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Medicina y Psicología en Acapulco aumentan sus espacios este año, informa la UAG

Karina Contreras

La Facultad de Medicina y Psicología en Acapulco, así como la de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, ubicada en Huamuxtitlán, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), aumentaron sus espacios para este nuevo ciclo escolar.
La UAG, para el ciclo escolar 2023-2024 emitirá 5 mil 150 fichas para las escuelas del área de la salud, donde únicamente podrán ingresar mil 855.
En la convocatoria emitida este lunes, se observa que la Facultad de Medicina en su licenciatura de Médico Cirujano emitirá mil 250 fichas, igual que el ciclo 2022-2023, pero ahora serán 245 lugares, cuando el año pasado fueron 210, es decir, 35 más.
En Enfermería, en sus cinco escuelas, mantienen los mismos espacios que en el ciclo pasado.
La carrera de Cirujano Dentista, en la Facultad de Odontología, emitirá 300 fichas y sólo tiene 90 espacios de ingreso. Mientras para la licenciatura en Químico Biólogo Parasitólogo serán 450 fichas, de los cuales nada más ingresarán 175.
La escuela de Psicología aumentará de 300 a 360 y las fichas que emitirá serán 500.
Químico Farmacéutico Biólogo bajó sus fichas,de 450 para 70 espacios a 300 para 60.
Nutrición y Ciencias de los Alimentos, en Acapulco, emitirá 120 fichas y 40 espacios; la escuela de Taxco 140 fichas y 40 espacios, y la ubicada en Huamuchitos subirá de 45 a 50 espacios, pero seguirá entregando 100 fichas.
Mientras que la licenciatura en Fisioterapia, que se encuentra en Taxco, emitirá 140 fichas, pero sólo aceptará a 40 estudiantes.

Hallan a dos niños secuestrados en Tlapa en un hotel de Huamuxtitlán; no se pagó rescate

Los dos hermanos menores de edad que fueron reportados secuestrados en Tlapa el viernes fueron localizados en el municipio de Huamuxtitlán, regresaron a su casa sin pagar el dinero del rescate que se le pidió a su familia.
Los hermanos Josefina de 12 años y José Ángel de siete salieron de su casa en la colonia Santa Anita de esta ciudad el viernes, sin decir a dónde, siguiendo órdenes que les dieron por teléfono.
Sus familiares, amigos y policías municipales de Tlapa se movilizaron para buscarlos en hoteles y casas de huéspedes luego de que se sintieran amenazados por quien llamó por teléfono celular.
La búsqueda en hoteles, hospederías y casas de huéspedes de la ciudad fue porque supuestamente opera un grupo delictivo que secuestro contactando por teléfono celular a las personas, y las obligan a salir de sus hogares e irse a un hotel a hospedarse, en tanto contactan a sus familiares para pedir un rescate.
Los dos menores fueron localizados el domingo en un cuarto de hotel en la cabecera municipal de Huamuxtitlán, donde les ordenaron llegar sin ver a las personas que ahí estaban, y no consumieron alimentos en ese lapso.
A los familiares les exigían 750 mil pesos por su liberación pero no dieron el dinero porque los niños fueron encontrados.
El matrimonio de Faustino de 22 años y su esposa Rocío Pacheco Prado de 17, que fue reportado como desaparecido el lunes 13 de agosto luego de que salieran a alimentar a sus aves de corral en la colonia Contlalco, de esta ciudad fue localizado en Zacatipa del municipio de Xalpatláhuac, a donde acudieron a una fiesta de un familiar. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Hallan ahorcado a un policía en la cárcel de Jilotepec, Huamuxtitlán

En la comunidad de Jilotepec, municipio de Huamuxtitlán, hallaron ahorcado a un policía en la cárcel donde fue encerrado por alterar el orden y andar alcoholizado.
Según fuentes oficiales el policía era integrante de la Comisión de Vigilancia del poblado y fue detenido por sus compañeros el sábado, como a las 9 de la noche, y horas más tarde acudieron a la celda por los ruidos que escucharon y encontraron a Eusebio de 35 años colgado del techo, amarrado con sus agujetas y un alambre.
Los policías trataron de reanimarlo pero ya estaba muerto por lo que informaron a la agencia del Ministerio Público de Huamuxtitlán.
El cuerpo fue reclamado por su padre y hermano, quienes se negaron a que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico de Chilpancingo.
La familia informó que pedirá que se haga una investigación a las autoridades locales para determinar su responsabilidad. (Antonia Ramírez / Tlapa).

 

Matan a una pasajera y hieren al chofer de una camioneta en asalto en la carretera de Olinalá

Una comerciante murió y el chofer resultó herido en el intento de asalto a mano armada a una camioneta de pasajeros de la ruta Huamuxtitlán-Olinalá, en la carretera.
El pasado lunes por la mañana, por la carretera Olinalá-Chiaucingo, en el punto conocido como Aguaxotla un grupo de hombres armados con rifles de alto calibre le salió al paso a la camioneta Urvan que conducía Cirilo Nájera Pablo de 55 años.
El conductor, quien es padre del esposo de la presidenta priista de Cualac, no se detuvo y siguió su trayecto hacia la comunidad de El Paraíso, y los asaltantes le dispararon, le dieron más de cinco balazos, pero siguió manejando y se detuvo kilómetros adelante.
En el ataque a balazos pereció la comerciante que viajaba como pasajera Alba Salgado Ortega, gravemente herida de bala, y los otros pasajeros salieron ilesos.
Personas que pasaron por el lugar trasladaron al conductor al hospital de Huamuxtitlán.
Los pobladores acusaron de omisión a las autoridades municipales priistas de Olinalá y Cualac, a quienes les han reportado la necesidad de seguridad en este punto donde han ocurrido otras agresiones.

Mandó a reeducación a tres jóvenes por acuerdo, dice el comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán

 
El comisario municipal de Coyahualco del municipio de Huamuxtitlán, René Fuentes Acevedo reiteró que se envió a “reeducación” con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) a tres jóvenes vecinos, por un acuerdo del pueblo “porque ya no los aguantaban”.
Por teléfono mencionó que la Policía Comunitaria del poblado los envió a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, luego de retenerlos por los señalamientos de los pobladores de que eran los responsables de varios robos.
Dijo que como parte del sistema de justicia comunitario, luego de que fueron retenidos por los auxiliares de la comisaría y se determinó en asamblea su responsabilidad, fueron trasladados el 15 de febrero y desde ese momento se están entregando las pruebas y los testimonios.
Mencionó que en la Casa de Justicia de San Luis no le dieron un plazo para la entrega de la pruebas, sino que sigue el procedimiento de investigación y que quienes acusan a las personas son los pobladores.
Agregó que una víctima dice que le robaron y que mostró pruebas ante las autoridades comunitarias, “pero parece que ahora no quiere decir nada porque es el padrastro de uno, por lo que se van a tomar otros acuerdos con la comunidad”.
Dijo que invitó a los afectados a que denunciaran y entregaran la información que tienen para el proceso de los señalados, “creo que no se ha hecho, pero siguen en la postura de que los reeduquen”.
Mencionó que los invitó a que lo hicieran por el sistema de justicia comunitario o en el Ministerio Público para que se aclararan las cosas, o se les castigara por las faltas.
De las acusaciones de familiares de que los detuvieron de manera arbitraria y sin sustento, mencionó que están en su derecho de defenderlos, pero hay señalamientos y que él no acudirá a ningún requerimiento de la agencia del Ministerio Público en Tlapa porque el distrito judicial al que corresponde Coyahualco está en Huamuxtitlán, “allá fueron a contar otras cosas y nos están citando, pero no iremos porque es un acuerdo de asamblea”.
Agregó que este jueves tendrán una asamblea en el pueblo para atender estos puntos ante la judicialización, a la que los familiares los quieren someter cuando los tres jóvenes están siendo “reeducados”.
La señora  Bertha Apreza Acevedo, abuela de José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, denunció que su nieto fue detenido de manera arbitraria y sin pruebas por robo el 15 de febrero, y por eso presentó una denuncia en Tlapa.
Los otros detenidos son Alberto Morales Peral y José Luis Acevedo Orea de quienes su mamás han pedido su libertad porque aseguran que no son culpables, han denunciado que nadie les ha hecho caso y pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y en los primeros días de marzo visitaron a sus hijos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

Marcha en Huamuxtitlán la Policía Ciudadana y Popular; exige se reconozca su sistema

Integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular  (CRSJ-PCP)  de la cabecera municipal de Huamuxtitlán marcharon para exigir el respeto a los  derechos de los pueblos indígenas amparados en la Ley 701 y que se incorpore en ella  el reconocimiento de su  sistema de seguridad y se manifestaron en contra del gasolinazo.
La marcha comenzó  como a las 10 de la mañana y fue desde la gasolinera  al Ayuntamiento, en su recorrido los participantes gritaron consignas y desde un carro de sonido explicaban el motivo de su  movilización.
Al llegar al Ayuntamiento se colocaron frente a la fachada con sus mantas y pancartas.
Ahí se leyó el manifiesto del sistema de seguridad  surgido en la comunidad nahua de Temalacatzingo, Olinalá, que se ha instaurado en colonias del municipio de Tlapa y  localidades del municipio de Malinaltepec y  Cualac y dijeron que de manera conjunta estuvieron en Olinalá.
Los manifestantes exigieron la solución a las demandas fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que tienen años sin atenderse y están plasmadas en los pliegos petitorios específicos, además de un alto a la violencia institucional y jurídica que se ejerce contra los militantes de la CRSJ-PCP.
También exigieron al juez décimo de distrito del estado que dé una resolución definitiva y que absuelva de los delitos falsos que la organización priista Antorcha Campesina en complicidad con el Ministerio Público (MP) de  Olinalá y funcionarios del Ayuntamiento en el periodo del priista, Eusebio González  Rodríguez, fabricaron  a integrantes de la PCP, quienes fueron designados en asamblea  como guardianes de la seguridad del pueblo.
Exigieron al Estado mexicano, el Tribunal de Justicia del Estado, el juez del Juzgado Décimo de Distrito, respeten la Ley 701 y el artículo 2  de la Constitución, así como un alto a la represión y presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, libertad a todos los presos políticos del país, esclarecimiento a los asesinatos de activistas, luchadores sociales, profesores y mujeres.
Y que el  gobierno del estado dé cumplimiento a la demanda de los pueblos sobre la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero (SEPOG).
Pidieron que el Ayuntamiento se manifieste  ante el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el Congreso para que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos  y comunidades indígenas del estado no sea reformada y se afecten los derechos elementales de los pueblos y se respete la autónoma y la libre determinación.
Y que si el Congreso hace modificaciones  debería consultar el contenido con los pueblos y no sólo a pequeños grupos de acarreados y manipulados  ya que “toda ley que se impone de facto es ilegítima y genera violencia”.
Pidieron a los integrantes del Cabildo, al presidente, síndicos y regidores que se pronuncien contra la reforma energética, laboral, educativa, hacendaria y de salud que en su conjunto generan discriminación, exclusión y pobreza, como ejemplo pusieron el alza a los costos de la gasolina, los impuestos y aumento de los precios de los productos de la canasta básica.
Los manifestantes se quejaron de la inseguridad y las cifras de marginación y pobreza en el estado que limitan el desarrollo de las comunidades. También de que  la Ley 701 contempla varios derechos pero sólo en el papel y que en la realidad no se cumplen, por lo que exigieron que sean acciones reales  no sólo de esta ley específica para indígenas  sino de todas las que amparan a los ciudadanos.
Unos guardias entraron al Ayuntamiento a dejar un documento con las demandas específicas que tiene la PCP en este municipio y fueron recibidos por la secretaria del presidente, al tomar la fotografía del hecho policías municipales que cuidaban la puerta cerraron el paso a esta reportera diciendo que no se podía hacer eso y  llamaron a mujeres policías para intimidar y sacar del edificio porque no “estaba permitido tomar fotos”.
Los guardias de la PCP cumplieron con el protocolo de dejar el documento porque el edil estaba en otra actividad, salieron a informar a sus compañeros y se retiraron del lugar para finalizar su actividad que dijeron fue simultánea en las comunidades donde tienen presencia.

Aceptan acusadores de Arturo Campos en su careo que no lo conocen y que no les ha pedido dinero

En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.

La delincuencia se está metiendo en pueblos de Huamuxtitlán, denuncian los comisarios

El Consejo de Autoridades Comunitarias del municipio de Huamuxtitlán  se reunió con el presidente perredista de ese municipio, Mario García Flores, y planteó el problema de la inseguridad, las obras prioritarias de las comunidades y el saneamiento de las aguas del río Tlapaneco.
El presidente del consejo y comisario de la comunidad de Coyahualco, René Fuentes Acevedo informó que el domingo se reunirían con todo el Cabildo porque así lo habían acordado con los regidores el pasado 22 de enero, pero no fue así y sólo platicaron con el presidente y la síndica procuradora, Martha García Silva, a quienes les dijeron de manera general los problemas a solucionar.
Se acordó una reunión con el Cabildo el próximo 5 de febrero a las 10 de la mañana para revisar a detalle el planteamiento de los nueve comisarios que integran el consejo y representan el total de las comunidades que integran el municipio que son Conhuaxo, San Miguel Totolapa, Jilotepec, San Pedro Aytec, Tlalquetzala, Santa Cruz, Tlaquiltepec, Tepetlapa y Coyahualco.
Fuentes Acevedo dijo que al alcalde le plantearon coordinarse para la gestión de obras de manera conjunta  y no sólo les diga que no hay dinero, “pues si no hay dinero, el consejo irá con él para gestionarlo, es el respaldo que queremos hacer para beneficiar a nuestras comunidades”.
Mencionó que uno de los problemas es la inseguridad porque la delincuencia se está metiendo en las comunidades,  “consideramos que debemos hacerle frente y eso sólo se logra organizándonos  y por eso pedimos que apoye a las policías de las comunidades con recursos económicos, se tengan permisos para portar armas de bajo calibre, equiparse con radios, transporte para poder cerrarle el paso a la delincuencia”.
El comisario de Tlaquiltepec, Javier Rosendo  dijo que el consejo es para que todos los comisarios se unan contra el rezago de sus comunidades y se frene la delincuencia y que este año sea diferente para el municipio en la gestión de obras que realmente los beneficien, “es la primera vez que nos unimos todos los comisarios para plantear temas específicos”, dijo.
Mencionó que en las comunidades hay robos y asaltos en plena luz del día pero ellos no pueden actuar si no hay denuncias en las comisarías, aunque se investigan los hechos, por lo que pidió la cooperación de todos y así ellos puedan presentar las quejas al Ayuntamiento y solicitar la ayuda.
Mencionó que el problema de la contaminación de las aguas del río Tlapaneco de manera general.
Los comisarios coincidieron en que hay una descomposición en los jóvenes ya que cada vez hay más que consumen drogas y los hacen cometer ilícitos por lo que tienen que tomar acciones preventivas, antes de que den paso a la delincuencia.
El comisario de Coyahualco acudió acompañado de un grupo de principales porque irían a la agencia del Ministerio Público (MP) a denunciar al encargado de recibir el pago del agua potable, Víctor Vizoso Clemente, por el robo de  9 mil 850 pesos que reunió para pagar la energía eléctrica, pero huyó con el recurso y ahora tienen la amenaza de que les cortarán la energía este lunes.
La reunión fue a puerta cerrada con el alcalde.
Luego de la reunión, el alcalde salió del Ayuntamiento y una camioneta se acercó y en seguida dos patrullas que decían Policía Federal (PF), el alcalde denunció hace días que fue amenazado por el crimen organizado y debía abandonar el cargo.
En esta cabecera municipal existe la Policía Ciudadana y Popular  adherida a la de Temalacatzingo del municipio de Olinalá y la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.

Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga

En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.

El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar

De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.

No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales

Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Asesinan a balazos a un policía de Jilotepec, Huamuxtitlán

En Jilotepec, municipio de Huamuxtitlán, asesinaron a balazos a un policía de la comunidad que también era pastor.
El cuerpo del policía José Martín Germán Rivera de 37 años, fue encontrado en la carretera de terracería que va de Jilotepec a Comitlipa el martes. Esta comunidad tiene sus límites con el estado de Puebla.
El cuerpo presentaba tres impactos de bala de escopeta en la espalda y en el cuello; se desconoce el móvil de homicidio.