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Van 15 quejas contra Sedena y 13 contra la GN por violaciones a derechos humanos en el estado

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En medio de la polémica por los señalamientos de la militarización de la Guardia Nacional por su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió de enero a julio de este año 15 quejas por 22 violaciones a derechos humanos por personal de esa institución en Guerrero.
Mientras que contra personal de la Guardia Nacional (GN) recibió 13 quejas en el mismo periodo.
De un total de diez dependencias federales que recibieron quejas, la Sedena ocupa en Guerrero el tercer lugar de quejas recibidas y la Guardia Nacional el cuarto lugar.
De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos publicado en la página Web de la CNDH, a nivel nacional la Sedena recibió un total de 241 quejas y se ubica en el octavo lugar de entre diez dependencias federales.
En tanto que la GN recibió 276 y ocupa el séptimo lugar.
En cuanto a los datos que se refieren a Guerrero, de enero a julio las diez dependencias federales acumularon 131 quejas y las 15 en contra de personal de la Sedena representa el 11.45 por ciento.
Las dependencia que recibieron quejas son: El Instituto Mexicano del Seguro Social; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Instituto Nacional de Migración; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)), Secretaría de Bienestar; Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Educación de la Ciudad de México y Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de las 15 quejas por 22 violaciones a los derechos humanos de personal de la Sedena en la entidad, dos son por detención arbitraria, dos por prestar indebidamente el servicio, dos por privación de la vida, dos por trato cruel, inhumano o degradante, y uno por acciones y omisiones contrarias a la legalidad.
Además, otro por acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia, uno por desaparición forzada o involuntaria de personas, uno por ejercer violencia desproporcionada durante la detención, uno por emplear arbitrariamente la fuerza pública, y uno por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.
También recibió una queja por incomunicación, otra por intimidación, una por ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada, una por omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia, una por omitir brindar protección y auxilio, una por omitir fundar el acto de autoridad, una por omitir motivar el acto de autoridad, y otra por omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño y, en su caso, la indemnización.
En nueve de ellas “no se acreditó el hecho violatorio” y se concluyeron por “orientación”, y seis están en trámite.
Mientras que la GN ocupa el cuarto lugar entre las diez dependencias federales que recibieron quejas.
Las 13 quejas que recibió es el 9.92 por ciento del total de las 131 presentadas en contra de las diez dependencias señaladas.
De las 13 quejas (aunque en el desglose sólo aparecen 12), dos son por detención arbitraria, dos por ejercer violencia desproporcionada durante la detención, dos por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, y una por acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas.
Además, otra por apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada, una por impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil, una por intimidación y otra por prestar indebidamente el servicio público.
En siete “no se acreditó el hecho violatorio” y se concluyeron “por orientación y falta de interés del quejoso” y seis siguen en trámite.

Hay heridas que no han cerrado

Para el ex coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ex presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, no se debe descartar que hay una cifra negra respecto de los agraviados que no se denuncian por el “actuar arbitrario” de las autoridades.
Recordó que en el caso especial de Guerrero, “hay heridas que no han cerrado, por el papel negativo que ha tenido el Ejército desde la época de la llamada guerra sucia, que en innumerables ocasiones ha estado fuera de los cauces legales”.
Añadió que de ello dan cuenta asuntos que han resuelto en contra del Estado, tanto la CNDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y mencionó los casos del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco; los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Recordó el asunto de las indígenas violadas Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y los que aún están en etapa de admisibilidad y trámite como el caso de la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla.
Entrevistado por teléfono el martes, el defensor de derechos humanos consideró por ello que es “un desacierto y un desatino del Estado mexicano insistir que sean los militares los encargados de brindar seguridad pública”.
Expresó que debe tomarse en consideración que la formación de los militares está para eliminar al enemigo, no de acercamiento y proximidad social, mucho menos para prevenir el delito que no está dentro de sus funciones constitucionales.
Explicó que la GN está conformada por personal de Sedena, Marina y de la extinta Policía Federal pero el mando es militar, “entonces, aunque se diga que no es militarización, sí es de hecho, aunque de derecho no porque la Constitución en su artículo 21 establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, de acuerdo a la reforma que se dio en el 2019”.
Opinó que llama la atención el punto quinto del Acuerdo del presidente, que refiere que “las tareas que realice la fuerza armada estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.”.
Añadió que eso puede dar lugar a diluir la posibilidad de fincar responsabilidad oficial en la que incurran, “si tomamos en consideración que de por sí la Guardia Nacional en su origen la integran policías militares, navales y ex policías federales, y ahora que se dispone de la fuerza armada permanente, su supervisión y control será por cada dependencia según corresponda, esto es, por los órganos internos de control de la Sedena, Marina y Guardia Nacional.
Lugo Cortés declaró que lo que llevó a la militarización de la seguridad pública es el hecho de que no se haya privilegiado el fortalecimiento de las policías civiles, desde el ámbito federal, estatal y municipal.
“Se han dejado en el olvido y la consecuencia lógica es que no se pueden atender las zonas de inseguridad y de violencia por parte de esas policías estatales e incluso de la federal porque no se ha privilegiado la profesionalización, la capacitación de estas policías que son a las que deben encomendarse las autoridades del Estado mexicano”.

 

 

“Tiene muchas probabilidades de recuperarse”, informa el esposo de la locutora de Ometepec

 

“Tiene muchas probabilidades de recuperarse, la herida no es para causarle la muerte”, indicó el esposo de la locutora Marcela de Jesús Natalia, Mario Martínez Bautista, luego de la valoración que le hicieron a su esposa como resultado de la tomografía que le tomaron.
El regidor del PRI en Xochistahuaca urgió a las autoridades para que se investigue y detenga a quienes dispararon contra su esposa, para que no se vuelva costumbre la agresión a quienes trabajan en medios de comunicación.
La locutora indígena Marcela de Jesús Natalia fue agredida a balazos el pasado sábado por la mañana, cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), en Ometepec.
Al mediodía de ayer se encontraba estable, según lo dicho por los médicos a sus familiares. Su esposo explicó que los doctores indicaron que tiene “muchas probabilidades de recuperarse”, que la mantienen sedada porque tiene inflamada una parte del cerebro, aunque al parecer no tiene daño, lo cual se confirmará una vez que ceda el absceso.
Los médicos dijeron a la familia que probablemente mañana se pueda determina qué cirugías requiere.
Marcela de Jesús cumplió años el mismo sábado. Su esposo consideró que la agresión “fue planeada, la esperaron”, por eso exigió que se investigue el hecho. Enfatizó que como familia están enfocados en la salud de su esposa, porque es lo que les preocupa ahora, sin embargo consideró que esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de dar resultados de la investigación que inició por el atentado.
Expuso que es importante que se detenga y castigue a quienes atentaron contra su esposa, porque “sino se va a volver costumbre agredir a la gente que trabaja en los medios”.
Por la mañana, desde la Secretaría de Salud se informó que Marcela de Jesús se mantenía sedada, conectada a un respirador, sin deterioro neurológico, fiebre y taquicardia leve, y había recibido trasfusión de sangre.
De Jesús Natalia es conductora de diferentes programas en RTG, uno de ellos es dirigido a niños y otro a mujeres indígenas, que tiene el objetivo de concientizarlas en temas de desarrollo para empoderarlas.
Mario Martínez dijo que su esposa, además de locutora, es gestora social y colabora con diferentes organizaciones. Habla ñomndaa (amuzgo), que es su lengua materna, un savi (mixteco), español y un poco de inglés. Tiene cinco hijos.
Hace tres meses dejó el cargo como presidenta del DIF de Xochistlahuaca, porque no tenía apoyo para ejercer sus funciones, el cual ocupó luego de haber apoyado la candidatura de la priista Aceadeth Rocha en la pasada elección. Antes buscó en ocasiones diferentes la precandidatura a diputada local y a la de presidenta municipal por el PRD, partido que dejó por no permitirle avanzar políticamente.

Va al hospital Hipólito Lugo, de la CNDH

Vía telefónica, el coordinador de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés, informó que visitó a los familiares de Marcela de Jesús en el Hospital General, en la preocupación por preservar la vida y garantizar el derecho a la salud de la gestora amuzga.
Expuso que los médicos les dieron el diagnóstico y se analiza todavía si requiere o no cirugías. Lugo Cortés enfatizó que como CNDH tendrán “los ojos puestos” en el caso, para insistir a las autoridades en la investigación de los hechos y que se detenga a los responsables, porque si no se castiga quedará en impunidad y permitirá que sigan ocurriendo hechos similares.
Se congratuló de que los reporteros de Guerrero se hayan solidarizado con Marcela de Jesús, porque consideró que es una manera de insistir a las autoridades para que cumplan con la investigación.
El sábado, en un comunicado, la CNDH informó que solicitó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, medidas cautelares para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de De Jesús Natalia, además de resguardar las instalaciones de las radiodifusoras en las que labora, pues también tiene un programa en Radiorama. También solicitaron medidas de contención emocional para los familiares de Marcela y de quienes trabajan en RTG.
Recalcó que Guerrero ocupa el tercer lugar en homicidios de periodistas, junto con Tamaulipas y Chihuahua, con 14 casos; en primero se encuentra Veracruz, con 20, y Oaxaca en segundo, con 15.
En Guerrero persiste una situación de gravedad en contra de quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, “cuestión que debe obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a establecer las acciones y las políticas públicas acordes con la preocupante situación”.
La CNDH se solidarizó y respaldó a todos los periodistas del país y en especial de Guerrero. Demandó “a las autoridades correspondientes una investigación ágil y diligente para dar con los responsables de esta agresión y evitar a toda costa que haya impunidad”.
También, el sábado, el alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, condenó y lamentó el atentado contra la locutora y ex presidenta del DIF Municipal de Xochistlahuaca, la cual dijo “se enmarca en esa descomposición social de la que todos somos parte”.
Se expuso en el comunicado emitido por el Ayuntamiento que las circunstancias en que se vive obligan a reforzar los esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de la violencia e inseguridad, así como a no politizar la agresión contra la locutora, “la prudencia, el respeto y la solidaridad deben ser los valores que prevalezcan”.
Indicó que el gobierno municipal estableció comunicación con el fiscal general del Estado “para ser coadyuvantes con la disposición de las grabaciones registradas en las cámaras de videovigilancia, de manera que las autoridades competentes tengan y dispongan de elementos para el esclarecimiento y castigo a los responsable de este aberrante suceso”.
Asimismo, en una carta que circuló el mismo sábado, 132 periodistas y reporteros de Guerrero condenaron la agresión y exigieron a la FGE que “haga su trabajo”, al ser la dependencia encargada de la investigación de los hechos y dé resultados inmediatos.
En el texto se expone la “inoperancia” de las instituciones que deja en indefensión a los guerrerenses, “todo puede pasar en Guerrero porque los delitos quedan impunes, por ello es urgente que den resultados las autoridades investigadoras”.
Los reporteros expusieron que se vive en un ambiente de intimidación, con la que se pretende callar a quienes quieren comunicar lo que la sociedad siente ante la “incontenible violencia”. Solicitaron “acciones de protección, una investigación profunda y castigo a los autores materiales e intelectuales del atentado”.

 

Recibe la CNDH 213 quejas contra autoridades federales en Guerrero de enero a octubre de 2015

 

La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.

Felicita Hipólito Lugo a Jorge Luis Sierra por su artículo sobre la desaparición forzada

Señor director:

Considero de interés para los lectores de El Sur la siguiente carta que me envió el maestro Hipólito Lugo Cortés, visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Saludos: Jorge Luis Sierra.

Expreso a usted mi felicitación por sus ilustrativos comentarios en su artículo sobre la desaparición forzada de personas (El Sur, 30-04-04) que sin duda contribuyen a la apertura de espacios para la reflexión en la opinión pública en torno a un tema escabroso, lo cual nos motiva a seguir luchando por la vigencia y respeto a la dignidad humana, porque no nos sentimos solos.

Lamentablemente los hechos relativos a la desaparición forzada de personas se siguen cometiendo en la actualidad en Guerrero, por ello los representantes de los poderes públicos deben mostrar voluntad política en el reconocimiento y adhesión a los instrumentos internacionales, incorporando en las legislaciones internas las figuras o instituciones jurídicas necesarias para el combate a la impunidad y reafirmar la vigencia interna de los derechos humanos –reconocidos en el orden jurídico supranacional–, al emprender acciones encaminadas hacia su protección.

En esta tarea resulta determinante la intervención que deben tener los legisladores, a efecto de encontrar las fórmulas jurídicas idóneas para armonizar los reclamos sociales, en el marco del estado democrático y social de derecho.

Compartimos la idea y la cristalizamos en hechos, pues estimamos que debe existir un compromiso de todos, pueblo, gobierno, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, en coordinar esfuerzos para conformar y afianzar un frente común y abatir los males que nos aquejan, la violación a los derechos humanos, la delincuencia, la inseguridad pública, pues no miden barreras ni hacen distingos.

Los familiares de las personas desaparecidas reclaman castigo a los responsables, se llenan de sentimientos de ira, de impotencia y desesperación por haber perdido a sus seres queridos, han visto lesionada su integridad física y psíquica, o bien, han perdido su patrimonio en aras de la búsqueda de la justicia.

Compartimos su preocupación respecto a la necesidad de conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de sus seres queridos y castigar a los responsables.

Por ello, en Guerrero, en una conjunción de acciones entre la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, elaboramos una propuesta de Ley Especial para la Prevención y Erradicación de la Desaparición Forzada de Personas.

Hemos llevado a cabo diversas reuniones con las distintas comisiones ordinarias del Congreso del Estado y fracciones parlamentarias, a efecto de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación sobre la necesidad de que se analice, discuta y en su caso apruebe dicha propuesta; incluso está pendiente de que los diputados nos digan fecha para que reciban al señor Anders Kompas, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien comentará sobre esta temática, de la cual es especialista.

A efecto de que tenga conocimiento del contenido de nuestra propuesta, le envío el texto de la misma, esperando le sea de interés.

 Atentamente
Maestro Hipólito Lugo Cortés
Visitador general y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Involuntaria de Personas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Preocupa a Codehum la presencia del Ejército, advierte el visitador Hipólito Lugo




El visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, admitió ayer que es “preocupante” la presencia del Ejército en Guerrero, sobre todo porque tiene una imagen “negativa” por su labor en las décadas de los 60 y 70, durante la guerra sucia.
Señaló que por eso el organismo estará pendiente durante las acciones militares y de las policías federales para que no se violenten los derechos humanos y que, en su caso, turnará las quejas a la Comisión Nacional.
“Es preocupante la intervención del Ejército en labores que corresponden a autoridades del orden civil, sea locales, estatales o federales”, indicó y dijo que de 10 años a la fecha se ha visto el incremento en la intervención de las funciones policiales por parte del Ejército y de la Armada”.
Lugo insistió que la militarización es preocupante, tomando en cuenta que en Guerrero el Ejército tiene una historia “negativa”, sobre todo en la época de la guerra sucia “que dejó muchas heridas en la sociedad; agregó que por eso es preocupante para la Codehum que en aras del combate a la delincuencia exista el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos en contra de los guerrerenses.
Indicó que ese organismo estará pendiente por si se llegaran a presentar quejas e inconformidades en contra de los agentes que participan en este operativo turnar el caso a la Comisión Nacional.
Dijo que independientemente de que sean del amito municipal estatal o federal, “no podemos permanecer impasible ante las violaciones a los derechos humanos que lleguen a denunciarse”.
Lugo señaló que en caso de que se presentaran denuncias en contra del Ejército o de las policías federales, la Codehum intervendrá documentando los casos para tornarlos a la Comisión Nacional.