Desatendió el IEPC requerimiento de la AGE para que los consejeros se rebajaran el sueldo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ocultó observaciones de la Auditoría General del Estado (AGE) de 2015 y 2016 por sus altos sueldos, pues el artículo 191 constitucional señala que ningún funcionario podrá ganar igual o más que el gobernador.
Incluso el órgano fiscalizador solicitó la reintegración de los recursos que los consejeros cobraron de más, pero no se regresó el dinero ni la AGE ha insistido en que se solventen sus observaciones.
Durante la sesión de ayer, el representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, dijo que los sueldos de los consejeros representan una violación a la Constitución del estado e invocó el mencionado artículo que establece que ningún servidor público “dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos con autonomía técnica”, podrá recibir “una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico, ni superior a la establecida para el gobernador del estado”.
En declaraciones al concluir la sesión, la presidenta del IEPC Marisela Reyes Reyes dijo que “en términos de lo que el gobernador ha puesto en el anexo” ella gana más que él.
Pero justificó nuevamente: “lo que yo digo es que ganamos lo mismo que ganaban los anteriores (consejeros) y a los anteriores no les observaron eso y a nosotros sí. Yo no quisiera pensar que es porque a nosotros nos nombraron desde el centro y no nos nombraron los diputados (locales) y a los anteriores sí”.
El comentario de la consejera es en referencia a que el actual Consejo General fue elegido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y no por los partidos políticos a través de sus diputados en el Congreso local.
“Lo podemos discutir y si estamos violando una norma, mi posición es: nos bajamos, nada más que sí dame un parámetro”, dijo la consejera presidenta.
Y apuntó que si al actual Consejo General lo están observando y se le pide que sus integrantes reintegren el dinero que han cobrado de más en referencia al sueldo del gobernador, “pues también a los de atrás, ¿no? Porque estamos en la misma condición, si me demuestran que estoy violando la norma yo me bajo el sueldo”.
La consejera no precisó que era la AGE la que la había observado, y sólo se refirió a que “los están observando”.
Después se consultó sobre el tema a fuentes de la Junta Estatal del IEPC que está integrada por los directores de diferentes áreas y el contralor interno Enrique Justo Bautista.
Integrantes de ésta confirmaron que al órgano electoral han llegado observaciones de la AGE desde 2015 y 2016, en las que les dicen que no pueden ganar más que el gobernador.
Y que incluso en las observaciones la AGE les dijo que tendrían que regresar recursos que cobraron en sus sueldos, en referencia al excedente ocupando como base lo que gana el gobernador, que de manera oficial es de 146 mil pesos al mes, mientras que el de Maricela Reyes es de 275 mil 930 pesos mensuales y los otros seis consejeros ganan 216 mil 666 pesos, según la última cifra que se dio a conocer.
Las fuentes del IEPC no precisaron el monto de los recursos que tenían que regresar los consejeros, pero afirmaron que el requerimiento de reintegro fue por escrito y es por cantidades millonarias.
Sin embargo a pesar de que de acuerdo con el artículo 191 constitucional “estaba bien fundamentada la observación y la solicitud”, la AGE ya no insistió en el requerimiento y “aparentemente retiró las observaciones, que nunca se llevaron ante el Consejo General”.

Verificará el IEPC firmas de iniciativa sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), iniciará la muestra aleatoria de los ciudadanos seleccionados para la verificación de autenticidad de firmas o huellas que suscribieron la Iniciativa Popular Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero, promovida por el Consejo de Comunidades  Damnificadas de La Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos.
Abel Bruno Arriaga, uno de los representantes comunes de la iniciativa popular, informó que la noche de este jueves le notificaron a través del oficio número 0144 que se convocara  a comparecencia de autenticidad de firmas o huellas a los promoventes de la iniciativa popular y que será del próximo sábado al martes.
En el oficio mencionan que si no asisten a los lugares mencionados el IEPC tiene facultades para realizar visitas domiciliarias y que el personal habilitado estará acompañado de traductores con apego a sus derechos para que lo hagan en lengua o castellano.
La muestra será de 600 de integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de Malinaltepec, Iliatenco, Copanatoyac, Tlapa y Metlatónoc y se realiza en función a la solicitud presentada en el Congreso y remitida el IEPC con fundamente al artículo 238 de la ley orgánica del poder Legislativo 231 y en materia a los criterios de verificación  de ciudadanos dela iniciativa popular.
Dijo que este viernes a las 4:00 de la tarde estará del IEPC, Betsabé López López en la comunidad de La Ciénega del municipio de Malinatepec para trazar la ruta de verificación de firmas y huellas, porque “ya traen una, pero la revisaremos para ver que sea más eficiente”, dijo.
El Consejo de Comunidades  Damnificadas de La Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos entregaron la iniciativa popular de la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos al Congreso como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena sea derogada.
Hace unos días dijeron que se movilizaran primera semana de marzo  si el Congreso no la toma en cuenta.

Los consejeros del IEPC se bajaron el 10% de su sueldo base sin tocar los ingresos extras

 

Además de su sueldo base, que suma 894 mil 306 pesos al año en el caso de la presidenta y 739 mil 092 en el de los seis consejeros del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), los integrantes del organismo reciben ingresos por otras tres prestaciones, que elevan sustancialmente sus peercepciones.
Documentos consultados por el reportero establecen que la presidenta del IEPC, Maricela Reyes Reyes, y los otros seis consejeros, además de sus sueldos obtienen ingresos por concepto de la partida 171 (estímulos), 132 (primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año), y a través de la partida 134 (compensaciones).
A raíz de las medidas de austeridad que se están aplicando como consecuencia del alza al precio de la gasolina y al diesel, en la sesión del 17 de enero pasado, los consejeros se aprobaron un descuento del 10 por ciento a su sueldo base.
Según la página de Internet que fue consultada, la presidenta gana 212 mil 930 pesos mensuales, por lo que aplicándole el 10 por ciento de descuento percibirá 191 mil 637; mientras que los seis consejeros restantes, de 175 mil 974 pesos ahora cobrarían 158 mil 376.
Sin embargo, de acuerdo con los documentos, hasta diciembre del 2016 la presidenta recibió de sueldo base 74 mil 525.54 pesos mensuales, por lo que, al año, cobró 894 mil 306.48 pesos.
En cuanto a los otros seis consejeros, cobraron hasta diciembre pasado 61 mil 591 pesos al mes, que sumados al año alcanzan los 739 mil 092 pesos, mientras que por los seis la cantidad total fue de 4 millones 434 mil 552 pesos.
Conforme al acuerdo del 17 de enero pasado, la presidenta y los consejeros se reducirán un 10 por ciento de su sueldo base, y se entiende que sólo aplica para estas cantidades.
Sin embargo, los siete consejeros obtienen ingresos mucho más elevados que su sueldo base, mediante las otras tres partidas presupuestales del organismo.
En el capítulo 1000 de servicios personales está el concepto 1300 de remuneraciones adicionales y especiales, mediante el cual los consejeros cobraron el año pasado la partida 134 que corresponde a compensaciones.
Por este concepto la presidenta del IEPC cobró mensualmente 138 mil 404.56 pesos, y al año 1 millón 660 mil 854.72 pesos. Mientras que los seis consejeros cobraron 114 mil 383.30 mensualmente y al año 1 millón 372 mil 599.6 pesos cada uno.
En estas dos partidas se dividen los 212 mil 930 pesos que recibió la presidenta y los 175 mil 974 que obtuvieron los otros consejeros.
En el mismo capítulo 1000 y el mismo concepto 1300 está la partida 132, de la cual los consejeros recibieron el pago de la prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.
Por concepto de prima vacacional la presidenta recibió el año pasado 212 mil 930.10 pesos en dos ministraciones de 106 mil 465.05 cada una, y por gratificación de fin de año 425 mil 860.20.
Por su parte, cada uno de los consejeros obtuvo por prima vacacional 175 mil 974.3 pesos en dos ministraciones de 87 mil 987.15 pesos cada una, y por gratificación de fin de año cada uno cobró 351 mil 948.60, y por los dos conceptos 439 mil 935.75 pesos.
Igual en el capítulo 1000 de servicios personales se encontró el concepto 1700 que es el pago de estímulos a servidores públicos a través de la partida 171.
Por este concepto la presidenta recibió 106 mil 465 pesos y los consejeros 87 mil 987.
En total, sumadas todas las partidas, según los documentos consultados, la presidenta obtuvo ingresos el año pasado por el orden de los 3 millones 300 mil 416.55 pesos, un promedio de 275 mil pesos al mes, mientras que los seis consejeros obtuvieron 2 millones 639 mil 614.35 pesos cada uno, un promedio de 220 mil al mes.

Buscará el IEPC a dirigentes del PRI, PRD y MC para resolver el conflicto en Apango

 

La presidenta del Instituto Electoral y de Par-ticipación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, informó que convocará a una mesa de diálogo a los dirigentes estatales del PRI, José Parcero López; del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, para buscar una solución al conflicto en Mártir de Cuilapan (Apango).
En declaraciones a reporteros después de la inauguración del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el IEPC, Reyes Reyes explicó que la intención del Instituto es establecer una mesa de diálogo entre los dirigentes de los partidos políticos y los ediles inconformes para que sean los dirigentes de los partidos los intermediarios para resolver el conflicto en ese municipio.
Desde el 14 de junio un grupo de regidores inconformes con la alcaldesa Felícitas Muñiz tomaron el ayuntamiento. El 20 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la violencia política de género y ordenó al síndico Benito Sánchez Ayala, a las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como al regidor Humberto Palacios Celino, abstenerse de cometer actos encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal.
En el caso de la sentencia del TEPJF por la violencia política de género contra la alcaldesa, donde el IEPC fue vinculado, Reyes Reyes informó que solicitó mediante oficio a la Secretaría General de Gobierno un recurso de intermediación y diálogo entre los regidores y los dirigentes de los partidos políticos.
La presidenta del IEPC dijo que la sentencia del TEPJF no es muy clara sobre qué es lo que les corresponde a las autoridades vinculadas en el fallo a favor de Felícitas Muñiz y en el análisis de la resolución. Los consejeros del Instituto consideraron que debían llamar a una mesa de diálogo a los dirigentes de los partidos políticos, “tenemos que resolver este problema por la vía de la intermediación para no generar un problema mayor”.
En el conflicto están involucrados los partidos Movimiento Ciudadano, que es donde milita la alcaldesa. También están la regidora de Salud, la priista Edelmira del Moral Miranda; la regidora de Educación y perredista María del Rosario López García, y el regidor de Comercio y Abasto Popular militante de Nueva Alianza, Humberto Palacios Celino.
Hasta ayer no habían tenido ninguna reunión con los dirigentes de los partidos pero dijo que ya conversaron con ellos para poder reunirse con las partes en conflicto.
Sobre la presunción de actos anticipados de campaña, Marisela Reyes dijo que corresponde a los ciudadanos denunciar los casos, pero acotó que no se puede hablar de campañas adelantadas de quienes promueven su imagen con anuncios de informes de actividades porque se debe revisar ciertos criterios.
Primero, si quien promueve un informe está facultado para rendirlo, además analizar circunstancias de tiempo modo y lugar, palabras usadas y las características de la imagen.
Agregó que hay ocasiones en que los aspirantes más publicitados no llegan a ser candidatos pero en el caso de que lo sean es cuando se pueden hacer valer las observaciones de que tuvieron una campaña anticipada, pero “tendría que probarse, no es un asunto sencillo”.

Hará el IEPC en Ayutla una campaña informativa de la segunda consulta

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) dio a conocer una campaña informativa en Ayutla para que sus habitantes se enteren del contenido del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) respecto a la consulta que se hará por segunda ocasión respecto al método de elección de sus autoridades.
La mañana de este miércoles se realizó la reunión de trabajo de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres y Voto en el Extranjero, que encabeza el consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda, en la que se expuso el proyecto de campaña de información dirigida a los habitantes de Ayutla.
Los consejeros se organizaron para definir cómo se cumplirá el resolutivo de la Sala regional del Trife, que obliga a este órgano electoral a cumplir con la difusión de la síntesis de la sentencia.
En la reunión se discutieren los medios por los cuales se difundiría la campaña, que plantea informar a la población sobre los resolutivos dados a conocer por el Trife, así como las lenguas a las que será traducida.
Asimismo, se discutió la necesidad de seguir trabajando con la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas para que se dote de traductores tlapanecos y mixtecos con el objetivo de que en una segunda etapa se pueda difundir la resolución del tribunal en dichas lenguas.
Al finalizar la reunión la presidenta del Consejo General, Maricela Reyes Reyes, explicó que el IEPC está obligado a difundir en Ayutla la síntesis de la sentencia, la cual fue elaborada por el Trife.
Detalló que la sentencia de 300 páginas fue sintetizada a 15 cuartillas, las cuales deberán ser difundidas a través de la radio, televisión, internet y medios impresos como parte del resolutivo. “Hay un marco que nos obliga a tomar las medidas necesarias para que estén bien informados sobre sus asuntos”, agregó.
Dijo que antes de iniciar la primera etapa de la segunda consulta que se realizará en el municipio, se debe cumplir con la sentencia de informar sobre lo impugnado por los partidos.
A la reunión también asistió el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, quien tras la reunión se entrevistó con los consejeros a puerta cerrada.
Al concluir el encuentro fue consultado sobre su participación y contestó que debe quedar claro que el propósito de seguir en la lucha por que sea respetada la elección de las autoridades a través de los usos y costumbres de los pueblos es con el fin de promover la democracia.
Agregó que su visita al IPEC se debió a que se enteró de la reunión que habría, por lo que enfatizó que la resolución es histórica porque reconoce la “licencia” de los derechos de los pueblos originarios de Guerrero.
“Queremos decir que el Estado de derecho está ahí, buscamos con este nuevo proceso y ese régimen fortalecer la democracia en las regiones indígenas, pero se requiere de todos los ciudadanos”, comentó.

Da paso el IEPC a la pérdida de registro de Encuentro Social, ordenada por el Trife

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPEC) acató ayer la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), la cual deja sin registro a Encuentro Social.
En la tercera sesión ordinaria del IEPC, el representante de ese partido, Benjamín Ramírez Galeana, pidió un disco con la grabación del punto en el que se informa de la pérdida del registro, y adelantó que impugnará la decisión.
Consultada al finalizar la sesión, la presidenta del IEPEC, Maricela Reyes Reyes, dijo que la resolución del máximo tribunal electoral fue
complicada por los diferentes criterios de interpretación, pero Encuentro Social tiene el derecho de impugnar.
Expresó que “la resolución había sido posterior a la firmeza del acuerdo de acreditación, el cual se interpretó por quienes votaron a favor que no había retroactividad en la ley sobre la aplicación de la norma, en todo caso sobre el criterio, pero no está clara la resolución”.
Maricela Reyes indicó que el asunto de los nuevos partidos con acreditación que no alcanzaron el umbral del 3 por ciento de los votos bajo la nueva legislación ha traído problemas de interpretación.
En su intervención, el representante de Morena, Sergio Montes Carrillo, dijo que su partido fue el que impugnó ante el Trife para que Encuentro Social perdiera el financiamiento, pero no su registro.
El representante pidió que se retirara del orden del día el punto de la acreditación para que el IEPC solicitara una aclaración de sentencia, porque si no estaba correcto o claro podían fincarse responsabilidades si se exceden en la aplicación de la sentencia.
Montes Carrillo recriminó que pese a que pidió que se retirara, los integrantes del IEPC votaron para dar curso a la sentencia del Trife.
Montes recordó que Morena impugnó el registro de Encuentro Social porque no alcanzó el 3 por ciento de la votación, por lo que esperarán la impugnación de ese partido y “nosotros como terceros interesados vamos a impugnar la resolución si es por financiamiento, pero si sólo pide que se respete su acreditación no haremos nada”.
La sesión se realizó en las oficinas del IEPC que están ubicadas cerca del bulevar Vicente Guerrero; comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 2:30 de la tarde.