.
Resaltó que está contento porque pronto estará en libertad y saldrá con la frente en alto. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Demanda el padre Solalinde la libertad de los presos de la CRAC

En un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en México, el sacerdote Alejandro Solalinde demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores la liberación de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
El también director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, en diciembre emitió un primer video pidiendo la libertad de los presos de la CRAC-PC, luego de la liberación de Arturo Campos. En el segundo plantea que los dos no merecen estar en la cárcel porque son personas dignas, y se requiere que sean liberadas de inmediato.
El 6 de octubre de 2013 Samuel Ramírez Gálvez fue detenido acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre de 2013 y es acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.

Dice Gonzalo Molina que las acusaciones se han ido desvaneciendo; espera su libertad en dos meses

El promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla preso en el penal de Chilpancingo, Gonzalo Molina González dijo que podría recobrar su libertad en breve, porque solamente le quedan pendientes dos causas penales y las acusaciones en su contra se han ido desvaneciendo.
Vía telefónica desde una caseta telefónica pública del interior del penal, Molina González informó que las causas penales son la 47/2014 radicada en el juzgado Segundo de Primera Instancia de Chilpancingo y la 59/2013 en el Séptimo de Distrito.
Informó que este fin de mes se va a cerrar su caso y que en días el juez podría dictar el auto que, dijo está seguro, será de libertad porque ha presentado las pruebas suficientes “y yo creo que voy a salir absuelto”.
Agregó que hay documentación y declaraciones que ha presentado a su favor, incluso dijo que quienes lo acusaban ya están declarando que fueron obligados, otros dicen que les falsificaron sus firmas, como la diputada local Erika Alcaraz Sosa, quien fungía como regidora del PRD en el municipio de Tixtla cuando el Ayuntamiento presentó la denuncia en su contra.
Aseguró que también los policías municipales que habían presentado la denuncia comparecieron y reconocieron su firma, pero no el contenido del documento.
“Yo siento que máximo en dos meses estaré saliendo libre, porque ya no hay más señalamientos”, declaró.
Las acusaciones en contra de Molina González están relacionadas con las protestas del 26 de agosto del 2013, cuando policías comunitarios llegaron a manifestarse frente el Palacio Municipal de Tixtla en demanda de la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá.
Los delitos por los que se le acusan son terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.
Molina González aseguró que “ya se demostró que no hubo tales delitos, entonces automáticamente voy a salir absuelto”, vaticinó.
En otro tema dijo que le preocupa que algunos integrantes de la CRAC se estén promoviendo a cargos de elección popular.
Según el promotor de la Policía Comunitaria, uno de los que aspiran es el ex asesor de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Valentín Hernández Chapa, quien ha argumentado que fue la CRAC la que lo propuso a Morena como candidato a síndico para el municipio de San Luis Acatlán.
Dijo que la CRAC es una institución que se sustenta en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que establece la autodeterminación de los pueblos y que pueden participar en la elección de sus autoridades pero bajo el principio de usos y costumbres, no a través de las urnas ni de los partidos.
Sin embargo en este caso, “parece que hay intereses personales al estar buscando candidaturas en los partidos y eso no puede ser”.
Añadió que en todo caso quienes sean de la CRAC y quieran participar en el proceso electoral deben salirse de la organización para buscar esos puestos de elección popular a través de los partidos, “pero no como propuesta de la CRAC, eso sería aberrante”.

 

Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense

La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también  preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que  son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto,  como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.

Recuerdan Gonzalo Molina y el MPG a cuatro comunitarios emboscados hace dos años en Tixtla

El coordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la base del Fortín de Tixtla, Gonzalo Molina González desde el penal capitalino pidió a sus compañeros que a dos años del asesinato de cuatro comunitarios que no “desmayen” y sigan el ejemplo de sus compañeros, y que estos ataques son producto de una estrategia diseñada para debilitarlos y destruirlos.
Hace dos años a las  12:30 horas del día 26 de noviembre del año 2015 eran emboscados nuestros policías comunitarios de la base del Fortín por grupos paramilitares que al servicio del Estado y en complicidad con los mandos militares habían planeado con anticipación dicho ataque, primero para poder entrar y salir libremente quitaron un día antes un retén permanente que  tenían colocado a la altura de la presa del Molino en Tixtla, (luego) una llamada de auxilio donde les pedían que acudieran a dicho lugar donde los esperaban para acribillarlos, relató Molina González en un audio que difundió el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero.
Indicó que este ataque y la desaparición y asesinato el 8 de agosto del policía comunitario Tomás son el producto de una estrategia  diseñada para debilitar y destruir “este bastión de organización y resistencia del pueblo”.
Abundó que por eso hace un reconocimiento a los hombres y mujeres de la base del Fortín que han resistido.
En otro comunicado el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) a dos años del asesinato de los comunitarios hizo un llamado a no olvidar, a tener presente a cada hombre y mujer que ha sido asesinado por aspirar a un mundo mejor.
“La situación de violencia indiscriminada que prevalece en nuestro estado y en el país, llevada a cabo en complicidad con los tres niveles de gobierno, ha creado un clima de miedo y terror de la población en general y un ambiente de desorganización y desestabilización en diversas organizaciones sociales”, dijo.
“A los cuatro compañeros que cayeron bajo las balas de la impunidad, la corrupción y la violencia, les reiteramos el respeto a su memoria y les decimos que no los olvidamos. No olvidaremos su sangre derramada ni su  lucha y pensamiento”.