Ejidatarios del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) denunciaron que la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) no cumplió el acuerdo de una audiencia con el titular, Rigoberto Villegas Montoya, para hablar sobre la indemnización de sus tierras que les adeudan desde hace 27 años, de 172 pesos por metro cuadrado.
El pasado miércoles, cuando los inconformes tenían tomada la caseta de cobro de Palo Blanco para exigir a las autoridades el pago de la indemnización de sus tierras afectadas cuando se construyó la Autopista del Sol, representantes de la SCT les ofrecieron una audiencia con el secretario a cambio de que liberaran la caseta.
En consulta telefónica, el representante del comité de ejidatarios, Pedro Carrera Robles manifestó que, el día de la protesta los funcionarios que les prometieron una audiencia con el delegado sólo los engañaron, porque no se hizo la reunión.
El día de la protesta, los ejidatarios advirtieron que darían esa semana para que les resolvieran su demanda, y que de no ser así, este lunes nuevamente bloquearían de manera permanente la Autopista del Sol en la orilla donde tienen sus parcelas.
Carrera Robles indicó que en esta semana se reunirán los afectados, pues tienen que determinar sus acciones para ejercer presión para que los indemnicen.
El 29 de noviembre de 2013, los ejidatarios firmaron una minuta de acuerdos con la SCT, sobre el pago 120 pesos por metro cuadrado afectado, y más de cuatro años después no se ha cumplido.
La construcción de la Autopista del Sol y su funcionamiento han producido daños en las parcelas donde se depositaron escombros y piedras, se construyeron caminos de acceso, muros y bases de concreto que no les permiten a los ejidatarios sembrar, además hay desagües de barrancos en algunas parcelas y rellenos en otras, que les han secado árboles frutales.
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Bloquean campesinos la caseta de Palo Blanco de la autopista; exigen que la SCT los indemnice
Ejidatarios de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir al delegado la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Rigoberto Villegas Montoya, el pago de la indemnización de sus tierras, que les deben desde hace 27 años.
Entre las 10 y las 11:30 de la mañana, unos 30 ejidatarios protestaron en la caseta para exigir a la SCT el pago de indemnización de sus tierras, y pidieron una cooperación de 50 pesos a los automovilistas.
Demandaron que las autoridades les den pronta solución y les paguen sus tierras a 172 pesos por metro cuadrado, porque desde hace 27 años afectaron las parcelas de 19 ejidatarios, y ahora no se las quieren pagar.
Consultado en el lugar, el representante del grupo del Comité de Ejidatarios de Tierra Colorada, Pedro Carrera Robles manifestó que la SCT no quiere hacer el pago de la indemnización de las 14 hectáreas de cultivo donde se producía maíz, frijol y calabaza.
Indicó que ahora, los que antes eran dueños de las parcelas trabajan de jornaleros para poder comer, ganan 70 pesos al día en una jornada de ocho horas y son personas de la tercera edad.
Pedro Carrera precisó que la indemnización es para 19 ejidatarios, y son 14 hectáreas las afectadas, por lo que piden que les paguen a 172 pesos por metro cuadrado, porque son 27 años de lucha y, “las parcelas eran nuestra fuente de ingreso”.
El representante destacó que los ejidatarios ven “demasiada negligencia” de la SCT, “tal vez la delegación Guerrero ya tiene el dinero para que nos paguen, pero no lo quiere soltar”, dijo. Aseveró que las autoridades federales ya saben del problema pero no les dan una solución.
Enfatizó que lo único que piden es que les paguen, que el delegado de la SCT en Guerrero los atienda, porque ya no quieren seguir gastando para ir a la Ciudad de México a movilizarse para que las autoridades les hagan caso, “gastamos lo poco que tenemos”, se quejó.
A las 11:30 de la mañana, los manifestantes se retiraron luego de que les ofrecieron que esta semana tendrán una audiencia con el delegado de la SCT.
Los ejidatarios dieron de plazo a las autoridades de la SCT esta semana para solucionar el problema, o de lo contrario, advirtieron que el próximo lunes cada ejidatarios bloqueará la Autopista del Sol donde tenían sus parcelas, y el bloqueo sería permanente.
Demandan damnificados de Tierra Colorada que intervenga el gobierno para que la CFE los indemnice
Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Omitlán, municipio de Juan R. Escudero solicitaron al gobierno del estado su intervención para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pague el dinero que se comprometió a entregar a 155 familias.
La mañana de este miércoles, una comisión de siete campesinos de la comunidad de Omitlán, encabezados por el comisario municipal, Bernardo Carbajal Sánchez, se reunió con el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, y a la salida del encuentro, el comisario detalló que desde que resultaron afectado por la tormenta, en septiembre del 2013, la CFE se había comprometido a darles un apoyo económico de 58 mil pesos por familia damnificada para ayudarlas a reconstruir sus viviendas. Explicó que el apoyo se le entregó sólo a la mitad de los habitantes de la comunidad.
“Es mentira lo que dijo el gobernador, Héctor Astudillo, sobre que ya no había damnificados y que todo lo de Ingrid y Manuel ya estaba solucionado”, agregó uno de los integrantes de la comisión.
Carbajal Sánchez explicó que, a pesar de que ya pasaron más de cuatro años de la tormenta, el gobierno del estado no ha cumplido como intermediario para que reciban el apoyo al que se había comprometido la CFE ante la falta de servicio durante la emergencia.
Las casas de los 155 damnificados se ubican dentro del vaso de la presa de La Venta; durante las intensas lluvias provocadas por el fenómeno natural no fueron abiertas las ocho compuertas, sino sólo tres, lo que provocó que las casas se inundaran.
Dijo que en noviembre del año pasado se reunieron con representantes de la CFE, quienes les prometieron los pagos pendientes para ayudar en la reconstrucción de sus casas, pero a un año, no han recibido nada.
“Es la fecha en que no nos estregan el apoyo, ya dijeron que nos lo darían, hemos hecho gastos para la gestión y no le dan la importancia a lo que pidieron que hiciéramos, estamos cansados”, agregó.
Lamentó que estas dependencias los ignoren por ser campesinos, y pidieron que el gobierno del estado intervenga para que agilicen las acciones.
“A otro grupos ya les entregaron el dinero, pero a nosotros no, entonces no entendemos qué pasa”, dijo, y agregó que la CFE ha entregado también el dinero a vecinos de la comunidad de Tierra Colorada, pero aun así no se les informa cuando se les entregará a ellos.
“A lo mejor no es suficiente para cubrir lo que pedimos, pero aunque sea solamente para atender nuestros pendientes, perdimos animales, ropa, casas y carreteras”, comentó.
Finalmente, adelantó que estarán a la espera de que gobierno resuelva la petición que llevan años gestionando, ya que la carretera y el pueblo continua con daños de la tormenta.
Protestan nuevamente ejidatarios de Zihuatanejo; exigen indemnización por sus tierras expropiadas
Ejidatarios del núcleo agrario de Zihuatanejo marcharon en la zona hotelera y en la zona comercial de Ixtapa, como cada sábado, para exigir que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) los indemnice por 480 hectáreas de tierra que les expropió; ahí, el presidente del comisariado ejidal, Jorge Luis Reyes López, dijo que su primera reunión con autoridades federales podría ser este mes de septiembre, según le dejó entender el subsecretario de la Segob, René Juárez Cisneros.
Desde las 6 de la tarde, en una marcha que salió desde las letras que forman la palabra “Ixtapa” al entronque con Paseo de las Garzas, en el bulevar Paseo de Ixtapa, y de regreso, unos 100 ejidatarios caminaron en silencio portando pancartas, lonas y la playera que visten durante su protesta, con la que informan a los turistas que “Ixtapa es el paraíso robado por Fonatur al ejido de Zihuatanejo”.
Al término del recorrido, a Jorge Luis Reyes López se le preguntó de los avances que hay en torno a la exigencia que hacen al gobierno federal, y respondió que la primera reunión entre autoridades federales y el ejido podría ocurrir en este mes.
“Me comuniqué con el subsecretario (de Gobernación), René Juárez Cisneros, para comentarle lo conveniente que era que nos convocara en cuanto ya hubiera las condiciones; y estamos esperando que esta primera reunión de trabajo con propuestas de las dos partes sea en el mes de septiembre; expresamente no me lo dijo así, yo supongo, de la lectura que hago de las conversaciones telefónicas, que en septiembre habrá una reunión de trabajo”.
Dijo que ven la disponibilidad de Fonatur de buscar una solución, “aunque dice su director que no le corresponde y parece haber una cierta voluntad de la federación de atender con seriedad la cuestión, están buscando salidas prácticas a un conflicto jurídico”. (Redacción/Zihuatanejo).
Cierran padres la Secundaria Técnica 221 para que la SEG audite al director y pague un predio
Padres de familia de la escuela Secundaria Técnica 221, de la colonia Huertas de Santa Elena, cerca del penal de Las Cruces, cerraron el plantel para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que compre el predio que pertenece a la escuela, pero que fue invadido hace mas de 30 años.
Desde las 8 de la mañana, los padres tomaron la escuela, a la que asisten unos 400 alumnos, también para exigir una auditoría al director, Eladio Bazán Gómez, porque dice que se gastó más de 800 mil pesos en una remodelación de aulas, pero a ellos no los ha llamado para desglosarle los gastos, que son del programa Escuelas de Excelencia.
Los padres manifestaron que desde hace más de 10 años están luchando para recuperar el predio que fue invadido hace 30 años; explicaron que los invasores les han dicho que lo desocuparían si les dan una “indemnización” de un millón y medio de pesos.
El secretario del comité de participación social de la escuela, Álvaro Bernal Olea, indicó que desde hace mucho quieren la liberación del predio, que han pedido ayuda de las autoridades, y no ven nada claro.
Indicó que tomaron la escuela porque los padres están muy molestos de ver que sus hijos no tienen condiciones de calidad para estudiar; “queremos que haya una negociación entre el gobierno e invasores para que haya una escuela digna para nuestros hijos”.
La madre defamilia Lilia Ortega Aguilar abundó que cuando llueve los salones gotean y los alumnos se tienen que retirar.
Señaló que no hay condiciones para que sus hijos estudien, pues incluso tienen que desayunar donde están los contenedores de basura. A la escuela llegó el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez de la SEG, Alfredo Miranda Vergara, quien señaló que la dependencia no cuenta con presupuesto para adquirir predios, pero que se está buscando la solución del problema.
Indicó que el secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero ha estado al pendiente de la escuela y autorizó presupuesto para remodelar algunas aulas, pero la regularización del predio es complejo. El delegado se comprometió con los padres de familia a que la próxima semana tendrán una audiencia con el secretario González de la Vega Otero.
Se manifiestan otra vez ejidatarios de Zihuatanejo para exigir indemnización
Como lo han venido haciendo en los últimos sábados, ayer, por sexta ocasión ejidatarios del núcleo agrario de Zihuatanejo se manifestaron en la zona hotelera y la zona comercial de Ixtapa para exigir al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), los indemnice por la expropiación de 480 hectáreas de sus tierras hace 44 años.
Los ejidatarios fueron encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Jorge Luis Reyes López, quien dijo que quisieron aprovechar el penúltimo día del periodo vacacional, “para hacerle saber a los turistas que están paseando en tierras que nos fueron robadas y que durante todos estos años, el Fonatur se ha negado a pagar por lo que nos quitó”.
Reyes López también comentó que sigue en la espera de la llamada del gobernador, Héctor Astudilllo, para que se reúnan con el director general del Fonatur, Miguel Alonso Reyes, en su próxima visita a Ixtapa; “cuando el gobernador vino a dar el arranque del inicio del periodo vacacional nos dijo que el director del Fonatur vendría en los siguientes días, no ha pasado así”.
Piden indígenas indemnización porque el Ejército les destruyó plantíos de amapola, precisa el alcalde de Tlacoachistlahuaca
El presidente municipal de Tlacoacahistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, dijo que son cuatro las personas que encabezan a un grupo de 25 pobladores de Juquila Yucucani que exigen indemnización de un millón y medio de pesos por la amapola destruida por el Ejército.
El alcalde del PT precisó que fue retenido durante una hora en la comunidad el lunes pasado, a donde acudió, porque un día antes había sido retenido el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y dos ingenieros de la Dirección de Obras Públicas del municipio, que fueron liberados el lunes.
Consultado por teléfono dijo que la comunicación con los 25 indígenas que lo encerraron en la cárcel de la Comisaría fue complicada debido a que hablaban en lengua tu’un savi. “Ellos no quieren obras 2017, ellos quieren un millón y medio de pesos, por la destrucción de la siembra de amapola que se realizó” el pasado 16 de marzo y que provocó que el Ejército entrara a tierras triquis del estado de Oaxaca.
Dijo que fue liberado luego de que prometió por presión de los inconformes la intervención del gobierno estatal, pero que reiteró a los habitantes que no está en sus manos negociar.
Indicó que presentó una demanda en el Ministerio Público por el robo de una camioneta y de una pistola que fue decomisada al secretario de Seguridad y que los inconformes se los quedaron como garantía.
“Hay cuatro personas pidiendo dinero en efectivo, Benito y Salvador, con sus esposas, son quienes lideran”, dijo el alcalde, y agregó que el comisario de la localidad no intervino en los hechos.
Precisó que la autoridad del poblado de 308 habitantes indígenas na savi, que colinda con el estado de Oaxaca, fue la única de las 38 comunidades que no fue a la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y esa era otra de las razones por las que los trabajadores del municipio subieron.
El alcalde indicó que sabe que la zona está rodeada de militares y que los inconformes “quieren que yo intervenga con la Zona Militar para que se retiren”, pero reiteró que en ese aspecto no intervendrá, “el acuerdo fue que iba a negociar, pero que no estaba en mis manos y porque no está permitido”.
El alcalde corrigió los datos publicados ayer en este diario, donde se dijo que los indígenas de Jicayán Yucucani exigieron al alcalde una indemnización de 2 millones de pesos por la destrucción que hizo el Ejército de sus siembras de maíz, en labores de erradicación de amapola, el año pasado, cuando se habían quedado sin cosechas.
Quitaron vecinos de Nuevo Balsas el bloqueo a la mina Media Luna el lunes, dice el gobierno
El gobierno del estado aseguró este martes que el bloqueo de pobladores de Nuevo Balsas en demanda de una indemnización a la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold, fue levantado totalmente desde la tarde del lunes.
El subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, quien estaba a cargo de las pláticas con los inconformes, rechazó que se haya quedado un grupo todavía bloqueando, como lo informó el vocero de los inconformes el lunes. Aseguró que a las 4 de la tarde de ese día se quitaron todos los manifestantes que permanecían desde el viernes en el puente que comunica a la comunidad de Nuevo Balsas con el acceso a la mina, y que cerraron uno de los accesos desde el domingo 29 de enero.
Mientras tanto la Secretaría de Seguridad Pública informó este martes mediante un boletín que desde ayer concluyeron los bloqueos a la minera Media Luna, ubicada cerca de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula.
Pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y La Fundición habían instalado un bloqueo en el acceso 3 de la mina Los Guajes-El Limón, que explota la minera Media Luna, el 29 de enero en demanda de indemnizaciones ante los daños ambientales que ocasiona la empresa.
Pero el viernes pasado se retiraron los pobladores de Real de Limón y La Fundición, mientras que los de Nuevo Balsas cambiaron su protesta al puente que está a la entrada del ese pueblo.
El lunes, uno de los voceros informó que tras una reunión acordaron levantar el movimiento, pero cuando ya se retiraban, unos 25 de los aproximadamente 90 que bloqueaban decidieron mantener la protesta.
El subsecretario para Asuntos Agrarios, Jaimes Ferrel rechazó ayer que se haya quedado algún grupo y aseguró que el plantón fue retirado en su totalidad, con la promesa de que van a seguir reuniéndose en esta capital y en Nuevo Balsas para recibir el pliego de peticiones de los inconformes.
Dijo que se trata de peticiones del orden social y que la demanda principal, que es la indemnización, esperará hasta que concluyan los estudios de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín para informar que los pobladores de Nuevo Balsas retiraron totalmente el bloqueo. “Cabe señalar que lo anterior se logró después de que autoridades estatales y municipales en coordinación con representantes de la minera se reunieron el día de ayer (el lunes) con pobladores inconformes para dialogar y llegar a acuerdos favorables para ambas partes”. Confirmó, “los accesos a la minera quedan libres después de que por 17 días se mantuvieron bloqueados”.
Concluyó que elementos de la Policía del Estado continúan con actividades de apoyo al perímetro garantizando la seguridad.
Indemniza el gobierno a familiares de víctimas de Aguas Blancas tras 21 años de la masacre
En una reunión privada en el salón de la República de Casa Guerrero el gobernador, Héctor Astudillo Flores firmó el convenio para cumplir con la reparación integral de daños a familiares de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas.
Ante la presencia del director de Atención de Casos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Iván Gutiérrez, así como el presidentes de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fuera de la agenda de actividades oficiales que Comunicación Social distribuye se hizo la entrega del dinero (cheque) correspondiente a las indemnizaciones para la reparación del daño a que se obliga el gobierno.
La entrega del dinero a los deudos de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas se difundió a través de un tweet de la cuenta oficinal del gobernador cuyo texto anunciaba “Hoy hemos cerrado un ciclo. Después de los 20 años fueron atendidos debidamente los familiares del caso Aguas Blancas”.
En este primer tweet se muestra una fotografía en donde el gobernador se dirige a los familiares que estuvieron presente, así como aparece el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez y el subsecretario de Gobierno de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Sotelo Rosas.
En un segundo mensaje en la misma cuenta de Twitter, el gobernador Astudillo Flores informó que se está ateniendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que se firmó el convenio de reparación integral de daños del caso Aguas Blancas, cuyo monto no se dio a conocer.
Como se recordará, el 28 de junio de 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos y otros 21 fueron heridos por agentes de la Policía Motorizada y Judicial del Estado que pusieron un retén por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Los campesinos se dirigían a Atoyac a exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, además de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas para familias pobres de comunidades de cinco municipios.
Más de 400 policías esperaban para detener a los campesinos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.
Figueroa ordenó la operación policiaca en el vado de Aguas Blancas que tenía como uno de sus objetivos a Benigno Guzmán, a él lo buscaban policías que participaron en la emboscada a los campesinos.
Por otro lado, a las 8:30 de la noche fue publicado en el portal oficial del gobierno del estado el comunicado en el que se detalló que se firmó el acta de cumplimiento y de reparación de daño, con lo que cumple con el informe del fondo 49/97 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la recomendación 104/1995 de la CNDH.
En el comunicado se informó que el gobernador calificó como un paso importante el cumplir con la promesa de apoyar a las familias, “estamos cumpliendo, fue algo que lastimó mucho a Guerrero”.
Sobrevivientes y viudas de Aguas Blancas protestan en Acapulco; exigen indemnización
Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.