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Acuden a Ayahualtempa funcionarios del gobierno estatal para entregar apoyos escolares

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

Funcionarios del gobierno estatal fueron este viernes a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y llevaron mobiliario escolar, material de oficina y equipo de cómputo para la telesecundaria Independencia de México.
Los funcionarios fueron encabezados por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y se comprometieron a iniciar la construcción de esa escuela en abril próximo.
Acompañaron al director de Gobernación el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y también asistió el síndico procurador de José Joaquín de Herrera, Salvador Flores Castillo.
La visita de los funcionarios del gobierno estatal se dio dos días después de que alumnos de la telesecundaria Independencia de México marcharon acompañados de sus padres y maestros; mientras las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron con la construcción del plantel.
El miércoles, los maestros y padres de familia mostraron como reciben sus clases los niños, sentados en piedras y algunos sólo apoyados en cajas de madera, bajo la sombra de encinos, porque los gobiernos estatal y federal no han construido la escuela, como se comprometieron el año pasado, para evitar que los niños salgan a las poblaciones vecinas a estudiar ante el riesgo de la violencia.
Entrevistado después de una reunión con las autoridades comunitarias del pueblo en la cancha, el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, informó que entregaron 50 butacas, dos pintarrones, dos mesas y sillas para maestros, cuatro computadoras y dos impresoras.
El funcionario aclaró: “Esta entrega no obedece a la manifestación que (los pobladores) hicieron, ya lo habíamos acordado el lunes con el comisario municipal y con los líderes del movimiento comunitario, de que hoy estaríamos materializando el acuerdo que hicimos con ellos el año pasado”, aseguró.
Pero reconoció que los apoyos forman parte de la atención que tiene el gobierno estatal, “por lo que ustedes saben. Es una comunidad que se ha visto muy golpeada por la inseguridad y, en algún momento, en un acto de desesperación, tuvieron que recurrir a armar a los niños”.
El funcionario agregó que esta situación “no es correcta, porque nuestras niñas y niños deben estar en la escuela. Lo más preciado que tiene el ser humano es la niñez”.
Por ello, anunció que en este año el gobierno estatal va a construir dos aulas, un espacio para actividades cívicas y un módulo sanitario “para que la escuela sea una realidad y los niños y niñas ya no tengan que trasladarse a otra localidad a recibir su educación y, en todo caso, la reciban aquí, seguros”.
Rodríguez Cisneros informó que en cuanto a los otros compromisos que firmaron con los representantes de la población, y que no ha sido posible cumplir, como la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, es porque tiene que ver con el gobierno federal.
Además, explicó que la normatividad no permite que se construya un banco en Ayahualtempa, pero informó que hay pláticas con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, para instalar un cajero en este pueblo.
Con respecto a la violencia, que de acuerdo con los representantes comunitarios se ha contenido en los últimos meses, no se han investigado los asesinatos y desapariciones ocurridas en años anteriores, el funcionario estatal aseguró que ha habido reuniones para atender el problema.
“Lo que tiene que ver con este tipo de indagatorias son situaciones complejas, porque además de cuidar el debido proceso, tienen complejidad por la región; sin embargo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están haciendo las acciones necesarias. Cada vez que las familias lo requieren y nos dan un indicio donde presumen que pudiera estar una persona desaparecida, la Comisión de Búsqueda en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y la misma Fiscalía, acuden y se realizan las acciones, a veces hemos tenido resultados positivos”, aseguró.
Por su parte, el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, organismo al que pertenece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía comunitaria que opera en este pueblo, informó al término de la reunión que los funcionarios se comprometieron a que el 30 de abril comenzaría la construcción de dos aulas, un baño y una explanada.
Dijo que también a finales de este mes van a regresar funcionarios de la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del centro de salud y atender las necesidades del mismo.
Con respecto a la construcción de la sucursal del banco, dijo que los funcionarios argumentaron que ya se construye en la cabecera municipal y que en Ayahualtempa solamente van a instalar un cajero automático.
Respecto a la pavimentación de 500 metros de la calle principal, por parte del gobierno estatal, los funcionarios les dijeron que el 21 de marzo iniciarán con la primera etapa.
Agregó que también los funcionarios se comprometieron a iniciar este año la construcción de un puente, que comunique a Ayahualtempa con la comunidad Amatitlán.
El representante comunitario admitió que no quedan satisfechos, “porque hay muchas más necesidades” y dijo que tienen un concentrado de peticiones desde 2019, cuando estaba el ahora ex gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien no nos solucionó nada”.

La telesecundaria de Ayahualtempa sí tiene clave, replican a Marcial maestros y el director en

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

El personal docente de la telesecundaria Independencia de México, de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), desmintió al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, respecto a que esa escuela carece de clave.
El personal de la institución mostró este viernes documentos que comprueban que desde el 23 de agosto del año pasado, le asignaron la clave 12DTV0581X, bajo la coordinación de la zona escolar 2023.
Las maestras declararon que “o está mal informado o mintió de mala fe el secretario”.
El secretario Rodríguez Saldaña informó el jueves a El Sur que la telesecundaria Independencia de México de Ayahualtempa no cuenta con clave y que por eso no se construye su edifico, como lo está pidiendo el personal docente, alumnos y padres de familia, pero que aun así le mandarían mobiliario este viernes.
La declaración del funcionario se originó debido a que el miércoles, los 60 niños, sus maestros y padres de familia marcharon para exigir la construcción de su plantel y mostraron como reciben sus clases: a la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos.
Este viernes, el personal docente mostró una tarjeta informativa que envió el jefe del Departamento de Telesecundarias, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alexis Ocampo Cervantes, al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, con fecha del 23 de agosto de 2022, en la que le notifica la autorización de ese “nuevo centro de trabajo” y le da a conocer la clave, “a petición de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores, de José Joaquín de Herrera”.
El documento dice: “Le informó que de acuerdo con la reunión del 15 de junio del 2020, con el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, se autorizó el centro de trabajo, asignándole la clave 12DTV0581X bajo la coordinación de la zona escolar 2023”.
Detalla el funcionario de la SEG que para el funcionamiento de esa telesecundaria, se ofrecieron dos espacios de docentes para iniciar el servicio educativo, y que fueron seleccionadas por personal en servicio las profesoras Yareli Coctecón Ángel y Marylú Basilio Ramírez, “quienes están en espera de que se emitan sus documentos de cambios de adscripción, por parte de la Dirección General de Administración de Personal”.
Se explica en el documento que una vez que llegan las profesoras al centro de trabajo de nueva creación, “el supervisor escolar deberá primeramente determinar, asignarle la encomienda a una de ellas, como responsable de la escuela, para que realice el siguiente trámite (notificación de movimiento al catálogo, gestión del nombre y clave)”.
En otro documento, denominado Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, de la SEG, con fecha del 15 de noviembre de 2022, se precisa que la clave del centro de trabajo es 12DTV0581X y que el nombre es Independencia de México.

La secundaria de Ayahualtempa no tiene clave y por eso no se hace el plantel, explica la SEG

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, justificó que la secundaria de la comunidad nahua Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), no cuenta con clave, por eso no se les construye su plantel, pero que ya se la va a otorgar y recibirán apoyo.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en Ayahualtempa, toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Por lo anterior, el secretario de Educación informó que es una escuela que no tenía clave, “al no estar registrada oficialmente ante la SEG no se podía generar ninguna inversión” por parte del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
Dijo que a la secundaria ya se le otorgará la clave, por ello se le dará la atención. Indicó que este viernes, autoridades del gobierno estatal acudirán a la localidad para llevarles a los alumnos butacas y pizarrones.
El funcionario estatal destacó: “Ya le di instrucciones al IGIFE para que se atienda ese asunto y que apoyarán la demanda de los estudiantes, que es la infraestructura. Una vez que ya tienen la clave forman parte de la SEG”.
–¿Por qué no se les otorgaba la clave?
–Tiene que ver con la matrícula y que tengan un lugar dónde recibir las clases, tienen que cumplir varios requisitos.
Argumentó que la Subsecretaría de Planeación Educativa, que encabeza Benjamín Adame Pereyra, “ya les va a entregar la clave”.
–¿Cuántos alumnos debe de tener una escuela para adquirir una clave?–se le cuestionó.
–Para que una secundaria tenga clave deberá de tener 80 estudiantes y en Ayahualtempa acuden 59.
A pregunta sobre si es necesario que los alumnos tengan que protestar para que sean escuchados, respondió que las autoridades estatales los han atendido, por parte de la Secretaría de Gobierno.

Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.

Alumnos de secundaria toman clases en un baldío

A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niñas y niños indígenas de Ayahualtempa, comunidad nahua del municipio José Joaquín de Herrera acuden a estudiar en un terreno baldío a la entrada del pueblo, porque los gobiernos federal y estatal no han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo. Ayer, alumnas y alumnos marcharon en su comunidad, con sus maestros y sus padres y otros niños de primaria, para exigir la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico Foto: Lenin Ocampo Torres

Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa

Niños indígenas de la comunidad nahua, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases en un terreno baldío a la salida del pueblo, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

Recuento: 47 muertos, 21 desaparecidos y un detenido de la CRAC-PF desde 2015

Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa y Jose? Joaquín de Herrera se manifestaron el viernes al paso del convoy del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador por el crucero de Colotepec, donde lo pararon 15 minutos para exponerle la situacio?n de violencia en sus comunidades Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 24 de noviembre del 2015 la Urvan número 45, placas 4668-FMC, salió poco después de las 6 de la mañana de San Jerónimo Palantla con siete pasajeros a bordo rumbo a Chilapa. A las 6:40 en el punto conocido como La Ciénega, antes de llegar a Atzacoaloya, fue atacada a balazos y cuatro de los ocupantes, el chofer y tres mujeres, fallecieron por la lluvia de disparos.
Elizabeth, una niña de cuatro años y Flora, una adolescente de 14 resultaron heridas. El séptimo pasajero logró huir ileso.
Las cuatro víctimas mortales fueron: Ángela Casarrubias Cortés de 52 años, su hija Ana Orgín Casarrubias de 22 y madre de Elizabeth. Además Victoria Díaz Bernabé de 34 años y el chofer de la Urvan, Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era promotor y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de San Jerónimo Palantla, de donde eran originarias las demás víctimas.
Ese día, de acuerdo a la CRAC-PF y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), marcó la violencia que viven los pueblos nahuas de esa región de Chilapa que ha dejado 47 asesinatos, 21 desaparecidos y un detenido.
Esas cifras fueron las que le entregaron en un documento el viernes pasado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el crucero de Colotepec donde el mandatario fue interceptado.
Le reprocharon que los tres órdenes de gobierno han minimizado y no han querido resolver ni atender el problema de la violencia provocada por los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos, aunque el primero ya fue desarticulado con la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, el 21 de agosto del 2019.

Casos representativos

La masacre del 24 de noviembre del 2015 fue atribuida por la CRAC-PF y el Cipog-EZ a integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) al que pertenece un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, y al que vinculaban con el grupo delictivo Los Rojos.
El 11 de junio del 2016, fue asesinado en Xochitempa el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y vecinos de San Jerónimo Palantla representados por el FDP.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de El Paraíso de Tepila desaparecieron. Entre ellos Anita, de tres años, Elena y Zacarías de seis, Juanita de siete, Emiliano de nueve, Sergio y Jorge de 12 años, Rosaria de 15, Ángel de 17. Así como Rosaria Ignacio Melchor de 60, Alberto Espiridión Ignacio de 40 y Antonia Andraca Celedonio de 36.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ, responsabilizaron de la desaparición masiva a la policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia que relacionan con Los Ardillos.
El 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados en Chilapa los consejeros de la CRAC-PF y concejales del Cipog-EZ ante el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, el primero de Xicotlán y el segundo de Buena Vista.
El 16 de mayo de 2019 los indígenas Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, de San Jerónimo Palantla, fueron levantados cerca de Xochitempa y siguen desaparecidos.
El 23 de mayo del 2019 el comandante regional de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CIG-CNI, Bartolo Hilario Morales, de Tula, fue levantado en el crucero del Jagüey en la carretera Chilapa-Hueycantenango y su cuerpo fue encontrado desmembrado y embolsado al día siguiente junto al del indígena de Xicotlán, Isaías Xanteco Ahuejote, en el punto conocido como Las Antenas de la carretera Chilpancingo-Tlapa.
El 2 de junio de 2019 fue ejecutado frente a su esposa en Hueycantenango, Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). La dirigencia del Cipog-EZ denunció entonces que los responsables fueron policías municipales de ese lugar e integrantes del grupo Los Ardillos.
El 7 de julio de 2019, fue levantado el comandante de la Policía Comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino Bolaños. Su cuerpo fue encontrado el 11 de julio cerca de Chilapa.
El 8 de julio de 2019 fueron levantados en el crucero del Jaguey, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes, policías comunitarios de Ayahualtempa, sus cuerpos fueron encontrados en el crucero de Rincón de Chautla el 11 de julio. El día que los levantaron bajaron a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y en la “expropiación” de fertilizante.
El 10 de julio de 2019, fueron bajadas de una combi del transporte público en el crucero del Jagüey las delegadas del CNI, Juana Fernández Ambrosio y Alberta Martínez Rendón. Sus cuerpos fueron encontrados degollados y con huellas de tortura al día siguiente cerca de la colonia Corral de Piedra de Chilapa.
El 8 de agosto del 2019 fue levantado en el crucero del Jagüey, Hilario Tepetitlan, originario de Alcozacán y su cuerpo fue hallado horas después cerca de la colonia Corral de Piedra.
El 7 de septiembre de 2019 fue levantado en Hueycantenango el regidor de seguridad pública de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa, Leocadio Bolaños Hernández. Su cuerpo fue encontrado decapitado al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito, cerca de esa cabecera municipal.
El 14 de septiembre de 2019 fue levantado en Tlachimaltepec, José Joaquín de Herrera, el policía comunitario de Alcozacán, Silviano Morales Joaquín. Su cuerpo fue encontrado cerca de la comunidad de Tospanyo el 17 de septiembre.
El 8 de octubre de ese año fue acribillado cerca del módulo de la Policía Municipal en Hueycatenango el policía comunitario de Zacapexco, Santos Vázquez Andraca.
El 18 de octubre de 2019 fue levantado en el río La Hamaca, entre Acojtapaxtlán y El Epazote, Fidel Bolaños Rojas, originario de Ayahualtempa. Al día siguiente desapareció su hijo Félix Isidro Bolaños Hernández, cuando lo buscaba en Colotlipa, municipio de Quechultenango. Ambos continúan desaparecidos.
El 1 de noviembre de 2019 fue asesinado en Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango, Samuel Rojas Dorantes, originario de Ayahualtempa.
El 18 de noviembre de 2019 fue asesinado en la colonia Piedra Colorada de Hueycantenango, Isaac Martínez Rosendo, vecino de Ayahualtempa.

Las víctimas del 2020

El 17 de enero de 2020, Alcozacán se vistió de luto. Ese día fueron masacrados 10 vecinos de ese pueblo, todos integrantes del grupo Sensación Musical, cuando regresaban de una tocada en Tlayelpan.
A cinco de las víctimas les prendieron fuego en el interior de la camioneta en que viajaban y los otros cinco fueron asesinados a balazos, algunos tenían el tiro de gracia.
Los muertos fueron los hermanos José Julio de 37 años y Cándido Fiscaleño Hilario, de 20, Crescenciano Migueleño Coapango de 37, chofer de una de las camionetas, Israel Tolentino Ahuelicán de 24, chofer de la otra camioneta y policía comunitario.
Los otros fueron Israel Mendoza Pasado de 15 años, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar.
El 15 de agosto fue levantado en Totopacholpe, territorio del grupo Por la Paz y la Justicia, Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y encontrado asesinado al día siguiente en Kamoxtepec.
El 19 de diciembre fueron encontrados con huellas de tortura, maniatados y con el tiro de gracia en el punto conocido como La Herradura, los cuerpos de los miembros del Cipog-EZ originarios de Alcozacán, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes habían sido levantados en Chilapa un día antes.
El 7 de marzo, ya del 2021, fue atacada una camioneta de policías comunitarios cerca del crucero de Olinalá por hombres armados con AK-47 y AR-15, resultaron heridos cuatro policías comunitarios: Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez y Jordán Terjiño Luna, éste último falleció al día siguiente.
El 7 de diciembre de 2021 desapareció en Hueycantenango cuando fue a visitar a sus familiares el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza de 30 años, originario de Alcozacán.
El 11 de diciembre desaparecieron los ex policías comunitarios Felipe Tlalxintle Tepexco de 62 años y José Juan Reyes Román de 24, el primero de Xochitempa desapareció entre las comunidades de Mexcaltepec y San Jerónimo Palantla, y el segundo de Ayahualtempa fue levantado en Hueycantenango.
El 16 de enero del 2022, Delfina Ramírez Morales de 26 años fue detenida por policías municipales de José Joaquín de Herrera, según la dirigencia del Cipog-EZ y su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego en la comunidad de Temixco.
El 25 de enero desaparecieron el comandante regional de la CRAC-PF de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Tula Samuel Hernández Sánchez. El Cipog-EZ responsabilizó a policías municipales de Atlixtac.
El 6 de mayo fueron levantados cerca de Atzacoaloya, Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, horas después sus cuerpos fueron encontrados por agentes ministeriales dentro de su camioneta al fondo de una barranca.
El 21 de mayo fue levantado en Hueycantenango Justino Tapia Rosendo de Ayahualtempa de 19 años y estudiante de la UAG. Justino, quien era hijo del policía comunitario Margarito Tapia, fue encontrado asesinado cerca de San Marcos, municipio de José Joaquín de Herrera.
El 9 de julio fue asesinado en Chilapa el policía comunitario y fundador de la CRAC-PF, Alberto Morales Sebastián, de la comunidad de Tula.
El 24 de julio fue asesinado en Chilapa Nicolás Pérez Zoyateco de 49 años, originario de Alcozacán.
Los desaparecidos más recientes son Secundino Jiménez Plácido de Zacapexco, desaparecido el 28 de septiembre en Atzacoaloya, y Celso Cocotzin Tolentino de Alcozacán, según el Cipog-EZ secuestrado en Chilapa el 18 de octubre.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ cuentan también como parte de la violencia, la detención del policía comunitario de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, Godofredo Cortés Reyes.
Godofredo fue detenido en marzo de 2016 acusado de homicidio y privación ilegal de la libertad, derivado de una masacre el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de San Jerónimo Palantla, donde cinco indígenas fueron asesinados, según los familiares de las víctimas, por policías comunitarios de la CRAC-PF.

Detiene la CRAC-PF a dos jornaleros que denunciaron el secuestro del autobús en que iban

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos jornaleros indígenas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), que la noche del miércoles denunciaron que venían privados de su libertad por civiles armados dentro del autobús en el que salieron de Baja California, fueron detenidos porque, según las autoridades, venían drogados y armados.
El comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y miembro del Consejo de Gobierno Nahua de ese pueblo, Antonino Toribio Gaspar, informó que sus paisanos fueron liberados por el Ministerio Público de Huitzuco la media noche del viernes, pero a las 6 de la tarde del sábado fueron detenidos ahora por la Casa de Justicia de la CRAC-PF de Ayahualtempa para su investigación y aclarar su situación.
La noche del miércoles Toribio Gaspar mandó un mensaje de voz a las autoridades del gobierno del estado para denunciar que, de acuerdo con sus dos paisanos, venían privados de su libertad por civiles armados que abordaron el autobús al pasar por la central de Sinaloa y que su intención era llevárselos hasta Acapulco junto con el resto de los pasajeros.
Por la denuncia de Toribio Gaspar, el autobús número 700 de la línea Élite fue interceptado por policías ministeriales y estatales en la caseta de Paso Morelos, pero al realizar la revisión encontraron que los indígenas de Ayahualtempa Noé Bolaños Gatica y Misael Bolaños Velázquez que habían hecho la denuncia venían en estado inconveniente, y según dijeron las autoridades a Antonino Toribio, al menos uno de ellos venía armado.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Huitzuco la noche del miércoles y fueron liberados la media noche del viernes, pero al llegar a su pueblo fueron detenidos nuevamente a las 6 de la tarde del sábado, ahora por la Policía Comunitaria de la CRAC-PF.
El integrante de la CRAC y miembro del Consejo de Gobierno Nahua informó ayer por teléfono que serán investigados y que si resultan responsables de algún delito serán castigados conforme a los usos y costumbres del pueblo.
Informó que sólo están esperando el expediente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La CRAC-PF ya está investigando, porque se supone que ellos eran los agredidos y ahora resulta que, según el gobierno, ellos son los agresores”, agregó que lo que buscan es aclarar bien cómo ocurrieron los hechos.
Informó que, mientras tanto, los dos indígenas estarán detenidos hasta que se lleve a cabo una investigación, “y vamos a pedir una explicación, si los detuvieron fue por algún delito y no puede ser que los hayan soltado así como así”.
Declaró que la versión que le dieron del gobierno es que “venían drogados y armados, entonces nosotros vamos a ver la manera de solucionar esto, si son culpables de algún delito se tienen que juzgar conforme a nuestros usos y costumbres”, advirtió el dirigente indígena.
Añadió que las autoridades estatales les informaron que no eran los agredidos, sino que ellos fueron los agresores “y que les encontraron armas y drogas”.
Toribio Gaspar, informó que uno de los dos indígenas ya llevaba dos años trabajando en Baja California, el otro, estuvo un tiempo y luego se vino a Ayahualtempa unos meses con su familia y esta vez regresaba por segunda vez. Dijo que los dos indígenas son tío y sobrino y que en el pueblo no tienen antecedentes si consumen drogas, “pero la CRAC-PF está haciendo sus investigaciones y si resultan ser culpables, pues tienen que juzgarse”, advirtió.

Abrió el 93% de escuelas cerradas ante la violencia, informa el gobernador

Abrió el 93% de las escuelas de la Montaña Baja cerradas ante la violencia, informa el gobernador

De 496 centros educativos de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango están trabajando 462, en los que estudian 48 mil alumnos, afirma. El resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial”. La operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, anuncia. Pero se vio que en algunos planteles los soldados se han retirado. Los maestros de la CETEG “han venido poniendo pretextos para no regresar” y la semana próxima habrá descuentos, advierte la SEG

Zacarías Cervantes

Chilapa

Tras una reunión de evaluación del Grupo de Coordinación Guerrero este miércoles en Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el 93 por ciento de las escuelas de la región educativa Montaña Baja que estaban cerradas por la inseguridad han reanudado sus labores, y que el resto se mantiene cerradas por conflictos “gremiales”.
Antes de la reunión en un recorrido por la cabecera municipal se comprobó que la seguridad militar que se había instalado afuera de las escuelas se ha retirado. Personal de algunos centros educativos informaron que contaron con resguardo solamente la semana pasada y que a partir de este lunes ya no regresaron los militares, en otros informaron que se retiró la vigilancia a partir del martes y en algunos más desde este miércoles.
En la reunión de ayer estuvieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia y el presidente municipal priista Jesús Parra García.
El encuentro comenzó a las 12 del día y terminó casi a la 1:30. Al término Astudillo Flores emitió un breve mensaje a los representantes de los medios de comunicación y contestó cuatro preguntas a los reporteros.
Astudillo Flores aseguró en la conferencia de prensa que ya hay avances en la investigación del asesinato de Diana Paulina, pero que “por razones obvias no podemos dar detalles”.
En cuanto a las escuelas dijo que de acuerdo con los datos recabados en 12 rutas que se establecieron en esta región, de 496 escuelas están trabajando 462, que significan el 93 por ciento, en las que estudian alrededor de 48 mil alumnos. Argumentó que el resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial no han facilitado que regresen al 100”, en referencia a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) que son los que han rechazado regresar a sus labores.
Precisó que la operación militar y policiaca para garantizar la seguridad a maestros y alumnos se ha establecido en 12 rutas y aseguró que “ha venido funcionando, y este día podemos decir que tenemos un avance del 93 por ciento y esperamos que en el transcurso de los próximos días con la participación de algunos grupos gremiales que no han colaborado mucho pueda esto llegar al 100 por ciento”.
Un reportero pidió que precisara en qué municipios se encuentran esas 460 escuelas que según ya regresaron a sus labores con normalidad, y en dónde están las otras escuelas que no han abierto por conflictos magisteriales. Astudillo dijo que están principalmente en Chilapa, 358 escuelas, en Zitlala 71 y en José Joaquín Herrera (Hueycantenango).
“Estos tres municipios son los que plantearon la problemática originalmente y a esto nos referimos del 93 por ciento de avance del regreso a escuela”, expuso.
Enseguida le pasaron una tarjeta y precisó que en José Joaquín de Herrera de 67 escuelas han regresado 65, y que es el municipio con el mayor avance en regreso a clases.
Dijo que en Zitlala de 71 han regresado 68 y en Chilapa de 358 han regresado 329. En tanto que en la cabecera de este municipio 60 escuelas de 65 ya regresaron.
Informó que la operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, y que posteriormente sólo estarán pendientes de lo que pase en Chilapa, porque, dijo, “es una zona que tiene un indicador muy especial respecto al tema de los homicidios dolosos”.
Precisó que primero Acapulco, en segundo lugar Chilpancingo y después Chilapa, “es un tema que por supuesto ocupa a la federación, ocupa al estado y ocupa, por supuesto, al municipio”.
En las preguntas se preguntó al gobernador por qué ya se había retirado la seguridad militar de las escuelas, y dijo que la seguridad se establece por rutas, que aquí “no es como en Acapulco, un militar en la puerta de las escuelas. Son rutas, esto es muy importante decirlo, en algunos lugares sí puede haberlo pero normalmente nos manejamos por 12 rutas”, argumentó sin precisar en qué consiste la seguridad por rutas.
También se preguntó al secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quien argumentó que “es muy complicado que haya un soldado por cada una de las escuelas” y que por eso la seguridad se estableció por rutas, pero tampoco explicó en qué consiste este esquema, “allí si no le puedo decir, ellos (los militares) conocen muy bien los esquemas de seguridad y cómo se hacen las rutas, los relevos”.
Aunque informó que el lunes estuvo en esta cabecera municipal y visitó escuelas del centro, de la periferia y de algunas comunidades, “y si vi la presencia tanto del Ejército como de Seguridad Pública”.
Para el secretario sí está funcionando el esquema de seguridad mediante rutas porque “es notorio el regreso a clases de los maestros y alumnos de una semana para acá”.
El secretario de Educación abundó en la declaración del gobernador Héctor Astudillo cuando éste se refirió a que por conflictos gremiales no han abierto el 100 por ciento. De la Vega dijo que son los maestros de la CETEG los que “han venido poniendo pretextos para no regresar”.
Informó que la SEG envió un oficio a los maestros en el que les dijo que ya había las condiciones para que regresaran a sus labores “y solicitándoles su apoyo”, pero pusieron muchos pretextos, como que el sello fue colocado en el oficio del lado derecho cuando debería estar del lado izquierdo”.
El funcionario acusó que estos son, más bien, pretextos para no regresar. Advirtió que la dependencia ha querido ser tolerante por la situación difícil y complicada, pero que ya están preparando para la semana próxima los descuentos correspondientes.
El secretario de Educación informó que en la medida en que se establezcan bien las rutas también se podrán incorporar a las actividades los maestros de las escuelas de las comunidades, aunque aseguró que les costó más trabajo que regresaran en la cabecera municipal que en algunas comunidades, sobre todo las que están por Quechultenango.
En otro tema, la conferencia con el gobernador Astudillo, también confirmó la aparición con vida de la joven de 15 años de edad Zuleyca Yumiko, quien había sido reportada como desaparecida la tarde del viernes de la semana pasada por lo que, dijo, ya fue retirada la Alerta Ámber.
Del asesinato de la niña de 13 añosm Diana Paulina, informó que el caso también fue tema de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y aseguró que “hay avances en la investigación”, pero por “razones obvias no podemos dar detalles, pero hay avances muy importantes en torno a esa lamentable muerte”.
Una reportera le preguntó si tenía considerado incorporar al municipio de Chilapa en la alerta de violencia de género, ante el incremento de los asesinatos contra mujeres y el gobernador declaró que va a revisar el caso, “y yo creo que no hay ningún inconveniente que lo incorporemos de manera inmediata”.
Ya no resguardan militares algunas escuelas

Antes de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y la conferencia de prensa del gobernador, en un recorrido por varios puntos de la cabecera municipal se constató que fue retirada la vigilancia de soldados del Ejército afuera de las escuelas que abrieron desde la semana pasada.
Personal de algunas instituciones declaró que la vigilancia permaneció solamente la semana pasada como en la escuela Justo Sierra, en el centro de Chilapa, y ayer ya no había soldados, algunos padres de familia informaron que la vigilancia se retiró a partir de hoy, según los directivos para dar prioridad a la seguridad a la visita del gobernador, pero que es posible que regresen este jueves.
Tampoco se vio seguridad en el jardín de niños Amado Rodríguez, en esta institución una de las educadoras dijo que desde el lunes ya no regresaron los soldados y que cuando preguntaron les dijeron que fueron trasladados a otras zonas del estado.
La seguridad también se retiró, en la USAER (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) 131, en donde el personal aseguró que desde el martes ya no cuentan con la seguridad que les brindaron los soldados la semana pasada.
Ayer solamente se vieron patrullajes en varios puntos de la ciudad pero no la vigilancia de dos o tres militares como la semana pasada.

Abrió el 93% de las escuelas de la Montaña Baja cerradas ante la violencia, informa el gobernador

Cumplen 42 días sin clases las escuelas de la Montaña Baja debido a la violencia

Cumplen 42 días sin laborar las escuelas de la región Montaña Baja debido a la violencia

Desde el 25 de septiembre no han cesado los asesinatos, principalmente en Chilapa, y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp

Luis Daniel Nava

Chilapa

La mayoría de las escuelas que pertenecen a la región educativa Montaña Baja continúan la suspensión de clases, ante la incertidumbre generada por los recientes hechos de violencia y las amenazas a maestros.
Administrativamente a la Delegación Regional de Servicios Educativos Montaña Baja pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundarias de todas las modalidades, ubicadas en nueve municipios aunque la mayor parte se concentra en cinco.
La suspensión paulatina de labores derivada de la inseguridad y que se extendió a toda la región inició el 25 de septiembre, y fue avalada por la Dirección Jurídica de la SEG que reconoció el problema por la presión de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quienes bloquearon la carretera Chilpancingo-Chilapa afuera del internado de Tixtla.
En ese oficio número 1.0 1/2017/2292 dirigido a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica y media superior de las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Centro, la SEG aceptó:
“Derivado de los recientes acontecimientos que se han venido suscitando en el municipio de Chilapa, relacionados con la suspensión del servicio de transporte público por asuntos de inseguridad (…) operaremos una fase de tolerancia a fin de no aplicar descuentos a los trabajadores que registren retado en su llegada o el retiro antes de concluir la jornada vespertina o bien acrediten su inasistencia”.
La medida, según la instrucción del titular José Luis González de la Vega, se aplicaría “hasta que se normalice la prestación del servicio de transporte y/o se establezcan los protocolos de seguridad correspondientes”.
A partir de esa fecha no han cesado los hechos de violencia y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp.
En este contexto la SEG ha justificado con cuatro prórrogas la suspensión de labores que terminaría este lunes.
No obstante el macabro hallazgo en la víspera, de siete cuerpos semicalcinados en las orillas de la ciudad de Chilapa y una amenaza en una cartulina que fue dejada este lunes en una oficina de la Secundaria Técnica Raúl Isidro Burgos de Zitlala, cuyos alumnos y maestros se presentaron a laborar el mismo lunes, detonó de nuevo y de facto la suspensión de clases “hasta nuevo aviso”.
En el periodo de suspensión los acuerdos que se han generalizado se han tomado en un primer momento por centros de trabajo, en reuniones hechas las veces que los mentores han intentado reanudar (como en esta semana), fuera de las escuelas o vía telefónica. Estos acuerdos se han tomado al finalizar las prórrogas.
En la región el magisterio se encuentra fraccionado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia formal de la CETEG y sus disidentes, la Dirección Regional Colectiva y el Movimiento de Secundarias Técnicas.
Ayer dirigentes regionales de la CETEG dijeron que no podrían fijar una postura y que darían información “más adelante”. En la misma postura se mantiene el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales.
El último colapso del sector educativo en la región fue de julio de 2014 a mayo de 2015, en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad y la zona rural en el sur del municipio, el asesinato de candidatos en Ahuacuotzingo y Chilapa, y la irrupción de civiles armados y autoridades comunitarias a Chilapa.
Ese contexto social llevó a calificar a las autoridades educativas regionales al municipio y alrededores como “escenarios de guerra”.
En esa ocasión las autoridades reconocieron por oficio que 140 de 663 “escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
En la suspensión de labores del 25 de septiembre a este martes 7 de noviembre, el calendario escolar marca 31 días hábiles (entre ellos dos sesiones de consejos técnicos escolares que se realizan el último viernes de cada mes).
Información oficial indica que la región educativa Montaña Baja abarca 663 planteles educativos:
Sector 14 de Preescolar formal: 96 escuelas; Sector 1201 de Preescolar Indígena: 148 escuelas; Sector 19 de Primaria Formal: 124; Sector 1201 de Primaria Indígena: 137; Sector 04 de Servicios Estatales (primarias y telesecundarias): 133; Secundarias Generales: 5 y Secundarias Técnicas: 20.
Estas escuelas están localizadas en su mayoría en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera, un número menor de centros de trabajo se ubican en Acatepec, Zapotitlán Tablas, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan, en estos municipios escuelas de un solo nivel educativo pertenecen a Montaña Baja.
En la ciudad de Chilapa también han suspendido labores hasta nuevo aviso el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el campus de la Universidad Tecnológica y desde hace dos semanas el Centro Universitario Aurora Meza.
Maestros han informado que en la región han estado funcionando los dos planteles del Colegio de Bachilleres y su nueva modalidad de Tele Bachillerato, del cual se desconoce el número.
También existen preparatorias populares de la UAG que operan sin presupuesto público (siete en comunidades de Chilapa, Zitlala, La Esperanza de Mártir de Cuilapan, Hueycantenango y Ahuacuotzingo), de las cuales se desconoce si están laborando o no.

Pasar a los hechos en el Pacto de Seguridad ante la violencia en Chilapa, demanda MC

En ese municipio se vive una tragedia humanitaria y existe un virtual toque de queda, advierte en tribuna el diputado Ricardo Mejía y llama a recuperarlo de la violencia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja lamentó que nuevamente “los ojos del mundo están en Chilapa” y llamó a recuperar a ese municipio de la violencia.
En su intervención en tribuna este martes, recordó que entre los 223 ejecutados en Chilapa en lo que va del año hay mujeres, estudiantes y comerciantes. Y que a pesar de los anuncios de despliegues de seguridad y la promesa del gobierno federal para instalar una base militar en el municipio, “los hechos de violencia se siguen cometiendo, ejecuciones, desplazados, Chilapa es un centro de violaciones graves a los derechos humanos”.
Mejía Berdeja llamó a “aterrizar en acciones y propuestas, pasar de la convocatoria a los hechos concretos el Pacto por la Seguridad”.
Recordó que organismos internacionales como Amnistía Internacional, las Brigadas para la Paz, SeraPaz o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, han consignado “una y otra vez la tragedia humanitaria que azota Chilapa. Entre otras cifras, han dado a conocer que en lo que va del año se registran 223 ejecuciones”.
Dijo que el escenario de Chilapa es “de horror y violencia”, lo que consideró que también afecta la gobernabilidad, “además de que afecta las funciones esenciales del Estado”.
El coordinador de los diputados de MC recordó que en mayo de 2015, un grupo de personas armadas irrumpieron en Chilapa y desaparecieron a 32 habitantes: “ahí empezó el horror”. Y criticó que a pesar de “las denuncias, a la indignación social y la amplia cobertura de la información en diversos medios de comunicación, pareciera que la indiferencia del estado condenó a Chilapa a este desastre social”.
También se refirió a lo dicho por el secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández de que en Chilapa hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche y también las familias se encierra en sus casas, y únicamente salen por alguna necesidad o urgencia.
Tras la participación de Mejía Berdeja, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo dijo en tribuna que el pasado 28 de octubre, el estudiante Jorge Cortés Carmona “desapareció y es la fecha que las autoridades no revelan ni las pesquisas ni mucho menos el paradero de este joven. No es correcto porque existen muchísimos jóvenes que se trasladan a esa población de Cuajinicuilapa a estudiar y precisamente esa carrera de Veterinaria y que esto pueda ser parteaguas que pueda darse una ola de criminalidad en contra de los jóvenes y que este caso debiera instruir el gobernador al fiscal para que haga las indagatorias pertinentes y se dé con el paradero con vida del joven Jorge Cortés Carmona”.
El estudiante desaparecido tiene 24 años y es sobrino de Efrén Cortes Chávez, luchador social sobreviviente de la masacre cometida por el Ejercito en la comunidad de El Charco. Más tarde se conoció que el joven fue hallado muerto en el municipio de Cuajuinicuilapa.

Ofrecen PRD, PAN y MC cambios para abatir inseguridad e impunidad

En el primer foro organizado por los partidos que componen el Frente Ciudadano por México, acuden los dirigentes del PRD, PAN y MC. Los problemas del país son bastante más importantes que las diferencias de partido, dice Luis Walton

Lourdes Chávez

Chilpacingo

Los representantes estatales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), ofrecieron cambios para resolver los problemas del país, en el primer foro regional que organizan en conjunto, para incorporar propuestas ciudadanas a la plataforma electoral del Frente Ciudadano por México para las elecciones de 2018.
El dirigente del PRD, Celestino Guzmán Cesáreo, declaró que el Frente en Guerrero, “está dando sus primeros pasos para acabar con el pacto de impunidad (que existe en el país)”, y añadió “vamos por la transformación del sistema político mexicano”.
El presidente del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, consideró necesario reunir propuesta ciudadanas para diseñar un plan de gobierno para la transformación del país, “darle a un cambio de rumbo (a la forma de gobernar)”, ya probamos cuando gobierno un solo partido, ahora, abrir la puerta a los gobierno de coalición”.
De MC, Luis Walton Aburto insistió en que los tres partidos tienen diferencias ideológicas, “pero también es cierto que los problemas del país son bastante más importantes que las diferencias que tengamos nosotros. México vive una situación como nunca, en Guerrero no había la inseguridad que se ve en estos tiempos”.
En un salón de la capital se realizó el primero de los foros los Foros programáticos regionales del Frente Ciudadano por México en Guerrero, con el tema Buen gobierno, honestidad y rendición de cuentas, con ponencia de los académicos Pedro González Ramírez, Víctor Manuel Escobedo Rueda, y el ex funcionario del gobierno estatal y de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, Victoriano Sánchez Carbajal.
Luego de un receso, se abrió la participación a ciudadanos. Hubo siete intervenciones que incluyeron a dos militantes de partido conocidos, Pioquinto Damián Huato, del MC en Chilpancingo, y el panista Carlos Millán.
Además de la estructura estatal de MC, sus dos diputados y la alcaldesa de Apango, Felícitas Muñiz Gómez, de la misma filiación, se identificó entre el público a representantes municipales del mismo partido, y líderes de colonias.