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Estudiantes del Tec de la Montaña logran la destitución de maestros denunciados por acoso

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Tlapa

Este jueves 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.
Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.
La reunión se desarrolló en un marco de tensiones, por el conflicto que estalló hace un mes, por varias irregularidades que persisten en el instituto, así como el señalamiento de hostigamiento sexual sistemático que sufren las alumnas por parte de los profesores.
Durante el diálogo, estudiantes y padres de familia denunciaron la inacción e insensibilidad de las autoridades para atender sus demandas, en razón de que durante un mes nunca se estableció una mesa de diálogo seria. Recordaron que el 28 de marzo, el subsecretario de Educación Media y Superior no asistió a una reunión que ya estaba pactada, para dar continuidad al diálogo y atender el problema. También refirieron que la entonces directora, Fredislinda Vázquez Paz, nunca los atendió y prefirió desviar la atención, acusando que los estudiantes tenían otros intereses.
Este 19 abril, estaba programado iniciar la reunión a las 10 de la mañana, sin embargo, los funcionarios llegaron al plantel con dos horas de retraso. Después de varias propuestas y contrapropuestas de las partes, a las 3 de la mañana del día siguiente se lograron los primeros acuerdos: dar posesión al nuevo director de la escuela, José Ángel Martínez García, e iniciar los procesos de investigación contra los profesores señalados de agredir a las estudiantes, luego de lo cual se hizo un receso y se reinició la mesa a las 10 de la mañana, ese mismo día, concluyendo a las 9 de la noche con los acuerdos definitivos, mediante los cuales se destituye provisionalmente a ocho profesores y se inician los procesos de investigación para que, en un lapso de 15 días, se emitan los dictámenes de su destitución definitiva.
Se acordó también continuar el diálogo entre estudiantes y el director de la escuela, para dar respuestas a otros puntos secundarios del pliego petitorio. Mientras tanto, la dirección de la escuela se mantendrá abierta, para que el director pueda hacer todas sus gestiones y trámites administrativos. Estudiantes y funcionarios expresaron su satisfacción por los acuerdos logrados. Los primeros dijeron que es un triunfo obtenido por su movimiento y es ejemplo de que las alumnas no deben permitir estas agresiones. Expresaron que nunca más se dejarán ni permitirán estos atropellos.
Por su parte, el nuevo director refirió que tomará medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y que iniciará un diálogo permanente, para crear un ambiente propicio para la educación.

 

Es la impunidad el aliento de las conductas delictivas, señala el arzobispo de Acapulco

Daniel Velázquez

El arzobispo Leopoldo González González señaló que la impunidad es lo que alienta las conductas delictivas, pues quienes cometen esos actos esperan que no haya fuerzas de seguridad en el entorno inmediato y saben que no serán sancionados.
En su mensaje de este domingo el arzobispo convocó a los católicos a que la Semana de Pascua y en particular el Viernes de Dolores, en el que se conmemora el día de nuestra señora de La Soledad, sea motivo de reflexión sobre el impacto de la violencia, el rostro con lágrimas de la imagen es el mismo que puede verse en el prójimo, y puso como ejemplo los homicidios, el desplazamiento forzado y la extorsión.
También insistió en que mientras haya impunidad seguirán ocurriendo hechos violentos. “La impunidad disminuye mucho la seguridad, que la presencia de militares y policías puedan dar. Es imposible que nos vigilen a cada uno de los ciudadanos y que estén en cada rincón de los pueblos, ciudades, campos, carreteras… Si quien comete estos crímenes y delitos mira que lo más probable es que su delito quede impune, basta que vigile que policías y militares no lo vean al realizarlo, aunque estén ahí cerca”.
“Es necesario que quien cometió tales crímenes y delitos sea puesto, conforme a derecho, en condiciones de no poder seguir cometiéndolos, de recapacitar y reorientar su conducta, y de alguna manera resarcir el daño hecho a las víctimas”.
A manera de reflexión, monseñor dijo que el rostro de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, con lágrimas en sus mejillas es el mismo que se aprecia en las familias que sufren la pérdida de un familiar que ha sido ejecutado. “Aunque por desgracia los asesinatos y ejecuciones estén siendo cosa casi diaria, no nos acostumbremos a ello. Nos duela e indigne el crimen que sufrieron estos hermanos nuestros. Al mirar la noticia, siempre pidamos por su eterno descanso y, si podemos, expresemos nuestra cercanía a su familia, en la escucha, en el dolor que compartimos con ellos, en una palabra de consuelo y esperanza”.
“El rostro de aquellas familias que han tenido que dejar sus comunidades o están a punto de hacerlo, por la desprotección en que se miran ante las amenazas de grupos criminales. Para regresar a sus hogares, para permanecer en ellos, necesitan condiciones fiables de seguridad. No es posible vivir con la zozobra de la cercanía de un peligro al ir a sembrar o a cosechar, al llevar las vacas a pastar, al ir a comprar… Junto con las condiciones fiables de seguridad es necesario que, primero, tengan las condiciones básicas para subsistir y luego, la posibilidad de conseguir con su trabajo lo necesario para vivir dignamente. No es posible volver o permanecer si desvalijaron la tienda del poblado, si se robaron hasta la despensa”.
“El rostro de tantas familias extorsionadas: el cobro de cuota o de piso, el ‘impuesto’ que exigen algunos grupos criminales por caja de mango o en la compra de algunos productos de abarrote o de subsistencia diaria o de materiales de construcción… son una grave sangría a la economía familiar, dejan un doloroso sentimiento de impotencia y de enojo en las personas que lo sufren y hacen muy frágil el sentimiento de seguridad en la sociedad”.

 

Ve en las autoridades negligencia e impunidad, dice la hermana de un desaparecido hallado muerto

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los familiares del taxista Saúl Merodio de Jesús, primero enfrentaron su pérdida cuando hombres armados lo levantaron, luego negligencia y omisión de las autoridades para su localización, y después de que hallaron sus restos impunidad, ausencia de justicia y falta de castigo para los responsables, denunció su hermana Yanet Merodio.
A sus 22 años Saúl fue levantado por hombres armados la noche del 11 de junio del 2019 en la calle Heroico Colegio Militar de la colonia Guerrero en Chilpancingo, cuando después de su jornada laboral iba a entregar a su relevo el taxi que trabajaba.
Desde entonces desapareció hasta que sus restos fueron hallados junto a los de otras personas cerca de Chichihualco el 2 de diciembre de ese mismo año, sin embargo, sus restos se los entregaron a su familia hasta el 18 de febrero de este 2022, más de dos años después.
En entrevista el 8 de diciembre pasado, su hermana Yanet, contó que la noche que desapareció, su hermano había ido a comprar tacos para toda la familia y lo esperaban para cenar cerca de la media noche.
Les contó que después de que comprara la cena iría a entregar el taxi a su relevo y de ahí se iría a su casa. Yanet explicó que unos 20 minutos antes de que se lo llevaran le mandó un mensaje a su esposa, a quien le escribió: “ya voy para allá”, pero nunca llegó.
“Ese día subió a la casa, se veía bien, andaba tranquilo, contento. Nos dijo: ahorita regreso voy a traer unos platillos para que cenemos, y cuando se lo llevaron él ya llevaba la cena”, explicó Yanet.
Vecinos de la Calle Heroico Colegio Militar de la colonia Guerrero les dijeron que cinco hombres armados interceptaron el taxi y se lo llevaron junto con el vehículo que nunca hallaron. Los testigos les advirtieron que no querían problemas, que ya no podían informarles más.
Al día siguiente fueron a buscarlo a hospitales, a la delegación de Barandilla, al reclusorio pero no lo hallaron en ningún lado.
Ese mismo día quisieron presentar la denuncia en el Ministerio Público para que las autoridades investigaran y lo localizaran pero les dijeron que tenían que esperar más tiempo.
Dos días después presentaron finalmente la denuncia pero según Yanet Merodio, fue como de puro trámite porque en realidad las autoridades locales nunca investigaron.
Mediante el Colectivo de Padres y Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Guerrero y el País (Colectivo Chilpancingo), los familiares de Saúl presentaron después la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde por la presión del colectivo se realizaron búsquedas en Chichihualco.
El 2 de diciembre de ese mismo año, sus restos fueron hallados cerca de Chichihualco durante una jornada de tres días de búsqueda en la que participó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y personal de la FGR.
En esa jornada, de acuerdo a reportes periodísticos, se localizaron cinco cuerpos completos en la misma zona; el de Saúl fue hallado al fondo de una barranca de unos 100 metros, rumbo al sitio conocido como Las Minas.
Junto a los demás cuerpos, el de Saúl fue trasladado a la FGR para la práctica de los estudios del ADN, donde permanecieron hasta el 18 de febrero de este 2022.
Yanet contó que les informaron el 1 de febrero que los resultados de las pruebas del ADN habían resultado positivos, pero dijo que se los entregaron hasta el 18 y el 19, finalmente, pudieron darle sepultura.
Se quejó de la negligencia y la falta de interés de las autoridades por resolver los casos de victimas de desapariciones; “no puede ser que haya tanta apatía y falta de solidaridad con el dolor de los familiares de las víctimas que sufren la ausencia de sus seres queridos”.
Explicó que la localización del cuerpo de su hermano fue posible por la intervención del Colectivo y la tenacidad de su madre, Eustolia de Jesús Rodríguez, quien desde el principio se propuso no descansar hasta hallarlo, “y lo logró, aunque sea en estas condiciones”.
Reprochó que después del hallazgo de su cuerpo, las autoridades, al parecer, ya suspendieron las investigaciones, “como si ya se hubiera resuelto el caso, cuando falta esclarecerlo, saber quiénes se lo llevaron y hacer justicia”.
Dijo que en los meses posteriores de que les entregaron el cuerpo ya no les han informado nada, a pesar de que la carpeta de investigación sigue abierta.
Aunque reconoció que de parte de los familiares ya no han presionado ni insistido tanto debido a que su madre, Eustolia, quien era la que encabezaba la presión, cayó enferma derivado de la tragedia que vivió.
“Pero nosotros no hemos suspendido nada, la carpeta sigue abierta. Seguimos en busca de justicia”, e hizo un llamado a las autoridades: Queremos justicia, queremos saber qué fue lo que paso, quienes fueron los que se lo llevaron y castigo para los responsables”.

 

Protestan activistas en el poder Judicial en Acapulco para exigir justicia en El Charco

Un día antes de cumplirse 20 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de la Caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz integrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos protestaron afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco, para exigir justicia al Estado mexicano.
La masacre del 7 de junio de 1998 dejó 10 campesinos y un estudiante universitario muertos, además de cinco heridos y 22 detenidos.
La manifestación comenzó a las 3:20 de la tarde, unas 20 personas exigieron justicia por esos hechos en los que el Ejército masacró a campesinos y prevalece la impunidad en el caso.
Los manifestantes advirtieron que no van a descansar hasta que se haga justicia para los asesinados y para los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
En el mitin en representación de Iglesias por la Paz, fray Julián Cruzalta dijo que es doloroso ver tanta violencia contra el pueblo y que estaban ahí para exigir al poder Judicial que ya dé respuesta y castigue a los culpables, para que corte la larga cadena de injusticia e impunidad.
Añadió que además de El Charco están otros casos como el de Aguas Blancas que son hechos violentos donde no ha habido justicia.
Dijo que estaban ahí después de 20 años de la masacre para exigir al Poder Judicial de la Federación que se ajuste a lo que es un verdadero Estado de Derecho, que imparta justicia porque “después de 20 años esa justicia no ha llegado y por lo tanto están violentando la Constitución, sus propias reglas y normas”.
Exigió que reconozcan que las masacres y represiones que el pueblo ha sufrido a lo largo de su historia “no deben quedar impunes, no puede quedar impune tanta sangre derramada y sufrimiento en la familia”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que uno de los enemigos del pueblo es el Ejército, que “sirve únicamente a la oligarquía capitalista y han pasado 20 años de impunidad como una más de las masacres”.
La hija de Arturo Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena dijo que cómo es posible que no se pueda juzgar el actuar de los militares si se sabe que han participado en estas masacres, incluida la de Iguala en donde desaparecieron los 43 normalistas, y que se tenga más presos políticos que políticos presos.
Indicó que cuando la corrupción deje de ser un negocio la impunidad dejará de existir, y preguntó dónde está la justicia cuando hay personas que reclaman a sus familiares.
“Hay impunidad en la masacre de Aguas Blancas y prevalece a tal grado que viene otro proceso electoral y no hay justicia”, señaló.
Dijo que exigen al gobierno federal un basta ya a la impunidad, “queremos justicia y a los responsables de El Charco, Aguas Blancas e Iguala”.
E dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame expuso que se busca una pizca de justicia en un país que se ahoga en la impunidad, y que El Charco es una “deuda que tiene el Estado mexicano al igual que Aguas Blancas y la desaparición de forzada de 43 normalistas”.
Agregó que han sido asesinados luchadores sociales y no hay justicia, y hay hostigamiento a los luchadores sociales que ya debe de parar. También demandó la libertad de los presos políticos.
Finalizó diciendo que van a seguir repudiando a las instituciones que no imparten justicia. La protesta pacífica concluyó una hora después.

 

No tienen las autoridades interés en resolver crímenes de Estado, coinciden organizaciones en Chilpancingo

En el Primer encuentro de articulación de los distintos sectores sociales para fortalecer el movimiento cívico popular, representante de organizaciones coincidieron en que las autoridades no tienen interés en resolver los crímenes de Estado y criminalizan a las víctimas de desaparición forzada.
El encuentro es la continuación del foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, para formar un Frente Popular para el rescate del país integrado por organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos de trabajadores en el estado; se trata de una iniciativa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, a la que se unieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, las Preparatorias Populares de la Costa Grande, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y otros colectivos y organizaciones.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, y fue presidida por la dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas; la representante de las preparatorias populares de la Costa Grande, Juana Guzmán Reyna; el integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Odón Rodríguez Mendoza; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera; y de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, así como la representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
Si bien el objetivo del encuentro era acordar la fecha del Congreso Estatal de organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos, primero se abrió una ronda de participaciones en las que intervinieron la activista Roberta Campos Adame y el integrante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jacob Nájera Hernández, así como Arturo Campos, Norma Mesino, Melitón Ortega, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y otros representantes.
Las posturas fueron encontradas debido a que mientras unos se enfocaron en informar el contexto de represión, criminalización, violencia e impunidad en Guerrero, otros llegaron a proponer que la lucha social se uniera al proyecto de “bienestar social” que propone el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el tema político se agotó durante las sesiones del foro dedicadas a ello.
En su intervención, Melitón Ortega informó que la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó distintas actividades que comenzaron en abril pasado a 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se trata de jornadas que tienen el objetivo de que la investigación se mantenga y “por ningún motivo” se cierre el caso; señaló que es necesario que a nivel internacional se sepa que la lucha por la presentación con vida de los jóvenes sigue vigente y que próximamente los padres y madres se reunirán con el secretario de Gobernación, en ese encuentro en el que esperan que las autoridades informen de la relación de los ataques en Iguala con criminales de Guerrero Unidos radicados en Chicago, Estados Unidos.
Norma Mesino, a cinco años del asesinato de su hermana Rocío, también integrante de la OCSS, y a ocho del de su hermano Miguel Ángel, señaló que “no hay interés de las autoridades” en resolver los casos, además de que la impunidad se ha vuelto general y ya no sólo afecta a los sectores organizados. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo cargo de ambos crímenes sin que fueran resueltos, y que en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el Estado optó por dividir a los familiares de las víctimas entregándoles casas y otros apoyos económicos; “las viudas que se mantuvieron firmes ya fallecieron, y otras están enfermas” pero esto no significa que su lucha haya terminado, pues el 4 de junio próximo protestarán en la Ciudad de México.

Siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, señalan

Arturo Campos dijo que las autoridades le siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, como ocurrió con los integrantes y promotores de la CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), siguen presos Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y Marco Antonio Suástegui Muñoz, entre otros.
Contó que a pesar de que fue liberado, aún tiene una averiguación previa en su contra por lo que, si las autoridades así lo deciden podría volver a la cárcel, porque “fabrican delitos”, pero sólo con el movimiento social se logrará la libertad de los presos políticos.
En algún punto de la discusión hubo una polémica por la frase Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, palabras del maestro y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, pues algunos de los asistentes consideraron que el también egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa hizo las dos primeras cosas, pero el ex presidente Carlos Salinas de Gortari “también es pueblo”.
Fue entonces que algunos asistentes coincidieron en que es hora de la que la lucha social se una a Andrés Manuel López Obrador, debido a las coincidencias con su proyecto, pero la propuesta fue rechazada.

Denuncia Roberta Campos la irrupción de militares a su casa

Roberta Campos recordó que organizaciones como la CRAC-PC surgieron no de un interés personal o político, sino para acabar con la inseguridad y proteger a sus familias, por ello es grave el divisionismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y deben parar estas prácticas.
Denunció que militares ingresaron a su casa en la capital porque recibieron un supuesto reporte de un robo de vehículo, y encañonaron a su familia, incluso a niños, por eso “vivo con miedo de llegar y que falte alguien de mi familia”, y es necesario que la lucha social se mantenga firme con sus principios apartidistas.
Chávez Adame dijo que la CETEG planteó en el foro, el paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el cual destrozaron la biblioteca y oficinas del Congreso del estado, “están en otra dinámica” y por ello hay órdenes de aprehensión contra sus integrantes, sin embargo, “tenemos que hacer un concentrado de las demandas populares y propuestas” de todas las organizaciones, siendo los ejes centrales la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todas las víctimas de desaparición, solución a los asesinatos y la libertad de los presos políticos.
Reconoció que hace falta un proceso de concientización, porque las organizaciones abandonan la lucha cuando sus demandas particulares no se resuelven, mientras que los problemas internos deben solucionarse de acuerdo con los principios correspondientes y es necesario “defender” el proyecto original de la CRAC-PC, “que no pensó en las elecciones, pensó en la seguridad”.
Al final se acordó que el Congreso estatal se llevará a cabo el próximo 2 de junio en la Normal Rural de Ayotzinapa, una comisión acudirá a dialogar con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para iniciar los preparativos; además, el 18 de mayo acudirán a la sierra para conmemorar el natalicio de Lucio Cabañas y el 7 de junio a Ayutla para conmemorar la masacre de El Charco.

 

 

Ante la impunidad en desapariciones puede haber otro caso Ayotzinapa en Chilpancingo: AI

 

La directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas alertó que “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento” en Guerrero y, en particular, en Chilpancingo, ante el grave contexto de tolerancia y de impunidad en que ocurren las desapariciones forzadas.
Al señalar que, “es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma” en Guerrero, dio a conocer en un comunicado la documentación de cinco casos de desaparición forzada ocurridos durante la última semana de diciembre en Chilpancingo.
La investigación de la organización, encabezada por Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional para México, confirmó la participación de policías municipales y ministeriales en la desaparición de Alan Alexis Vélez y de dos menores de edad, ocurrida el 27 de diciembre pasado, así como en la desaparición de Jorge Arturo Vázquez Campos y Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre en la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Los primeros tres aparecieron con vida el 3 de enero, con huellas severas de tortura; en tanto que otros dos jóvenes fueron encontrados en la vía pública ejecutados con un tiro en la cabeza. Guevara Rosas consideró que, “trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes es la última de una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen a la vista de todos y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran, son cómplices”.
De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, Alan Alexis y los dos adolescentes fueron privados de su libertad por policías municipales y ministeriales durante siete días. El 27 de diciembre fueron llevados a la estación de policía de Chilpancingo y después “conducidos a una casa de seguridad y luego transportados en un viaje tormentoso a Acapulco”, donde estuvieron en celdas, “al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados”.
La organización señaló que el pasado 3 de enero los tres jóvenes fueron llevados a Chilpancingo y “arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos”.
De acuerdo con la investigación de la organización internacional, en el caso de los tres jóvenes, “la policía los habría torturado con la intención de obtener información, en concreto una ‘confesión’ ilegal”.
Sobre los otros muchachos, cuyos cuerpos aparecieron el mismo 3 de enero en un lote abandonado, Amnistía Internacional contó con indicios de que “habrían sido desaparecidos por policías municipales, supuestamente en coordinación con el crimen organizado”.

Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa, dice investigadora

La investigadora para México de la organización internacional, Madeleine Penman declaró a Proceso que, después de cuatro días de entrevistarse con autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), así como con familiares de víctimas y tres sobrevivientes, es posible afirmar que de la desaparición forzada en el estado, y en Chilpancingo en particular, “nadie está a salvo de ser víctima de crímenes atroces, tocan a todos los sectores lo mismo marginados que privilegiados, es alarmante”.
La investigadora destacó que lo que más preocupa a la organización es la “impunidad casi absoluta” en la que, no sólo no hay castigo para los responsables, sino que ni siquiera se realizan investigaciones oportunas por parte de autoridades, ya que, en ambos casos, aunque los familiares denunciaron los hechos de manera inmediata, no hay evidencias de que las autoridades hayan tratado de dar con su paradero.
“Todos los casos se denunciaron ante autoridades, todos tenían conocimiento de los hechos. En el caso de Jorge Arturo y Marco Eduardo, los familiares denunciaron desde el primer momento y hubo mucho ruido alrededor de estos hechos, que terminan en la presentación sin vida de los chicos, con balazos en la cabeza, al parecer un tiro de gracia.
“Los tres sobrevivientes vivieron una situación tremenda. Durante siete días estuvieron detenidos a manos de policía municipal y con involucramiento de policías ministeriales del estado de Guerrero, sufrieron incomunicación durante varios días. A los familiares se les negaba dar información del paradero a pesar de que los estaban buscando. Por los testimonios de los sobrevivientes, sabemos que la tortura incluyó técnicas de asfixia, amenazas de muerte, desnudez forzada, golpes tan fuertes que aún hay evidencias de moretones en sus cuerpos. Son indicaciones contundentes de violaciones graves al derecho internacional”, comentó la defensora.
Madeleine Penman señaló que en Chilpancingo se vive un “clima de terror”, y destacó que en los casos de los jóvenes que aparecieron ejecutados, sólo hay un policía municipal procesado, pese a indicios de más involucrados.
Del caso de los sobrevivientes, “todo indica que no ha se ha abierto carpeta de investigación por tortura, pese a que desde el 3 de enero las autoridades tienen conocimiento de los hechos, desde que aparecieron los chicos golpeados”.
Consideró que hay una “grave demora cuando hay tiempos que se tienen que imponer, cuando estamos hablando de huellas frescas que se tienen que analizar por medios forenses, que se tienen que preservar las evidencias. Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa”.
La investigadora agregó que para Amnistía Internacional es lamentable que, en casos de desaparición “sean las familias las que se tienen que movilizar para que se esclarezcan los hechos, cuando las autoridades del estado de Guerrero son los que deberían esclarecer. En estos cinco casos, desde el primer momento hubo una fuerte denuncia y movilización ciudadana importante, lo que permitió de alguna manera que tres jóvenes aparecieran con vida y que de otros dos se supiera el destino final”.
Destacó que la norma en Guerrero es “la impunidad casi absoluta” pues, de acuerdo con datos que les proporcionó la Codehum, “desde 2002 a la fecha, ninguna recomendación por desaparición forzada ha sido cumplida”. Y puntualizó: “estamos hablando de un ambiente de tolerancia, de evidencias fuertes de colusión de autoridades con crimen organizado. Estamos hablando de un contexto de que en cualquier momento pude fomentar o permitir otras desapariciones forzadas masivas, incluso otro Ayotzinapa puede ser posible”.

 

 

Regresaron a laborar los responsables del fraude en la caja de ahorro, denuncian trabajadores

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) denunciaron que los ex responsables de la caja de ahorro, Felipe Alonso Alonso y Eric Manrique Catalán, se presentaron en sus centros de trabajo de manera normal a 11 meses del millonario fraude.
Alonso Alonso y Manrique Catalán fueron el tesorero y el contador de la caja de ahorro de 2012 a 2016. Ambos fueron expulsados del STTAISUAG junto con el presidente Guadalupe Gutiérrez Campos, en diciembre del año pasado, luego de que se diera a conocer el fraude. Además, el Comité Ejecutivo inició un proceso jurídico en su contra sin avances a la fecha.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el trabajador y defraudado, Pedro Salazar Trinidad, y los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Guadalupe Hernández de la Cruz, Román Ibarra Flores y Silvia Alemán Mundo, se pronunciaron en contra del fraude y llamaron a la unidad de los dos sindicatos universitarios.
Salazar Trinidad dijo que el 15 de noviembre pasado Alonso Alonso se presentó en la escuela de Enfermería de Taxco, su centro de adscripción, a laborar de manera normal; mientras que Manrique Catalán hizo lo mismo en la Preparatoria 12 de Tierra Colorada. En los dos casos, los trabajadores les impidieron la entrada a las instalaciones y se quejaron de que regresaron “como si nada hubiera pasado”.
Señaló que el fraude a la caja de ahorro asciende a 10 millones de pesos, pero el caso no se esclareció, los ex responsables no han informado qué pasó con los recursos de los universitarios y sólo se pagó lo correspondiente “a unos cuantos” afectados.
Aseguró que el hecho de que los ex responsables se hayan presentado en su centro de trabajo de manera regular es una prueba de que no se actuó en su contra y de la “complicidad” del Comité Ejecutivo del STTAISUAG, incluso del propio rector Javier Saldaña Almazán, quien debió rescindirles el contrato de manera inmediata.
Alemán Mundo se solidarizó con los defraudados, llamó a los integrantes del STAUAG a unirse a este acto. Expresó que lo que pasó “no tiene nombre” y reprochó que la UAG participe en congresos en materia de transparencia, cuando no se ha resuelto el pago de la caja de ahorro, pues “es cínico”.
Llaman opositores a la abstención del voto en el STAUAG

Por otra parte, Hernández de la Cruz e Ibarra Flores, quienes también se solidarizaron con los defraudados, llamaron a los académicos a abstenerse de votar por la planilla Unidad Sindical, que encabeza el candidato a secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, ya que sus integrantes no han luchado para defender sus derechos laborales.
Hernández de la Cruz puntualizó que en la administración pasada Martínez Llanes permitió la contratación de personal de manera unilateral, dejando de lado a los sindicalistas con derecho a ampliar su jornada laboral, como lo indica el contrato colectivo de trabajo.
Ibarra Flores aseguró que los integrantes de la planilla Unidad Sindical fueron propuestos por el Grupo Universidad por Guerrero, organización que dirige Saldaña Almazán, por lo que no es congruente que haya representantes del STAUAG que respondan “al patrón”.
Los académicos pidieron a los universitarios que el próximo 6 de diciembre, fecha de las votaciones, acudan a las urnas y voten por la abstención, para evitar que se repitan las injusticias y la corrupción en el STAUAG.

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

En la capital sicarios intervienen en problemas entre particulares, afirma la Coparmex

 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos dijo que el presidente municipal, el priista Marco Antonio Leyva Mena manipuló las cifras en las que se muestra una disminución de los delitos comunes en el municipio, “lo que refleja su falta de oficio y capacidad porque esconde la realidad”.
El dirigente empresarial quien se encuentra fuera de la ciudad y fue consultado por teléfono afirmó que como consecuencia de la no investigación de los delitos y la impunidad, cualquier persona contrata a un sicario para cobrar venganza, deudas atrasadas, e incluso para resolver pleitos pasionales.
Dijo que es la causa de tanto muerto en las calles y carreteras y que no todos son por el pleito por la plaza entre los cárteles de la droga, por la siembra y trasiego de amapola, lo que ha repetido continuamente el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
Se quejó de que las autoridades de todo le echan la culpa a la delincuencia organizada para no investigar, “porque ese tipo de delitos nunca se investigan”, pero aclaró que la violencia en la capital está “campechaneada” porque se está recurriendo a los sicarios de la delincuencia organizada para resolver asuntos del orden común.
El martes el presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena presentó cifras que según él revelan que los delitos del orden común van a la baja. Informó que en enero del 2016 se registraron 225 delitos de éste tipo, mientras que en enero de este año van 93.
“El problema es que ahora las autoridades se guían y hablan por percepciones, pero el asunto de la delincuencia es de realidades”, dijo el presidente de la Coparmex, quien declaró que las cifras del alcalde fueron manipuladas para dar la percepción de que hay resultados en la prevención del delito, cuando no es así.
Agregó que el alcalde tomó como ejemplo un mes que no refleja la realidad ni es significativo, “como si los ciudadanos fuéramos ingenuos o tontos. Es un insulto a nuestra inteligencia”.
Destacó que siempre que viene el secretario de Gobernación habla de que la criminalidad va a la baja, y los funcionarios locales repiten lo mismo mientras que los delincuentes “les contestan con más muertos, con más crímenes y cada vez que viene sube la criminalidad en Guerrero”.
Alarcón Ríos informó que desde hace seis meses solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores la instalación de una mesa de seguridad y justicia para trabajar de manera conjunta una nueva estrategia, pero no han recibido respuesta.
Añadió que el secretario de Gobernación también se comprometió a que encabezaría una reunión con los funcionarios del gabinete de seguridad, pero tampoco ha cumplido.
Dijo que ahora buscan al gobernador para que la mesa se instale aunque sea con las representaciones en Guerrero de la PGR, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal, el Ejército y la Marina para que escuchen a los empresarios, a las organizaciones sociales, sindicales y a los religiosos.
“Vamos a reunirnos para empezar a ver algunas medidas, vamos a insistir al gobernador en que se instale la mesa de seguridad y justicia, para determinar estrategias, nuevos mecanismos que nos ayuden, ya no a solucionar el problema de la violencia, sino a contener esta nueva ola criminal”. Informó que también buscará al obispo Salvador Rangel Mendoza, “para ver de qué manera nos podemos ayudar”.
Denunció que en Chilpancingo “ahora cualquiera dice yo voy a contratar a un sicario. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un familiar que se dedica a delinquir y tiene por allí algún pendiente con algún vecino, incluso con algún familiar, lo contrata y allí está la ejecución”.
Dijo que esto está llegando a la anarquía y que es grave que los delincuentes ahora cometan delitos “hasta en su recreo”.

 

Debe parar la impunidad en México o impactará en las nuevas generaciones, advierte Beristain

 

El especialista en víctimas de violencia y tortura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain denunció que por más leyes que se elaboren en México, si no se implementan políticas con empatía hacia las víctimas, si no se quiebra el círculo vicioso de violencia-impunidad-corrupción, se impactará a las nuevas generaciones.
“Si vemos que nada se transforma puede ayudar a generar insensibilidad y falta de conciencia, y ese impacto va proseguir en México en las próximas generaciones, ese es el horizonte, no del próximo año, no del próximo sexenio, de las próximas generaciones”, advirtió preocupado.
Consultado por teléfono en el marco de su visita para presentar su libro El tiempo de Ayotzinapa sobre sus vivencias en el periodo en que cinco expertos extranjeros fueron coadyuvantes de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, dijo que si desde las instituciones siguen llamando levantado a un desaparecido, se le convierte en un subhumano que no genera empatía ni conciencia, como ejemplo del inadecuado tratamiento de las víctimas.
Aseguró que la peor receta para atender la desaparición de personas es mirar a otro lado, como ocurre en el país.
Carlos Beristain es el único de los especialistas extranjeros con labor previa en México del GIEI. Indicó que en 2012 trabajó con familias de desaparecidos en la atención psicosocial con talleres, espacios de dolor y de llanto, y habló entonces de la necesidad de una política de atención a víctimas ante la prensa.
Al volver a México con el GIEI para el caso Ayotzinapa no tenía un conocimiento profundo de la desaparición forzada ni del sistema judicial, lo que sabía era a partir de los relatos de los familiares que recurrían a diferentes leyes, y que mostraba que no era un problema aislado.
Cuando aquellas familias acudieron al Ministerio Público con un caso de desaparición siempre les decían que volvieran después, “y esas son prácticas de desprecio para la gente, es la peor práctica para la atención del problema”, dijo.
Al comenzar la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa, cinco meses después del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas, todos los especialistas tenían claro que el caso implicaba una tarea inmensa, muy compleja, que les tocaba desentrañar cosas poco claras y enfrentar el aparato del Estado, relató.
Agregó que empezaron con la convicción de que era un enorme desafío que sí se podía resolver, y también comenzaron a enfrentar obstáculos para llegar a la verdad.
No obstante en el primer informe lograron reconstruir la historia que había sido contada de forma tergiversada o parcial, y las fuentes fundamentales fueron los sobrevivientes y los familiares de la Normal de Ayotzinapa y del equipo de fútbol Los Avispones.
Sin embargo en el segundo informe dependían del avance de la investigación de la PGR, “y no sé por qué no se hicieron (los peritajes y recomendaciones) y eso nos dejó frustrados”.
Recurrieron a otras fuentes, periodistas de Guerrero que hicieron aportaciones, pero los expertos no pudieron intervenir a más.
Insistió en que “sí se puede resolver el caso”, es decir, determinar el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, “incomodamos a ciertos actores y el miedo a la verdad no es positivo para México, con tanto dolor”.
Desde su experiencia en diferentes países, aseguró que la única forma de sanar a las familias es que reciban respuestas desde la verdad, si no hay verdad no habrá paz, no sólo en Ayotzinapa, sino en todas las familias con seres queridos desaparecidos.
Dijo que en otros países los familiares, no los gobiernos, han permitido los movimientos amplios para buscar la verdad, “a pesar del enorme estrés que representa han convertido la lógica del afecto en una conciencia de derechos humanos más amplio”.
No sólo los impulsa el amor a sus hijos, sino la confianza que alcanzan con otros padres.
También es necesaria la atención nacional e internacional, el apoyo colectivo con otras víctimas y abrir la conciencia para moverse hacia una transformación.
En el libro narra su experiencia sin los tecnicismos del informe, cómo lograron avanzar ante los obstáculos y encontraron elementos insólitos que permitieron descubrir situaciones que se intentaron ocultar, como el quinto autobús y el trasiego de droga en el transporte público, que de acuerdo con la tesis de los expertos, pudo ser la razón del ataque indiscriminado y coordinado contra los estudiantes.
Reconoció que desde el primer informe se dieron cuenta que “había un punto de no retorno”, que las autoridades trataban de sostener la versión del basurero de Cocula, que dice que ahí fueron incinerados los desaparecidos, incluso cambiando un poco la historia para adecuarla a las circunstancias que se iban develando.
“Esa fue la peor solución”, pues los nuevos testimonios que se tomaron en el camino “eran como una manta que se tira de un lado y tapa una esquina y deja descubierta otra cosa”, no ajustaba con la realidad y se evidenciaban más irregularidades, como tortura a los inculpados.
Asimismo, la diligencia en el río San Juan donde funcionarios de la PGR sembraron evidencia para colocar el resto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, “la respuesta dada después por el gobierno es un mal síntoma, la peor receta para el caso y para el país y sólo alarga más una solución”.
En cuanto a si tiene confianza en que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa y de los desaparecidos del país, dijo que la verdad siempre se empeña en salir si quien la empuja son los familiares, pero también refirió una frase de su compañera la experta colombiana Ángela Buitrago, “tiempo que pasa, verdad que se aleja”.
Recordó que en el segundo informe de trabajo señalaron los problemas estructurales en la investigación y dejaron en 22 puntos para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Aseguró que si se atienden las recomendaciones como lo han visto en otros países, la situación va a cambiar.
“El círculo de violencia-corrupción-impunidad-violación de derechos humanos se quiebra en la impunidad. Si se mantiene la impunidad se mantienen los círculos de complicidades políticas, de corrupción y violencia. No hacerlo contribuiría a fomentar la violencia, lo único que se va a hacer es mirar a otro lado”.