Relata que militares la violaron, otro perdió un ojo por la tortura; ambos eran adolescentes

Familiares de víctimas de la guerra sucia en conferencia de prensa en Acapulco este martes, Guadalupe Gutiérrez Fuentes y Alba Fuentes Organista, Tita Radilla y el defensor de derechos humanos Abel Barrera e integrante de la Comisión de la Verdad, en el Centro de Convenciones de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

La señora Elva Fuentes Organista y el señor Guadalupe Gutiérrez Fuentes tenían 15 y 16 años cuando fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Fuerza Aérea de Pie de la Cuesta. Este lunes regresaron como parte de los recorridos organizado por la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990, la guerra sucia, a ese luegar en donde sufrieron tortura mientras estuvieron retenidos ilegalmente.
Se los llevaron debido a una campaña militar en busca del líder guerrillero Lucio Cabañas, en la que el Ejército ocupó gran parte del municipio y desapareció a más de 700 ciudadanos, según el registro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).
Entrevistados al salir del lugar recordaron momentos que ya no tenían presente pero que volver a ese espacio los “despertó”.
Ambos estuvieron en la conferencia que ofrecieron los integrantes de esta Comisión de la Verdad de la guerra sucia en el Centro de Convenciones.
Fuentes Organista dijo que ella tenía 15 años cuando fue sacada por la extinta Policía Judicial, ahora Policía Ministerial, “me sacaron de mi casa yo no lo entiendo, era una persona inocente”.
Antes de seguir su relato la mujer tomó varias bocanadas de aire y soltó en llanto, dijo que recordar e ir al lugar donde fue abusada y torturada siendo una niña, le recuerda momentos traumáticos.
Relató que a ella le daban descargas eléctricas, la manoseaban, “muchas cosas que me duele recordar”.
Recuerda y supone que a las personas a las que escuchaba que le pegaban eran a su padre y a su tío, porque a ella siempre la tuvieron vendada y en un baño.
Este lunes regresó y reconoció una barda que vio desde un pequeño hueco del baño en el que estaba en un segundo piso.
El señor Guadalupe Gutiérrez Fuentes dijo que fue detenido en la comunidad de San Francisco del Tibor, Atoyac, junto a otros 17 campesinos, entre estos sus hermanos y otros familiares por militares del 50 Batallón de Infantería, y lo llevaron al cuartel militar donde estuvo un mes.
En tres ocasiones el hombre paró su narración y lloró. Dijo que a él le daban descargas eléctricas en los testículos, su cabeza la introducían a un tambo con agua, “es muy triste porque vuelvo a recordar cuando era un adolescente de 16 años”.
Dijo que los actos de tortura eran con la intención de saber en dónde había “armamento y propaganda”, pero él desconocía de eso. Al mes y 8 días lo trasladaron a la cárcel civil de Acapulco donde estuvo dos meses y luego lo dejaron libre.
Después volvió a ser detenido en la colonia Azteca por la Policía Judicial, “me torturaron y preguntaban nombres de gente y apodos”, luego lo llevaron a la Base Naval donde siguió la tortura, y ahí perdió la vista del ojo izquierdo debido al tormento.
Agregó que una noche sacaron a todos los detenidos y que estaban en el lugar a la zona de playa, de donde se escucharon ráfagas de tiros y luego se escucharon detonaciones como si los estuvieran rematando, a él lo entregaron a la cárcel pública de donde después fue liberado.

Obstaculiza la FGR el acceso a expedientes sobre desaparecidos de la guerra sucia: Abel Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.

 

Solicitan se declare en desacato al Estado por incumplimiento de la sentencia del caso Radilla

Las hijas del dirigente campesino desaparecido por soldados del Ejército en 1974, Agustina, Tita y María del Pilar Radilla Martínez y el subdirector de la CMDPDH, Víctor del Pozo Foto: Cencos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares del líder campesino desaparecido en Atoyac en 1974 durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, en compañía de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron a la Corte interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que declare en desacato al Estado mexicano, por incumplir la sentencia emitida.
En un comunicado emitido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se explica que el 23 de noviembre de 2009 la Coidh dictó sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que la sentencia declaró responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, además de que se ordenaron medidas de reparación del daño.
Asegura que a pesar de la vinculación de la sentencia emitida, el Estado mexicano ha incumplido respecto a las medidas de reparación concernientes al caso.
“La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia”, se lee en el comunicado.
De igual forma se enlistan tres acciones directas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se solicita que se declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia emitida.
“Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”, se informa en el comunicado.
Las otras dos acciones son que se adopten medidas de supervisión reforzadas para que el Estado pueda rendir informes en una periodicidad corta y evitar “otro daño irreparable. Además que se convoque a una audiencia para que se puedan escuchar los testimonios de las víctimas.
Por otro lado se consideran acciones a realizar dentro del plano nacional, indicando que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades involucradas.
Además buscan que la CNDH emita una recomendación donde se pida al Congreso de la Unión que se cree una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que las decisiones internacionales dejen de estar bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
También, piden a la Corte Interamericana convoque a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia y que se adopten medidas para el cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Se solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) acciones para asumir su labor consitucional “con diligencia” que pueda llevar a las personas responsables ante la justicia.
Rosendo Radilla fue desaparecido el 25 de agosto de 1974, a los 60 años. Fue detenido por un retén militar y llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, sitio donde fue visto por última vez.