La gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de conmemoración por la Gesta Heroica de la defensa del Puerto de Veracruz, en la Decima Segunda Región Naval. La acompañan el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias, el comandante de Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina, el comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco, y el secretario de seguridad del estado, Evelio Méndez Foto: Carlos Carbajal
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que en Guerrero se refrenda el compromiso de seguir trabajando de la mano “como lo hemos venido haciendo en todas las tareas de construcción de la paz”.
Así como en la reconstrucción del tejido social, de la generación de bienestar para las familias de Acapulco y de Guerrero de la mano del Ejército, Marina y la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales y de todas las instituciones que desde sus diferentes trincheras están trabajando de manera incansable con valentía, con transparencia y honestidad.
En su mensaje durante la ceremonia de conmemoración al 109 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, por parte de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, ante la pretensión de la fuerza naval estadunidense, en las instalaciones de la Décimo Segunda Región Naval y que encabezó el almirante Julio César Pescina Ávila, subrayó que esos hechos son el reflejo de lo que es esa institución y por eso se honran con la memoria, pero también con la acción. Y señaló: “con la memoria para nunca olvidar de dónde venimos, nuestras raíces. Nunca perder de vista nuestra historia que nos motiva y que nos empuja todos los días a salir adelante”.
Mientras con la acción llevar a la práctica los más altos valores navales “y siempre navegando por lo correcto con honor, con deber y con lealtad, patriotismo. Valores que siempre han distinguido a esta gran institución de la Marina”.
La gobernadora manifestó que sirva esta conmemoración “para recordarnos en México y en Guerrero somos hijos e hijas de esa tradición. Que nuestra historia nos obliga a seguir a adelante, a fortalecer nuestras instituciones, a valorar a quienes nos antecedieron y a trabajar de manera incansable en beneficio del pueblo de Guerrero”.
Mientras que el comandante de la décimo segunda región Naval, almirante Julio César Pescina Ávila, leyó el mensaje del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Recordó la gesta del puerto de Veracruz y dijo que ha 109 años el honor, deber, lealtad y patriotismo que impulso a los marinos navales al amparo de la patria siguen intactos.
Añadió: “Valores que son el faro y guía de actuar de los integrantes de la institución. Hoy el México en que vivimos las armas no son la opción menos aún esperamos que por el suelo nacional corra la sangre de nuestro pueblo”.
Dijo que ahora la patria llama a los marinos mercantes y navales a defenderla con actos “colmados de honradez y honestidad. Con legalidad y respeto a los derechos humanos nos llama a velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo sobre una base de inclusión y justicia social”.
Añadió que en memoria de los héroes del 21 de abril 1914 “la Secretaría de Marina refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo, refrenda un legítimo deseo de contribuir a fincar un país de paz y seguridad y bienestar. Refrenda nuestra entrega al servicio de la patria”.
Al acto acudieron el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez; la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y el ex alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, entre otros. (Karina Contreras).
Efectivos de la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado (FGE) y Guardia Nacional (GN) realizaron un recorrido de revisión en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 134, de Chilpancingo, luego del reporte de que un alumno portaba un arma de fuego. La escuela informó que fue una “falsa alarma”.
La mañana de este viernes, los agentes de estas corporaciones informaron que fueron alertados, a través del número de emergencias 911, que dentro de la escuela un estudiante portaba un arma de fuego.
De acuerdo con fuentes de la escuela, a la hora del recreo, un alumno le mostró el arma a uno de sus compañeros, quien alertó a las corporaciones policiacas.
Los agentes ingresaron y revisaron las mochilas de los estudiantes, pero el que la llevaba se dio a la fuga.
Se trató de dialogar con el director del plantel del CBTIS, José Martín Rodea Zúñiga, pero se negó a dar información.
La revisión duró alrededor de dos horas, después los agentes se retiraron del lugar.
Más tarde, en un comunicado, el CBTIS informó que, derivado de una llamada anónima al 911, alrededor de las 9 de la mañana del 21 de abril de 2023, se realizó una denuncia sobre que un alumno amenazó a otro en el exterior del plantel, el cual presuntamente portaba un arma de fuego, por lo que las corporaciones de seguridad acudieron inmediatamente al plantel a realizar los protocolos necesarios.
Se indicó que una vez atendido el llamado y realizados todos los protocolos en el plantel, después de que las autoridades hicieron una búsqueda dentro y alrededor del mismo, tipificaron esta llamada como una “falsa alarma”.
Además, se informó que las actividades en el plantel se seguirán llevando a cabo con normalidad y todo el personal del mismo estará atento a cualquier indicio que se tenga que atender de forma inmediata. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Policías estatales, ministeriales de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Guardia Nacional entraron al plantel ubicado en la lateral de la Autopista del Sol en Chilpancingo, luego del reporte de que un estudiante portaba un arma de fuego. La escuela informó que fue una “falsa alarma”, pero otras fuentes de la escuela dijeron que cuando llegaron los agentes el señalado se dio a la fuga Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Ingresan policías al CBTIS de la capital por el reporte de un alumno con pistola
Efectivos de la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado (FGE) y Guardia Nacional (GN) realizaron un recorrido de revisión en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 134, de Chilpancingo, luego del reporte de que un alumno portaba un arma de fuego. La escuela informó que fue una “falsa alarma”.
La mañana de este viernes, los agentes de estas corporaciones informaron que fueron alertados, a través del número de emergencias 911, que dentro de la escuela un estudiante portaba un arma de fuego.
De acuerdo con fuentes de la escuela, a la hora del recreo, un alumno le mostró el arma a uno de sus compañeros, quien alertó a las corporaciones policiacas.
Los agentes ingresaron y revisaron las mochilas de los estudiantes, pero el que la llevaba se dio a la fuga.
Se trató de dialogar con el director del plantel del CBTIS, José Martín Rodea Zúñiga, pero se negó a dar información.
La revisión duró alrededor de dos horas, después los agentes se retiraron del lugar.
Más tarde, en un comunicado, el CBTIS informó que, derivado de una llamada anónima al 911, alrededor de las 9 de la mañana del 21 de abril de 2023, se realizó una denuncia sobre que un alumno amenazó a otro en el exterior del plantel, el cual presuntamente portaba un arma de fuego, por lo que las corporaciones de seguridad acudieron inmediatamente al plantel a realizar los protocolos necesarios.
Se indicó que una vez atendido el llamado y realizados todos los protocolos en el plantel, después de que las autoridades hicieron una búsqueda dentro y alrededor del mismo, tipificaron esta llamada como una “falsa alarma”.
Además, se informó que las actividades en el plantel se seguirán llevando a cabo con normalidad y todo el personal del mismo estará atento a cualquier indicio que se tenga que atender de forma inmediata. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Policías estatales desalojan a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de la autopista, cerca de la sede del Congreso del Estado Foto: José Luis de la Cruz
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Policías estatales con equipo antimotines, piedras y gas lacrimógeno impidieron que alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaran en la Autopista del Sol, en Chilpancingo; en respuesta, los normalistas lanzaron cohetones. Hubo seis estudiantes y tres policías lesionados.
Minutos antes de las 5 de la tarde, llegaron a Chilpancingo los alumnos provenientes de Tixtla, a bordo de tres autobuses de empresas privadas, donde dijeron que protestarían porque las autoridades educativas no han cumplido con su pliego petitorio.
Los policías estatales, apoyados por la Guardia Nacional, bloquearon casi media hora el sentido norte-sur, en los carriles centrales de la autopista y la lateral, para evitar que los alumnos avanzaran hacia el cruce con la carretera federal, donde el martes bloquearon dos horas la vialidad.
Ahí, los normalistas no descendieron de los autobuses, pero uno ellos se asomó por la ventana e informó que no estaban actuando de manera radical. Detalló que desde que ingresaron a la autopista, en el entronque de Tierras Prietas, sufrieron el hostigamiento por parte del gobierno estatal.
El alumno manifestó que este miércoles no bloquearían la vialidad y sólo realizarían un mitin, pero consideró que no es “justo” el hostigamiento por parte de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal le apuesta a que continúen las agresiones contra los normalistas, como fue en 2011, cuando fueron asesinados sus compañeros Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, o en 2014 en Iguala, donde tres de sus compañeros fueron ejecutados y 43 más desaparecidos.
El estudiante, en nombre de sus compañeros, informó que responsabilizaban al gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, si algo les llega a pasar.
El alumno fue interrumpido por el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, vestido de civil, quien le dijo: “Ya cállate con lo mismo”.
Por su parte, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que ya se atendieron las demandas de los alumnos y que este miércoles tenían programada una reunión a las 5:30 de la tarde, “no entiendo por qué los alumnos realizan esta actividad”, aseguró.
Justificó que el repliegue de los agentes asegurando que es una demanda de la ciudadanía que ya no se permitan bloqueos porque afectan el libre tránsito, “hay personas que necesitan ser atendidas por su salud, es una acción en conjunto con los gobiernos federal y estatal, para no permitir bloqueos en las vías federales”.
El director de Gobernación dijo que desconocía cuáles eran las demandas de los alumnos, pero reiteró que ya las están atendiendo.
Desalojo
Los normalistas pidieron retornar para regresar a su escuela y los agentes aceptaron, pero cerca del Congreso del Estado los alumnos descendieron de los autobuses; entonces, los antimotines se formaron para iniciar el desalojo.
El cierre de la vialidad fue total, en ambos sentidos, y duró alrededor de 20 minutos. Lo que duró el enfrentamiento.
Los agentes lanzaron a los jóvenes gas lacrimógeno y piedras. En su huida, los alumnos respondieron arrojándoles cohetones.
Los normalistas subieron a dos autobuses, pero no lograron llevarse el tercero, quedando en resguardo de la Policía Estatal.
Condenan normalistas
la represión
En su página oficial de Facebook, los alumnos condenaron la agresión que sufrieron por parte de la Policía Estatal.
Informaron que pedían una mesa resolutiva para que se atendieran sus demandas de mejoramiento de infraestructura educativa, equipo de primeros auxilios, mantenimiento de la alberca, el cambio de tuberías y material de cocina.
Dijeron que como la normal es un internado, tienen varias necesidades, también solicitaron la reparación del consultorio dental, técnicos para ampliar el sistema de internet, entre otras demandas.
Manifestaron que los oficios de petición fueron entregados, recibidos y firmados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no han cumplido.
Además, los normalistas denunciaron que Irvin de Jesús Jiménez Sánchez se portó prepotente con ellos.
Informaron que cuando pretendían realizar un mitin, a unos metros del Congreso del Estado, en la Autopista del Sol, pero los policías se mostraron prepotentes y no priorizaron el diálogo.
Por el desalojo, detallaron que resultaron lesionados seis normalistas, “subiremos evidencia de lo sucedido”, dijo uno de los alumnos.
Se activó el protocolo
de disuasión: SSP
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde de este miércoles se activó el protocolo de disuasión con un grupo de manifestantes, quienes impedían el libre tránsito en el bulevar Vicente Guerrero, vía que conecta con la Autopista del Sol.
Antes de esta acción, el personal de la Policía Estatal, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuvieron un acercamiento con las personas, a quienes se les pidió liberar la vialidad.
Al obtener una respuesta negativa para permitir la libre circulación de la ciudadanía, sobre esta vía de alta prioridad, la Policía Estatal procedió al repliegue.
Durante estos hechos, tres agentes policiales resultaron con lesiones leves, a causa de petardos y piedras que les fueron lanzados por los manifestantes.
“En el lugar se mantiene presencia de la Policía Estatal, para garantizar el libre tránsito”, se leía en un comunicado.
Denuncia José Filiberto que quisieron quitarle el teléfono
El sacerdote y director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, denunció que cuando transitaba por la lateral de la autopista se percató del desaojo y comenzó a grabar con su celular a policías estatales que recogían piedras para lanzárselas a los normalistas.
En el video que envió el sacerdote, se puede observar que un grupo de policías corre y uno de ellos toma piedras, al ver que Velázquez Florencio los filmó, uno de los agentes le dijo: “está grabando ese (…) quítale el teléfono”.
El presidente de la AHETA, Alejandro Domínguez; el ex alcalde, Luis Walton Aburto; el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala; la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos; el comandante de la Déci-mo Segunda Zona Naval, Julio César Pescina Ávila; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el canciller Marcelo Ebrard Casaubón; el comandante del 56 Batallón de Infantería, Diego Antonio Chávez; el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Luis Enrique Velázquez y la síndica procuradora, María Inés Mendoza en el acto de entrega de cien patrullas y cuatro ambulancias en la avenida Costera Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, calificó como “un grave error” la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En declaraciones a reporteros después de encabezar dos actos de seguridad pública en Acapulco, Marcelo Ebrard consideró que los ministros no valoraron el avance en seguridad que hay en el país, de acuerdo con la encuesta sobre percepción de seguridad presentada por el Inegi.
Marcelo Ebrard estuvo ayer en Acapulco, donde participó en dos actividades con la alcaldesa Abelina López. La primera fue la presentación de la estrategia de seguridad Fuerza Acapulco y después la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad Pública.
A pregunta expresa sobre la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, Ebrard opinó que se trata de un grave error y explicó que su postura es porque el Inegi reportó avances en la percepción de inseguridad.
“Esa encuesta se hace con 30 mil cuestionarios, no existen de 190 países del mundo una encuesta similar. No la hay, nadie hace esa encuesta, ni Estados Unidos la tiene. ¿Por qué se hace en México? Bueno, hace muchos años se decidió hacerla para tener una medición de lo que la gente opina, y no sólo la versión de la autoridad, para eso se hizo la encuesta ¿Qué nos dice la encuesta que se dio a conocer hoy en la mañana? Que tienes una mejora, si bien el problema de seguridad sigue siendo muy serio Quizá en muchos lugares, el primero, sí hay una mejoría en la percepción pública respecto al último trimestre. O sea, se está avanzando gradualmente de manera importante. Ahora hay un descenso en la sensación de inseguridad de poquito más del 4 por ciento. En ese momento donde estás empezando a tener resultados, ‘ah no, pues vamos a poner en tela de juicio a la Guardia Nacional. Es un error, eso va en contra de la seguridad de las personas mas allá de la opinión de cada cual”.
Añadió que de acuerdo con esa encuesta, el Ejército y la Marina tienen un apoyo muy alto por parte de la población, “y se está dando resultados. Entonces desde mi punto de vista es un error ponernos ahorita discutir la naturaleza de la Guardia Nacional cuando estamos empezando a tener resultados”.
E insistió: “en mi opinión es un error (de los magistrados), vista la seguridad de las personas, porque metes en tela de juicio. Ustedes imaginense si eres parte de la Guardia Nacional: estás preocupado. No sabes qué va a ser tu futuro, creas un problema que nos va a distraer, cuando el asunto principal es la seguridad de las personas”.
Agregó que la decisión de la Corte no tiene efecto inmediato, por esa razón la Guardia Nacional seguirá al mando del Ejército, pues falta definir en qué tiempo la decisión de la Corte va a entrar en vigor, lo cual podría demorar varios años. “Yo diría que no deberíamos de distraernos u ocuparnos en eso ahorita hoy mañana Porque eso significa interrumpir el esfuerzo de la Guardia Nacional, yo creo que no es un acierto eso”.
A pregunta si eso desmantela la estrategia de seguridad del gobierno federal, respondió: “Depende que resuelva la Corte de cuándo va a entrar en vigor, No lo sé en este momento, pero desde mi punto de vista es un error como país ponernos a discutir la naturaleza de la Guardia cuando está obteniendo resultados a favor. ¿Llevamos cuántos años esperando resultados favorables? Desde que me acuerdo”.
De las declaraciones de la senadora del PRI y aspirante a la candidatura presidencial del PRI Beatriz Paredes Rangel de que los lugares turísticos necesitan seguridad especializada, Marcelo Ebrard dijo que Acapulco eso ya es realidad y no son planes. Puso como evidencia la estrategia presentada por la alcaldesa, Fuerza Acapulco, que es un esfuerzo por tener mejores resultados y de la cual la evaluación será en tres meses, “es una gran oportunidad para Acapulco”.
Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado del esfuerzo que se hará en Acapulco en materia de seguridad, y ofreció que si se tiene éxito la misma estrategia se replicaría en otros municipios del país.
Considero que el resultado de la encuesta del Inegi es una buena noticia para Acapulco pues tiene una mejoría de 11 puntos en cuanto a percepción de seguridad.
Seis estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y tres agentes resultaron lesionados durante el enfrentamiento que se suscitó enfrente del edificio del Congeso del Estado luego de que policías estatales apoyados por elementos de la Guardia Nacional impidieron que los alumnos bloquearan la Autopista del Sol para exigir el mejoramiento de infraestructura educativa, equipo de primeros auxilios, mantenimiento de la alberca, el cambio de tuberías y material de cocina Foto: José Luis de la Cruz
Usan policías piedras y gas lacrimógeno para impedir que normalistas bloquearan la autopista
Los alumnos de Ayotzinapa les responden lanzando cohetones. Informan que la protesta es porque las autoridades educativas no han cumplido con su pliego petitorio y consideran que no es “justo” el hostigamiento por su parte. Hay seis lesionados, dicen los estudiantes y los policías hablan de tres
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Policías estatales desalojan a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de la autopista, cerca de la sede del Congreso del Estado Foto: José Luis de la Cruz
Policías estatales con equipo antimotines, piedras y gas lacrimógeno impidieron que alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaran en la Autopista del Sol, en Chilpancingo; en respuesta, los normalistas lanzaron cohetones. Hubo seis estudiantes y tres policías lesionados.
Minutos antes de las 5 de la tarde, llegaron a Chilpancingo los alumnos provenientes de Tixtla, a bordo de tres autobuses de empresas privadas, donde dijeron que protestarían porque las autoridades educativas no han cumplido con su pliego petitorio.
Los policías estatales, apoyados por la Guardia Nacional, bloquearon casi media hora el sentido norte-sur, en los carriles centrales de la autopista y la lateral, para evitar que los alumnos avanzaran hacia el cruce con la carretera federal, donde el martes bloquearon dos horas la vialidad.
Ahí, los normalistas no descendieron de los autobuses, pero uno ellos se asomó por la ventana e informó que no estaban actuando de manera radical. Detalló que desde que ingresaron a la autopista, en el entronque de Tierras Prietas, sufrieron el hostigamiento por parte del gobierno estatal.
El alumno manifestó que este miércoles no bloquearían la vialidad y sólo realizarían un mitin, pero consideró que no es “justo” el hostigamiento por parte de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal le apuesta a que continúen las agresiones contra los normalistas, como fue en 2011, cuando fueron asesinados sus compañeros Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, o en 2014 en Iguala, donde tres de sus compañeros fueron ejecutados y 43 más desaparecidos.
El estudiante, en nombre de sus compañeros, informó que responsabilizaban al gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, si algo les llega a pasar.
El alumno fue interrumpido por el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, vestido de civil, quien le dijo: “Ya cállate con lo mismo”.
Por su parte, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que ya se atendieron las demandas de los alumnos y que este miércoles tenían programada una reunión a las 5:30 de la tarde, “no entiendo por qué los alumnos realizan esta actividad”, aseguró.
Justificó que el repliegue de los agentes asegurando que es una demanda de la ciudadanía que ya no se permitan bloqueos porque afectan el libre tránsito, “hay personas que necesitan ser atendidas por su salud, es una acción en conjunto con los gobiernos federal y estatal, para no permitir bloqueos en las vías federales”.
El director de Gobernación dijo que desconocía cuáles eran las demandas de los alumnos, pero reiteró que ya las están atendiendo.
Desalojo
Los normalistas pidieron retornar para regresar a su escuela y los agentes aceptaron, pero cerca del Congreso del Estado los alumnos descendieron de los autobuses; entonces, los antimotines se formaron para iniciar el desalojo.
El cierre de la vialidad fue total, en ambos sentidos, y duró alrededor de 20 minutos. Lo que duró el enfrentamiento.
Los agentes lanzaron a los jóvenes gas lacrimógeno y piedras. En su huida, los alumnos respondieron arrojándoles cohetones.
Los normalistas subieron a dos autobuses, pero no lograron llevarse el tercero, quedando en resguardo de la Policía Estatal.
Condenan normalistas
la represión
En su página oficial de Facebook, los alumnos condenaron la agresión que sufrieron por parte de la Policía Estatal.
Informaron que pedían una mesa resolutiva para que se atendieran sus demandas de mejoramiento de infraestructura educativa, equipo de primeros auxilios, mantenimiento de la alberca, el cambio de tuberías y material de cocina.
Dijeron que como la normal es un internado, tienen varias necesidades, también solicitaron la reparación del consultorio dental, técnicos para ampliar el sistema de internet, entre otras demandas.
Manifestaron que los oficios de petición fueron entregados, recibidos y firmados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no han cumplido.
Además, los normalistas denunciaron que Irvin de Jesús Jiménez Sánchez se portó prepotente con ellos.
Informaron que cuando pretendían realizar un mitin, a unos metros del Congreso del Estado, en la Autopista del Sol, pero los policías se mostraron prepotentes y no priorizaron el diálogo.
Por el desalojo, detallaron que resultaron lesionados seis normalistas, “subiremos evidencia de lo sucedido”, dijo uno de los alumnos.
Se activó el protocolo
de disuasión: SSP
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde de este miércoles se activó el protocolo de disuasión con un grupo de manifestantes, quienes impedían el libre tránsito en el bulevar Vicente Guerrero, vía que conecta con la Autopista del Sol.
Antes de esta acción, el personal de la Policía Estatal, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuvieron un acercamiento con las personas, a quienes se les pidió liberar la vialidad.
Al obtener una respuesta negativa para permitir la libre circulación de la ciudadanía, sobre esta vía de alta prioridad, la Policía Estatal procedió al repliegue.
Durante estos hechos, tres agentes policiales resultaron con lesiones leves, a causa de petardos y piedras que les fueron lanzados por los manifestantes.
“En el lugar se mantiene presencia de la Policía Estatal, para garantizar el libre tránsito”, se leía en un comunicado.
Denuncia José Filiberto que quisieron quitarle el teléfono
El sacerdote y director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, denunció que cuando transitaba por la lateral de la autopista se percató del desaojo y comenzó a grabar con su celular a policías estatales que recogían piedras para lanzárselas a los normalistas.
En el video que envió el sacerdote, se puede observar que un grupo de policías corre y uno de ellos toma piedras, al ver que Velázquez Florencio los filmó, uno de los agentes le dijo: “está grabando ese (…) quítale el teléfono”.
El pasado sábado, en presencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de la notaria uno, Brenda Alarcón López, el tlayakanki de Xalpatláhuac, autoridad tradicional, Nicolás Villarreal Dircio, entregó las 10 armas que tenía bajo su resguardo.
De la seguridad en el municipio, hasta el momento se hace cargo la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras la policía comunitaria se está replegado, hasta que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), realice una asamblea regional en Xalpatláhuac, para que el pueblo participe y decida si ratifican o nombran a nuevos policías.
La reunión se realizó en el corredor del Ayuntamiento en Xalpatláhuac, en presencia de al menos 100 personas, en su mayoría mujeres. La reunión duró varias horas, porque en las particiones de las mujeres nahuas, no aceptaban que se entregará el armamento porque argumentaban que el gobierno estatal no estaba cumpliendo con los acuerdos.
En varias particiones recalcaron que les faltaban varios servicios, como agua potable, obras para este año, atención de la Dirección de Catastro y Registro Civil; pero al final, los consejeros de la CRAC persuadieron a las personas para que se avanzara sobre el tema.
También pidieron atención a la salud, que haya médicos y sobre todo que la clínica tenga medicamentos.
Así como que el gobierno resuelva las órdenes de aprehensión contra 24 comunitarios, incluido el tlayakanki, Villareal Dircio.
Aceptaron la entrega de los 10 armamentos que tenían bajo su resguardo, desde en octubre del año pasado, cuando desarmaron a la Policía Municipal y expulsaron de la cabecera a la presidente Selene Sotelo Maldonado.
De acuerdo con el boletín del gobierno estatal, “se inicia una nueva etapa para la construcción de paz en el municipio de Xalpatláhuac”.
Mencionaron que en cumplimiento de los acuerdos, el secretario Ludwig Marcial Reynoso asistió al Ayuntamiento de Xalpatláhuac, para dialogar con la comunidad, donde le solicitaron principalmente el suministro de agua potable y medicinas.
Se informó que se comprometió a dejar atrás esa percepción de inseguridad, inestabilidad y abandono que sienten los habitantes de la cabecera.
Informó que participó el tlayakanki, Nicolás Villarreal; el consejero de la policía comunitaria, Edmundo Delgado Gallardo; coordinadores de las casas de justicia de la CRAC-PC, encabezados por Raúl de Jesús Cabrera; y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quienes se comprometieron a llevar a cabo el proceso de control y depuración de la policía comunitaria, para su reintegración en las acciones de seguridad en favor de la población.
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social
Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan
Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
Agentes de la Guardia Nacional (GN) instalaron en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac de la capital, un módulo de información con el que buscan reclutar a jóvenes para que pertenezcan a esta corporación.
A las 8 de la mañana unos seis agentes colocaron el módulo al que se acercaban jóvenes que transitaban cerca y a quienes les daban folletos e información de los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional.
Un agente quien se reservó su nombre informó que en el estado están ofertando mil 700 plazas para los interesados en formar parte de la corporación y agregó que en este día hubo poca afluencia de personas.
Indicó que este módulo estará en otros puntos de la ciudad y del estado e indicó que ahí también reciben denuncias ciudadanas en caso de que ocurra un hecho delictivo en la ciudad, para alertar a las autoridades policiacas y atender el reporte.
En el folleto se detalla que los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional es estado civil soltero y casado, ser de nacionalidad mexicana, entregar CURP, INE y RFC, tener entre 18 a 30 años de edad, nivel de estudios de secundaria o medio superior, entro otros. (Luis Blancas / Chilpancingo).
