La mayoría de las escuelas que pertenecen a la región educativa Montaña Baja continúan la suspensión de clases, ante la incertidumbre generada por los recientes hechos de violencia y las amenazas a maestros.
Administrativamente a la Delegación Regional de Servicios Educativos Montaña Baja pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundarias de todas las modalidades, ubicadas en nueve municipios aunque la mayor parte se concentra en cinco.
La suspensión paulatina de labores derivada de la inseguridad y que se extendió a toda la región inició el 25 de septiembre, y fue avalada por la Dirección Jurídica de la SEG que reconoció el problema por la presión de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quienes bloquearon la carretera Chilpancingo-Chilapa afuera del internado de Tixtla.
En ese oficio número 1.0 1/2017/2292 dirigido a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica y media superior de las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Centro, la SEG aceptó:
“Derivado de los recientes acontecimientos que se han venido suscitando en el municipio de Chilapa, relacionados con la suspensión del servicio de transporte público por asuntos de inseguridad (…) operaremos una fase de tolerancia a fin de no aplicar descuentos a los trabajadores que registren retado en su llegada o el retiro antes de concluir la jornada vespertina o bien acrediten su inasistencia”.
La medida, según la instrucción del titular José Luis González de la Vega, se aplicaría “hasta que se normalice la prestación del servicio de transporte y/o se establezcan los protocolos de seguridad correspondientes”.
A partir de esa fecha no han cesado los hechos de violencia y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp.
En este contexto la SEG ha justificado con cuatro prórrogas la suspensión de labores que terminaría este lunes.
No obstante el macabro hallazgo en la víspera, de siete cuerpos semicalcinados en las orillas de la ciudad de Chilapa y una amenaza en una cartulina que fue dejada este lunes en una oficina de la Secundaria Técnica Raúl Isidro Burgos de Zitlala, cuyos alumnos y maestros se presentaron a laborar el mismo lunes, detonó de nuevo y de facto la suspensión de clases “hasta nuevo aviso”.
En el periodo de suspensión los acuerdos que se han generalizado se han tomado en un primer momento por centros de trabajo, en reuniones hechas las veces que los mentores han intentado reanudar (como en esta semana), fuera de las escuelas o vía telefónica. Estos acuerdos se han tomado al finalizar las prórrogas.
En la región el magisterio se encuentra fraccionado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia formal de la CETEG y sus disidentes, la Dirección Regional Colectiva y el Movimiento de Secundarias Técnicas.
Ayer dirigentes regionales de la CETEG dijeron que no podrían fijar una postura y que darían información “más adelante”. En la misma postura se mantiene el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales.
El último colapso del sector educativo en la región fue de julio de 2014 a mayo de 2015, en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad y la zona rural en el sur del municipio, el asesinato de candidatos en Ahuacuotzingo y Chilapa, y la irrupción de civiles armados y autoridades comunitarias a Chilapa.
Ese contexto social llevó a calificar a las autoridades educativas regionales al municipio y alrededores como “escenarios de guerra”.
En esa ocasión las autoridades reconocieron por oficio que 140 de 663 “escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
En la suspensión de labores del 25 de septiembre a este martes 7 de noviembre, el calendario escolar marca 31 días hábiles (entre ellos dos sesiones de consejos técnicos escolares que se realizan el último viernes de cada mes).
Información oficial indica que la región educativa Montaña Baja abarca 663 planteles educativos:
Sector 14 de Preescolar formal: 96 escuelas; Sector 1201 de Preescolar Indígena: 148 escuelas; Sector 19 de Primaria Formal: 124; Sector 1201 de Primaria Indígena: 137; Sector 04 de Servicios Estatales (primarias y telesecundarias): 133; Secundarias Generales: 5 y Secundarias Técnicas: 20.
Estas escuelas están localizadas en su mayoría en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera, un número menor de centros de trabajo se ubican en Acatepec, Zapotitlán Tablas, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan, en estos municipios escuelas de un solo nivel educativo pertenecen a Montaña Baja.
En la ciudad de Chilapa también han suspendido labores hasta nuevo aviso el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el campus de la Universidad Tecnológica y desde hace dos semanas el Centro Universitario Aurora Meza.
Maestros han informado que en la región han estado funcionando los dos planteles del Colegio de Bachilleres y su nueva modalidad de Tele Bachillerato, del cual se desconoce el número.
También existen preparatorias populares de la UAG que operan sin presupuesto público (siete en comunidades de Chilapa, Zitlala, La Esperanza de Mártir de Cuilapan, Hueycantenango y Ahuacuotzingo), de las cuales se desconoce si están laborando o no.
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Sin dinero y con precaria infraestructura, prepas populares son única opción en zonas marginadas
Las Preparatorias Populares incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) no cuentan con apoyo de las autoridades para infraestructura, su presupuesto es insuficiente y las extensiones no están reconocidas de manera oficial.
En Atliaca, municipio de Tixtla, a un costado de la carretera hacia Apango se encuentra la Preparatoria Popular Emperador Cuauhtémoc, cuenta con cuatro extensiones en los municipios José Joaquín Herrera (Hueycantenango), Chilapa de Álvarez y Zitlala, su matrícula total es de 680 estudiantes.
Para acceder a la preparatoria hay que caminar unos metros por un camino de terracería, la escuela cuenta con siete salones, de los que dos son parcialmente de concreto, madera y lámina mientras que uno más es de madera y lámina, además de baños para hombres y mujeres y un amplio terreno que sirve de cancha.
No cuenta con barda propia, sólo uno de los lados del rectángulo que alberga las instalaciones cuenta con muro, que en realidad es propiedad del dueño del terreno contiguo, su única protección es una malla que en otros años ha sido cruzada por desconocidos que robaron el timbre y mobiliario de la escuela, por lo que ahora todo el material de valor se guarda bajo llave en los salones más seguros, durante los periodos vacacionales.
La Preparatoria Popular Emperador Cuahtémoc fue fundada el 11 de septiembre de 1991, pero según el director Gaudencio Caballero Bello, “no fue fácil, a nosotros no nos han regalado nada, todo lo que tenemos se ha conseguido con mucho sacrificio”.
En una visita a las instalaciones, Caballero Bello contó que las autoridades locales no aportan ningún tipo de apoyo para la escuela, cuya construcción fue resultado del trabajo de maestros y padres de familia, quienes hicieron bailes en Atliaca para obtener recursos con los que se compró el terreno.
Informó que tres de los salones de la escuela fueron construidos por los presidentes municipales de Tixtla Jesús Pasténes Hernández y Jorge Vargas Alcaraz, pero desde entonces no han vuelto a recibir apoyo de las autoridades locales.
Dijo que el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán apoyó a la escuela hace dos años con butacas y pintarrones nuevos para los salones, pero la mayoría del mobiliario y las obras que se han hecho en las instalaciones son producto de donaciones y la aportación mensual de 115 pesos por alumno.
Además los padres de familia entregan una cooperación anual que varía de 100 a 150 pesos por alumno, la cantidad la establecen los padres en una reunión que se lleva a cabo en septiembre.
Puntualizó que los padres de los estudiantes acordaron aportar las cooperaciones mensuales y anuales para evitar que los maestros tuvieran que seguir organizando bailes u otras actividades para obtener recursos adicionales al presupuesto, es decir, en cada escuela la cantidad que aportan varía, no se exige una específica.
La Preparatoria Popular Emperador Cuauhtémoc ubicada en Atliaca, cuenta con 250 alumnos y para el ciclo escolar 2017-2018, recibirá 115 más provenientes de la cabecera municipal de Tixtla, así como las comunidades Apango, Omeapa, Zoquiapa, e incluso de Chilpancingo.
Esta escuela cuenta con una matrícula elevada en la sede principal y sus extensiones, debido a que recibe estudiantes aún si no se presentaron al examen de admisión, mientras cuenten con su certificado de estudios con promedio mínimo de 7 y su acta de nacimiento, aunque también se aceptan alumnos con promedios de hasta 6.7, éstos deben mostrar interés en sus estudios y acudir con su uniforme, como lo marca el reglamento.
En Atliaca los estudiantes son atendidos por 15 maestros y tres trabajadores administrativos. El salario de los docentes varía de 60 a 70 pesos por hora, en total unos 7 mil pesos mensuales, con la cooperación que aportan los padres de familia se completa el pago de los trabajadores y se cubre el gasto de servicios públicos de las instalaciones, como agua y energía eléctrica.
11 mil 402 estudiantes inscritos en las 53 prepas populares en el ciclo escolar 2015-2016
De acuerdo con el anuario estadístico de la UAG, en el ciclo escolar 2015-2016 estaban inscritos 11 mil 402 estudiantes en las 53 preparatorias populares reconocidas por la máxima casa de estudios, los cuales contaban con una edad de los 14 hasta más de 25 años.
La mayoría de los estudiantes, 51.05 por ciento, es decir 5 mil 821 eran hombres, mientras que el 48.95 por ciento, 5 mil 581, fueron mujeres.
Los estudiantes son atendidos por 700 maestros en el estado, de los cuales 495 están titulados y el resto están en proceso de obtener su documento oficial.
Las 53 preparatorias populares reconocidas por la UAG se encuentran en comunidades marginadas de Acapulco, Quechultenango, Tixtla, Chilapa, Leonardo Bravo (Chichihualco), Ometepec, San Luis Acatlán, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Tecoanapa, San Marcos, Ayutla, Azoyú, Atoyac, Alpoyeca, Malinaltepec, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Iguala, Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), Copalillo, Tepecoacuilco, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Cuetzala del Progreso y Tlalchapa.
Además están dividas en dos organizaciones, el Comité Ejecutivo General de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero, que dirige Emiliano Carreto Moreno, y el Frente Estatal de Preparatorias Populares que representan Simón Ramos Aburto, Arturo Guerrero Caballero y Leticia Valerio, mientras que algunos planteles actúan de manera independiente y son ajenos a ambos grupos.
Estudiantes, maestros y padres de familia, protestaron este año en reiteradas ocasiones en la capital representados por las dos organizaciones que aglutinan a las preparatorias populares, para exigir mejores instalaciones y que se les asigne un mayor presupuesto, pero se mantienen los 35 millones de pesos anuales, que no consideran las condiciones de las extensiones.
El Comité Ejecutivo y el Frente Estatal, coinciden en que es necesario que las autoridades aumenten los recursos para las preparatorias populares, pues aunque éstas dependen de la UAG en cuanto a la certificación de estudios, no están consideradas dentro de su presupuesto.
De su creación y el presupuesto
De acuerdo con el jefe de Escuelas Incorporadas de la UAG, Oscar Rendón Martha, las preparatorias populares se crearon en la década de 1970 en la administración del rector Rosalío Wences Reza, el proyecto comenzó como la Universidad Pueblo, cuyo objetivo era que los egresados de la universidad pusieran en práctica sus conocimientos en las comunidades marginadas del estado, haciendo labor social.
Al Consejo Universitario le compete la incorporación de instituciones educativas, las cuales se abstienen de participar en los procesos electorales de la máxima casa de estudios, según el reglamento general de incorporación de estudios a la UAG.
El reglamento reconoce como educación popular “la enseñanza que se imparte en las escuelas que promueven las autoridades locales, ejidales y comunales, así como los núcleos de población que por sus condiciones se benefician con este servicio educativo”.
Señala que las escuelas que se incorporen a la UAG deben contar con edificios que si no están construidos para un plantel educativo, deberán modificarse para servir como tal, enfermería, baños, oficinas administrativas y otras instalaciones indispensables, así como entregar un expediente técnico en el que se incluya un croquis de su ubicación, relación de alumnos, plantilla docente con el perfil y materia que impartirá cada maestro, así como una lista del mobiliario con el que cuenta y un álbum fotográfico.
Según Rendón Martha, el reconocimiento de las escuelas incorporadas a la UAG consiste en la certificación oficial de estudios, pero no obliga a la máxima casa de estudios a proporcionar recursos a los planteles, pues estos dependen económicamente del gobierno estatal.
Consultado en su oficina en la Rectoría en la capital, Rendón Martha dijo que los directores de las preparatorias populares aprobaron de manera interna la creación de las extensiones y no se reportaba la situación ante la UAG, sino que sólo aumentaba la matrícula de las escuelas reconocidas.
La situación permitió la creación de extensiones que no cuentan con las instalaciones adecuadas y están fuera del presupuesto estatal, además de que cuentan con 15 o 20 estudiantes, mientras que las escuelas incorporadas deben tener 100 o 150 alumnos.
Sin embargo reconoció que la creación irregular de extensiones se dio por la necesidad de los habitantes de comunidades marginadas de contar con oferta educativa en el nivel medio superior, pues no cuentan con los recursos necesarios para enviar a los jóvenes a otros municipios a continuar sus estudios.
Al respecto, el titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui dijo que el gobierno estatal otorga un presupuesto anual de 35 millones de pesos para las preparatorias populares, más del 90 por ciento de los recursos son para los salarios de maestros, trabajadores administrativos e intendentes.
Puntualizó que es la UAG la encargada de regular la creación de las preparatorias populares y reconocer los estudios de los alumnos, mientras que el gobierno estatal sólo aporta dinero, aunque las escuelas son libres de hacer gestiones ante los gobiernos municipales u otras dependencias, si así lo requieren para cubrir sus necesidades.
Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión
Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.
Marchan comunitarios en Xicotlán, Chilapa; exigen que se cancelen 60 órdenes de aprehensión en su contra
Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de los pueblos fundadores marcharon este miércoles en esta comunidad. Al final las autoridades llamaron a la paz, a la justicia y al gobierno del estado a que retire todas las 67 averiguaciones previas y cancele las 60 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
Al mediodía unos 500 vecinos de 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se concentraron en esta comunidad y después marcharon del crucero de Mexcaltepec a la cancha de Xochitlán. La marcha fue encabezada por civiles de las comunidades donde tiene presencia esta Policía Comunitaria. Atrás caminaron policías armados.
En la marcha los manifestantes gritaron consignas como: “Unidad de los pueblos por la paz”, “Ya no queremos más violencia”, “Unidad, unidad, unidad…” exigieron.
Los policías comunitarios de los pueblos que acudieron de estos dos municipios de la parte baja de la región Montaña, están adscritos a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, al final de la manifestación desmintieron acusaciones en su contra, que dijeron, les ha hecho Constantino Calvario Merino “y su grupo delictivo de la comunidad de San Jerónimo Palantla de Chilapa”.
En las acusaciones, denunciaron, los responsabilizan de los enfrentamientos con la gente de San Jerónimo Palantla, pero se deslindaron de este caso ocurrido el año pasado.
En su pronunciamiento recordaron que este lunes se reunieron los coordinadores de la CRAC, consejeros, presidentes de comisariados de bienes comunales, delegados, comisarios municipales y que tomaron acuerdos con respecto a la emboscada que sufrieron en San Jerónimo Palantla, encabezada por Domingo Orgin Calvario, Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa y Alfonso Orgin Castro.
Manifestaron a los tres niveles de gobierno que no están de acuerdo en que “nos sigan fabricando delitos para discriminarnos ante la sociedad, porque somos una institución regida por nuestras costumbres y por comunidades”.
Denunciaron que ellos se han encargado de brindar la seguridad a los pueblos pero que el grupo de San Jerónimo Palantla les han fabricado muchos delitos como los del 8 de febrero del 2015, cuando les prepararon una emboscada cuando iban al diálogo para liberar a sus compañeros de la Policía Comunitaria, Isaías Xochitempa Chautla y Rufino Orgin Calvario.
El coordinador agregó que esa vez ellos encontraron cascajos de armas de diferentes calibres, pero que después les interpusieron demandas en las que el agente del Ministerio Público “se prestó al chantaje sabiendo que hay documentos firmados por los tres niveles de gobiernos y la CRAC en los que nos exculpan”.
“La CRAC-PC de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla siempre ha respetado los acuerdos que se firmaron el 1 y el 11 de febrero del 2015, se elaboró una acta de conciliación en donde se acordó que nadie, ni el comisario municipal ni el comisario suplente encauzaron a los ciudadanos de nuestras comunidades, ni tampoco a la CRAC”, recordó el consejero.
Dijo que los directivos informaron que en marzo del 2016 se pactó que la casa de Rincón de Chautla asumió un acuerdo en el que se comprometió a liberar a los detenidos que estaban en proceso de reeducación, Alfonso Orgin Castro, Apolinar Calvario Tlatempa, Heladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Mientras tanto los de San Jerónimo Palantla encabezados por el comisario municipal Francisco Chautla Cicinteco y Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario y más de 25 ciudadanos que participaron en la reunión se comprometieron a retirar las denuncias que interpusieron ante el Ministerio Público en contra de los policías comunitarios y autoridades de la CRAC de Rincón de Chautla, “pero ellos no espetaron los acuerdos, mucho menos retiraron las demandas”.
Demandaron a las autoridades federales, estatales y municipales que respeten la estructura de esta organización, y se declararon independientes de cualquier otro grupo que opera en el estado.
De septiembre a noviembre el Consejo de Jornaleros registró 3 mil 613 migrantes; mil 665 son mujeres
En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.
Exigen a la alcaldesa de Hueycantenango cesar a su hermano del cargo de jefe de la policía
Autoridades comunitarias pidieron a la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Angelina García Merino, postulada por el PRD, destituir a su hermano como jefe de Seguridad Pública municipal y que se deje de tirar basura en una comunidad por dañar al medio ambiente y la salud de los vecinos.
Ayer, comisarios, coordinadores, delegados y representantes de comunidades de José Joaquín de Herrera entregaron un escrito a la presidencia municipal y dirigido al cabildo, en el que enumeran una serie de demandas que piden sean atendidas o de lo contrario, advierten, harán un plantón.
Integrantes del movimiento informaron que el lunes pasado realizaron una marcha al edificio del Ayuntamiento, donde sólo había policías preventivos, por lo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.
El profesor Crescencio Ramírez Rodríguez estimó que son unas 50 localidades las que solicitan atención del cabildo y que se pueden movilizar.
En el documento se pide la reducción del 30 por ciento de los salarios de la alcaldesa, del síndico procurador y de los regidores; además de la disminución del 20 por ciento del de los asesores, Ignacio Isaías Kennedy y Vicencia García Rojas, por “incumplimiento de sus funciones”.
Las autoridades comunitarias consideran que con la disminución se ahorrarían más de 96 mil pesos mensuales que servirían para destinarlos a obras en las comunidades, así como para atender accidentes y enfermedades en las comunidades que viven en extrema pobreza.
También solicitan de manera urgente la asignación de un depósito de basura por las inconformidades de los pobladores de las comunidades de Zintiotitlán, Tequixca y Zacaixtlahuacan, por los daños que provoca al medio ambiente y a los vecinos.
Según el escrito, en una reunión celebrada el pasado 9 de octubre entre la presidenta municipal y los representantes de las tres comunidades se convino que la basura, sobre todo de la cabecera, se continuara tirando en un terreno que pertenece a Zintiotitlán.
En otro punto indican que el director de Seguridad Pública del municipio, Gregorio García Merino, no cuenta con todos los requisitos para ese cargo, principalmente por ser familiar directo de la alcaldesa.
“Tampoco permite que los elementos municipales manifiesten sus inconformidades porque han sido amenazados en despedirlos, diciéndoles que no han sido evaluados cuando el mismo Gregorio García no ha aprobado su evaluación”, señalan.
En el texto además se pide revisar la reubicación de las comunidades de Axoluapa y Ajacayan Oriente por estar en zonas de alto riesgo; la asignación de obras a las comunidades que no han sido beneficiadas; el rastreo y rehabilitación de caminos, no politizar los programas y apoyos sociales y que cada dos meses se realice una sesión de cabildo abierta a la ciudadanía y autoridades comunitarias.