Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A 13 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió sentencia en contra del Estado mexicano, y a 21 de la tortura sexual contra la me’phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, Inés Fernández Ortega, el Tribunal Segundo de Distrito de Acapulco impuso 20 años de prisión al sargento segundo de infantería, Humberto García de León, uno de los 11 implicados.
En conferencia de prensa que se transmitió por Facebook ayer desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de la Ciudad de México, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y el representante de la Oficina del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García, reconocieron la trascendencia de esta sentencia que se emitió el 1 de marzo.
“Resulta relevante que el juez haya valorado en términos jurídicos las pruebas que se desahogaron en la Corte Interamericana”, dijo Vidulfo Rosales.
En tanto que Alan García dijo que la lucha que libró Fernández Ortega desde 2002, cuando fue violada por militares después de que irrumpieron en su comunidad y en su casa, es “una de las más notables estampas de dignidad”. Por este caso la Coidh emitió sentencia en el 2010.
La líder indígena dijo que “hubiera querido que fueran más años, no se me hace justo que sólo sean 20 años de prisión”.
Además cuestionó, “¿qué pasó con los demás?, ¿dónde está el castigo contra los otros nueve militares que también llegaron y entraron a mi casa?, ¿por qué la autoridad no los castigó?
Rosales Sierra recordó que de los 11 militares acusados, Salva-dor Aguilar Otañez también fue detenido, pero fue asesinado en su celda del Campo Militar Número Uno el 17 de en-ro de 2016, y falta la detención de los otros nueve.
Destacó que la noticia de la sentencia llegó en un momento en el que vale mucho la pena, porque reincorpora los estándares para juzgar en México con perspectiva de género, y se logra una condena en contra de un elemento del Ejército “en un contexto político de militarización acendrada”, y hay un debate de si se debe dar más facultades para labores de seguridad pública a los militares.
Explicó que el caso Inés Fernández mostró qué es lo que ocurrió cuando se les dio facultades para realizar labores de seguridad, “hubo afectación no sólo a ella sino a toda la comunidad producto de una incursión militar del Ejército en tareas de seguridad”.
Agregó que ojalá el caso abone a este debate y el Estado mexicano considere que dar facultades al Ejército genera situaciones como la de Inés, y otras situaciones graves que ocurrieron en gobiernos pasados y ocurren hoy.
Agregó que la sentencia llega también cuando hay un grave problema de violencia contra las mujeres en el país, y las políticas públicas no son claras.
“Espero que ya crean en la palabra de las mujeres indígenas”
La indígena violada por militares el 22 de marzo del 2002 en Barranca Tecoani, se dijo insatisfecha por la sentencia, sin embargo, acotó que deja el caso al gobierno para que siga investigando, “lamentablemente no creyeron en mi palabra, espero que ahora en adelante ya crean en la palabra de las mujeres indígenas”.
Llamó a las mujeres a que no callen las agresiones, “todas deben denunciar para que haya justicia y las autoridades deban creer en la palabra de las mujeres, por eso pido a todas que denuncien, para que las autoridades cumplan con su obligación de proteger sus derechos”.
Agregó que no quiere que una mujer más sea víctima de agresión por militares, “no es justo que como mujeres tengamos que luchar para encontrar justicia, no quiero que mis hijas, sus hijas sufran lo que yo sufrí”.
Pero satisfecha por su lucha de 21 años, expresó: “hoy 8 de marzo puedo decir que una mujer me’ phaa le ganó al poder militar”.
Fernández Ortega narró en su lengua, auxiliada por una interprete, todo lo que tuvo que pasar desde que fue agredida sexualmente hasta esta resolución del Tribunal Segundo de Distrito.
“A pesar de los obstáculos de las autoridades que no creían en mi palabra continué luchando, bajé muchas veces a Ayutla caminando ocho horas con mis hijos, uno de ellos en la espalda, brincaba troncos atravesados, pero en México no se me hizo justicia”, reprochó.
Denunció que, por el contrario, fue objeto de burlas y recibió amenazas cuando llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “mi esposo fue golpeado, a mi hermano Lorenzo, quien me ayudó, lo mataron y nadie investigó a los responsables, mis hijos han sido hostigados y amenazados estos años y han crecido con miedo, pero yo seguí luchando porque quiero la justicia que no encontré en México”, insistió.
Contó que todos estos años han sido difíciles, “porque como mujer indígena tuve que luchar y dejar solos a mis hijos, a mi hija Noemí de 9 años la dejé por exigir justicia, pero no dejé de luchar porque no quiero que otras niñas vivan lo que yo he vivido”.
También asistió a la conferencia Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual en San Salvador Atenco, quien por su parte se dijo conmovida por los resultados de la lucha de Inés, de quien opinó es un referente, “un pilar a donde volteamos a ver las mujeres cuando nos faltan fuerzas”.
Dijo que aún cuando su testimonio sigue impactando, casos como el suyo se siguen repitiendo, “afortunadamente su caso no quedó en el olvido porque se sostuvo muy a pesar de las trabas que el Estado le ha puesto”.
“Nos inspiran a seguir adelante”
Alan García rindió “un homenaje” a Inés “por su gallardía, por los arrestos que tuvo para denunciar y sobreponerse a los obstáculos e inercias para de-fender la verdad durante casi 21 años”.
Celebró su resistencia y fortaleza para desmontar las estructuras militares y de impunidad que existen “lamentablemente” en México, y añadió que luchas como la de ella “nos inspiran a seguir adelante”.
El representante del Alto Comisionado opinó que la sentencia recupera la obligación del Estado de actuar con diligencia ante las denuncias de agresiones a las mujeres.
Recordó que esta es la segunda sentencia de esta naturaleza, la anterior fue la que ganó Valentina Rosendo Cantú, también indígena me’phaa, de Caxitepec, municipio de Acatepec, violada por militares en el mismo 2002.
“La fortaleza de estas mujeres ha simbolizado una fuente de inspiración a otras que han enfrentado la violencia sexual”, destacó.
Añadió que la sentencia de Inés es importante porque se da en un contexto de militarización, “en un contexto en el que las fuerzas armadas han reforzado su presencia en el espacio público sin los debidos controles”.
Dijo que si desde un principio se hubiera prestado atención al ca-so de Inés, probablemente México hoy no estaría enfrentando este contexto de inseguridad, violencia e impunidad generalizada.
En un boletín de prensa, Tlachinollan recordó que al no encontrar justicia en México, y ante la imposibilidad de impugnar la justicia militar, Inés Fernández Ortega acudió a la CIDH donde por primera vez fue escuchada y respetada su palabra y en agosto del 2010 “el Tribunal de las Américas (la Coidh) dictó sentencia contra el Estado mexicano, condenándolo por haber violado los derechos de Inés y su familia, y obligándolo a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral los daños”.
Agregó que “la ausencia de justicia contra los perpetradores es una real amenaza contra las mujeres indígenas que siguen en total indefensión”, pero que esta sentencia del juez segundo de Distrito le da la razón a Inés y reivindica su palabra.
“Después de 21 años Inés rompió el muro de la impunidad y pudo acceder a la justicia”, celebró el organismo.
“En el presente caso la persistencia de Inés y el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron posible que se condenara al militar que mancilló la dignidad de Inés Fernández Ortega”, subrayó.
Consideró que la de Inés es una lucha emblemática y un triunfo para las mujeres que luchan en México contra la militarización y la violencia institucional castrense y que han entregado su vida para que nunca más se atente contra la dignidad de las mujeres”.
