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Ningún Estado ha eliminado la discriminación hacia las mujeres, dice la feminista Alda Facio

La jurista feminista, Alda Facio Montejo durante la conferencia magistral 8 de Marzo desde la Perspectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La feminista Alda Facio Montejo, costarricense y referente internacional de la lucha contra la discriminación de la mujeres, señaló la necesidad de insistir en tener un Día internacional como el 8 de marzo, para destacar nuestros logros, al tiempo que visibilizar que todavía ningun Estado ha eliminado la discriminación hacia las mujeres.
En la conferencia sobre los orígenes del 8 de mayo y su significado para las mujeres y la humanidad, en el auditorio José Joaquín de Herrera, en el recinto oficial del Poder Ejecutivo estatal, dijo que aún sueña que, en lugar de que “burlonamente” le pregunten: ¿Por qué existe un Día Internacional de la Mujer?, pueda contestar que ya no se necesita “porque hemos logrado la eliminación de todas las formas de discriminación y violencias, con igualdad en dignidad y derechos”.
En el acto oficial del 8 de marzo, convocado por el gobierno estatal, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la experta en género enfatizó que no se ha logrado la eliminación de las violencias contra las mujeres, pero confía en que este día sirva para la reflexión y para concientizarse de que la discriminación afecta a todos los seres humanos y al planeta mismo.
Señaló que hay otros grupos humanos discriminados, pero sus luchas no debe ser a expensa de las mujeres, para poder mantener los derechos y espacios que tanto han costado a las luchas feministas.
“Lamentablemente muchas personas insisten en que la discriminación contra la mujer no existe o es natural, o que hay otros grupos humanos tan o más discriminados como nosotras, como si reconocer la discriminación que sufre un grupo humano y luchar por su eliminación significara necesariamente la pérdida de los derechos de otros grupos humanos”.
Explicó un principio de derechos humanos, en el sentido de que no se puede negar un derecho a un grupo para reconocerlo a otro. “Si un grupo humano reclama necesaria la desaparición de otro para su existencia, es porque no respeta la igualdad intrínseca de todos los derechos”.
Entonces, “negar un día para celebrar a las mujeres, en nombre de que hay grupos, tal o igual de discriminados que nosotras es misoginia”.
En el auditorio lleno, principalmente de mujeres activistas y funcionarias, Facio Montejo vistió un huipil verde y una enagua negra, ropa tradicional indígena de la Costa Chica de Guerrero.
Explicó que el 8 de marzo es para reflexionar sobre la discriminación basada en el sexo, indepeniente de su estatus, y para tomar tomar conciencia de cómo funciona el patriarcado que sostienen una serie de instituciones, “cuya intención es el de mantenernos como seres devaluadas”.
Subrayó que la discriminación es política y ocurre por diseño en el ámbito público y privado, y en consecuencia, devalua a las mujeres, “y todo lo asociado con nosotras, como los cuidados de otros seres, y de la madre tierra”.
“La discriminación es que a todas se nos relegue a un estado inferior, que muchos perciben como inocua discriminación de ciertos derechos, pasando por diferentes formas de estigmas de marginación o de extremas de violencia y feminicidio”.
Estas desigualdades van ligada a otros factores como la guerra, el racismo, la capacidad del estatus migratorio, la edad, la orientación sexual o cualquier otra condición que, a través de la historia ha servido a hombres poderosos para ejercer el poder sobre otros grupos.

Asistentes a la conferencia magistral 8 de Marzo desde la Perspectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres, de la jurista feminista, Alda Facio Montejo, ayer en el auditorio José Joaquín de Herrera en el interior del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Por esta la incapacidad de ver la realidad de la discriminación, señaló que pasaron casi 20 años de la declaraciónde la Plataforma de Beijing, casi 30 años del reconocimientos de las mujeres como sujetas de derecho en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, y más de 40 años del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“Se mantiene muchas formas de distriminación de las mujeres o contra subgrupos de mujeres: indígenas, con discapacidad, ancianas, adolescentes, migrantes esclavizadas domésticas, entre otras, y todavía se consideran un mal menor”.
Aclaró que muchos países eliminaron leyes discriminatorias, pero ninguno en el mundo ha eliminado todas y ninguno está totalmente libre de prácticas discriminatorias con actos y omisiones del Estado, que niega explícita o implícitamente el ejercicio de un derecho.
Es decir, con su incapacidad de implementar políticas destinadas a lograr la unidad sustantiva para todas las mujeres o por permitir o tolerar actos discriminatorios no estatales, de empresas extractivas, de agresores domésticos entre muchos muchos otros.
“Mientras seamos consideradas inferiores por nuesto sexo, habrá exclusión y violencia física, sicológica, sexual, simbólica y económica, además de seguir sometidas a estereotipos o estigmas dañinos, forzadas a matrimonios y formas contemporáneas de de exclavitud, privadas de oportunidades educativas y laborales”.
Además, “nos desaparecen de la historia, nos invisibilizan en el lenguaje, nos niegan los derechos reproductivos, al tiempo que nos responsabilizan del cuidado de los seres humanos pequeñitos, ancianos y enfermos y somos denigradas en los medios, en las canciones, películas y otros medios, en las tradiciones culturales, no podemos más que insistir en que necesitamos un día específicos para señalar nuestros logros, al tiempo que visualizamos que todavía ningún Estado ni nación ha eliminado la discriminacón que sufrimos”.
En el acto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien fue a la Ciudad de México al acto conmemorativo en palacio nacional, fue representada por el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Historia robada por el patriarcado

Sobre la fecha conmemorativa, aclaró que no sabe con exactitud de dónde surge, “debido a que el patriarcado, o borra a través de una las instituciones que lo mantienen, que yo llamo la historia robada, o cuando no lo logra, tergiversar los conceptos que hemos desarrollado nuestras luchas”.
Como ejemplo del borrado de las mujeres de la historia señaló que se diga que un presidente de cualquier país otorgó el derecho al voto de las mujeres, borrando décadas de las sufragistas.
También nos hacen creer que las sufragistas eran unas cuantas mujeres burguesas y blancas que sólo luchaban por derecho al voto, sin importarles las condiciones infrahumanas en las que vivían las mujeres obreras.
En particular la del 8 de marzo, unos dicen que los orígenes están ligados a los partidos socialista de EU y de Europa, en particular al protagonismo de las mujeres que desde 1908 instauraron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day. La primera, el 3 de mayo de 1908 teatro Garrick de Chicago, por un sufragio verdaderamente universal (sin las mujeres no era universal) y contra la exclavitud sexual.
Por otro lado, “la Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas fundada en 1903 pertenecientes a clases medias y organizaciones feministas que entendiendo muy bien que para liberarse de su propia opresión como mujeres debían apoyar a las mujeres de la clase obrera, tomaron la iniciativa de participar en sus huelgas”.
De la versión más conocida, del incendio ocurrido en fábrica textil en Nueva York, donde habrian muerto quemadas las obreras que hacian una huelga, precisó que la investigadora canadiente Renée Coté, señala que no hay registros documentales de un incendio de esas características se produjera ese año, ni que fuera motivo de establecer una jornada internacional de las mujeres.
Precisó que las investigaciones feministas señalan que el motivo surgió en 1857, de una marcha convocada en marzo por el Sindicato de Costureras de compañía Lower East Side, Said en Nueva York, que reclamaban jornada laboral sólo de 10 horas, un pensamiento radical.
Asimismo, dijo que en 1867 también tuvo lugar en marzo una huelga de planchadoras de cuellos en Troy, en NY, que formaron sindicato y pidieron aumento de salario. La historia dice que después de tres meses regresaron al trabajo sin resultados, sin reconocer que sembraron la idea de la justicia para la jornada laboral de una jornada de 10 horas que al tiempo sí fue lograda, precisó.
Así mencionó otros antecedentes feministas en las luchas socialista comunistas anarquistas, y obreras.
Enfatizó que la ONU no estableció en 1975 el Día Internacional de la Mujer por su propia cuenta, sino a pedido de las feministas para reflexionar sobre las condiciones discriminatorias en todo el mundo, a través des una gran conferencia mundial de las mujeres en la que se realizó en la Ciudad de México en 1975.
Como la mitad de la humanidad, casi 4 mil millones de personas “enfrentamos la exclusion del goce de nuestros derechos humanos, “por eso este día es para reflexionar sin negar que hay otros grupos humanos que no son mujeres que también sufren discriminación por su pertencia a esos grupos”.

 

Exigen gestores respuesta del Congreso a la formación de cinco nuevos municipios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En un foro en el que participaron pobladores, los comités gestores de cinco nuevos municipios, cuatro de ellos indígenas y uno afromexicano: Huehuetán, Huixtepec, Pueblo Hidalgo, San Cristóbal y Chimalapa, que se declararon autónomos, demandaron la respuesta positiva o negativa del Congreso local a los trámites para segregarse.
Los comités de los territorios que pretenden funcionar bajo sistemas normativos internos, denunciaron que los diputados son omisos al no responder en los tiempos que establece la ley.
Entre los solicitantes está Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades pretende segregarse de Azoyú; Huixtepec, que también con nueve comunidades quieren separarse de Ometepec; Pueblo Hidalgo, con 10 comunidades pide ser nuevo municipio, separado de San Luis Acatlán; San Cristóbal, se quiere separar de Tlacoachistlahuaca, y Chimalapa, con 14 comunidades, busca segregarse de Igualapa. Estos cuatro últimos son de población indígena.
La asamblea o foro se realizó el sábado, en Huehuetán, donde los representantes de las cinco propuestas de nuevos municipios realizaron un recorrido, desde el crucero hasta la cancha principal de esta comunidad, que sería la nueva cabecera municipal.
El presidente del comité gestor de Huehuetán, Hermelindo Javier Quiterio, explicó que esta asamblea se realizó para informar a los ciudadanos sobre cómo va el trámite que se realiza ante el Congreso, en busca del reconocimiento de estos cinco nuevos municipios y para que el poder Legislativo “tenga conocimiento de que no estamos dormidos, estamos despiertos y estamos organizados, que queremos que nos tomen en cuenta y nos den una respuesta a nuestra petición”.
Dijo que en el caso de Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades que pretenden segregarse de Azoyú, entregaron las actas de asamblea y los documentos de solicitud que plantea la ley, desde el pasado 5 de octubre, por lo que ya se venció el plazo de 40 días que tiene el Congreso para dar una respuesta positiva o negativa.
Demandaron una respuesta por parte de los diputados locales a su solicitud de creación de los cinco nuevos municipios, porque a pesar de que enviaron otro oficio, en el que solicitan que haya un pronunciamiento a favor o en contra, éste no se ha realizado.
Ante la falta de respuesta, informó que se están organizando con los comités gestores de los otros cuatro municipios, que entregaron la documentación el pasado 21 de octubre, y que también ya se cumplió el plazo para que el Congreso local les dé una respuesta, para que juntos, los cinco en bloque acudan ante el Legislativo a pedir una respuesta.
“El problema que tenemos con el Congreso es que se está cerrando, tiene oídos sordos para nosotros, y ya no estamos dispuestos a seguir esperando. Vamos a seguir buscando a las instituciones, para que nos ayuden a picarle las costillas al Congreso, para que nos den una respuesta, negativa o positiva. La queremos para saber qué procede después”, comentó Hermelindo Javier, quien también es comisariado ejidal de Huehuetán.
También, en la asamblea, se refrendó la decisión de los pueblos a “ir por la libre determinación y que tenemos respaldo en la Constitución”, por lo que Hermelindo Javier consideró que la resistencia del Congreso local a probar estos municipios, es precisamente porque buscan regirse bajo sistemas normativos internos.
“No quieren que se desgrane la mazorca, porque piensan que si nos dan el decreto, por esa vía, todas las comunidades van a querer esa vía”.

 

Se ha dado de baja a 260 trabajadores que faltaron por participar en manifestaciones, dice la SEG

Desde que inició su administración a la fecha, unos 260 maestros y trabajadores administrativos fueron dados de baja definitiva por haber participado en manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y en consecuencia incumplieron con sus labores, informó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero.
Consultado luego de la reunión que tuvo con padres de familia y maestros de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, al respecto de la situación en el sector debido al inicio de la huelga nacional a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la reforma educativa y para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el gobierno federal, González de la Vega Otero dijo que “no quisiera de ninguna manera ni ofenderme ni retar”, pero hay normalidad en las clases y con esto “no quiero decir que se alboroten más”.
Informó que hay movimiento en las oficinas centrales en la capital, las alternas, pero “se han respetado las aulas” y reconoció esa actitud de los cetegistas, aunque no está de acuerdo con su lucha magisterial; precisó que sólo 8 de las 12 mil 300 escuelas de nivel básico en el estado están cerradas, pero por situaciones administrativas que no están relacionadas con la huelga y que ya son atendidas por la SEG.
A pregunta de si habrá sanciones para los maestros y trabajadores administrativos agremiados en la CETEG que acudieron a la Ciudad de México, para participar en las acciones nacionales, contestó “sí las hay, sí hay descuentos, luego por eso nos andan tomando oficinas y luego por eso entran. Sí las hacemos, de hecho yo he estado firmando cada trimestre alrededor de setenta y tantas bajas, o sea no nada más sanción de descuento (salarial), baja definitiva”.
Recordó que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) ya no lo manejan los gobiernos estatales, “hoy por hoy la educación tiene un gran porcentaje de centralismo, en ese sentido sí los haremos (los descuentos)”. Precisó que a la fecha hay unas 260 bajas definitivas, es decir despidos y los implicados tuvieron la oportunidad de defenderse, pero perdieron ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, al respecto de las manifestaciones de padres de familia y maestros para pedir mejores instalaciones y docentes que hacen falta en las escuelas, informó que se reunió el martes en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, quien se comprometió a apoyar el sector indígena para el que se otorgarán 50 plazas los profesores de nuevo ingreso, a pesar de que no resulten idóneos en la evaluación correspondiente.
Manifestó que el sector indígena es donde más maestros hacen falta y el caso del preescolar Niños Héroes, de Zitlala, se enviarán los que hacen falta este lunes. Lamentó que lleguen cuando el ciclo escolar está a punto de concluir, pero “lo bueno” es que se quedarán en la escuela para el siguiente ciclo. Añadió que de las lenguas originarias que se hablan en Guerrero, que son ñomndaa, na savi, mepha y náhuatl, hay unas 36 variantes y son pocos los maestros que las dominan, por eso es complicado cubrir los espacios vacantes en las escuelas.
En el caso de las escuelas que fueron dañadas por los sismos de septiembre pasado y que están en proceso de reconstrucción, González de la Vega Otero dijo que a tres meses de que se cumpla un año de esa situación, hay buenos avances y la mayoría de los planteles serán entregados al inicio del ciclo escolar 2018-2019.

 

 

Exigen indígenas en Tlapa de la CNPA-MN a gobiernos que cumplan acuerdos de hace cuatro meses

La Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), exigió a los gobiernos estatal y federal que cumplan los acuerdos políticos, sociales y productivos que plantearon hace cuatro meses.
Adelantó que sus militantes se movilizarán en todo el país el 17 de abril si no los atienden, con marchas, conferencias de prensa, mitines y volanteo informativo, para que se establezca el diálogo efectivo.
En una conferencia de prensa en las instalaciones de Jornaleros Agrícolas, indígenas nahuas y na savi del municipio de Copanatoyac recordaron que se movilizaron en la Ciudad de México en enero y marzo, pero no hay avances ni voluntad política para resolver sus exigencias.
El integrante de la organización, Israel Jiménez exigió libertad para los presos políticos, justicia para los asesinados, presentación con vida de los desparecidos, y un alto al hostigamiento, tortura, persecución y amenazas a los representantes e integrantes de la organización.
Además, pidió garantías para sus actividades de defensores de derechos humanos, y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, pidió atención a los conflictos generados por los megaproyectos y concesiones para explotación y establecimiento de minas e hidroeléctricas, que llevan a la contaminación ambiental y generan conflicto social; aseguró que seguirán luchando por la defensa de la tierra, el agua y el territorio para mantener el tejido social que no ha sido contaminado con la corrupción y la delincuencia, la falta de empleo y las nulas oportunidades de desarrollo que fuerzan el desplazamiento interno.
La na savi Benita Cantú de Jesús dijo que continúan exigiendo que se cancelen las reformas estructurales, la ley de biodiversidad; un alto al alza de los precios de la gasolina y el gas; equipamiento de instalaciones de salud y atención adecuada; servicios básicos para las comunidades e infraestructura productiva.
Pidió una solución inmediata a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017; que se apruebe la ley general de consulta a pueblos indígenas y que cesen el montaje electoral y el desvío de recursos en este sexenio.
Los integrantes de la OPIG entregaron un comunicado y se sumaron a las acciones de lucha de la CETEG del 9 y del 10 de abril.

 

Propone el Congreso Nacional Indígena un frente contra la embestida del gobierno federal

Integrantes del Congreso Nacional Indígena llamaron en una asamblea en la comunidad de La Fátima, municipio de Ayutla, a organizarse para formar un frente contra el gobierno federal ante las embestidas violentas a los pueblos originarios, y denunciaron que el sistema discrimina y pretende dividir al pueblo.
Unos 500 habitantes de la localidad y de otras de la zona indígena de Ayutla acudieron a la asamblea, ayer al mediodía en la cancha techada, donde denunciaron que las autoridades discriminan y despojan de sus tierras a los indígenas bajo un sistema “podrido”.
La Fátima se localiza a una hora de recorrido de la cabecera municipal de Ayutla, en la región Costa Chica. Representantes de al menos 15 comunidades asistieron a la asamblea que se celebró en idiomas tuun savi y me’phaa.
Los participantes denunciaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen olvidados a los pueblos indígenas, pero aseguraron que no están solos, porque están organizados y son “muchos”.
Tres músicos de la comunidad de El Platanar tocaron melodías tradicionales, y mujeres bailaron y mostraron su cultura a los tres integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes manifestaron a los comuneros que la vocera de la organización, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy no pudo asistir, a causa del accidente en carretera que sufrió en febrero en Baja California.
En su participación, el integrante del Congreso Nacional Indígena, Jesús Plácido recordó que la organización se conformó el 27 de mayo del 2017 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la finalidad de defender los derechos y evitar la desaparición de los pueblos indígenas.
Explicó que el Congreso Nacional Indígena es la casa de todas las lenguas, y criticó que las autoridades siguen discriminando a los indígenas por no expresarse en español, además de que los despojan de sus tierras.
Añadió que el gobierno usa el crimen organizado para desplazar a los habitantes de las comunidades, y les niega el derecho a la educación y la salud, mientras que el dinero se “mal invierte” para crear grupos militares y policías que agreden a los comuneros.
Pidió estar unidos y defenderse del sistema que solamente trae “la muerte” de las personas. Aclaró que el Congreso no va por el poder en estas elecciones, porque “ya sabíamos que allá arriba está podrido”.
Dijo que la organización no viene a entregar dádivas como cemento, lámina, cubetas, tal como se conducen los partidos políticos, sino a dar el mensaje de organización para defenderse de los embates del gobierno.
Criticó que el gobierno federal no resuelve la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que, al contrario, no cesa la violencia; ejemplificó con la represión y asesinato de policías comunitarios en La Concepción.
En su intervención, otro integrante del Congreso Nacional Indígena, Amador Cortés expresó que el gobierno federal comenzó una “guerra y exterminio” de la cultura indígena.
Añadió que a los indígenas les “destruyen” su cultura y los despojan de sus tierras, ocasionando una manera de vivir “inhumana”.
Manifestó que los tres poderes hacen leyes a favor del gran capital internacional, y cada vez más recortando el presupuesto del pueblo, por ejemplo en el ámbito del campo, donde sobreviven los indígenas.
Exhortó a los comuneros a defender sus derechos y a conformar un frente, porque el gobierno federal pretende dividir al pueblo indígena.
Ejemplificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los jueces se venden por medio de los sobornos de los delincuentes, y pidió a las casas de justicias de las policías comunitarias de Guerrero no corromperse y aplicar el reglamento interno.
Sugirió la instalación de una radio comunitaria para las comunidades indígenas de Ayutla y municipios aledaños.
Otro integrante del CNI, Francisco Ortiz Martínez relató cómo se llevó a cabo la elección de la vocera del Consejo, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
Añadió que tomaron los parámetros de la violencia contra las mujeres porque son discriminadas y violentadas afuera y adentro de sus casas.
Luego recordó que los integrantes del CNI encabezados por Marichuy recorrieron todas las comunidades del país de octubre de 2017 a febrero de 2018, cuando “pudo escuchar el dolor y sufrimiento”.
Afirmó que el gobierno trata igual a todos los indígenas en el país, “pretende desaparecer a los pueblos originarios, quieren volver a expulsarlos”. Recomendó alzar la voz y decir un “¡ya basta!”, ante los embates constante de las autoridades contra los indígenas.
Sugirió organizarse “para lo que viene”, en referencia a las próximas elecciones, las más “fuertes y grotescas del país en la era moderna”. Criticó que ningún partido político manifestó una postura ante el accidente de Marichuy en Baja California, y que los candidatos no retoman los ideales de la líder indígena, “es una prueba que hay discriminación”.
Posteriormente, hubo la elección de los representantes para el Congreso Nacional Indígena, los integrantes de la organización avalaron la propuesta e invitaron tener delegados regionales.
A la asamblea acudieron 19 autoridades, entre ellas comisarios de las comunidades de Ayutla, representantes del Frente Nacional por la Libración de los Pueblos (FNLP), y comandantes regionales, municipales y de grupo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

 

 

Denuncian vecinos de Palantla, Chilapa, que siete mujeres fueron detenidas y amenazadas por criminales

 

Mujeres, niños y hombres nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, bloquearon 30 minutos el bulevar del río Huacapa frente al Palacio de Gobierno, y denunciaron que siete mujeres fueron retenidas este miércoles en la comisaría de San Jerónimo, las liberaron a las 6 de la tarde del mismo día bajo la condición de que entregaran a sus esposos.
Después se plantaron en el paso peatonal para exigir la intervención del gobierno del estado en el conflicto con habitantes de Rincón de Chautla.
En la protesta en el paso peatonal del Palacio de Gobierno participaron algunas de las siete mujeres retenidas. Una de ellas leyó un documento en el que dice que un grupo de la delincuencia que encabeza Constantino Calvario Merino, uno de los supuestamente emboscados el lunes, retuvo a siete mujeres de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, a las que liberó luego de que prometieron que entregarán a sus maridos, y las amenazaron que si no lo hacen las van a matar.
En la lectura del documento se señaló que el grupo actúa con total impunidad en coordinación con policías estatales y militares, que han asesinado a habitantes de San Jerónimo.
“Este grupo cumple con su función de paramilitares donde el grupo dominante prepara el enfrentamiento entre los hermanos indígenas y entre familiares, y es muy claro que este grupo nos está obligando a abandonar nuestras casas, nuestras parcelas, nuestro pueblo”, leyó.
Las mujeres indígenas llegaron a las 10:30 de la mañana, ataviadas con sus faldas y blusas de colores, cargando a sus hijos con los rebozos, y esperaban la indicación del grupo de hombres que las acompañaba para iniciar el bloqueo.
Ante el anuncio de la movilización, una comisión de trabajadores de Gobernación del estado, escoltó las tres Urvan en las que viajaban hasta su arribo a Palacio de Gobierno, después los siguieron al estacionamiento para disuadir sus intenciones de bloquear.
Una hora después, los inconformes se organizaron para bloquear el carril norte-sur del bulevar del río Huacapa durante 30 minutos, después se plantaron en el paso peatonal para permitir la circulación vehicular.
Los niños portaban cartulinas en las que se leían, “No más secuestro de mujeres indígenas en San Jerónimo Palantla”, “Los grupos delictivos de Constantino mataron a mi mamá el 24 de diciembre” y “Pedimos al gobernador y a César Flores que nos entreguen una solución”.
Durante la protesta, una de las mujeres relató en náhuatl que a ella la retuvieron, sometieron y que le exigían que entregara a su marido, y que si no lo hacia la matarían, por eso tiene miedo de regresar a su casa.
Dijo que su esposo tuvo que irse de su pueblo, dejar todo lo que tenía para que no lo mataran.
Otro joven que participó, dijo que cuando intentaron salir de su comunidad este jueves, un grupo de policías estatales intentó evitar que salieran las tres camionetas en las que viajaban.
“Tuvimos que salir caminando de la comunidad, porque no dejaron que las camionetas entraran para recogernos, tuvimos que correr”, relató.
En el comunicado explicaron que, como resultado de estos abusos, más de 80 familias están siendo desplazadas, ante el temor de ser asesinados y retenidos por los grupos criminales.
Los inconformes exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga de manera urgente para que se evite más hechos de violencia, además de urgir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención para evitar la confrontación.
Los manifestantes se retiraron del lugar a las 5 de la tarde, tras una mesa de negociación con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, para determinar cómo los atenderán. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo). .

 

No envía la SEG once maestros de educación indígena a la zona de cuatro municipios, informa el supervisor

El supervisor de la zona escolar 85 de educación indígena región Acapulco, Zihuatanejo, Marquelia y Chilpancingo, Rogelio Solano Lorenzo, dijo que en las escuelas de ese sector faltan once maestros desde el año pasado, diez se jubilaron y uno falleció, y todavía la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no los ha repuesto.
Añadió que los padres de familia, quienes son de muy bajos recursos, tienen que pagar diez pesos a la semana para que un maestro atienda a sus hijos. Indicó que en la zona escolar tienen un problema muy fuerte por la falta de maestros, pues “desde el ciclo escolar pasado y ese ciclo se nos jubilaron diez maestros, uno falleció en julio pasado, por lo que tenemos la necesidad de once docentes”.
El supervisor indicó que han acudido con el director de Educación Indígena de la SEG, Silvio Joel Molina Ruiz, para solicitar los maestros y “en lugar de apoyarnos nos está quitando un maestro, como no estamos aceptando liberar ese maestro, pues ese es el castigo de no mandarnos más a la zona y simplemente está apoyando a un maestro, sabiendo que hay once necesidades en la zona escolar”.
En declaraciones al concluir su participación en el foro Retos para medir la desigualdad étnico-racial indígena y afrodescendiente en México, que se llevó a cabo en el hotel Emporio, el supervisor indicó que han acudido a la delegación también solicitando el apoyo y “dijeron que si teníamos jóvenes que hablen una lengua para que los contraten, le hiciéramos llegar la información; ya entregamos los expedientes de los jóvenes el día 15 de octubre del año pasado y hoy en la actualidad no hemos obtenido una respuesta. Están los jóvenes apoyando y los padres de familia, que son de escasos recursos, pero ellos quieren que sus hijos sean atendidos y desembolsan 10 pesos a la semana, para apoyar a esos maestros con sus pasajes y su comida”.
Señaló que los padres de familia apenas alcanzan a juntar de 80 a cien pesos para pagar a los maestros que están atendiendo a los alumnos, lo que no es justo.
Indicó que en las escuelas indígenas ubicadas en las colonias Ampliación Unidos por Guerrero y Alborada 19, en Acapulco, por esta situación están siendo afectados alrededor de 400 de mil 800 alumnos que se tienen en la zona.
Subrayó Solano Lorenzo que la forma en que está actuando las autoridades educativas es una discriminación y es algo que siempre han sufrido como indígenas, ejemplificó con que “el director de Educación Indígena, en lugar de apoyarnos nos está quitando maestros, eso es una discriminación hacía nosotros que estamos en Acapulco. No vamos a dejar el tema y vamos a seguir exigiendo que se cumpla con estos contratos para los maestros que atienden a los niños”.

 

Terminan el año vecinos de Quetzalcoatlán, Zitlala, sin servicios de salud ni educación y amenazados por criminales

Para los cerca de 40 vecinos de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, todos indígenas y bajo amenaza del crimen organizado, terminar el año fue complicado, de los dos grupos de policías estatales de siete integrantes que los resguardaban sólo hay unos cinco agentes y el gobierno del estado no les garantiza los derechos a la salud y a la educación.
En 2016 los vecinos sufrieron el ataque de un grupo criminal ligado a Los Ardillos, conocido como Paz y Justicia que actúa donde masacraron a seis pobladores, ante la violencia tuvieron que salir del pueblo pero regresaron a sus casas sin tener las condiciones necesarias para vivir.
El 12 de julio de este año dos vecinos de esta comunidad fueron atacados a balazos por hombres armados cerca de las 4 de la tarde, a la salida de Zitlala, uno de ellos murió y el otro resultó herido, a pesar de que ambos contaban con medidas cautelares luego de la masacre del 6 de enero.
Así como estos dos habitantes junto con el resto que habita en Quetzalcoatlán luego de estar desplazados, regresaron con el argumento de que contarían con el reguardo de dos grupos de la Policía Estatal.
“Desgraciadamente para las víctimas… han  tenido una nula respuesta del gobierno, digo nula en el sentido de que no ha habido una atención de fondo a la problemática que genera el desplazamiento forzado, para empezar no hay, pese a que es un hecho que ocurre de grupos de la delincuencia organizada, no hay una investigación, no hay nada con el argumento de que la gente tiene que presentar una denuncia, pero bueno sabemos que el temor, el miedo de la gente lo impide”, expuso vía telefónica el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Agregó que de nada sirve que exista la Ley 487 que es para atender y prevenir el desplazamiento interno, porque nunca se ha atendido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, tampoco hay protocolos de atención ni prevención, y la gente regresa a sus comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
Abundó que los grupos de la delincuencia organizada siguen operando en la región, entonces eso les limita desarrollar actividades  como salir a trabajar, además de que hay necesidades como la educación y la salud, y no las pueden cubrir ante el temor de ser agredidos o atacados en cualquier lugar.
El director dijo que cuando se otorgan medidas cautelares es complejo, muy burocrático que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumpla puntualmente, principalmente cuando tienen que ver con proporcionarles algún grupo o grupos de policías para que estén resguardando las comunidades.
Dijo que el año termina con los riesgos comunes de un caos que no ha sido atendido, “últimamente son cuatro o seis elementos (policiacos) que están ahí, el problema que se enfrenta es que cuando hacen el relevo los policías vienen hasta Zitlala o hasta Chilapa por el relevo, entonces ahí hay un lapso de tiempo en el que la comunidad queda sin resguardo, estamos hablando de alrededor de cuatro a seis horas”.
–¿Cómo estuvo el derecho a la salud este año en la comunidad?, se le preguntó.
–En ese tema nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Salud, con el doctor Carlos de la Peña Pintos, precisamente para proponerle la organización de brigadas o campañas médicas que pudieran atender a desplazados como a víctimas indirectas de desaparición, pero finalmente nunca se ha podido concretar nada… entonces hasta ahorita no tienen ninguna atención garantizada.
–¿Si hay una emergencia a dónde se tienen que trasladar los vecinos?
–Regularmente hasta Zitlala o a Chilpancingo, aquí lo que nosotros tenemos que asegurar primero es la cita médica, y después gestionar el acompañamiento y el traslado de la policía y el Ayuntamiento.
Olivares Hernández abundó que regularmente el Ayuntamiento cubre el traslado y la policía da el acompañamiento,  y todo eso es un problema porque se tiene que pedir la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos del gobierno del estado, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además tiene que mandarse un oficio al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame o a la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que se ha convertido en un problema burocrático, que a veces necesita de hasta 60 llamadas para poder concretar un acompañamiento.
Resaltó que este año se presentaron dos emergencias, una fue cuando una mujer estaba en trabajo de parto y se tuvo que actuar de emergencia, y el otro fue de Salomón y su esposa que sufren de cataratas y tienen casi total pérdida de vista, entonces se hizo todo el trámite de las que se tienen contabilizadas 48 llamadas telefónicas.
De la educación dijo que hay una maestra que está atendiendo a los niños, es una maestra multigrado pero gran parte de la población se fue a trabajar como jornalera y obviamente que los niños se fueron.
Actualmente hay alrededor de 40 personas en la comunidad cuando eran más de 100.
De la última reunión con el gobierno del estado dijo que fue a principios del año, “porque lo único que hemos estado trabajando es el tema de la salud, pero sólo ha sido pedir el acompañamiento, de buscar la atención médica ya sea en los hospitales u otra institución, pero así otras reuniones para tratar el tema no hemos tenido”.

Cierran carreteras 93 preparatorias populares

Marchan 93 prepas populares y cierran carreteras en Chilpancingo y Tlapa;?exigen más presupuesto

Más de mil manifestantes participan en la movilización, con el objetivo de exigir que la coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flor Añorve, cumpla con el pacto en el que se comprometía a incrementar el presupuesto de 35 a 50 millones de pesos

Anarsis Pacheco Pólito y Antonia Ramírez

Chilpancingo y Tlapa

Directores, maestros, comisarios y estudiantes de 93 preparatorias populares marcharon este miércoles en la capital del estado y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco; además, las carreteras que conducen a Puebla y Chilapa, para exigir un aumento en su presupuesto.
Más de mil personas participaron en la movilización, con el objetivo de exigir que la coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flore Añorve Ocampo, cumpla con el pacto en el que se comprometía a incrementar el presupuesto de 35 a 50 millones para las 93 escuelas.
En el lugar, el director Arturo Guerrero Caballero señaló que la movilización era una visita de cortesía, para que el gobernador Héctor Astudillo Flores los atendiera y así entablar un diálogo.
“Nos mintieron, nos engañaron, nos citaron para después del 19 y nos dimos cuenta de que el Congreso ya se fue de vacaciones, creemos que no se trata de hacerle a la educación, y más a la popular, ese desaire, pediremos su destitución (de la diputada priista Flor Añorve)”, enfatizó.
El profesor explicó que por la mañana de este miércoles el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, lo amenazó diciendo que los meterían a la cárcel si se llegaban a movilizar.
Insistió en que los directores, padres de familia, maestros y comisarios solo están exigiendo lo que les corresponde para mejorar la atención educativas de sus comunidades.
Guerrero Caballero reiteró que el subsecretario no contó con el tacto suficiente, ya que provocó la movilización de más de mil personas, por lo que no cumple con la orden de “ayuda del gobernador”.
“No nos vamos a ir de aquí, porque se hacen de odios sordos, saben que estamos aquí, estamos bloqueando y no nos toman en cuenta, estaremos aquí hasta que se dignen a recibir a los pobres”, agregó.
Indicó que la marcha y bloqueo no era en contra del gobernador, sino de los funcionarios que los han atendido pero poco les han solucionado en definir el aumento que requieren.
Detalló que de recibir los 50 millones, 10 de ellos serían para la infraestructura, otros 10 millones de pesos para la adquisición de material didáctico y computadoras, y los 30 millones restantes para los salarios.
“Hay muchos maestros que aun no reciben su salario y están creciendo las preparatorias, cada año aumenta más la matrícula”, señaló.
Comentó que en los 93 planteles educativos que hay en el estado se atiende a una población estudiantil de 19 mil.
Tras los primeros minutos de bloqueo, llegó al lugar el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, y el subsecretario Martín Maldonado, a quienes les reclamaron al falta de atención.
Los manifestantes partieron en marcha en dos contingentes, uno desde monumento a Las Banderas y el segundo del museo La Avispa.
El primer contingente comenzó a bloquear los carriles en dirección a Acapulco a las 11:10 de la mañana, mismo que se retiró luego de que Maldonado del Moral les prometió una mesa de trabajo en el Palacio de Gobierno; pero alrededor de las 11:40 de la mañana el segundo contingente llegó y comenzó a bloquear totalmente la autopista en ambos sentidos.
Los manifestantes retiraron el bloqueo a las 12:10 del día, se trasladaron al Palacio de Gobierno también para una reunión, y comenzaron un bloqueo en los carriles norte-sur del bulevar del río Huacapa.
A las 5:30 de la tarde salió una comisión encabezada por Arturo Guerrero Caballero, quien detalló que se acordó que se les entregarían 5 millones de pesos en el próximo presupuesto, además de la promesa de una reunión para el próximo mes, entre 10 y 12 de enero.

Tlapa

El bloqueo sobre las carreteras que comunican a Tlapa con Chilapa y Puebla inició a las 10 de la mañana. En él participaron personas provenientes de los municipios de Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, quienes durante una hora permitieron el paso en la carretera al centro del estado, luego de que sus dirigente, quienes estaban en la mesa de negociación en Chilpancingo, se los indicaran.
El maestro encargado de la preparatoria de la comunidad de Apetzuca, Timoteo Espinoza Julio, informó que están atendiendo a más de 80 alumnos y por eso se necesita más presupuesto, ya que algunos planteles llevan 30 años funcionando.
El director de la preparatoria de la comunidad de Tlatlauquitepec informó que las escuelas son una alternativa para que los jóvenes puedan continuar estudiando y que eso estaban manifestando, para poder acceder a más recursos.
Además de que las autoridades educativas reconozcan a estas escuelas, para que puedan acceder a infraestructura, porque las aulas que tiene las han hecho los ayuntamientos o los mismos padres de familia, que se han cooperado para construirlas.
Dijo que apenas en 2012 empezaron a recibir recursos por parte del gobierno estatal, porque anteriormente las comunidades se hacían cargo de pagar el salario de los maestros.
El bloqueo fue levantado como a las 5 de la tarde, luego de que sus representante les avisaron que ya había acuerdos.

Bloquean estudiantes indígenas dos calles en la capital; exigen sus becas

Integrantes de la Unión de Estudiantes Indígenas del Estado de Guerrero bloquearon cerca de cuatro horas y media la avenida Juan N. Álvarez, esquina con calle Cristóbal Colón, para exigir a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) el segundo pago de sus becas, que debieron ser solventadas desde hace un mes.
Cerca de las 11:30 de la mañana unos 30 estudiantes indígenas de licenciatura bloquearon las vialidades, siendo miembros agrupados en la organización, que representaron a unos 485 estudiantes de todo el estado, a quienes también les adeudan.
Los manifestantes portaron pancartas en las que se leyeron: “Héctor Astudillo exigimos el segundo pago de las becas indígenas”, “Héctor Astudillo ya cumple con el segundo pago” y “exigimos el segundo pago inmediato, beca indígena”.
El dirigente de la organización, Eduardo Bautista Flores, en consulta expuso: “Nuestra protesta es porque no les han pagado a los compañeros la segunda parte de una beca, que corresponde a 4 mil pesos por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas. La primera sale la convocatoria en febrero, se paga en junio y ya después se renueva en este periodo del ciclo escolar, de agosto a diciembre, pero en este caso se renovó en septiembre y hasta ahorita no nos han dado fecha para que les den el segundo pago”.
Señaló que a las 10 de la mañana buscaron al secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para exigirle la segunda parte, que debieron darles desde hace un mes, pero no les dieron respuesta.
Dijo que el principal reclamo es que la Secretaría de Asuntos Indígenas les dice que ya están los cheques, pero que la Secretaría de Finanzas aún no libera el dinero, que entonces ahí hay una contradicción, porque van a Finanzas y les dicen que el problema es en la SAICA.
Abundó que les preocupa que ya salen a vacaciones el viernes, que por eso se vieron en la necesidad de protestar, porque no les hacen caso, que por lo tanto necesitan que les den hora y fecha para que les paguen.
Señaló que desde hace semanas han buscado el diálogo, sin tener éxito, tanto en Finanzas como en la SAICA.
Recordó que estas becas se dieron gracias a una lucha social que emprendieron, pues interpusieron un amparo hace cinco años y se ganó, motivo por el que el gobierno del estado fue obligado a que otorgaran becas indígenas.
Hace cinco meses a los alumnos les informaron que se iban a aumentar a mil becas indígenas, pero eso no ha sido posible.
Los alumnos estuvieron bloqueando hasta las 4 de la tarde, hasta que autoridades del gobierno del estado acudieron a la manifestación, pues antes sólo estaban recibiendo llamadas de la Secretaría de Finanzas, donde argumentaban de que se estaba trabajando en sus pagos.
Cuando las autoridades llegaron a la manifestación, prometieron a los jóvenes que este jueves les estarían pagando sus becas, motivo por el cual terminaron el bloqueo. (Beatriz García / Chilpancingo).

Piden artesanos indígenas que los reubiquen en el kiosco del Centro de Iguala ante las bajas ventas


Artesanos indígenas que instalaron sus puestos en la calle Juan Ruiz de Alarcón del centro de Iguala durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, pidieron ayer su reubicación al kiosco de la ciudad durante esta temporada, ante las escasas ventas que han estado teniendo.
Debido a una obra de introducción de drenaje, la noche del lunes fue cerrada la circulación vehicular e inició la perforación de la calle para iniciar la zanja en la que se meterá el drenaje.
Pero la mañana de ayer, la obra fue detenida ante la oposición de comerciantes de comida que están en esta misma zona, que se quejan del polvo, y se acordó que los trabajos de la Dirección de Obras Públicas se reanuden el 7 de enero.
El hecho generó diferencias entre vendedores de comida y los artesanos indígenas, ya que estos pedían la apertura de la calle para el paso de los carros, que en muchos casos son quienes les compran sus artículos.
En declaraciones a reporteros, la presidenta de la Cooperativa Comunitaria de Artesanos Migrantes Indígenas, Bernadita Crescencio López pidió a las autoridades locales que los reubiquen en el kiosco de la ciudad, donde estuvieron hasta 2012, con el gobierno priista de Raúl Tovar Tavera, pero que después fueron movidos a esta calle con el perredista José Luis Abarca Velázquez.
Dijo que son 20 artesanos indígenas que vienen de Xalitla, Tlapa y Xochistlahuaca, pero que desde que fueron reubicados en este lugar con la promesa de reubicarlos en otra zona, sus ventas han caído considerablemente.
Señaló que, pese a que no dan ninguna aportación al Ayuntamiento, sus ventas diarias en días buenos son de entre 100 y 150 peros, pero hay días en que no venden nada o sólo 20 pesos, lo que no les alcanza ni para la alimentación de sus familias.
Ante esta situación difícil para los artesanos indígenas, planteó la necesidad de que en temporadas altas, como ésta de diciembre, sean reubicados en zonas donde haya más flujo de transeúntes, como el kiosco de la ciudad, donde estuvieron durante varios años.