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Está abandonado el centro para mujeres indígenas que ordenó la Coidh en Ayutla, señala Tlachinollan

 

A casi 8 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual de militares a la indígena Inés Fernández Ortega, en la que ordenó la instalación del Centro de Atención para la Mujer Indígena, la Infraestructura construida en Ayutla se encuentra abandonada y deteriorándose desde 2015, debido a que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió darle un uso distinto al ordenado por la Corte, pero la beneficiaria de la sentencia se opuso.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, (organismo que brindó acompañamiento al caso de la indígena), consultado vía telefónica declaró que el Estado mexicano incumplió la sentencia o cuando menos ha sido omiso y moroso para atender la medida de reparación ordenada por la Corte en el caso de Fernández Ortega.
La Coidh emitió la sentencia por el caso Fernández Ortega el 30 de agosto de 2010, por la violación sexual ocurrida el 22 de marzo de 2002 en la comunidad me’ phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
En dicha sentencia la Corte estableció que el Estado mexicano facilitará los recursos necesarios para que la comunidad indígena de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, “de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de la presente sentencia”.
El 6 de marzo de 2012 el entonces secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Alejandro Poiré Romero acudió a Ayutla a expresar una disculpa pública a Fernández Ortega en acatamiento a la sentencia, y entonces los gobiernos federal y estatal asumieron el compromiso con la víctima y con la dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), de poner en marcha el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres como parte de la sentencia de la Corte.
El secretario Poiré Romero regresó a Ayutla el 11 de septiembre de ese año y colocó la primera piedra del Centro Comunitario que debió ser entregado y puesto en operación en 2015.
“La obra se terminó a principios del 2015, pero quedó abandonada, sin servicios de energía eléctrica y de agua y sin mobiliario, “todavía no alcanza a ser un centro comunitario con todos sus componentes y le hace falta mobiliario para la atención a las mujeres indígenas”, informó ayer Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos denunció que desde entonces ya no se le dio ningún seguimiento de los gobiernos federal y estatal. El gobierno estatal intentó en algún momento ponerlo en funcionamiento sin que tuviera las condiciones adecuadas y dignas.
“No se ha concluido como debe de ser, la infraestructura quedó inconclusa, quedó abandonada y se ha ido deteriorando el edificio, hay goteras, hay filtraciones de agua y no hay un seguimiento o mantenimiento. El inmueble se mantiene cerrado”, denunció.
Informó que hace dos años el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación propuso que se trasformara en un Centro de Atención a las Mujeres Indígenas (CAMI) de los que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
La propuesta del gobierno federal fue desechada por la beneficiaria Inés Fernández quien acordó con las autoridades que haría llegar una propuesta para el funcionamiento del Centro a fin de que no se incumpliera lo que estableció en su sentencia la Coidh.
Barrera Hernández informó que la propuesta de la indígena la entregaron hace 8 meses a la Secretaría de Gobernación, y que se elaboró con base a experiencias de organizaciones que están empoderando a las mujeres pero que todavía no han tenido respuesta.
Dijo que Inés les hizo ver a las autoridades que el Centro Comunitario forma parte de una sentencia con el que se busca garantizar la atención digna a las mujeres indígenas, con componentes que impliquen una atención integral a las mujeres y que no es un proyecto que responda a otro tipo de necesidades, como sería el CAMI.
Barrera informó que el Centro incluye un albergue para niñas indígenas y que por lo mismo tiene otra finalidad.
“En la misma sentencia de la Corte establece que el Centro tiene que ver con una reparación comunitaria para las mujeres indígenas, lideradas por Inés Fernández que fue la víctima”, mencionó.
Pero dijo que como esto implica recursos financieros y se requiere de un modelo de financiamiento a nivel federal, mismo que tendría que ser a manera de fideicomiso para que se garantice el subsidio a este Centro, ha quedado estancada la negociación, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en su propuesta de que se convierta en CAMI, “lo que implicaría que funcionarios de otras dependencias presten un servicio al Centro de Atención Comunitario”.
Para Barrera Hernández el gobierno federal está incumpliendo la sentencia de la Corte y quiere darle una cobertura al Centro, similar a la que hizo con Ciudad Mujer en Tlapa “que fue un proyecto grande y pionero de la Secretaría de Desarrollo Social, inaugurado por el presidente de la República pero que no funciona, está abandonado”, dijo.
Agregó que también el CAMI es un modelo obsoleto, sin compromiso con las mujeres indígenas y burocrático, “sólo para crear una imagen y generar estadísticas pero nada tiene que ver con una institución que las mujeres sientan y que realmente las apoye y se les proteja”, que es lo que se estableció en la sentencia de la Corte en el caso de Inés Fernández.
Insistió en que lo que quiere hacer el gobierno federal es que los funcionarios trabajen a “destajo” en las instalaciones del Centro y que solamente hagan presencia, pero que no den seguimiento a los casos. Advirtió que un modelo así no cumple las directrices que marcó la Corte Interamericana.
El defensor de derechos humanos expresó que el Centro no fue propuesto con esa finalidad, pero que el gobierno no quiere entender el espíritu que estableció la Corte Interamericana en su sentencia.
“Es una actitud de indiferencia, no quieren atender la esencia de la sentencia en la medida reparatoria, y no quieren apostarle a proyectos exclusivamente para las mujeres indígenas, lo que implica escuchar sus propuestas e invertir recursos para un funcionamiento adecuado”, advirtió.
Se quejó de que, mientras, el proyecto original está estancado y las instalaciones están abandonadas y deteriorándose por el incumplimiento de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal está supeditado a lo que ofrece el gobierno federal y éste le pide al estatal que lo resuelva, “y, como siempre, responde que no tiene recursos, por eso la solución que quieren darle es asignar el modelo de la CAMI y eso es inviable porque no está resolviendo la sentencia de la Corte”.
Denunció que las instalaciones están abandonadas desde hace más de dos años. Dijo que la obra quedó con acabados y pintura, “pero es sólo el cascarón, sin el mobiliario para funcionar”.
Mencionó que la obra debió haberse entregado en 2015 y que ese año debió funcionar.

 

 

Resolverá un juzgado civil la violación de soldados a Valentina, informa Tlachinollan

A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.

 

Después de 13 años donan terreno a la escuela indígena Emperador Cuauhtémoc en la capital

La primaria bilingüe Tláloc, ubicada en la colonia indígena y popular Emperador Cuauhtémoc, al sur de Chilpancingo, después de 13 años de estar en un terreno prestado, éste les fue donado por la activista Martha Sánchez Néstor, como responsable legal del Consejo Guerrerense, lo que permitirá que ya no dependan de las claves de otras escuelas y gestionar apoyos para la construcción del plantel ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Desde las 9 de la mañana del lunes, los alumnos de la primaria, junto con profesores y pobladores, se concentraron en el patio de la escuela, pues además se les festejaría el Día del Niño.
Antes del festejo y el evento cívico, en consulta, el integrante de la Comisión Colectiva de la escuela, Hugo Juárez Ocampo, expuso que “para la comunidad es muy importante, porque luego de 13 años de estar habitando el espacio, por fin se hace la donación del lugar para la escuela. La compañera Martha Sánchez Néstor, ex dirigente del Consejo Guerrerense, tuvo la sensibilidad de ver la importancia de ceder el espacio, y hoy se va a realizar en este contexto del Día del Niño, como un regalo”.
La escuela tiene 62 alumnos, en la modalidad de multigrado, pues cuenta con tres maestros y cada uno atiende dos grados.
La escuela ha dependido de las claves de tres escuelas, ubicadas una en Ayutla, otra en Acapulco y recientemente en Chilapa.
“Nosotros lo vemos como el inicio de la gestión para conseguir la clave de la institución y posteriorAmente los beneficios que otorga la SEP, como los edificios”, indicó Juárez Ocampo.
Recordó que han intentado tener una clave propia, para poder gestionar recursos, pero las autoridades educativas argumentan que necesitan el acta de donación, y este acto permitiría empezar con la gestión.
Por su parte, Sánchez Néstor indicó que el terreno que donaría a la SEG, de 3 mil 400 metros cuadrados, es un lugar que se ganó con la lucha de los pueblos del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, del cual era titular.
Expuso que ahora que habitaba la colonia, conoce de las carencias y necesidades que hay.
Abundó que sabe que es necesaria la donación del terreno para que la SEG pueda invertir en el plantel, como en el caso de la clave.
Dijo que después pasarán al proceso legal ante el notario, porque se requiere que la escuela se desarrolle.
Antes del acto cívico, los maestros cantaron Las Mañanitas a los alumnos, luego se repartió mole y pozole para festejar el Día del Niño.
Después se procedió al acto de entrega del acta de donación, junto con el croquis y medidas del terreno.

 

Termina la protesta en una primaria rural de Zihuatanejo; manda SEG al maestro faltante

Este martes, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió a la primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla, en la comunidad Buena Vista, municipio de Zihuatanejo, al maestro que hacía falta para atender al grupo de cuarto grado, por lo que los padres de familia aceptaron abrir el plantel y mañana miércoles toda la comunidad escolar regresará a clases.
Poco después de las 10 de la mañana de este martes, representantes de la delegación de los Servicios Educativos en Costa Grande, de las escuelas primarias rurales, llegaron a la escuela y presentaron al maestro Rigo Alberto Organiz López, como el docente que atenderá a los alumnos del cuarto grado.
Organiz López llega a esa escuela con un contrato que concluye en julio; sin embargo, todavía no lo ha firmado, por lo que los padres solicitaron a los funcionarios ahí presentes que le hagan llegar al profesor este documento, para que lo firme en la escuela y no tenga que trasladarse hasta las oficinas de esa dependencia, en Tecpan, ya que eso representaría que deje sin clases a los alumnos mientras acude a hacer el trámite.
Los padres agradecieron a las autoridades que hayan atendido su demanda, pero hicieron la observación de que en este ciclo escolar se va a jubilar una maestra y se volverán a quedar sin su reemplazo.

Hay un brote de fiebre tifoidea en el internado indígena de Tepecoacuilco, denuncian padres

 

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia del internado de San Gabrielito, en el municipio de Tepecoacuilco, denunciaron un brote de fiebre tifoidea, por el que a unos 30 niños los tienen aislados en cuarentena, a causa de las malas condiciones de la alimentación y el agua contaminada que les dan de beber.
En declaraciones vía telefónica por la tarde, una de las madres de familia informó además que les notificaron de la destitución del director Rafael Patricio Flores, señalado de diversas irregularidades.
Al consultar a la madre de familia, informó que iba saliendo del internado y con una voz de angustia que se le escuchaba, narró que hay una epidemia adentro del internado, a causa de las condiciones insalubres, “ahorita tenemos una epidemia, todos los niños están enfermos del estómago, con diarrea, manchas rojas y con temperatura”.
La madre de familia dijo que alcanzó a ver al menos a 30 niños que tenían en cuidados, “están tirados en la enfermería, ahí están todos los niños tirados. Los tienen encerraditos, porque están en cuarentena, casi todos los niños (129) están enfermos y tienen los mismos síntomas”, narró.
A pregunta hecha, dio a conocer que les informaron que para este día, irá una comisión de médicos y enfermeras del centro de salud de Tepecoacuilco, para tomar las muestras de sangre a los menores y hacer la revisión de los casos de los niños, para saber qué es lo que tienen.
La madre de familia pidió que envíen a médicos de la jurisdicción sanitaria ante la gravedad del asunto. Señaló que el brote de enfermedades, que creen es fiebre tifoidea, es a causa de la falta de higiene en la cocina y por el agua que se les da a los niños de un manantial, el cual creen que está contaminado, pues en las lluvias pasadas una barranca que arrastra aguas residuales se desbordó y llegó hasta ese manantial cercano al internado.
La madre informó que el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, les notificó que se había dado de baja al director del internado, Rafael Patricio, y que en dos semanas estarían enviando al nuevo director efectivo.
De la auditoría al internado y la gestión de Patricio Flores al frente de la dirección de la escuela, del que estuvo al frente por tres años, la madre de familia dio a conocer que se les informó que la investigación seguirá su cauce, para conocer de las irregularidades que hicieron públicas y de muchas cosas que el director no ha informado de los recursos económicos y materiales que fueron enviados a la escuela.
Mencionó que solicitaron, además, la intervención del subsecretario Díaz Román, para que ayude en la gestión de recursos para la reconstrucción del internado que ha sido abandonado por muchos años.
La madre de familia, de la que se omite su nombre por el miedo que tiene a represalias del director, dijo que hace aproximadamente un año se autorizó un recurso importante para la rehabilitación del internado, pero que cuando los padres de familia pidieron cunetas al director, éste justificó que había gastado 100 mil pesos en “sobornos” y comidas para altos funcionarios, para que le entregaran el recurso; sin embargo, no les dio cuentas ni hizo la rehabilitación.
Indicó que hasta este jueves a pocos padres están mandando a sus hijos a la escuela, por la situación que prevalece, y solo están yendo cinco o seis niños por grupo.

 

Toman padres del internado indígena de Tepecoacuilco la SEG en Chilpancingo

Padres de familia del internado de San Gabrielito, donde se imparte educación primaria indígena, del municipio de Tepecoacuilco, tomaron la Dirección de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y bloquearon totalmente la Avenida del Sol frente a la puerta 2 de Casa Guerrero, para exigir la destitución del director del internado, Rafael Patricio Flores.
A las 8 de la mañana, los padres cerraron la dirección, ubicada en la colonia Haciendita, frente a Casa Guerrero, y ante la falta de atención de las autoridades a las 11:40 de la mañana bloquearon la avenida frente al acceso a la residencia oficial del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los padres pidieron la destitución del director porque acusan diversas anomalías, entre ellas que en noviembre de 2017 un niño sufrió abuso sexual de un maestro y no hubo justicia, que a raíz de esto sólo hay clases de 8 a 3 de la tarde y los niños se retiran a sus casas.
Asimismo, señalan que el director se ha quedado con el dinero de las becas de los alumnos, el internado está en malas condiciones y los niños no reciben buena alimentación.
En el lugar, los padres no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, pero informaron que han solicitado la renuncia del director y las autoridades educativas no dan solución.
Indicaron que las anomalías iniciaron el año pasado, cuando un maestro llegó ebrio al internado y abuso sexualmente de un niño, y pese a las denuncias no se hizo justicia; además el profesor continúa dando clases.
Uno de los padres de familia informó que a raíz del percance, los padres decidieron llevar a sus hijos a la escuela de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde hay una matrícula de 129 alumnos.
También dijo que otro problema es la comida, porque a los niños sólo les dan frijoles con arroz, no tienen comedor y los baños están deteriorados.
Los padres recriminaron que desde 2017 se hicieron tres auditorías, de las cuales no conocen el resultado de ninguna.
Además, reprocharon que al internado acudió el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, quien se comprometió solucionar el problema pero no cumplió, y ante la falta de respuesta decidieron protestar.
Al lugar del bloqueo llegó Emiliano Díaz Román, quien solicitó a los manifestantes integrar una comisión para escuchar las demandas. A las 12:20 del día los manifestantes retiraron el bloqueo.
Los padres informaron que las autoridades educativas se comprometieron analizar y resolver sus peticiones.

 

Muere mujer indígena con diabetes por falta de insulina en una casa de salud de Apango

Una mujer indígena identificada como Emilia Barrios falleció el pasado 13 de febrero luego de que en la casa de salud de la comunidad Tlamamacan del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango) no había insulina y sus familiares no encontraron ni al médico que la atiende, denunció en nombre de la familia de la víctima, Yoes Allende Montiel.
La tarde de ese martes la indígena nahua se sintió mal por su padecimiento de diabetes y sus familiares la llevaron a la casa de salud y ahí les dijeron que no tenían insulina ni algún otro medicamento para estabilizarla, minutos más tarde la mujer falleció.
Sus familiares aseguraron que los síntomas del “azúcar alto”  se los detectaron a tiempo y la trasladaron a la clínica para que le salvaran la vida pero además tampoco encontraron al médico y sólo la enfermera de guardia les informó que carecía del medicamento para atenderla.
Allende Montiel dijo que con una dosis de insulina se le bajarían los niveles de glucosa de la mujer. Agregó que Tlamamacan es uno de los pueblos más pobres de Mártir de Cuilapan y que según el INEGI el 33.23 por ciento de la población es analfabeta, el grado de escolaridad es del 1 primer año de primaria, además recriminó que las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) abandonen a la población a su suerte, al grado de que fallezcan por falta de medicamentos en las clínicas.
Por su parte la regidora de Salud, Edelmira del Moral Miranda argumentó que la presidenta municipal del Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez tiene responsabilidad en el desabasto de medicamentos porque no la ha respaldado en sus gestiones ante la Ssa para que se surta el medicamento y tampoco para el centro de salud de la cabecera municipal.
Informó que en Tlamamacan junto con el comisario municipal hicieron gestiones ante la Ssa para que la clínica de la localidad tuviera el servicio médico y les respondieron que les proporcionaban al médico además de medicinas pero que la presidenta municipal pagaría el salario del médico.
Denunció que la alcaldesa nunca les recibió los oficios y que tampoco hizo la gestión ante la Ssa para que la comunidad tuviera el servicio médico.
Recordó que la presidenta en su campaña política le prometió a la población de Tlamamacan un médico y una ambulancia, pero no les cumplió.
Consideró que “es vergonzoso e indignante” que la presidenta Felicitas Muñiz “se ande paseando en diversos lugares en camioneta del año y de lujo propiedad del Ayuntamiento mientras que en las comunidades la gente se muere por falta de medicinas”.
Señaló que como regidora de Salud no puede hacer nada porque no prosperan sus gestiones ante la presidenta, además aseguró que en lo que va de la administración sólo han tenido tres sesiones de Cabildo y que además ningún regidor maneja recursos, “Felicitas Muñiz Gómez toma, compra y dispone del dinero del Ayuntamiento como se le da la gana, sin respetar la ley y no hay autoridad que la obligue a cumplirla”.

 

Demandan mujeres indígenas respeto a la Ley 701 y llaman a la participación política y comunitaria


En el segundo foro abierto intercomunitario, Mujeres indígenas movilizadas por la defensa de sus derechos individuales y colectivos, se pidió respeto a la voz de los pueblos plasmada en la iniciativa popular de Ley Indígena (Ley 701) y en la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos.
Activistas emplazaron al Congreso del Estado a que apruebe inmediatamente la legislación diseñada por los pueblos indígenas.
El foro este domingo, en la cabecera municipal de Iliatenco fue con la finalidad de promover la participación activa de las mujeres indígenas con perspectiva de género, y un debate para conocer sus demandas en la esfera comunitaria.
Participaron amas de casa, profesoras, estudiantes, académicas, ex regidoras, ex comisarias municipales, consejeras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) quienes coincidieron en que se debe erradicar la violencia, compartir los trabajos domésticos en los hogares para que las mujeres incrementen su participación en el ámbito público, ya que en lo privado tienen muchas tareas.
Invitaron a las mujeres a que si les ofrecen un cargo en la estructura comunitaria lo tomen y no digan que no saben, porque todo se aprende, y al negarse les dan la razón a los hombres, también pidieron que participen en el proceso electoral.
Demandaron la libertad de los presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos y que se les dé respuesta a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista de Tlapa, Antonio Vivar.
Se habló de la importancia de la educación en las mujeres y de que esta sea emanada desde las comunidades, quienes siempre están en los movimientos sociales motivando y preparando los alimentos.
De la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos, Elsa Arista González dijo que la lucha no ha sido fácil, y que se vive dentro de una sociedad que limita a las mujeres en varios ámbitos.
Dijo que las mujeres hacen doble trabajo al estar en el hogar y en las asambleas, donde les dicen que deben estar en su casa padeciendo discriminación.
Dijo que son pocas las que salen a estudiar, que no hay apertura política representativa y quienes la tienen es debido a su condición económica privilegiada.
Agregó que se sigue promoviendo el papel de que son cuidadoras del hogar y no de generadoras capaces de organizar.
Expuso que se busca la equidad y conocer los derechos desde el ámbito local, nacional e internacional como indígenas, el derecho a conservar las instituciones, las tierras, sus recursos, a la salud, y a la medicina tradicional.
Agregó que si no se conocen los derechos colectivos, individuales y económicos, que ya están en el marco legal local, nacional e internacional, no pueden exigirse.
Del Frente Popular de Tlapa la ama de casa Rosamar García Tirado dijo que le hubiera gustado que los hombres llevaran a sus esposas, les pidió respeto y que no las violenten como a ella que sufrió violencia de su esposo, de quien se separó porque la hacía menos.
En la participación pidió que se compartan los trabajos en el hogar y el cuidado de los hijos, ya que las madres son las que los educan y llevan por todos lados, y los hombres sólo proveen el dinero.
Dijo que no deben obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales porque eso es una violación.
De la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Benita de Jesús dijo que en su organización la mayoría son mujeres que luchan por sus derechos en sus comunidades, y lamentó que no se pueda participar en todos los espacios.
Comentó que las mujeres son el pilar de la familia por lo que se debe enseñar el respeto hacia ellas, y que los hombres no les dejen todo a las mujeres porque lavan la ropa, hacen la comida, los llevan a la escuela y terminan siendo las culpables si los hijos caen en malos pasos.
Las ex comisarias de la Unión de las Peras del municipio de Malinaltepec, Laurentina Bruno y Carmela Bruno Candia hablaron de su experiencia al frente del poblado donde la gestión es fundamental, sobre todo en afectaciones como las que dejó la tormenta tropical Manuel en el 2013, y que recibieron críticas y poca atención por ser mujeres.
De la CRAC-PC Felícitas Martínez mencionó que para exigir derechos deben de estar organizadas, y que esperaba que los resolutivos fueran difundidos y efectivos para que se hagan.
El Frente de Comunidades por la Defensa los Derechos Colectivos (Frecoddec), Claudia Basurto dijo que el gobierno les niega sus derechos a las mujeres, en la educación no hay becas y tienen que trabajar si buscan alcanzar alguna profesión, además de que son acosadas.
La asistente Yulma Lara García mencionó que las niñas y las mujeres indígenas son las más vulnerables y las que menos tienen acceso a la salud y educación, y son propensas a casarse a temprana edad y ser madres.
Dijo que las acciones sociales pueden modificarse porque la misma sociedad las construye y las puede cambiar, y así se puede cambiar el pensamiento de que las mujeres son para obedecer y los hombres para mandar.
Se propuso que el siguiente encuentro sea en San Luis Acatlán para que participen  afromexicanos, con na savi, y ñomndaa de la Costa Chica.
Lamentaron que no estuviera la presidenta municipal perredista de Iliatenco, Eugenia Cantú Galvez.
Estuvo el me’phaa Saúl Moran Oropeza y su hija con canciones de resistencia en su lengua.
Convocaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Frecoddec, El colectivo El Grito, El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Frente Popular de Tlapa (FPT) y la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), y la hermana de Antonio Vivar, Veneralda.

Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.