La Junta de Coordinación Política (Jucopo) entrevistará a puerta cerrada desde el 10 de abril, a los 17 aspirantes a un espacio de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIG), y a los 12 aspirantes a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acéfalos desde hace más de dos años.
Sin ninguna justificación legal, la Jucopo mantiene en sigilo los nombres de los aspirantes a estos cargos, además de que se sabe que los grupos parlamentarios se han distribuido ya estos espacios, así como los de los titulares de los órganos de control interno de órganos autónomos.
Son siete los nombramientos para el ITAIG, el consejero de la Judicatura y los titulares de los órganos internos de control del ITAIG, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El próximo lunes, la Jucopo entrevistará a 38 aspirantes, de los cuales 17 buscan ser comisionados del ITAIG. Para el mismo órgano hay 9 aspirantes mujeres a un segundo espacio que será para este género, y 12 a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 6:45 de la tarde.
Los aspirantes apenas tendrán 15 minutos para exponer su plan de trabajo ante los integrantes de la Jucopo, tiempo en el cual los diputados realizarían preguntas que responderán los aspirantes.
En el caso de las entrevistas a los aspirantes a los órganos de control interno que fueron ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, en las que en la mayoría de los casos no hubo preguntas, de acuerdo a lo comentado por los aspirantes a su salida.
El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, informó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) denegó la medida cautelar que pidió el PRD contra él, por sus “presuntas declaraciones” sobre los ayuntamientos de Tierra Caliente vinculados a grupos delictivos.
Vía telefónica, indicó que este domingo recibió la notificación del organismo electoral con esta información, pero sabe que el caso llegará a los tribunales y también está preparado para el litigio.
Consultado sobre la segunda sesión del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), que promocionó en redes sociales la semana pasada, precisó que la reunión comenzó el miércoles, se aprobó un receso, y terminó el jueves a entre 12 y 1 de la tarde.
Con los secretarios, dijo que dieron seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal, entre estos, formular los lineamientos para el funcionamiento de las comisiones pendientes del CEE y continuar las pláticas sobre posibles alianzas con el PVEM y el Partido del Trabajo (PT).
Adelantó que sólo se han reunido con el PVEM y tienen una cita con este mismo partido, el próximo 9 de abril. Aún no tiene fecha de trabajo con el PT.
En el seguimiento de los acuerdos, recordó que se emitió un pronunciamiento en apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En cuanto a la estructura del partido en el estado, recordó que los integrantes del consejo estatal están facultados para formalizar la integración de los comités seccionales de Morena en los ocho distritos federales.
Cuando se ha integrado 50 por ciento más uno de los comités seccionales de un distrito electoral, entonces el CEE realiza asambleas informativas, para tomar protesta. Indicó que este sábado estuvieron en Olinalá, en la asamblea informativa del distrito de la Montaña, de la que está a cargo el secretario de Pueblos Originarios y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga.
Así, indicó que la encargada de la organización en la región Norte, es la secretaria de Finanzas y ex presidenta de Buenavista de Cuéllar, Ana Lilia Botello Figueroa; el distrito 6 de la Montaña baja, González Varona; el 7 de la región Centro, la secretaria general Yesenia Salgado Xinol; en Costa Chica, la secretaria de las Mujeres, Maribel Santiago Arellanes; en Acapulco, al secretario de Organización, Jonathan Márquez Aguilar, y el de Tierra Caliente, a la secretaria de Formación Política, Celeste Mora Eguiluz.
Reconoció que, donde menos avances tienen es en Tierra Caliente, mientras en Costa Grande han cubierto el 100 por ciento de las secciones. En Costa Chica estimó que llevan entre 40 y 50 por ciento.
Señaló que ya tomaron protesta a comités seccionales de La Unión, Zihuatanejo y Petatlán, que en estas vacaciones van a terminar en Atoyac y Coyuca de Benítez. Están preparando Acapulco.
Los consejeros del IEPC votan a favor de designar a las personas que resultaron ganadoras del concurso público 2022-2023, de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó una modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 para incorporar un remanente del ejercicio fiscal 2022 por 31 millones 506 mil 501 pesos.
Lo anterior, sumado a los recursos públicos aprobados por el Congreso local para el ejercicio fiscal 2023, da un monto total de 316 millones 852 mil 723 pesos para ejercer este año. Entre las modificaciones aprobadas al presupuesto, se destinaron 7 millones al Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral ordinario 2023-2024.
En este punto del orden del día, la consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, consideró que no era pertinente aprobar este recurso para el PREP del proceso electoral ordinario 2023-2024 sin que haya certeza de que será el IEPC el “responsable de implementar el PREP”, lo que consideró que “está fuera de los tiempos procesales determinados por el reglamento de elecciones del INE vigente y que norma esté el programa de resultados electorales” y se refirió de manera específica al artículo 338 de dicho reglamento.
La consejera votó en contra de aprobar 7 millones para el PREP para el próximo proceso electoral.
Mientras que la consejera Azucena Cayetano Solano recordó que el 13 de enero pasado el Consejo General aprobó el programa operativo anual y presupuesto del IEPC y que se plantea usar un remanente del ejercicio fiscal 2022 para la actualización del sistema PREP y diseño del proyecto para la implementación en el próximo proceso electoral ordinario.
Dijo que en la Comisión de Administración trabajan en la elaboración de un diagnóstico sobre los recursos humanos y materiales y los sistemas informáticos y que es necesario conocerlo antes de asignar recursos al PREP, y también coincidió en que aún no saben si lo operará el IEPC o se contratará a un tercero.
En esta misma sesión se aprobaron los informes sobre los recursos entregados en marzo al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), por concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos nacionales con registro local, mediante las resoluciones INE/CG118/2021 e INE/CG1352/2021, descontadas de la ministración de enero, por un millón 17 mil 630 pesos.
También se aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se designó a las personas que resultaron ganadoras del concurso público 2022-2023, para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Pro-fesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.
De estos espacios dos coordinaciones y cuatro plazas técnicas fueron exclusivas para mujeres; al concurso público, que inició desde el mes de octubre del 2022, se inscribieron en Guerrero 470 mujeres para concursar por las vacantes.
Y después del proceso de selección ayer finalmente el Consejo General aprobó la designación de Patricia Urbina Correa como Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos; Zaira Tello Hernández como Coordinadora de Sistemas Normativos Pluricultu-rales; Deysi Anahí Santiago Baltazar Técnica de lo Contencioso Electoral; Marleny Larios Bazán Técnica de Organización Electoral; y como Técnicas de Sistemas Normativos Pluriculturales a Aimé Hernández Vélez y a Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga.
En el caso de las Técnicas, ingresarán al órgano electoral a partir del 3 de abril, la Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos el 2 de mayo y la Coordinadora de Sistemas Normativos Pluriculturales el 3 de julio. Con las designaciones aprobadas ayer la cantidad de mujeres integrantes del SPEN asciende a 13 de los 27 espacios.
También se informó sobre el reporte bimensual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos, y de radio y televisión, así como del reporte estatal del INE, sobre el cumplimiento de pauta asignada a los partidos en enero-febrero.
Allí la consejera Villalobos Tlatempa destacó que en el monitoreo “en medios impresos se detectaron 19 menciones de rasgos de personalidad en las mujeres, y seis menciones en alusión a rasgos físicos” mientras que en el caso de hombres solo 14 menciones referentes a la personalidad y cuatro de rasgos físicos de los mencionados.
Los aspirantes a titulares de los órganos de control interno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro); de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) iniciaron comparecencias ante diputados locales en el desahogo del proceso de elección y designación.
Después de que el pleno del Congreso local dejara sin efectos los procesos de selección y designación de titulares de los órganos internos de control, iniciados en la pasada legislatura, y que emitieron nuevas convocatorias, finalmente ayer iniciaron las comparecencias de los aspirantes.
En la sala de José Francisco Ruíz Massieu, a puerta cerrada, diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción, así como de la Junta de Coordinación Política escucharon a 23 de los 73 aspirantes a los órganos de control interno de los cinco organismos con autonomía técnica.
Se espera que este jueves comparezcan los 50 aspirantes restantes. Se desconocen detalles de quiénes acudieron a estas entrevistas porque incluso no se permitió que fotógrafos pasarán a hacer su trabajo.
Para la exposición de sus planes de trabajo, los aspirantes tuvieron solamente un tiempo de 15 minutos y sólo les asignaron tres minutos para las preguntas y respuestas.
Sin embargo, algunos de los aspirantes a su salida comentaron que los diputados locales no realizaron preguntas a los participantes.
Otros, comentaron que durante su comparecencia que debería ser ante diputados, sólo estuvieron secretarios técnicos de la Comisión de Transparencia, y Anticorrupción y de la Jucopo.
El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, informó que ya explicaron a las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que el gobierno del estado no podrá atender la petición de más de 100 millones de pesos para sus acciones del segundo semestre del año y del arranque del proceso electoral de 2024.
Consultado en el auditorio José Joaquín de Herrera después de un acto oficial, explicó que el presupuesto del estado es “deficitario” y esa cantidad “descobijaría otras áreas prioritarias”.
Aclaró que el gobierno tiene el compromiso de entregar lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal. Ante las peticiones de recursos adicionales, analizan la manera de apoyarlos, sin gastos superfluos. Señaló que también tienen peticiones de créditos y recursos adicionales de ayuntamientos y no pueden atenderlos a todos.
Recordó que el gobierno del estado tiene una política de austeridad y contra la corrupción para proteger los programas sociales. Tampoco afectan salarios ni prestaciones. Lo anterior porque el gobierno federal adelantó que 2023 podría ser año difícil en la recaudación que afecte directamente las participaciones a los estados. Aclaró que eso no ha sucedido y esperan que todo siga de acuerdo con lo planeado. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
En la Asamblea Municipal de Autoridades y Representantes Comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres, se decidirá si se realiza o no la consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren regresar al sistema de elección de sus autoridades por partidos políticos o continuar por usos y costumbres indígenas, informó el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Edmar León García.
Luego de que el pasado jueves, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) ordenó al Consejo General del IEPC desahogar las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Además, le dio un plazo de 48 horas para presentar el calendario de actividades, de no acatar lo ordenado, el IEPC se haría acreedor a una “medida de apremio”.
Consultado al respecto, vía telefónica, el consejero presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, Edmar León García, comentó que el TEE está dando cumplimiento a una sentencia anterior, luego de que el 10 de septiembre de 2019 ciudadanos de Ayutla solicitaron hacer la consulta para preguntar si se regresaba al sistema de partidos o se quedan en el sistema normativo interno, sistema que adoptaron desde la elección de 2017-2018.
Sostuvo que hubo una cadena impugnativa en el TEE y la Sala Regional de la Ciu-dad de México, y que el IEPC ha manifestado que no les corresponde determinar la realización o no de la consulta, porque según los precedentes, son las propias autoridades de Ayutla quienes deben decidir si realizaban o no esa consulta.
Aclaró que lo que mandató el TEE el pasado jueves no es para realizar la consulta, sino que es un procedimiento para que se le pregunte a la Asamblea Municipal de Representante, es decir, la autoridad comunitaria máxima de Ayutla, si procede o no procede la consulta.
Resaltó que tomar la decisión no le corresponde el Consejo Municipal Comunitario, ni a Ysabel de los Santos Morales, quien es el coordinador número uno con funciones de presidente municipal, sino a las 140 autoridades y representantes de colonias, poblados y comunidades de Ayutla.
León García mencionó que no es un hecho la consulta, pero dijo que el IEPC se ha reunido con el Consejo Municipal Comunitario desde el año pasado. La última reunión que tuvieron fue en febrero y se consensuó que en marzo se haría otro encuentro “para ya tomar la decisión de iniciar conforme al calendario y el plan de trabajo”, y cumplir la sentencia y se determine si va a llevar a cabo o no la consulta.
Precisó que la sentencia del TEE dice que tienen un plazo de diez días hábiles a partir del jueves 16 de marzo, para iniciar el procedimiento, es decir, que el Consejo Municipal Comunitario y el IEPC decidan fechas, lo que determinarán esta semana, aunque no precisó el día.
“Estamos en tiempo, son diez días después de esa determinación, le tendremos que informar al Tribunal en el plazo de 48 horas para que cumplamos con la determinación, lo que seguiría es la ejecución de ese cronograma de actividades que se va consensuar”.
En junio de 2022, El Sur presentó una serie de textos en los que se documentó los antecedentes y las razones de por qué en 2018 se instaló en Ayutla el primer y único gobierno en Guerrero por usos y costumbres indígenas, y cómo políticos y empresarios iniciaron una campaña de desprestigio, minando su credibilidad y poniendo en duda la capacidad administrativa de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que en Ayutla, se ejercía una política de discriminación, racismo y pauperización de los pueblos indígenas, que tuvo su mayor expresión con la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, con la esterilización de indígenas sin su consentimiento y la violación sexual de indígenas por militares, con esos antecedentes, además de la violencia por los grupos criminales, lograron conformar la Casa de los Pueblos de Ayutla.
El Sur expuso cómo habitantes de Ayutla consideraban que con la imposición de Ysabel de los Santos Morales como coordinador número uno con funciones de presidente, en el segundo periodo del gobierno por usos y costumbres (2021-2024), se buscaba debilitar y desestabilizar el Sistema Normativo Propio, con miras a regresar al de partidos, al que habían rechazado por la corrupción, racismo, abandono y marginación de los pueblos indígenas.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD Alberto Catalán Bastida, muestra el recurso de queja contra el dirigente morenista Jacinto Barona; lo acompañan Fidel Flores, Jesús Guatemala y Mario Ruiz Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La dirigencia estatal del PRD presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), un recurso de queja contra el presidente de Morena Jacinto González Varona y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) por la campaña de “calumnias y desprestigio” contra el PRD y sus gobiernos municipales, al asegurar que han ganado con apoyo del crimen organizado.
Tras salir de la oficialía de partes del IEPC, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, insistió en que la intención de Morena es “mermar la participación” del perredismo en el próximo proceso electoral.
“Esta campaña busca que los simpatizantes de Morena difundan un discurso de odio y rechazo contra nuestro partido y en este sentido es importante aclarar que no basta con esconderse detrás del argumento de la libertad de expresión que tanto pregona el diputado Jacinto González”.
Señaló que los señalamientos de éste “generan implicaciones graves para la seguridad de nuestros presidentes municipales y del cabildo en general” que podrían ser víctimas “de verdaderos grupos criminales que se puedan dejar llevar por estas declaraciones sin sustento alguno”.
Catalán Bastida dijo que si ocurrieran situaciones de esa naturaleza “Morena no querría hacerse responsable”.
En el procedimiento iniciado ayer se entregaron las pruebas de lo dicho por Jacinto González en las que esperan que se “encuentren elementos suficientes para acreditar todo el trabajo de difusión que han invertido en esta campaña”, lo cual es ilegal.
El dirigente perredista se refirió como difusión a las notas periodísticas generadas a partir de una conferencia de prensa de la dirigencia estatal morenista, y publicaciones realizadas en la página oficial en internet de este partido.
El representante del PRD ante el IEPC, Mariano Hansel Patricio Aparicio Abarca informó que se trata de un procedimiento ordinario sancionador en contra de Morena, Jacinto González Varona, Yesenia Salgado Xinol, Jonathan Márquez Aguilar y Abel Bruno Arriaga, en su calidad de presidente, secretaria general, secretario de Organización y secretario de Pueblos Originarios del CEE de Morena.
Explicó que inicialmente los consejeros analizarán la procedencia de la denuncia, darán vista a la parte denunciada y que, entre las medidas cautelares solicitadas al órgano electoral, están el “que se detenga la campaña de difamación en contra del PRD porque no afecta solo al instituto político sino a todos los presidentes municipales señalados de manera directa en las declaraciones del dirigente”.
Sin embargo, Alberto Catalán dijo que los alcaldes no presentarán denuncias y que ese trabajo político lo realiza la dirigencia.
Lamentó que estos señalamientos en contra de alcaldes de la Tierra Caliente sean constantes: “sabemos cómo en esta zona en específico predominan los grupos de delincuencia organizada y no hay garantías por parte de la federación y el gobierno estatal que les genere una pacificación, por lo tanto, son señalamientos que se hacen constantemente, no solamente sobre un partido u otro, contra todos los personajes que tienen alguna presencia en la región y que ostenta un cargo público”.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que este lunes se presentará ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una denuncia en contra del dirigente morenista Jacinto González Varona, por una presunta campaña de desprestigio y difamación por el señalamiento de que perredistas, priistas y panistas gobiernan municipios controlados por la delincuencia organizada.
En este procedimiento acusarán que Morena, previo al inicio del proceso electoral, busca denostar al PRD ante la sociedad, “con la finalidad de mermar nuestra participación electoral y la aceptación con la ciudadanía”.
En declaraciones telefónicas, Catalán aseguró que con esta campaña de difamación se busca “limpiar la imagen de Morena, ante la incapacidad de frenar la inseguridad que viven sus municipios en el estado”.
Darán pruebas del acto anticipado de campaña de Ebrard
Sobre la marcha que se realizó ayer en Acapulco, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que sus simpatizantes le manifestaron su respaldo como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, Catalán insistió en que se trata de una campaña anticipada, en la que se utilizan recursos públicos.
Señaló que los aspirantes, incluido Ebrard, utilizan los cargos en el gobierno federal “para tener acercamiento con la ciudadanía, utilizando también el recurso público que ejercen, y vimos también el acompañamiento de las autoridades locales, como la presidente municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez”.
De estos actos, dijo que ya “recabamos la evidencia necesaria y vamos a analizar y presentar alguna denuncia respecto a este tema, porque es un acto anticipado de campaña”.
El dirigente perredista señaló que la reforma electoral, denominada Plan B, lo que plantea es permitir estos actos “que no haya responsabilidades respecto a estas campañas anticipadas y darles todas las herramientas, a estos personajes, denominados ‘Las Corcholatas’ que mueve el presidente de la República en una campaña anticipada”.
Recordó que los aspirantes de Morena a la presidencia de la República manejan un discurso de transparencia y apego a la ley, “pero no es cierto, vemos como hacen eventos de promoción respecto a su imagen e incluso descuidan el trabajo que deben estar realizando”.
La consejera presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama en el mensaje que ofreció en la clausura del diplomado Análisis Político Desafíos Sociales de Guerrero en el Siglo XXI en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la UAG Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, declaró que con el Plan B las autoridades electorales “no podrán ir más allá de lo que establece la ley”, ya que impide interpretar o crear acciones afirmativas.
La consejera presentó la ponencia La erradicación de la violencia de género es un quehacer de todas y todos, en el diplomado de análisis político Desafíos sociales de Guerrero en el siglo XXI, que se llevó a cabo en el auditorio Norberto Bobbio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA- IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La funcionaria electoral añadió que la ahora Ley general de instituciones y procedimientos electorales dice que los partidos deberán registrar comunidades LGBT+, pueblo afro e indígenas en las listas del 1 al 25, pero “las autoridades electorales, lo que hacíamos antes, es decir, ‘bueno partido político tienes que registrar a una persona de la comunidad LGBT del 1 al 6’. El INE registró a varias personas en situaciones de vulnerabilidad con estos parámetros”.
Ahora la ley dice es del 1 al 25 donde los partidos tienen esa obligación y entonces pueden “registrar en el 1 o el 2, pero también en el 20 o 25, entonces tendremos que acatar lo que dice esa ley”, y esto “pudiera vulnerar” todo lo que se ha avanzado. Explicó que las autoridades electorales ya no podrán recurrir a los tratados internacionales para salvaguardar los derechos políticos electorales de las mujeres con el Plan B.
Manifestó que la reforma establece que los partidos registrarán con paridad, ya que está en la Constitución. El problema es que las autoridades electorales “ya no podremos aprobar acciones afirmativas, la reforma establece en el Artículo 4 y 5 que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales no podrán hacer ninguna clase de interpretación o acciones afirmativas, sino que se circunscribirán a lo que dice la ley, y la ley de esta reforma dice que en materia electoral se aplicará tal cual se establece en la ley”.
Sigue violencia política de género
En su ponencia, Matildes Gama dijo que normativamente se ha avanzado donde la Constitución dice ‘paridad’, y las leyes electorales así lo dicen, pero “tenemos pendientes porque seguimos con casos de violencia política contra las mujeres, no sólo candidatas, sino ya en el ejercicio del cargo”.
Dijo que en 2022 el IEPC tuvo 21 casos de quejas y procedimientos sancionadores presentados por mujeres políticas y este año están desahogando tres casos de funcionarias públicas que en el ejercicio de sus cargos consideran que sufren alguna violencia política.
Señaló que el IEPC tiene la facultad de recibir esas quejas e iniciar procedimientos sancionadores, de dictar medidas cautelares, “y una vez que se integra el expediente se manda al Tribunal Electoral del Estado, sus redes sociales, que compareció ante el Tribunal, buscando que se declaren ilegales las reformas a los estatutos y que Alejandro Moreno Cárdenas, deje la presidencia del PRI.
“El 27 de febrero el INE determinó la improcedencia de las reformas estatutarias del PRI. Hoy (el jueves) he comparecido para que el TEPJF ratifique que las reformas a los estatutos sean finalmente ilegales. Alejandro Moreno, Alito, abusó y debe irse del PRI Nacional. Nunca más abusos ni engaños a la militancia. Nunca más un partido de cúpulas”, publicó Astudillo.
quien es la autoridad que resuelve si considera que hubo un caso de violencia política o no y las sanciones correspondientes”.
Señala que de las tres quejas que tiene este año por violencia de género dos son de la región de la Montaña y una de la región Centro.
Sobre la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien ha señalado que sufre violencia política de género, la consejera presidenta dijo que hasta el momento no ha presentado ninguna queja.
Señaló la que siempre son nuevos retos las elecciones, “todos los procesos electorales son diferentes y los que se esperan es trabajar con la reforma electoral que está ahora y atender los casos de violencia política, que quisiéramos que disminuyeron, que no hubiera, pero esto es algo que se ha presentado desde hace muchos años y entre mayores oportunidades tienen las mujeres para ocupar cargos públicos mayor es la violencia hacia ellas”.
Dijo que los partidos políticos tienen la obligación de registrar el 50 por ciento de candidaturas que sean mujeres en Ayuntamientos, regidores, sindicatura y Congreso del estado.
Señaló que entre mayor es la obligación de los partidos registrar con paridad mayor se registra la violencia contra las mujeres.
Indicó que seguirán trabajando con la ley que aprobó la Cámara de Diputados.
En la clausura estuvo el secretario general de la UAG, Armando Guzmán Zavala; el director del IIEPA, Marco Antonio Adame y la consejera del IEPC, Dulce Merary Villalobos Tlatempa.
En el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Chilapa decenas de mujeres salieron a las principales calles para manifestarse con pancartas y consignas en contra del feminicidio, la venta de mujeres y el machismo Foto: Luis Daniel Nava
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, afirmó que no toman decisiones arbitrarias sino basadas en la Constitución y en resoluciones y compromisos internacionales que el Estado mexicano firmó, donde se garantiza el principio de paridad de género, y expuso que esperarán para conocer qué legisla el Congreso local, respecto a la propuesta del diputado Bernardo Ortega para que no haya “saltos de género” en la lista de representación proporcional (o plurinominales).
El martes, en la primera sesión del pleno del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el diputado perredista Bernardo Ortega presentó una iniciativa para que en la elección de diputaciones locales, además del principio de paridad de género, sea respetada la autodeterminación de los partidos, y que los órganos electorales al cumplir con dicha paridad respeten el orden de prelación que entregan, y no lo dejen a su decisión, haciendo los famosos “saltos de género”.
Ayer, consultada al respecto en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, ante de empezar la conferencia 8 de Marzo Perspectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres, que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera, Luz Fabiola Matildes afirmó que esperará qué aprueba o legisla el Congreso del estado, siempre y cuando no sea contrario a lo que establece la Constitución federal, que indica que todos los órganos del Estado mexicano tendrán que cuidar el principio de paridad de género.
Aseveró que la Constitución establece que se tiene que priorizar el principio de paridad, que está por encima de cualquier otra disposición. Dijo que “los partidos políticos presentan sus listas de representación proporcional y efectivamente el órgano electoral, porque lo establece la Constitución y la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe garantizar esta integración paritaria en el Congreso”.
Expuso que en el proceso electoral de 2021 efectivamente se tuvo que saltar o brincar a hombres que ocupaban un puesto o un lugar en la lista, para garantizar esta paridad y es por eso que tenemos actualmente un Congreso local paritario.
En 2021, la lista de diputaciones locales de representación proporcional del PRD la encabezó el ex alcalde de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre; le siguieron Patricia Doroteo Calderón, Yanelly Hernández Martínez –actual presidenta de la Mesa Directiva–, y Jennifer García Lucena; se conoció que para conseguir la paridad de 23 diputaciones por género, el IEPC saltó a Velázquez Aguirre y lo dejó sin una curul.
Ayer, la consejera presidenta del IEPC expuso que el órgano no toma decisiones arbitrarias, sino basadas en la Constitución y resoluciones y compromisos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, en los que se debe garantizar el acceso a las mujeres en órganos del Estado mexicano, como el Congreso, y en la toma de decisiones.
Expuso que en el contexto del Día Internacional de la Mujer aún hay muchas cosas pendientes, porque las mujeres siguen viviendo violencia política, simbólica, patrimonial, sexual y familiar, es algo que no se ha terminado en México.
Recalcó que en el país se registran diez feminicidios al día, y aseguró que es una tarea pendiente del Estado mexicano, de las autoridades y de la ciudadanía atenderlos.
Llamó a los partidos políticos a respetar, que no se presenten casos de violencia política en razón de género contra las mujeres que quieran acceder a un puesto público o que están en el ejercicio de algún cargo y sigan siendo violentadas.
