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Se reúnen afuera del penal de la capital y piden la liberación de Gonzalo que cumplió 4 años preso


Al cumplirse cuatro años de la detención del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, integrantes de organizaciones sociales hicieron un mitin afuera del penal de la capital para exigir a las autoridades estatales su libertad.
Además demandaron la liberación del consejero de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso preso en Ayutla, Arturo Campos Herrera y del policía comunitario, Samuel Ramírez Gálvez quien también se encuentra en el penal de Chilpancingo.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus en Tixtla, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Familiares, normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero,  la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), habitantes de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc y de la organización Movimiento Social Democrático  se congregaron fuera del penal donde se encuentran presos el promotor junto con el policía comunitario.
Policías estatales de la cárcel cercaron con una valla metálica el edificio para impedir que los manifestantes se acercaran a la entrada del lugar.
El mitin inició con las consignas “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”, “¡Gonzalo amigo el pueblo está contigo!”.
Además portaron pancartas y lonas que decían, “Una sola voz! Un sólo sentir! Libertad incondicional!!- Gonzalo Molina-Arturo Campos- Samuel Ramírez ¡¡¡El respeto a nuestros derechos será justicia!!! Presos políticos de la CRAC”, “Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos de la Policía Comunitaria CRAC”, “06 de noviembre ¡No se olvida! Gonzalo Molina CRAC-PC a 4 años exigimos ¡Libertad!”.

Se comprobó que Gonzalo es inocente pero no lo liberan

En su participación, la esposa de Gonzalo, Ausencia Honorato expuso que el promotor lleva cuatro años preso injustamente y que es acusado de delitos que no cometió.
“El gobierno sabe muy bien que ellos son luchadores sociales que han luchado por la gente, que han luchado por su pueblo y el día de que hoy que se cumplen cuatro años encerrado en este reclusorio, donde él está sufriendo las consecuencias, donde él está sufriendo enfermedades a causa del encierro, a causa del gobierno ¿Por qué lo decimos? Porque el gobierno lo tiene encerrado injustamente a pesar de que nosotros hemos comprobado que todos nuestros compañeros de la Coordinadora Regional son inocentes”, sostuvo Ausencia Honorato.
Manifestó que al gobierno no le gusta que se manifiesten, que se defiendan, que defiendan sus derechos que es por eso que se encuentran encarcelados.
Resaltó que a Samuel Ramírez le violaron sus derechos humanos porque fue encarcelado injustamente antes de los 18 años, así como a Arturo Campos.
Exigió a las autoridades los liberen, que ya se comprobó que no han cometido delito, que su único delito es defender a su pueblo, a la gente pobre y humilde que más necesita, por los que el gobierno nunca ha hecho nada.
Dijo que mientras ellos están presos los delincuentes están libres, asesinando, secuestrando y desapareciendo, situación que se está viviendo en el estado todos los días.
“Nosotros le hemos comprobado al gobierno que las partes que acusaban a mi esposo y  a todos los compañeros hoy se han desistido, hoy han dicho que no tienen nada en contra de nuestros compañeros, porque el mismo gobierno sabe y las mismas autoridades que ellos no hacen nada malo, ellos no se dedican a la delincuencia, no se dedican a hacer ningún mal”, señaló.
“Como dice mi esposo, yo encerrado mis ideas, mi corazón y mi pensamiento siempre están afuera y nunca me voy a hacer para atrás, voy a seguir en la lucha”.
Los manifestantes recalcaron que el 21 de agosto del 2013 detuvieron a la comandante  Nestora Salgado en Olinalá, que ese día empezó la represión del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

Su delito fue organizarse y defenderse de la delincuencia organizada

Por otra parte, el comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovanni Torres Salgado abundó que quieren que se libere a los compañeros y que el único delito que cometieron fue organizarse para protegerse de la delincuencia organizada cuando el gobierno era incapaz de dar seguridad, porque los estaban asesinando, los policías (municipales) protegían a los delincuentes y no hacían nada por el pueblo.
“Está comprobado que el gobierno no nos dará seguridad y que va a ser necesario que nos organicemos como pueblo, porque todos somos pueblo y solamente el pueblo va a defender al pueblo, es la única forma compañeros, también seguimos exigiendo al gobierno que respete nuestra institución, que respete a la CRAC”, manifestó.
Al pueblo le pidió que no espere a que le desaparezcan o encarcelen un familiar para unirse a la lucha.

Mi hijo no es delincuente, sólo ha luchado por su pueblo

El padre de Gonzalo, Heliodoro Molina expuso que su hijo no es un delincuente, que sólo ha luchado por su pueblo. “Yo quiero que urgentemente lo dejen en libertad, es lo que pido porque él no ha cometido los errores que le achacan… porque yo conozco a mijo y no sólo yo, todo el pueblo”.
Un grupo de manifestantes de distintas organizaciones gestionó una visita a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez.
Al término del mitin la comisión visitadora contó que entregaron los víveres que les llevaron a los detenidos y conversaron con ellos. “Los encontramos en buena salud, primero un poco retraído noté a Gonzalo, de antemano no están en una fiesta, posiblemente lo estén torturando psicológicamente y carecen de muchas cosas, compañeros, cualquier reo en estos días debe tener descanso, debe tener su trabajo, debe tener la lectura. Ahorita nos acaban de decir que no les permiten que les ingresen revistas ni periódicos”, dijo uno de los activistas.

Se desiste diputada del PRD de acusaciones contra Gonzalo Molina; falsificaron su firma, dice

La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, la diputada Érika Alcaraz Sosa se desistió de la denuncia por terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico que presentó cuando era regidora de Tixtla en contra del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, quien por esas acusaciones enfrenta la causa penal 7/2017 y está preso en la cárcel de Chilpancingo.
La diputada acudió este miércoles ante el juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal para sostener un careo con Molina González, quien salió a la rejilla de prácticas a las 11 de la mañana.
Sin mayores protocolos en la audiencia la ahora diputada local declaró que no reconoce como suya la firma de la denuncia, y se desistió de las acusaciones en contra de Molina González.
Para el desahogo del proceso judicial que se le sigue, específicamente en esta causa penal, falta que acuda al careo el ex síndico de Tixtla, David Martínez Valdez y dos policías que se dijeron agredidos por policías comunitarios el día en que tomaron el Palacio Municipal, el 26 de agosto de 2013, en demanda de la liberación de la promotora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García.
La diputada Alcaraz Sosa declaró que el secretario de acuerdos del juzgado le dijo que no han podido localizar ni al ex síndico ni a los dos policías, y que con el afán de contribuir va a tratar de localizarlos ella “para que ellos vengan a exponer de su propia voz los hechos que sucedieron, y si es el caso, puedan otorgarle el perdón a nuestro paisano Gonzalo Molina”.
Molina González dijo a los reporteros que con la declaración de la diputada se confirma que “alguien está interesado en mantenerlo preso”, porque ella no reconoce la firma de la denuncia, “y asegura que esa declaración no la hizo”.
Añadió que otras personas que han acudido a careos anteriores han denunciado que fueron obligados a presentar la denuncia por el entonces presidente municipal, el perredista Gustavo Alcaraz Abarca.
Informó que las declaraciones están asentadas en el expediente que se lleva en el juzgado y que con la declaración que hizo este miércoles la diputada, “queda demostrado que el caso es netamente político”.
Al respecto llamó a las autoridades de gobierno para que intervengan en su liberación, “ya es justo, llevo cuatro años en la cárcel, se tiene que destrabar esta situación. La libertad de Gonzalo implica ir a trabajar más por los pueblos, no estoy buscando el beneficio personal, de grupos ni de personas, es el beneficio de los pueblos y comunidades originarias de Tixtla”.
Informó que tiene otra causa penal en el juzgado Séptimo de Distrito, pero que también los que supuestamente lo acusan dicen que ellos no lo denunciaron o que fueron presionados y que se han ido desistiendo.
Insistió que con ello queda demostrado que no hubo el terrorismo del que lo acusan, porque incluso el día de los hechos, “la gente estuvo allí y hasta tomó fotografías y que a él lo vieron dando entrevistas, con eso prácticamente se echa abajo todo”.
Añadió que si la diputada le quiere ayudar que no negocie su libertad, sino que concrete una reunión entre su familia y los integrantes del Comité de Presos Políticos y las autoridades, que se explique la función de la Policía Comunitaria y se pida respeto a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, con lo que quedaría en libertad incondicionalmente.
“Sería bueno abrir esa puerta, mi libertad no está en negociación, sólo hay que abrir la puerta para que mi familia y el Comité de Presos Políticos tengan esa reunión”, declaró.
En cuanto a su salud dijo que “es difícil” y que se sigue agravando ante la falta de medicamentos.  Contó que además del antiguo padecimiento del riñón sufre de gastritis aguda que se le ha ido agravando por falta de medicamentos. Informó que desde la semana pasada le recetaron medicinas pero que no se las han dado, “yo no tengo dinero para comprarlas, además es el Estado el que me tiene aquí y me las tiene que dar”.

Suspenden careo de Gonzalo Molina con ex funcionarios de Tixtla porque no se presentan

El Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal, suspendió este jueves una audiencia en la que el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, se carearía con la diputada local perredista, Erika Alcaraz Sosa, y con el profesor Edilberto Vega Cantor, que no asistieron.
La diputada y el profesor se desempeñaban como regidora y secretario general del Ayuntamiento en la pasada administración municipal de Tixtla, cuando Molina González fue acusado por la diputada y el profesor de los delitos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico en la causa penal 7/2017.
Los supuestos delitos se derivaron de una protesta afuera del Palacio municipal de Tixtla el 26 de agosto de 2013 de policías comunitarios que demandaban la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El abogado de Molina González, Hegel Mariano Ramírez informó que la audiencia significaba agilizar el proceso y aportar elementos que fortalecieran la legalidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como institución.
Añadió que con la comparecencia de la diputada y el profesor existe la posibilidad de que se desvanezcan todos los elementos incriminatorios contra Gonzalo Molina y, al mismo tiempo, aporten elementos que tienen que ver con la relación que existía entre el cabildo y la CRAC.
Informó que la actual diputada participó en mesas de diálogo después de la acusación contra Gonzalo Molina en las que el cabildo se comprometió a aportar toda la información para que el promotor de la CRAC en Tixtla recuperara su libertad y se suspendieran las órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la Policía Comunitaria.
“Nosotros consideramos que, de acuerdo con la investidura que actualmente tiene como diputada, debería de comparecer de manera voluntaria y facilitar el desahogo de pruebas en lugar de complicarnos, porque esto a nosotros nos mete en una dinámica nueva de seguir un procedimiento para hacerla comparecer”.
Por ello el abogado la llamó a que su comparecencia sea inmediata para agilizar el proceso en contra de su defendido.
Informó que el proceso se encuentra en la etapa del desahogo de pruebas, precisamente porque se ha dificultado la localización de algunos denunciantes y la comparecencia de otros.
Informó que también se ha complicado por la falta de recursos económicos de Gonzalo para ofrecer algunas pruebas o acceder a algunas documentales.
Aparte de la causa penal 7/2017, Molina González enfrenta otros dos procesos; uno en el Juzgado Séptimo de Distrito (federal) también por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y contra agentes de autoridad. Otro más está radicado en el juzgado de Tlapa, por el delito de secuestro agravado, aunque en este proceso lo defiende otro abogado.
Minutos antes de las 11 de la mañana, Molina González apareció en la rejilla de prácticas y firmó el acta en la que se asentó que no asistieron los denunciantes.
Molina dijo que la inasistencia de quienes lo denuncian es una forma de eludir su compromiso, “sin embargo, vamos a esperar, a veces tienen asuntos que arreglar y esperemos que la próxima vez si estén aquí, el profesor Edilberto y la diputada Erika, ellos saben bien como ocurrieron los hechos y saben perfectamente que yo era promotor de la Policía Comunitaria, y que la CRAC es una institución”.
Dijo que cuando ella era regidora y él secretario del Ayuntamiento, le entregaron su nombramiento como promotor de la Policía Comunitaria, y que él les informó que trabajaría en la organización de algunas comunidades.
Apareció en la rejilla con un cuadro en las manos con la imagen de Jesucristo, que pintó al óleo para ofrecerlo en venta, “porque necesito recursos no sólo para sacar adelante la defensa de Gonzalo, sino también la de Samuel” (Ramírez Gálvez), quien es policía comunitario de Zitlaltepec.

 

Pide Gonzalo Molina a los diputados detener la reforma de Astudillo para las comunitarias

 

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González demandó a los diputados del Congreso local detener la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde no está incluida la figura de policía comunitaria ni de policía rural.
El gobernador envió al Congreso esta iniciativa que si se aprueba, las policías comunitarias estarían en las leyes secundarias de la reforma al artículo 14, con el argumento de que los órganos de los pueblos indígenas no son parte de los poderes del estado.
En una visita al penal de la capital, donde se encuentra recluido desde hace tres años y medio, el promotor de la Policía Comunitaria con base en El Fortín en Tixtla, manifestó su desacuerdo.
Vestido con una playera gris y gorra roja, el preso político se acercó a los locutorios que dividen una maya por donde puede dialogar con sus visitantes.
De inmediato dijo que no es correcto reformar la ley como lo propone Astudillo Flores, al igual que la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que lo importante es armonizarla entre los pueblos y las comunidades.
Dijo que la reforma al artículo 14 es una falta de respeto y violación a los derechos de los pueblos, que al querer hacer estos cambios no se toma en cuenta a los pueblos, principalmente a la CRAC, sin importar la Casa de Justicia a la que pertenezcan.
Pidió a las autoridades “llamar a los pueblos originarios que están haciendo seguridad y justicia, principalmente a la CRAC”.
Llamó a los diputados del Congreso a detener esa iniciativa, pues dijo que se tiene que legislar algo que sirva.
Subrayó que se debe de consultar a los pueblos originarios para hacer esos cambios, discutirlos en foros con la participación de los conocedores de la seguridad y justicia, la CRAC y organismos de derechos humanos.
Dijo que el sábado en la actividad del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, supo que a nombre de la CRAC de Tixtla estaba su hermana Esther Molina, pero dijo que eso no fue cierto, que este proyecto de seguridad y justicia no está con los partidos políticos.
Agregó que como está próxima la contienda electoral hay políticos que quieren abanderar la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los presos políticos, cuando en su caso va para cuatro años que está encarcelado y no ha recibido apoyo.
Pidió a la CRAC que se movilice y defienda la Ley 701, pida su respeto y que si se respeta él saldría libre de inmediato.
Dijo que después de la operación a la que se sometió por una hernia que tenía, aún no es dado de alta pero ya trabaja dentro del penal, pintando cuadros al óleo, haciendo loncheras, cuadernos, bolsas tejidas y huaraches que pueden ser adquiridos por compradores directamente en la cárcel, y con el dinero que recauda apoya el proceso jurídico al que está sometido.

Hay otras siete órdenes de aprehensión del fuero federal por la toma de oficinas de Prospera, informa Nicolás Chávez

 

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame confirmó en conferencia de prensa que tiene una nueva orden de aprehensión del fuero federal junto con otros siete compañeros por la toma de las instalaciones de Prospera debido al despido injustificado de nueve trabajadores.
A pesar de que tenía amparo, el jueves Chávez Adame fue encarcelado por una orden de aprehensión del 2014, por el delito de motín, con el pretexto de que no había pagado 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo, y al siguiente día fue puesto en libertad cuando comprobó que sí hizo el pago de la garantía.
Este domingo en casa de su suegra, Nicolás Chávez en compañía de su esposa e hijos, además de integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva, dio una conferencia de prensa para informar que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra le dijo que tiene una nueva orden de aprehensión pero ahora junto con otros siete compañeros.
El motivo de dichas órdenes es porque el 24 de enero los integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de la dependencia federal Prospera, para manifestarse contre el despido injustificado de sus compañeros, tomaron las instalaciones durante 15 días, y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
Dijo que esta vez pidió a su familia que estuviera presente en la conferencia porque el jueves —cuando lo detuvieron— también violaron sus garantías individuales, como en el caso de su hijo de 10 años.
Recordó que en varias ocasiones pidió mesas de diálogo con el gobierno del estado donde además estuviera la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), pero que no fue posible.
En diciembre las organizaciones tuvieron la última mesa de diálogo con el gobernador, pero se rompió el diálogo porque le cuestionaron que dentro de su gobierno está filtrada la delincuencia organizada. A partir de ahí a Chávez Adame junto a su compañero Simón Tavira les retuvieron su salario.
Además dijo que de la detención del jueves los únicos responsables fueron las autoridades del DIF estatal en ese año, por lo que contrademandará con apoyo de Tlachinollan.
Abundó que otro de los que probablemente tienen orden de aprehensión por la toma de las instalaciones de Prospera es Simón Tavira y compañeros que fueron despedidas injustificadamente del programa, quienes tenían laborando hasta 20 años.
Dijo que en su caso supo que el viernes que salió en libertad la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía detenerlo y trasladarlo a un penal fuera de Guerrero, pero que el abogado pudo dialogar con ellos.

 

Cancelan audiencias a Gonzalo Molina; el traductor no certificó que conocía sus usos y costumbres

Beatriz García

Chilpancingo

Este viernes, dos audiencias que tenía programadas el preso político Gonzalo Molina González en el Juzgado Séptimo de Distrito se cancelaron, una de ellas por segunda ocasión, ya que al traductor que presentaron le faltó un documento que acreditara que conoce los usos y costumbres de Tixtla, municipio del que es originario el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El abogado de Molina González, Hegel Mariano González informó que, a las 11 de la mañana estaba programada la primera audiencia para seguir el proceso de la causa penal 59/2013 por portación de arma de fuego sin licencia, y la segunda audiencia, a las 12:15 del día, para la causa penal 67/2013, por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, cometidos contra servidores públicos.
Agregó que el 7 de febrero tenía programada la audiencia para presentar a dos testigos de los hechos ocurridos en una confrontación entre policías comunitarios y policías municipales de Tixtla en 2013, sin embargo no se llevó a cabo porque el juzgado no solicitó un traductor.
Ayer estaba programada la audiencia, y la defensa del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla llevó a una traductora, pero no la aceptó el juzgado porque no estaba certificada por las autoridades.
Mariano González informó que se trasladó a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) para solicitar un intérprete, y minutos después del mediodía llegó al juzgado con el traductor certificado de la SAICA, pero la primera audiencia fue cancelada porque ya había pasado la hora programada.
También les informaron que no se podía llevar a cabo la segunda audiencia porque el traductor certificado por la SAICA no llevaba el documento que acreditara que conocía los usos y costumbres del lugar de origen del preso.
El abogado del preso político de la CRAC informó que les interesa probar, antes de que termine el proceso, la fama pública de Gonzalo Molina González, para mostrar que la Policía Comunitaria en Tixtla surgió en un contexto de inseguridad, y para dar fe de que las actividades del promotor siempre han sido en el marco de la lucha y la gestión social.
Agregó que esperarán a que les notifiquen nuevas fechas para las audiencias.

Sufre Gonzalo Molina de dolores tras su operación; la sobrelleva sólo con Paracetamol

 

El promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González sufre dolores como secuela de la operación a la que hace 47 días fue sometido a causa de una hernia y cálculos renales.
Se ve delgado, el color de su piel es amarillento y sus pasos son lentos. El dolor en su cuerpo lo controla con Paracetamol, espera que su familia le lleve más porque ya no tiene.
El 6 de noviembre de 2013 en un retén en la carretera federal en Tixtla, Gonzalo Molina fue detenido acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.
Dijo que en tres años encarcelado sólo una vez lo han visitado representantes de organismos de derechos humanos, una semana después de que lo aprehendieron, ahora el único apoyo que tiene es de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, y de su familia.
Ayer a las 2 de la tarde se vio una fila de unas 10 mujeres y un hombre que esperaban su turno para recibir una papeleta y poder entrar a la cárcel a visitar sus familiares, los visitantes son sometidos a dos filtros de revisión a cargo de policías estatales. Algunos llevan trastes con comida, frutas, pan y otros alimentos para sus esposos, padres o hijos.
Adentro se pudo observar a Gonzalo Molina, su tez morena ahora se ve amarillenta, y su cuerpo delgado y débil debido a la operación. Para llegar a los locutorios su caminar, sus pasos fueron lentos, “ún no me recupero, me duele todavía”, informó.
Viste una playera amarilla desgastada en la que se ven algunos pequeños hoyos y sobre ella encajados unos lentes, pantalón de mezclilla azul y sandalias negras.
Dijo que el dolor lo controla con Paracetamol que le lleva su familia, porque en el penal no le han dado ningún medicamento.
Sólo recibe atención de un médico general, pero quisiera que fuera un especialista. El 30 de enero acudirá al Hospital General de Iguala donde fue operado para una revisión y para que le extraigan un catéter.
Este lunes organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), informaron de la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701 y exigir la libertad de los presos políticos como Gonzalo Molina.
Al respecto el promotor manifestó que los pueblos tienen que defender esa ley y aprobó que en conjunto se busque que se respete para la libre determinación, el respeto a regirse bajo usos y costumbres, pero que debe darse sin negociar con el gobierno. No descartó que pueda sumarse al Comité por la Libertad de los Presos Políticos para defenderla.
Expuso que estaba bien que se pronunciaran por la libertad de los presos políticos, pero pidió que no hablaran en su nombre con ningún gobernante sin antes dialogar con él, pues dijo que ni siquiera lo han visitado, además de que esas organizaciones han tenido acercamiento con el gobierno y han negociado en su nombre.
Insistió en que no está preso por haber cometido un delito, sino por consigna del Estado.
Se le preguntó si organismos de derechos humanos siguen su caso y lo apoyan para que sea liberado, y manifestó que el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una vez lo visitaron, a la siguiente semana de que fue encarcelado, después ya no.
Dijo que lo único que ha sabido es que se llegan a pronunciar por la libertad de los presos políticos, recientemente acudió la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que le informó que emitiría recomendaciones.
El promotor de la Policía Comunitaria hace hamacas, cinturones, huaraches y pinturas al óleo en el penal, para que sus familiares puedan venderlos en Tixtla.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .

Visitan padres de los 43 a Gonzalo Molina en el penal de la capital; somos víctimas del Estado, señalan

Integrantes del Comité Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos de México y una comisión de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos visitaron este jueves al promotor de la Policía Comunitaria (PC) de Tixtla, Gonzalo Molina González quien está preso en el penal de Chilpancingo, además el policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez.
“Para mi es como darnos la mano, abrazarnos, somos víctimas del mismo estado, si nosotros como afectados no nos tendemos la mano, con quien nos vamos a ir a apoyar porque definitivamente el gobierno está claro, que es el que está pisoteándonos”, expuso Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 tras la visita que hizo a los presos.
Los presos recibieron a los tres padres de normalistas desaparecidos además de Emiliano Navarrete, Pedro Juárez y Margarito Guerrero, también estuvo la hija de Molina González, Tonantzin Molina y el integrante del Comité Nacional, Quetzal Chávez.
El miembro del Comité Nacional fue consultado después de la visita que hicieron a los presos, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Expuso que el motivo de la visita es para saber cómo se encontraba Molina González después de su operación y de Ramírez Gálvez cuál es su situación jurídica.
“Venimos a ratificar que en México pues hay una violación de derechos humanos, en este caso Gonzalo está detenido injustamente, es preso político, él está detenido por ser comunitario al igual que Samuel, y pues los padres que siguen en la búsqueda de sus 43 hijos”, manifestó.
Sobre el estado de salud de Molina González recordó que se retardó 2 meses y medio para que el penal accediera a que fuera operado bajo condiciones que el preso puso, dijo que se va recuperando aunque aún no lo ha revisado un médico.
Del caso de Samuel Ramírez quien dijo que también está preso injustamente desde hace tres años y lo acusan de portación de arma de fuero, agregó que se supone que su caso está cerrado.
Agregó que sus abogados habían dicho que era cuestión de días que saliera, que su última audiencia fue el 24 de noviembre, de ahí les informaron que en unos 15 días iba a salir, pero el juzgado ahora les comunicó que se tiene que hacer una audiencia, y que por lo tanto se tiene que esperar.
“Él no es culpable de nada, pero por el delito que le imputaron son tres años de sentencia, sin cumplir un delito ya cumplió una sentencia”, manifestó.
Además contó que platicaron de los 43 normalistas desaparecidos, de sus caso como presos políticos, además de la inseguridad y militarización en el estado y en el país, “que sólo va a traer problemas”.
“Están con ánimos de seguir luchando, ellos saliendo van a seguir organizando al pueblo, lo que ellos han hecho desde muchos años”, puntualizó Quetzal Chávez.
El señor Emiliano Navarrete expresó que no había tenido la oportunidad de conocer a Gonzalo Molina en persona, que platicaron de las situaciones que viven, que el gobierno no ha dado respuestas favorables a sus casos.
“Para nosotros o para mi es muy agradable e igualmente decepcionante, en qué situación nos encontramos las personas. Él lucha por la seguridad del pueblo y miren como terminó, es señalado por el gobierno y privado de su libertad, entonces para mi es como darnos la mano, abrazarnos, somos víctimas del mismo estado, si nosotros como afectados no nos tendemos la mano, con quién nos vamos a ir a apoyar. Porque definitivamente el gobierno está claro, que es el que está pisoteándonos”, refirió.
Señaló que ellos como padres llevan dos años y tres meses sin saber el paradero de sus hijos y que entonces el único refugio que donde encuentran fuerza es con organizaciones que siempre están en contra de las injusticias.

Denuncia la esposa de Gonzalo Molina que no le dan atención médica en la cárcel

La esposa del preso político Ausencia Honorato denunció que después de que operaron en un hospital de Iguala a su esposo,el promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, y fue trasladado al penal de la capital ningún médico ni enfermera lo ha revisado, quien le hace las curaciones es ella.
El 10 de diciembre el promotor fue dado de alta del hospital general Jorge Soberón Acevedo de esa ciudad, después de que se le practicó una ureterolitotomía del uréter derecho por laparoscopía, que es un procedimiento para extraer cálculos del uréter que es el conducto del riñón a la vejiga.
Consultada telefónicamente la esposa del coordinador reprochó que desde que dieron de alta a Molina González en el penal no lo ha revisado un médico o una enfermera, que sólo ella ha estado pendiente de él haciéndole las curaciones pertinentes.
Mencionó que en el hospital de Iguala no le dieron un buen trato, pues dijo que el 2 de diciembre le intentaron extraer los cálculos renales, pero se complicó porque los médicos no le hicieron estudios previos, usaron estudios de meses antes.
Agregó que después de ese intento de extraer los cálculos le dijeron que lo darían de alta y que ingresaría nuevamente el 7 de diciembre para hacerle estudios, y ahora sí operarlo definitivamente, sin embargo dijo que la familia alegó para que no lo sacaran hasta que terminaran las cirugías definitivas, “porque lo trajimos para llevárnoslos bien”. Finalmente se quedó internado para la operación quirúrgica.
El 7 de diciembre operaron a Gonzalo Molina y el 10 de diciembre lo dieron de alta y regresó al penal.
“Está tranquilo, está recuperándose, pues nosotros vemos nuevamente aquí la mala atención que dan aquí en el Cereso (Centro de Readaptación Social), porque yo digo desde que él llegó no lo ha revisado ninguna enfermera, ningún médico, ahí yo estoy sirviendo como enfermera porque ahí yo estoy curando las heridas”, relató sobre su recuperación.
También se quejó que cuando el promotor estuvo en el hospital de Iguala “se portaron muy mal las enfermeras, jamás le limpiaron las heridas, jamás lo curaron, pues ahí también la hice de enfermera”.
Agregó que hubo ocasiones que el suero se le tapaba y tenía que llamarle a las enfermeras, dijo no era la atención médica que esperaba.
Expuso que probablemente este jueves lo lleven al Hospital General porque ya le toca que le retiren los puntos de la cirugía.
Además manifestó que le dejaron un catéter dentro, debido a la extracción de los cálculos, y que le programarán una cita para la revisión que no saben aún cuando.