Durante de la presentación del Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), María Antonia Morales Serafín, hija de Abelardo Morales, víctima de desaparición forzada, dio a conocer lo que vivieron, ella y su familia, tras agresiones del Ejército.
Señaló que en el periodo conocido como la guerra sucia, su padre fue detenido en Guerrero por solados del Ejército mexicano, y ella y su madre tuvieron que refugiarse para evitar ser asesinadas.
“Yo les quisiera contar cómo se vive en la adversidad, pero el tiempo es corto, irles narrando todo lo que pasó, cómo se vive en el miedo. Cómo mi mamá y yo tuvimos que treparnos en un árbol y abrazarnos para que nos mataran, y ella decía ‘no llores hija, cállate y no nos van a matar’, cómo una terminal de autobuses, sirve para estar a salvo y comer de las sobras de la comida, porque es lo único que teníamos y con hambre eso sabía delicioso”, dijo Morales.
Presentó una carta, misma que fue entregada al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que fue escrita por Abelardo Morales y que señalaba que se encontraba detenido en el Campo Militar Número 1.
Detalló que con la presentación del informe se tiene la responsabilidad de relatar lo sucedido, además de apoyar a aquellas personas que se encuentran desaparecidas y a los familiares de las mismas víctimas.
“La oportunidad que tenemos es que estamos vivos y que podemos contar esos horrores que nos hicieron pasar y ser las voces de esas personas que todavía están desaparecidas y que nosotros somos la realidad de que hoy en día, hay tantas víctimas como yo”, declaró.
De igual forma, externó que su padre tiene 49 años de desaparecido y le prometió a su abuela que daría con el paradero de su papá, con el único objetivo de poder brindar un entierro al señor Abelardo Morales.
“Te lo aseguró mami, que vamos a encontrar a mi papá y le vamos a dar santa sepultura. Porque para mí, encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas es una petición, pero no nada más de mi, de todas las víctimas, que se haga justicia, que sepamos quienes son los culpables”, manifestó María.
De igual forma, la ex comisionada de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Hilda Navarrete Gorjón, indicó que de manera directa, sufrió la persecución de su hermano.
Aclaró, que no considera al periodo de la guerra sucia como una guerra, debido a que no existió una confrontación entre dos bandos, sino que se trató de una represión por parte del estado.
“Nos tocó ser testigos de la represión de los años 70, a mí no me gusta llamarle guerra sucia porque no fue una guerra, no fue un ejército contra otro ejército. Fue la represión del estado en contra de campesinos, estudiantes, amas de casa, fue una represión muy cruel del Estado”, dijo Navarrete.
Precisó que en el estado de Guerrero se realizó una persecución a luchadores sociales por parte del gobierno federal, y calificó al Estado como un ente “cruel”.
“Era tan cruel el Estado de Guerrero, el Estado mexicano y en Guerrero en particular, en la persecución a quien se movía, que nos mantuvimos muchos, la gran mayoría, en silencio durante muchos años”, manifestó Navarrete Gorjón.
Aseguró que tras las elecciones federales de 1988 se dio una “válvula de escape”, con los resultados obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y consideró que existe una deuda por parte de la nación con el estado de Guerrero.
“En Guerrero el PRI perdió ocho a uno, a Guerrero le debe mucho el Estado mexicano y le sigue debiendo, entonces fue que nos empezamos a organizar viendo que el estado mexicano repetía el patrón de represión de los años 70, nos organizamos en comisiones de derechos humanos y así llegamos a esta batalla de los derechos humanos”, comentó.
En el Informe, se entregó un anexo, donde se indican las Personas Participantes en Desapariciones Forzadas. Hilda Navarrete Gorjón manifestó que espera que se pueda interrogar a quienes se mantienen vivos, con el objetivo de conseguir información del paradero de los desaparecidos.
“En este anexo, de los depredadores de ese periodo, quizá haya gente viva, quizá haya gente a la que se le pueda interrogar para conocer el paradero final de las víctimas. Existen militares, yo confío en que los militares siempre llevan bitácoras de lo que hacen y quisiera que se les preguntara a los que están vivos, sin ánimos de venganza, solamente con el ánimo de conocer la verdad y de conocer la justicia”.
Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon al Sexto Batallón de Ingenieros en Chilpancingo, donde autoridades festejaban el aniversario del Ejército Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.
Sedena y FGR obstaculizan investigaciones
Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.
Familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y desaparecidos, ayer en el Diálogo por la Verdad Guerrero en el auditorio del CREA en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), instaló ayer la mesa Diálogos por la Verdad, para recibir testimonios de las víctimas de la violencia durante la llamada guerra sucia.
El encuentro que continuará este sábado, se realiza en el auditorio de la Unidad Deportiva, (antes CREA) de Chilpancingo, con la participación de unos 15 colectivos y más de 200 víctimas o familiares de estas.
Al presentar sus testimonios, los ex integrantes de la guerrilla de Genaro Vázquez, Arturo Miranda Ramírez y de Lucio Cabañas, Nicomedes Fuentes García, exigieron justicia para las víctimas, la presentación de los desaparecidos vivos o muertos, reivindicación de las víctimas como hombres y mujeres honestas y no como criminales; que aparezcan en memoriales, en plazas públicas u obeliscos, así como la reparación integral del daño.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan) e integrante de la Comisión para la Verdad, Abel Barrera expuso que este es el primer diálogo por la verdad.
“Para nosotros son ustedes la fuerza del trabajo de la Comisión de la Verdad, no tiene sentido sin su presencia, sin sus testimonios y sin su lucha”, les dijo a las víctimas que llenaron el auditorio.
Agregó que los integrantes de la Comisión, (que integran también David Fernández, Eugenia Allier y Carlos Pérez Ricart, quienes estuvieron presentes), quieren reconstruir la historia de la represión de esa época con los rostros, testimonios, demandas, exigencias y los sueños de una sociedad justa.
Agregó que por ello trabajarán “mano con mano”, con los colectivos, familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Algunos de los sobrevivientes y familiares de víctimas que presentaron sus testimonios fueron Pablo Cabañas, hermano del guerrillero Lucio Cabañas, así como Guillermina Cabañas Alvarado y Erasmo Cabañas Tavares, primos del guerrillero.
También el ex integrante de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, Arturo Miranda Ramírez y el ex integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas, Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la Converdad.
También asistió una comisión de vecinos de Tlaxcalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, encabezada por el presidente del comisariado ejidal Onésimo Sánchez Rentería. Esa localidad de la Costa Chica fue víctima de la represión en 1970, después de que alojó al guerrillero Genaro Vázquez Rojas.
Otros que presentaron sus historias fueron Humberto Galeana, hermano de Eleno Galeana Vásquez, desaparecido por el Ejército en 1974, Margarita Serafín Reyes, hermana de Marcelino Serafín, desaparecido el 2 de febrero de 1971, y Donaciano Mesino Lezma, hermano de Ernesto Mesino Lezma desaparecido el 20 de marzo de 1974.
Estuvieron, además, María Hernández Pérez, sobrina de la desaparecida Victoria Hernández Brito, y Anita Estrada Ramírez, hermana de los universitarios desaparecidos en la década de los setentas Domingo y Teresa Estrada Ramírez.
“Queremos decirles –les dijo Barrera Hernández- que esta política de exterminio no puede repodrirse en el presente, sabemos que con sus manos y su sabiduría, su fuerza y su coraje, están exigiendo que no se olvide este capítulo lleno de agravios, sangre y lágrimas”.
Que se les reconozca como luchadores sociales: Arturo Miranda
Arturo Miranda después de que narró las masacres que se vivieron en Guerrero desde la década de 1960, dijo que éstas incitaron a Lucio y a Genaro a participar en la guerrilla, “no fue porque ellos no tuvieran otra cosa que hacer”, sino porque estaban convencidos que ante tanta violencia no quedaba otro recurso que la fuerza revolucionaria.
“Por esa razón, consideramos que es de justicia que a todos nuestros desaparecidos los presenten vivos o muertos, pero que los familiares sepamos dónde quedaron o qué fue de ellos”.
Agregó que las torturas, asesinatos, la violación de los derechos constitucionales, los crímenes de lesa humanidad y los juicos sumarios no fueron cometidos por quienes participaron en el movimiento, sino por los criminales que los perseguían entonces.
Dijo que por eso no están de acuerdo que los militares que cayeron en las emboscadas, les den el mismo trato que a los muertos “nuestros”, (como lo propone el secretario de la Sedena Cresencio Sandoval) “porque (los militares) andaban en defensa de una oligarquía gobernante, parásita y criminal y nosotros defendíamos a nuestro pueblo porque queríamos una patria nueva, como decían Genaro y Lucio”.
Agregó que la lucha de éstos era justa y legal, “por lo tanto, si hay que recordar a nuestros compañeros obliguemos a las actuales autoridades para que se les reconozca como verdaderos luchadores sociales, merecen todo nuestro respeto y que en la memoria social y en la histórica, aparezcan en los libros de texto como hombres honestos y no como los criminales como nos llamaron y nos trataban”.
Miranda Ramírez propuso que las víctimas de esta etapa de Guerrero aparezcan “con respeto y honor” en memoriales, en plazas públicas o en obeliscos, “si no, van a quedar en el olvido todos nuestros familiares y compañeros con ese estigma de que eran criminales y que por eso murieron y por eso los desaparecieron, y no puede ser así”.
El ahora académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), agregó que su propuesta es para que cuando las nuevas generaciones pasen por esos memoriales sepan que esos jóvenes, esos desaparecidos o asesinados, dieron la vida para que estas nuevas generaciones no vuelvan a sufrir las masacres, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos.
El también integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) que fundó Genaro Vázquez, dijo que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas tienen derecho a la paz, a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño.
Sin embargo, aclaró que “no estamos pidiendo compasión o consideración para que se diga: pobrecitos, los mataron, pobrecitos los desaparecieron, estamos luchando por justicia y verdad. Estamos luchando porque se generen leyes que pongan un alto a esta clase de gobiernos criminales que tuvimos, estamos exigiendo que se castigue a los responsables de estos crímenes”.
Critica que no se avanza en el proceso de verdad y justicia
Criticó que no es posible que en África, al sur Asia, o en América Latina, donde también sufrieron la contrainsurgencia imperialista norteamericana, en muchos países ya hicieron su proceso de verdad y justicia y llevaron a muchos militares a las cárceles, “y en este país que supuestamente es muy democrático todavía no se avanza”.
Miranda Ramírez denunció que aquí estamos retrasados con más de 30 años en comparación con otros países que ya llevaron a juico a los militares criminales.
Aclaró que no buscan venganza, “aunque el dolor que nos causaron sería para la venganza también, pero tenemos que ser diferentes a los criminales y actuar con justicia y legalidad”.
Por su parte Nicomedes Fuentes García ex integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas y ex integrante de la Comisión de la Verdad (Converdad), dijo que se espera que este (el trabajo de la Comisión para la Verdad) sea el jalón o el espacio “donde podamos terminar con la impunidad y que finalmente haya justicia, verdad, que haya reparación integral del daño y medidas de no repetición”.
También, que sirva para el rescate de la memoria histórica “que es necesario para que las nuevas generaciones tengan presente que esto fue parte de su historia y que deben luchar para que memorias de esta naturaleza no se repitan”.
“Se necesita una nueva narrativa”, considera Abel Barrera
En declaraciones en un receso de la jornada, el director de Tlachinollan dijo que los testimonios de las victimas servirán para elaborar un informe que dé cuenta de los hechos que ocurrieron de 1975 a 1990, que se denomina como parte de la guerra sucia.
Explicó que este será un informe cuyo compromiso sea esclarecer los hechos; “sabemos que ya hay muchas investigaciones que se han dado a nivel académico y regional, como lo que hizo la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos del Pasado (Femosp), la CNDH y la Converdad, pero ahora se busca que se tome en cuenta todo ese trabajo, y además recuperar historias regionales o casos que no han sido contemplados.
“Uno de los objetivos es que haya audiencias públicas para escuchar a las víctimas”, argumentó.
Explicó que una tarea de la Comisión, aparte de hacer la de investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, es generar espacios de diálogo; escuchar, generar intercambio de testimonios y registro de sus historias, para que no se corra el riesgo de elaborar un informe demasiado académico o rigoroso en términos de una investigación, y sin que esté avalado y nutrido de los testimonios de las víctimas.
De lo que se trata según Abel Barrera, es poner en el centro a las víctimas, reivindicar su palabra y su lucha, “porque sabemos que está estigmatizada la lucha del guerrillero, se les ha tratado como forajidos, como secuestradores, como robavacas y todavía hay un imaginario colectivo de que son parte de los maleantes”.
Entonces lo que se busca, explicó el defensor de derechos humanos, es reivindicarles y darles un lugar dentro de la sociedad “y dignificar la trayectoria de estos héroes; Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que no sean estigmatizados, sino que sean reconocidos como lo es ahora Vicente Guerrero”.
El director de Tlachinollan declaró que se necesita una nueva narrativa de lo que fueron los hechos que se suscitaron en esta época en Guerrero “porque queda más la versión del gobierno y no queda la versión de las familias, saber por qué se fueron al cerro, no se fueron porque no tenían que hacer, se fueron por la represión, hay un origen, una causa; la persecución, la represión, la pobreza, el cacicazgo, el despojo y por el hecho de que no hubiera espacios para establecer una relación con las autoridades”, planteó.
Guillermina Cabañas Alvarado, prima del líder guerrillero Lucio Cabañas platica su testimonio de la represión de la guerra sucia, ayer en Chilpancingo Foto: Tlachinollan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Guillermina Cabañas Alvarado afinó su puntería disparándole primero a las calabazas, y cuando estuvo preparada entró a la guerrilla de su primo Lucio Cabañas obligada por la represión que en la década de 1970 sufría la familia del líder guerrillero.
El testimonio de Guillermina fue uno de los que recibió ayer la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), durante el Dialogo por la Verdad.
Ahora de 74 años, la ex guerrillera originaria de San Juan de las Flores, municipio de Atoyac, contó que en ese pueblo la represión más fuerte se vivió entre 1970 y 1972 cuando fue ocupado por los militares.
Entonces había señalamientos contra los familiares del guerrillero Cabañas Barrientos y los militares llegaban a los pueblos y sacaban a la gente a la cancha de básquetbol, y quienes no se apellidaban Cabañas los ponían a un lado y los que sí en otro.
Muy jovencita entonces, Guillermina vio cuando militares se llevaron a su sobrino Antolín Cabañas Fierro, después a Joaquín Cabañas.
“Se sentía mucha impotencia, mucho coraje, no podíamos hacer nada ante las fuerzas armadas”, contó Guillermina, para entonces ya tenía desaparecido a su hermano Humberto y era ella quien lo buscaba.
Dijo que la mayoría de su familia, incluidos sus padres, salieron desplazados para Acapulco y ella se quedó al frente de los trabajos que le correspondían a su papá, pero también, por eso, fue hostigada por la misma gente del pueblo y empezaron a amenazarla.
De eso se enteró Lucio, quien le mandó una carta en la que le decía que se preparara para salir, antes le mandó a unas personas para que le enseñaran a usar armas.
“Yo le tenía miedo a las pistolas, sentía que me iban a explotar en la cara, pero de tanto y tanto me pusieron a prueba con una calabaza a 100 metros y hasta que le pegué me sentí segura”, contó.
Entonces le mandó avisar a sus padres que se iba a la guerrilla porque se estaban llevando a la familia Cabañas, “y no podemos hacer nada”.
Recordó que sus padres lloraron: “No te puedes ir, allá hay puros hombres, te van a tener de cocinera y no sabemos que más vaya a pasar”, le objetaron.
Pero Guillermina insistió, les dijo que prefería irse a que la agarraran con las manos cruzadas, “me tengo que defender, además yo coincido con las ideas de Lucio”, les insistió y se fue.
Dificultades en la sierra
Contó que el primer mes la acompañó su hermano Silvestre para constatar que ahí (en la guerrilla) había respeto.
“Tuve que estar aprendiendo las reglas, los trabajos se hacían parejo por hombres y mujeres. Los hombres tenían que aprender a hacer tortillas, lavar su ropa e igual las mujeres tenían que arrimar leña y los alimentos que se llevaban de otros pueblos”.
En los primeros días Guillermina se dio cuenta de que la vida en la sierra no era como la había imaginado, en el tiempo de lluvias dormían con la ropa mojada y con las botas puestas.
“A veces no podíamos ni prender la lumbre para preparar café o hacer la comida”, y dijo que lo peor fue cuando los militares los bloquearon y no los dejaban pasar alimentos ni pastillas para los enfermos.
Vio a compañeros que les llegaron a picar alacranes o animales ponzoñosos y no tenían antibióticos, ni pastillas para curarse.
Recordó una anécdota: Un día se le prendió una garrapata de las conocidas como del tigre en la entrepierna y le tuvieron que sacar la cabecita con un cuchillo, y la herida se infectó porque no había antibióticos, sólo se lavaba con jabón o con hojas de yerbas que creía eran curativas.
Además por el bloqueo del Ejército cuando no tenían suficiente comida comían raíces, una de ellas la oreja de burro que hervían para ablandarla.
En una ocasión cuando estaban en Los Piloncillos, no tenian alimentos y comieron cola de león que crece cerca de los arroyos. Contó que hervían el camote y en las noches no aguantaban los dolores de estómago por el frío, o porque lo que comían no era suficiente.
“Pasábamos hambre, frio, dolores, calores, diarreas.
Añadió que por esos días subieron unos médicos a apoyarlos y ella aprovechó para acompañarlos a las comunidades para dar consultas y aprendió a inyectar, poner suero, entablillar y a curar las heridas.
Después, cuando algún compañero se enfermaba ella estaba al pendiente de ellos.
Cuando los médicos se fueron le dejaron a su esposo el directorio para saber cómo se aplicaban las medicinas y los antibióticos, y mientras él daba las consultas ella era la enfermera, así apoyaban a las comunidades y los pobladores, a cambio, les daban huevos, frijol, maíz, a veces pollo que se repartían de a pedacitos.
Recordó que a finales de 1973 salió embarazada y se preocupó porque le daba hambre y no había qué comer, a tal grado que cuando le daba vómito lo que arrojaba era espuma.
Recordó que un compañero cercano a Lucio era “muy bondadoso” con ella y cuando salía de comisión pedía en las comunidades comida para llevarle.
Un día llegó y le dijo: “me da pena Hortensia (así la conocían en el grupo) te traje un pan pero viene bien mojado en mi morral, nos llovió y no sé si te lo quieras comer así. Vio que el pan lo llevaba envuelto en hojas verdes; “el hambre es canija, dámelo”, le respondió.
En otra ocasión se enfermó de gripa, tos y temperatura, mero cuando les avisaron que tenían que irse porque se acercaban los soldados.
Para salir tenían que cruzar un río y su esposo tuvo que cargarla para que no se mojara, pero a medio arroyo resbaló y cayeron los dos quedando totalmente empapada. Ambos tuvieron que seguir mojados porque no llevaban más ropa debido a que habían dejado sus mochilas para avanzar más rápido.
La empapada le agravó el dolor de cabeza, la temperatura y hasta quedó sorda.
Sonriente y divertida, contó que se hizo unos calzones de manta con las bolsas de arroz y a su esposo unos calzoncillos, y a éstos le quedaron el letrero de: “suprema” (la marca del arroz).
Dijo que en broma le pidió a su esposo: “no los vayas a tirar, guárdalos, porque ese calzoncillo va a ir a dar al Castillo de Chapultepec cuando termine esto (la guerrilla), pero en el primer arroyo los tiró y ella se enojó; “porque tenía historia ese calzón”, dijo ayer sonriente, contagiando al público.
El 14 de agosto de 1974, cuando tenía cinco meses de embarazo, Lucio le dijo que tenía que salir de la sierra porque ya era peligroso que enduviera en el monte.
De camino a Acapulco por el monte, una noche se cayó de la hamaca y rodó unos dos metros y su embarazo se le complicó, la tuvieron que sacar rápido, pues ya no podía aguantar más.
Explico que esa vez desbarató una bolsa de manta y se hizo una venda larga con la que se envolvió para avanzar más rápido porque ya para entonces los caminos estaban llenos de militares.
Otras parejas aprovecharon para salir con ellos y hubo lugares que atravesaban “como Tarzán, porque no podíamos ir por el camino, teníamos que ir rompiendo el monte para llegar donde pudiéramos dormir y al otro día seguir rumbo a Acapulco”.
Al final pudieron llegar “con muchos trabajos” a Acapulco, “desafiando los retenes y dando muchas vueltas”.
Explicó que en Acapulco ya tenian un lugar convenido donde se iban a reunir todos los que habían salido.
Informó que llegaron todos, y se abrazaron, rieron, lloraron y se despidieron, cada quien le dio por su rumbo, pero días después se iban enterando “que a fulano lo agarraron, y al otro también”.
Una de las que detuvo el Ejército días después fue Migue, a quien Guillermina dijo que quiso mucho; “siempre anduve pegada a ella, nos queríamos mucho”, contó y dijo que, incluso, a una de sus hijas le puso Migue, en recuerdo a ella que sigue desparecida.
Las dos primeras jornadas en el Campo Militar Número 1-A en las que participan sobrevivientes de la guerra sucia, familiares de víctimas e integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, han sido “intensas, enriquecedoras y alentadoras”, de acuerdo con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y comisionado del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
Los participantes –61 personas, entre sobrevientes, familias y funcionarios, precisó la Secretaría de Gobernación– recorren desde el martes pasado las instalaciones de la zona militar para reconocer los lugares donde se cometieron torturas, detenciones ilegales e incluso desapariciones de disidentes políticos y líderes sociales.
El propósito es recabar información que ayude a esclarecer los crímenes cometidos en el periodo de 25 años conocido como guerra sucia.
“Se ha generado un ambiente muy favorable para poder ingresar”, comentó Barrera a El Sur. “Ha sido muy representativa la presencia tanto de familiares como de sobrevivientes de distintos estados”. En el caso de Guerrero, añadió, el primer día asistieron las activistas Micaela Cabañas y Tita Radilla, además de Arturo Miranda.
“Son grandes luchadoras que han exigido justicia”. Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, estuvo presa en el Campo Militar no. 1, junto con su mamá Isabel Ayala, cuando apenas era una niña.
“Hemos tenido la presencia de grandes hombres y mujeres, con un corazón de acero por lo que han logrado”, dijo el director de Tlachinollan. “Creo que son muy trascendentes estos días para ellos y ellas porque se logra un objetivo: acceder a las instalaciones militares, que en otras circunstancias históricas y coyunturas políticas se veía muy difícil”.
–Se ha calificado a estas visitas como “hecho histórico”.
–Tiene toda esta fuerza que le imprimió el movimiento de sobrevivientes y familiares. Es algo que les ha significado muchas batallas. Por otro lado, con el decreto presidencial del año pasado, algunos de los compromisos fueron que se accediera a las instalaciones militares, lo que se ha ido materializando. Desde mediados de este año se logró establecer un acuerdo con personal del Ejército para poder ingresar a las instalaciones.
“Que el Ejército facilite, se valora”
Abel Barrera enfatizó la fortaleza de los colectivos y sobrevivientes. “Su entereza y deseo de ingresar. Ellos tienen historias muy claras y precisas sobre cómo fueron detenidos e ingresados al Campo Militar”.
Asimismo, destacó la disposición de los mandos militares a facilitar el acceso. Las reuniones en que se definió el protocolo sobre cómo se entraría comenzaron en junio, dijo.
La selección de los espacios que se están inspeccionado –según se indica en un comunicado de la Segob difundido ayer– “se basó en documentación militar, así como en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público”.
Al Campo Militar Número 1-A, localizado en los límites del Estado de México y Ciudad de México, fueron trasladadas entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX personas detenidas de forma arbitraria y sometidas a interrogatorios, torturas, prisión clandestina o cuyo destino final, en muchos casos, aún se desconoce. Se habla de al menos 500 personas que fueron llevadas ahí, entre políticos opositores y dirigentes de distintos ámbitos sociales.
“Este lugar ha sido muy señalado por decenas de familiares como lúgubre, un lugar de la infamia. Que facilite (el ingreso) el mismo Ejército, es algo que se valora”, reconoció Barrera.
La Comverdad de la guerra sucia está conformada por cinco mecanismos integrados por civiles y servidores públicos. El primer día de recorrido estuvieron presentes elementos de tres de esos mecanismos, los involucrados con las búsquedas y el esclarecimiento histórico, y cuya presencia en los espacios castrenses es importante.
Ese martes, acompañó a familiares y sobrevivientes personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, dependencia donde fue creada la Comverdad. También hubo representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En opinión del director de Tlachinollan, es importante la presencia los funcionarios “para que sea más efectiva la cobertura de los recorridos, la ubicación de los lugares”.
Una comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del área de Derechos Humanos ha sido la encargada de recibir y guiar los recorridos.
Barrera mencionó que los participantes acordaron no hablar con detalle, por ahora, de las visitas al Campo Militar. Este jueves o el viernes se difundirá un comunicado conjunto de todos los involucrados “para informar de manera objetiva sobre las actividades realizadas”.
Sobre el primer día, abundó, estuvieron en dos sitios “donde las mismas familias han dado testimonio de que fueron donde los ingresaron. En general, fue “un reconocimiento que seguirá más a detalle en estos días”.
–¿Se cumplió la expectativa?
–Fue un ambiente favorable para facilitar el recorrido, (hubo) buena comunicación para implementar el protocolo. Las personas estaban expectantes, interesadas en entrar, en recorrer, ubicar, hacer reflexiones y preguntar. Las unía el interés de ubicar los lugares. Impacta a uno como comisionado.
–¿Cuál ha sido el protocolo para los tres días?
–Hay un plan al que se le ha dado seguimiento, un programa que se acordó con las autoridades militares. Tiene que ver con el recorrido de las instalaciones. Iniciar temprano y terminar después de las seis de la tarde.
Barrera insistió en que ha habido “un gran ánimo entre quienes participan. Se ha mantenido ese ambiente de entendimiento y respeto para esta labor”.
Piden agraviados del terrorismo de estado de El Quemado, se respeten parámetros internacionales para la reparación individual del daño.
Habitantes de la comunidad de El Quemado en la sierra del municipio de Atoyac, agraviados por el terrorismo de Estado durante la persecución de la guerrilla de Lucio Cabañas, dijeron que no fueron aplicados los parámetros internacionales para la reparación individual del daño por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que incluye a 24 de los 70 agraviados.
En voz de uno de los afectados, Isaúl Martínez Palacios, dijeron que el tiempo pasa y no hay una atención formal.
Dijeron que a los sentenciados a 30 años que salieron en libertad gracias a la amnistía que se firmó, no se les está respetando los parámetros para resarcir el daño.
Los agraviados señalan que los parámetros internacionales no se aplican en víctimas de la llamada guerra sucia.
Pidieron se dé un trato parejo a todos y se eviten preferencias de los funcionarios federales.
Señalan que además está en espera de la reparación colectiva hasta el momento las autoridades federales encargadas sólo los traen dando vueltas.
Asimismo lamentaron que el apoyo anunciado de servicios médicos para los agregados de la guerra sucia solamente quedó en discurso ya que señalan que uno de los agraviados tuvo que ser trasladado a una clínica particular para su atención médica debido a que no hay medicamentos hospitales públicos.
Cuestionaron el apoyo anunciado por las autoridades ya que la mayoría son adultos mayores y enfermos “ni para pedir una ambulancia hay”. (Francisco Magaña / Atoyac).
