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Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Siguen internados y sin atención adecuada en la capital cuatro estudiantes de Ayotzinapa agredidos, denuncian

De 20 heridos y lesionados en la agresión de policías estatales en la carretera Tixtla-Chilpancingo el miércoles, cuatro estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen internados en una clínica privada de la capital, pero no han sido atendidos de forma adecuada, denunció el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos y de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
Detalló que el de mayor gravedad, Kevin Jordi Saldaña, con fractura maxilofacial a causa de artefacto de gas lacrimógeno que le estalló en el rostro, sigue esperando la operación de restauración facial, y sus compañeros temen que con el paso de los días tenga mayores complicaciones.

Sigue retrasando la PGR la integración del equipo que investigará los crímenes de Iguala, denuncian

Por otro lado, el representante de los papás, Melitón Ortega denunció que han pasado dos semanas del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los crímenes del 26 y 27 septiembre de 2014, y el gobierno federal sigue retrasando la integración del equipo que se incorporará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para recibir los expedientes para resolver el caso.
Aclaró que GIEI sólo entregará su plan de trabajo al grupo interdisciplinario que se integrará a la subprocuraduría de Derechos Humanos; en tanto, el proceso está “detenido”.
Indicó que una de las actividades inmediatas es la investigación, acciones de búsqueda y el tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el que insistió la Procuraduría General de la República (PGR) pese a las pruebas científicas que presentaron los expertos en el primer periodo, con las que descartaron la posibilidad de que los normalistas hayan sido quemados hasta las cenizas en ese lugar.
Precisó que los integrantes del GIEI están ahora en sus países de origen, pero desde allá dan seguimiento a todas las acciones de la PGR a través de un secretario técnico, y volverán los primeros días de diciembre a México.
Añadió que la preocupación de los padres de familia es que el mandado comenzó el 1 de noviembre y vence el 30 de abril, de ahí la urgencia de que comiencen cuanto antes la investigación, sin la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y responsable de la primera investigación, cuestionada por peritos independientes.

No buscarán al gobernador

Sobre relación con el gobierno estatal, ratificó que los padres no van a buscar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, ni van a suspender las acciones de protesta para exigir al gobierno federal que haga su trabajo.
En este tenor, pidió al gobernador que, si en verdad quiere evitar los bloqueos y las protestas de los padres de familia en la entidad “para resguardar el orden y la paz”, presione al gobierno federal para que dé resultados, que no mienta sobre el paradero de sus hijos ni ponga más obstáculos al trabajo del GIEI.
Aclaró que acciones como la protesta del sábado en la autopista del Sol no van a terminar, ni se van a detener antes las advertencias del uso de la fuerza pública.
Aseguró que está en manos del gobierno federal y de la PGR atender sus demandas, “no es la rebeldía ni necedad de los padres, pero es claro que no nos quiere decirnos la verdad”.
Recordó que los padres pidieron la permanencia indefinida del GIEI, hasta la conclusión de las investigaciones, pero el Estado mexicano se cerró y sólo accedieron a otro periodo de seis meses.
No obstante, afirmó que los padres van a insistir en su permanencia si, terminado su segundo periodo, las investigaciones no avanzan “todo depende de las autoridades, que contribuyan a dar la información para dar con el paradero de los estudiantes; si no hay solución seguiremos en acciones en la calle”, advirtió.