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Hará Unicef estudio sobre adolescentes y niños en grupos del crimen y autodefensas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), realizará un estudio en Guerrero y en otros estados del país, sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados en diferentes modalidades, desde el crimen organizado hasta grupos de autodefensa, informó la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Congreso del Estado.
Sostuvo que Guerrero está dentro de los estados que tiene mayor abuso sexual contra los niños y adolescentes, “es muy grave porque pasa mucho en los entornos familiares o sea donde se debería cuidar a los niños es donde se les abusa”.
Este jueves en el Congreso local se reunieron las integrantes de dicha comisión con el oficial nacional de Protección la Infancia de la Unicef, José Antonio Ruiz Hernández.
En entrevista en Chilpancingo, Beatriz Mojica declaró que los representantes de la Unicef  les plantearon que están trabajando en torno a que se pueda legislar para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados en sus diferentes modalidades.
“Es una iniciativa importante de lo que se ha avanzado en el mundo y en el país respecto a garantizar los derechos de las niñas y niños y adolescentes en todos los ámbitos y el principal es la erradicación de la violencia de la que son objeto”.
Mencionó que la Unicef realizó una serie de estudios en el país y está trabajando para tratar de erradicar las formas de violencia a los niños, quienes al ser reclutados “prácticamente les arrancan la vida”.
Dijo que si no hay una prevención o un rescate de esos niños su único destino es la muerte o la cárcel, “es muy grave para México, porque nos mostraban las estadísticas de las defunciones de los adolescentes en nuestro país, la mayor es por homicidios, es decir nuestros adolescentes están muriendo por homicidio, estamos realmente en una sociedad que le está truncando su desarrollo y que cada vez son reclutados a edades más tempranas y se vuelven muy agresivos”.
Sin embargo, sostuvo que en los próximos meses la Unicef realizará un estudio en conjunto con instancias federales para algunos estados del país, entre ellos Guerrero, acerca del reclutamiento de los menores por grupos armados, lo que resaltó no está relacionado con la pobreza sino con la pérdida de valores y los entornos violentos.
“Cada día son más los niños que son reclutados por grupos armados de todo tipo tanto del crimen organizado como de autodefensas policías comunitarias, se vuelve un asunto normal en un estado donde hemos visto públicamente niños armados por algunos grupos”.
El 22 de enero de 2020, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentaron a 19 niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad que fueron capacitados para el uso de las armas de fuego y defensar a sus familias y pueblos de las agresiones del grupo delictivo Los Ardillos, “ante la incapacidad y falta de voluntad de los tres niveles de gobierno para brindarles protección”.
Mojica Morga manifestó que México ha suscrito los acuerdos internacionales para la protección de los menores, “y no se puede permitir que se armen a los niños en ninguna circunstancia, pero esa tarea no solo es del gobierno o del Congreso sino de toda la sociedad”.
Expresó que cuando se pone al frente a los niños y adolescentes de una autodefensa se provoca un desequilibrio social, “porque esos niños van a crecer en la violencia y van a ser violentadores en el futuro, sufren un desarraigo, pierden a su familia, a sus padres, a su comunidad”, por lo que aseguró que no debe haber excepciones, “no debe de haber niños armados, llámense grupos comunitarios o del crimen organizado o Ejército, no deben existir estas práctica”.
Sostuvo que en Guerrero en los gobiernos anteriores no se ha puesto atención a los niños y es ahí donde se debe hacer incidencia para prevenir la violencia, “estamos hablando de un estado que tiene 50 años hundido en la violencia y no vemos avances porque no ha habido ninguna línea de atención a nuestros niños ni a nuestros adolescentes y llegan a la adultez en situaciones de violencia extrema y reproduce los mismos patrones”.
Explicó que los represenantes de la Unicef un día antes se reunieron con funcionarios del gobierno del estado, de lo que no se informó en ningún comunicado, y agregó que “Guerrero está dentro de los estados que tiene mayor abuso sexual contra nuestros niños y adolescentes y eso es muy grave, porque pasa mucho en los entornos familiares, o sea, donde se debería cuidar a los niños es donde se les abusa”.
Manifestó que la comisión estará en reuniones permanentes y que esperan que a mediados de marzo a más tardar presenten el primer paquete de iniciativas en torno a la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

 

Ya entregó la ASF el informe sobre la demolición de la biblioteca del Congreso: Paris

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal.
Consultado en el auditorio Sentimientos de la Nación sobre alguna intervención de la dependencia en este proceso, aclaró que no lo revisó, sólo tuvo la información de que la ASF hizo la Auditoría y ya remitió el informe con recomendaciones.
Con este documento se determinaría si existen responsabilidades de personas o instituciones por la demolición del edificio del Congreso local, que en el presupuesto de egresos del estado hace dos años sólo señalaba una inversión de rehabilitación.
En el tema de las auditorias estatales, informó que le ASE cumplirá en tiempo y forma el 17 de febrero, con la entrega 139 informes individuales y general de las cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció que está trabajando a marchas forzadas por el fuerte rezago que dejó la anterior administración; sin embargo, confió en que cumplirán con la obligación de entregar de manera profesional y conforme a la ley.
Recordó que tomó el cargo el 12 de septiembre de 2022, y le tocó entregar el segundo bloque de informes de la cuenta pública de municipios, poderes del estado, organismos públicos descentralizados y auditorías de desempeño. El próximo 17 de febrero es el plazo de entrega del tercer bloque.
Señaló que quedó mucho por hacer con 153 entes fiscalizables en la anterior administración, cubierta por auditores especiales debido al retraso del nombramiento del titular de la ASE, desde julio de 2021 que salió el anterior.
Añadió que hay procedimientos administrativos contra funcionarios que ya se fueron, y que habrá de resolver el Tribunal Administrativo de lo Contencioso.

 

No presentará Olea informe que exonera a Zeferino, anuncia la viuda de Chavarría

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con la familia del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a que el fiscal estatal Javier Olea Peláez no dé a conocer las conclusiones del caso, como se comprometió ante el Congreso local durante su comparecencia el 26 de junio pasado, porque su hipótesis de que la guerrilla fue la responsable del asesinato carece de sustento, informó este martes la viuda, Martha Obezo Cázares.
Acompañada de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, la viuda de Chavarría Barrera anunció en conferencia de prensa la Jornada contra la impunidad, por la verdad y la justicia, en el marco del octavo aniversario del asesinato del diputado local perredista, e insistió que con la línea de investigación que pretendía dar a conocer Olea Peláez al Congreso local, nuevamente se quería exonerar al entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como autor intelectual del crimen.
A su vez, el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, quien fue el primero que llegó la mañana del 20 de agosto del 2009 a la casa de Chavarría, a cuya entrada fue asesinado, dijo que observó que desde un principio no se cuidó la escena del crimen ni se resguardaron las evidencias, y que “se vio la intención de evitar que la línea de investigación llegara hasta el Palacio de Gobierno”.
Obezo Cázares fue acompañada por la viuda del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala Arturo Hernández Cardona, asesinado en el 2013, Sofía Lorena Mendoza; la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, asesinada también en el 2013, Norma Mesino Mesino; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame; la presidenta del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso; la representante del Taller de Desarrollo Comunitario Isabel Rosales, y el dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez.
Martha Obezo declaró que la línea de investigación con la que el fiscal pretendía cerrar el caso y que anunció a los diputados en su comparecencia el 26 de junio, “es la misma línea con la que quería cerrar el caso Zeferino Torreblanca, culpando a la guerrilla, concretamente al ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), cuando no hay ni fundamento ni sustento”, dijo.
Recordó que esa línea fue desechada desde el 2010 por el Juzgado Séptimo de Distrito y el Tribunal Unitario de Circuito por falta de pruebas y porque no había un expediente que soportara una consignación.
Pero celebró que el fiscal Olea Peláez ya no haya podido comparecer ante el Congreso local a cumplir su palabra empeñada “que no respeta y que no vale nada”, dijo, en referencia al anuncio que hizo el fiscal durante su comparecencia ante el Congreso local el 26 de junio, cuando ofreció que en 2 ó 3 semanas daría a conocer resultados del caso Chavarría y que habría detenciones.
La viuda de Chavarría dijo que tenía certeza de que el fiscal Olea cerraría el caso con la línea de la guerrilla porque se lo dijo en la única reunión que ha tenido con él, el 19 de julio del 2016. Reveló que en esa entrevista, “que fue bastante desdeñosa y grosera”, Olea le dijo que el expediente contenía pura basura y que sólo la procuradora Martha Elba Garzón Bernal y él habían avanzado en las investigaciones.

“No quieren tocar a Zeferino”

Obeso Cázares dijo que “coincidentemente” Garzón Bernal fue la que retomó la misma línea de investigación con la que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca, que es el de la guerrilla, misma que establece que habrían sido miembros del ERPI los que mataron al diputado perredista.
Agregó que en la reunión con el fiscal, éste también exoneró al ex gobernador Torreblanca, “sigue habiendo proteccionismo hacia él, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa”. Dijo que, mientras tanto, la familia del victimado perredista sigue insistiendo que lo investiguen.
“Nosotros decimos que existe un señalamiento en su contra por su presunta autoría intelectual y hay hasta muertos, como aquél comandante (Trinidad Zamora Rojo) que declaró que Zeferino lo mandó matar, pero ahora dicen que no fue declaración ministerial y limpiaron el expediente, le quitaron todo lo que declaró el comandante”, acusó.
Declaró que ese señalamiento fue el que desestimó el fiscal en su reunión del 19 de julio del 2016. En cambio, dijo que apuntaló la investigación que realizó Martha Elba Garzón y la de él, “con eso confirmé lo que siempre he sabido, que están empeñados en sellar la impunidad”.
Además, contó que el fiscal le ofreció que le iba a entregar copia del expediente pero que nunca lo cumplió. Manifestó que el fiscal no acudió al Congreso a informar de los resultados de las investigaciones como lo prometió, “porque la suya no es una investigación altamente profesional y que responda a los estándares del derecho internacional, y así, qué podría decirnos que nos convenciera”.
Informó que por eso en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el 17 de julio pasado, la postura de los familiares fue que no aceptarían que se sesgue la investigación y que se insista en una línea que fue desechada por un juzgado federal y por un tribunal unitario por falta de pruebas.
Aseguró que el gobernador se comprometió a respetar la postura de los familiares y su reclamo de justicia, “nosotros le insistimos que el fiscal no insistiera porque no íbamos a permitir ni a validar tampoco semejante postura”.
Sin embargo, Obezo dijo que no tiene certeza de que el fiscal Olea no vaya a insistir en su línea de investigación, “es tan burdo, además yo creo que está para eso, para sellar la impunidad y a lo mejor se atreve a dar su versión, pero una cosa es que él salga y otra cosa es que nosotros aceptemos esa postura”, advirtió.
Declaró que tanto al fiscal en el 2016, como al gobernador en julio pasado, les dijeron claramente que “no vamos a permitir que se siga sesgando el caso, que se siga escondiendo el expediente o que se fabriquen culpables, o peor aún, que se lastime a gente inocente”.
La viuda explicó que como la PGR en el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el caso de su esposo también pretenden imponer una “verdad histórica”. Advirtió que, de hacerlo, no sería un dislate del fiscal, sino un agravio de categoría histórica para la sociedad guerrerense que quisieran culpar a la guerrilla y al ERPI por ese asesinato.
A su vez, el dirigente de la ACNR, Miranda Ramírez, quien dijo que fue el primero que llegó a la casa de Chavarría Barrera la mañana del 20 de agosto del 2009, cuando lo mataron, contó que ese día encontró un “escenario abandonado” y “expuesto a que el contexto del crimen fuera violentado y borradas las pistas”.
“Desde allí se vio la intención de evitar que la línea llegara al Palacio de Gobierno. Agregó que desde los primeros días había las suficientes evidencias de que el responsable del asesinato es Zeferino Torreblanca”.
También contó que lo que vio esa mañana fue que los responsables materiales no eran unos aprendices, “fue gente experta en manejo de armas y homicidios”,
Miranda Ramírez agregó que ocho años después “los circos” del fiscal de que iba a dar información del caso, fue otra tomada de pelo, porque es evidente que se sigue protegiendo al verdadero responsable”.

Jornada contra la impunidad

Como parte de las actividades por el octavo aniversario del asesinato del diputado perredista, Obeso Cazares anunció la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia.
El 15 de agosto se realizará la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, asignaturas pendientes en Guerrero, que disertará Emilio Álvarez Icaza a las 12 horas en el auditorio José Inocente Lugo. El 16 de agosto se inaugurará la exposición fotográfica Por la Verdad y la Justicia, en la que se incluirán fotografías de Armando Chavarría, Rocío Mesino, Arturo Hernández, y del diputado Moisés Villanueva de la Luz. Será en el lobby del Palacio Municipal.
En tanto que el 17 de agosto está programado el seminario La Ley General de Victimas como herramienta de acceso a la justicia para las víctimas en el país, que disertará el abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz. El 18 de agosto se presentará el informe: Atrocidades innegables, crímenes lesa humanidad, por parte de la Open Society Justice Initiative. Será a las 11 horas en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico de Acapulco.
Mientras que el domingo 20 de agosto las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con una visita al sepulcro de Chavarría Barrera en el panteón central de Chilpancingo. A las 11 horas habrá una ceremonia al pie del busto del malogrado diputado perredista ubicado en el interior del edificio del Congreso del estado. A las 12 y media los familiares depositarán una ofrenda floral en el parque Armando Chavarría Barrera ubicado en la colonia Periodistas, y a las 19 horas se celebrará una misa en la catedral la Asunción de María, por el obispo Salvador Rangel Mendoza.

Presiona la SEP para aplicar descuentos en Totolapan, informa González de la Vega

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, manifestó que espera que en San Miguel Totolapan las clases reinicien de manera gradual el lunes en escuelas de la cabecera municipal, pues reveló que ya “traemos una presión muy grande por parte de la federación para los descuentos, yo les dije por lo pronto no podríamos nosotros hacer los descuentos, derivado de la violencia”.
Precisó que todavía no recibía una respuesta de los maestros y de los habitantes, para saber si regresan a clases, luego de la operación de seguridad que se inició el martes con el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, pero que no quería hablar del asunto de los descuentos todavía, aunque “si ya de aquí al lunes no hay una respuesta, de esa garantía que estamos dando en términos de seguridad, pues bueno ya tendríamos que trasladarnos para decirles que ya no podemos sostener esa situación”.
En declaraciones en el hotel Las Brisas, a donde acudió a la inauguración de la 5 Reunión Nacional de Autoridades Educativas Estatales, al secretario se le preguntó si ya había una respuesta de los maestros y habitantes de ese municipio para saber si regresarán a clases y respondió que todavía no había respuesta, que los funcionarios de la SEG que atienden el asunto le informaron que siguen reunidos y haciendo las valoraciones, que van por buen camino las pláticas.
González de la Vega Otero indicó que es respetuoso, pero que ya informó que “también traemos una presión muy grande por parte de la federación para los descuentos, yo les dije por lo pronto no podríamos nosotros hacer los descuentos derivado de la violencia, pero una vez que ya inició una operación, un reforzamiento del Ejército y de seguridad pública, bueno ya estamos dando esa garantía y en ese sentido el gobierno del estado ha cumplido su palabra, en términos de llevar un esquema de seguridad para darles esa garantía, yo tengo mucha confianza, no quisiera empezar hablar de descuentos, pero bueno tampoco puede continuar así cuando ya hay una garantía”.
Sobre si la Secretaría de Educación Pública ya dio una fecha para los descuentos a los maestros, González de la Vega Otero dijo que no específicamente, y reiteró lo que dijo el miércoles: “Yo aspiro a que el lunes reinicien en algunas escuelas, cuando menos de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan”. Sobre que los descuentos podrían venir en cualquier momento, porque es la SEP la que tiene el control de la nómina, el funcionario estatal dijo que “es correcto, por eso le comentamos a los maestros, a los supervisores. Nosotros les hemos dado el argumento de que es una situación de una violencia complicada, con esta operación creo que estamos dando la garantía para que de manera gradual podamos regresar a clases”.

Cuauhtémoc Cárdenas visitará Acapulco el sábado, informa el grupo Por México Hoy

El integrante del grupo Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, llamó a los diputados de izquierda a mantener un bloque de unidad para revertir las reformas estructurales, que es lo que más está afectando a la población, y consideró que la propuesta de los diputados para reducir los sueldos de funcionarios en un 20 por ciento es un “acto de rectificar las conductas” después de haber participado en el Pacto por México.
En conferencia de prensa en el zócalo de Acapulco, informó que Cuauhtémoc Cárdenas y Félix Hernández Gamundi estarán en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde dará una conferencia magistral “de cómo organizarnos y qué hacer para revertir las reformas estructurales”.
Cisneros Guillén opinó que “debemos de buscar el acercamiento de todos los grupos políticos de izquierda y progresistas a efecto de luchar por revertir esas reformas estructurales”, pues ninguna de ellas es a favor de las familias mexicanas, “todas están en contra de los distintos sectores”.
Dijo que la propuesta que hizo el diputado del PRD, Sebastián de la Rasa Peláez, en la Comisión Permanente, “posiblemente sea un acto de rectificar las conductas de estos compañeros, algunos tal vez con mucha sinceridad, otros a la mejor hipócritamente, como lo decía la diputada de Morena, pero yo creo que todos debemos de buscar en estos momentos cómo unificar esfuerzos a efecto de parar el gasolinazo, de revertir las contra reformas de Peña Nieto”.

Obtuvo apoyo de Astudillo para aguinaldos y la carretera, informa el alcalde de Cocula

 

El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que tras reunirse la mañana de ayer con el gobernador Héctor Astudillo Flores, éste se comprometió a rehabilitar la carretera Iguala-Cocula y a apoyar a su gobierno para subsanar algunos gastos y pagar el aguinaldo de los trabajadores.
El martes, el alcalde Ramírez Crespo había dado a conocer la solicitud de un préstamo de cuatro millones de pesos al gobernador para el pago de aguinaldos y otras deudas que le fueron heredadas por la administración de su suplente, Carlos Alberto Duarte Bahena.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la tarde de ayer, el alcalde perredista dio a conocer que en la mañana se reunieron con el mandatario estatal varios alcaldes de la entidad en la sede oficial de la Casa Guerrero, y que al término le pidió una audiencia privada, la cual le concedió.
Al alcalde se le preguntó sobre la petición del préstamo de cuatro millones de pesos que había solicitado al gobernador la semana pasada, de los cuales unos 800 mil pesos destinaría para el pago de aguinaldos de 302 trabajadores, así como para pagar otras deudas que recibió al retomar la alcaldía, como pago de teléfono, gasolina y papelería, pero dijo que hubo un compromiso y un acuerdo con el mandatario de no dar a conocer detalles sobre el tema.
Sólo dijo que “hay un apoyo bueno por parte del gobernador, y por las circunstancias que hay en el estado acordamos que eso no lo tocaríamos de manera pública, pero sí hay un apoyo para el gobierno de Cocula para subsanar algunos gastos”.
Sobre el pago de aguinaldos para los trabajadores, se limitó a decir que “por las gestiones que realizó su amigo Ulises, el aguinaldo de los trabajadores está seguro cuando menos una quincena”.
Asimismo, dio a conocer que el gobernador Astudillo Flores autorizó y dio la indicación para la rehabilitación de 12 kilómetros de la carretera estatal Iguala-Cocula, la cual está en pésimas condiciones, obra que se iniciaría a principios de enero y que beneficiará a comunidades de los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzala y Teloloapan.

Gestionan alcaldes ante Apreza recursos para el aguinaldo

Los alcaldes de Coyuca de Catalán, Teloloapan, Cuajinicuilapa y Petatlán acudieron ayer a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado para informarse sobre el adelanto de participaciones que solicitaron para pagar los aguinaldos.
Los alcaldes acudieron por la mañana a la secretaría de Finanzas, ubicada en el edificio Acapulco del Palacio de Gobierno, donde uno a uno fueron atendidos por el titular Héctor Apreza Patrón.
De los alcaldes que asistieron sólo dos quisieron informar sobre lo tratado, el de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, y el de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño.
Urióstegui Patiño detalló que no le dieron los cuatro millones que solicitaba, por lo que tendrá que recurrir a acuerdos con proveedores para pagar las cuentas hasta el próximo año.
Por su parte, el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, solicitó un millón de pesos para cubrir los aguinaldos de los trabajadores del ayuntamiento, además de deudas del municipio.
Durante la tarde se buscó al subsecretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, y al mismo Apreza Patrón, pero ninguno de los dos atendió la llamada para detallar más sobre la entrega de los recursos. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Más de diez ayuntamientos pidieron adelanto de recursos para aguinaldos, informa Apreza

 

Más de diez ayuntamientos han solicitado el adelanto de participaciones al gobierno del estado para poder cumplir con el pago de aguinaldos para este fin de año, informó el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón.
Consultado al finalizar el izamiento a la bandera, el funcionario estatal contestó que más de diez ayuntamientos requerirán el apoyo del estado para concluir su periodo administrativo.
Sin entrar en detalles sobre cuáles ayuntamientos y cuáles son los montos solicitados, el funcionario aseguró que en ese momento no tenía el dato exacto sobre lo que requieren.
Se le preguntó si los que solicitaban recursos eran Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala o Tecpan, pero insistió en no recordar cuáles eran los que presentaron la solicitud.
También se le preguntó si habría cambios en los 51 mil millones de pesos que proyecta el gobierno de presupuesto para el 2017, a lo que contestó que el Ejecutivo respetará la iniciativa de decreto del Poder Legislativo.
“Son dos niveles, uno que tiene que ver con el presupuesto local que presentamos nosotros, y el otro que aprobará el Congreso de la Unión; la iniciativa que presento el Ejecutivo al Legislativo de Guerrero fue de 51 mil 150 millones”, agregó.
Dijo que el Poder Ejecutivo será respetuoso de lo que determine el Congreso en cuanto al presupuesto.
“Estaremos atentos a la aprobación de los próximos días que haga el Congreso de la Unión, sobre el presupuesto federal para el 2017”, dijo.
El secretario de Finanzas subrayó que se están haciendo los ajustes necesarios para que se pueda cumplir con los derechos salariales, por lo que se continúan los trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
“Evidentemente vamos a requerir el apoyo y vamos bastante avanzados, ¿de qué tamaño?, estamos viendo nos hacen falta los comportamientos de ingreso de noviembre y diciembre y de eso dependerá mucho el tamaño de apoyo de la Secretaría de Hacienda”, detalló.
Recordó que el gobierno del estado para poder pagar los salarios y aguinaldos de los más de 20 mil trabajadores requiere mil millones de pesos.

Ya saben las autoridades quiénes son los que mataron a los dos militares, informa el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, declaró este martes que “aparentemente” ya se sabe quiénes son los responsables del asesinato de dos militares en Acapulco, aunque no quiso abundar más en cuanto a la identidad del grupo criminal y de los motivos que tuvieron para levantarlos y después asesinarlos, pues insistió en que no prestaban ningún servicio en la entidad.
A su vez, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, destacó que los militares fueron levantados en una zona donde hay presencia de grupos delictivos, “y una acción permanente y directa de las corporaciones federales y estatales para quitarle a los criminales el control de ese territorio”, por lo que dijo que pudiera ser esa la causa, pero tampoco quiso identificar al grupo responsable que opera en esa zona.
Consultado por teléfono, el fiscal se quejó de que se “tergiversaron” sus declaraciones, en referencia al noticiero nocturno de Radio Fórmula a cargo de Carlos Loret de Mola, en el que se difundió la versión de que ya había detenidos sobre el caso.
“Tergiversaron todo. No hay detenidos. Eso es una mentira. Yo no dije eso. Yo dije que se está investigando y que aparentemente sabemos quiénes son, pero no hay nada”, subrayó el fiscal.
-¿Ese aparentemente qué implica concretamente, fiscal?
-Que no los tengo.
-¿Cómo van las investigaciones, entonces?
-Muy adelantadas, por eso dije aparentemente.
-¿Si aparentemente se sabe quiénes son los responsables, se conoce también cuáles fueron los móviles y a qué banda criminal pertenecen?
-Las investigaciones están en el sigilo correspondiente, y punto. Por eso te digo: se abren comillas, aparentemente -dijo prolongando la pronunciación de la palabra “aparentemente”.
-De acuerdo con ese “aparentemente”, ¿el asunto se va a resolver pronto?
-Siempre he tratado de resolver los asuntos rápido. Algunos se resuelven rápido y otros desafortunadamente no, pero los asuntos se resuelven conforme a derecho. Yo no he dicho absolutamente que ya tenemos detenidos.
-¿Fueron levantados y después asesinados como consecuencia del servicio que prestan?
-Los militares vinieron a hacer un curso a Pie de la Cuesta, no eran gentes que estuvieran asignados a alguna región de Guerrero.
-¿Fue circunstancial su muerte, entonces?
-Fue totalmente circunstancial.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró que también a él, el fiscal le confirmó que no hay detenidos y que las investigaciones siguen su curso, “y hasta el momento se tienen identificados quienes pudieran ser los responsables de los homicidios, pero por el sigilo que requiere esta investigación se tiene que mantener en absoluta discreción”.
El funcionario añadió que a él no le corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de los homicidios, “lo que te puedo decir es que no hay todavía detenidos por estos casos, la investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de información e inteligencia con la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Aclaró que el caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía del estado, dado que la PGR todavía no ha tomado la decisión de ejercer su facultad de atracción, “entonces hasta este momento las investigaciones corren bajo el mando de la Fiscalía del estado, pero con la coordinación y el intercambio de información que se tiene con la PGR”.
El vocero dijo que tienen conocimiento que en el asesinato de los dos militares “hubo extrema violencia en contra de los efectivos militares, no te puedo abundar sobre los detalles pero sí que en este caso tan lamentable se usó una violencia extrema”.
-¿Qué indica eso, qué mensaje se interpreta con eso? –se le preguntó al vocero.
-Más que dar una opinión en relación a esto, yo diría que el contexto en el que se llevaron a cabo estos hechos tan condenables, fue en una zona como la colonia Progreso, el mercado Central, el Tianguis Campesino, en donde hay presencia de grupos delictivos y ha habido una acción permanente y directa de las corporaciones, sobre todo federales, Ejército nacional, Marina, Policía Federal, Policía del Estado y Ministerial, y todos ellos han trabajado intensamente, palmo a palmo, para quitarle a los criminales el control de este territorio. Probablemente eso puede explicar lo que ocurrió cuando grupos criminales identificaron o se dieron cuenta de la presencia de estas personas y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y después las consecuencias que todos ya sabemos.
-Esto implica que se trata de la misma banda delictiva que ha venido cometiendo ilícitos y que según versiones controla la zona del mercado?
-A mí no me corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de estos homicidios, lo que te puedo decir es que todavía no hay detenidos por estos casos. La investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de inteligencia con la PGR.
-Hay versiones que aseguran que los cuerpos de los militares fueron encontrados uniformados, ¿cómo aseguran ustedes que no estaban en servicio y que era su día de asueto?
-Los soldados pertenecían a la brigada de paracaidistas. Estaban destacamentados en otra región militar, fuera de la entidad. Habían tomado un curso de actualización de la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta y les habían dado su franquicia para hacer sus actividades de carácter personal. No estaban uniformados, no estaban armados, vestían de civil y fueron al mercado seguramente a comprar productos de carácter personal, incluso algunos recuerdos para sus familias. Bajo este contexto fue que se encontraban en ese lugar, en donde hay mucha venta de artesanías y se encontraban allí en calidad de francos.
-Si no prestaban su servicio en la región, no estaban uniformados y no tenían permanencia en Guerrero, ¿cómo es que fueron ubicados e identificados por los delincuentes que los levantaron y después los asesinaron con extrema violencia?
-Esa pregunta hay que hacérsela a los grupos criminales. Ellos tienen su sistema de vigilancia, los halcones, y probablemente detectaron la presencia de personas sospechosas, que no eran locales, les llamó la atención y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y posteriormente cometer este ruin asesinato.
-¿Si ya se tienen identificados a los que cometieron el crimen, que indica, quiénes son?
-A mí no me corresponde decir quiénes pueden ser porque estaría yo violando la secrecía que se tiene que tener en estos delicados procesos de investigación. Lo que sí te puedo decir es que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del estado con la colaboración y el intercambio de información estratégica y de inteligencia de la PGR, y con la colaboración e intervención directa de todas las dependencia de carácter federal y estatal en materia de seguridad. Esto ha permitido que las investigaciones tengan un avance importante, que, obviamente, esperamos que se puedan completar con la detención de quienes pudieron ser los responsables.

Enfrenta Aguirre 32 observaciones de la ASF, informa el contralor del gobierno del estado

Además del caso de los 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también enfrenta 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fueron enviadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie el procedimiento de responsabilidades en su contra, informó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen
Consultado al término de la inauguración de la Feria Anticorrupción 2016 que se instaló en la alameda Granados Maldonado de la capital, Ramos del Carmen no quiso precisar, sin embargo, a cuánto ascienden los recursos no solventados por la administración aguirrista.
Añadió que la ASF también pidió a la dependencia estatal dar seguimiento a observaciones por recursos federales ejercidos por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Y mientras una fuente de la dependencia estatal confirmó que existe ya una demanda penal que presentó la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le dé seguimiento la Contraloría Estatal, cuyo documento está archivado en la Contraloría, Ramos del Carmen rechazó esa versión y sólo reconoció que da seguimiento a los procedimientos administrativos.
Aseguró que los procedimientos podrían derivar en sanciones, como la inhabilitación y el resarcimiento de los recursos no solventados, pero negó que existan ya demandas de carácter penal, como aseguró un funcionario de su misma dependencia, quien dijo que existe una demanda que está archivada, pero que el secretario no le ha dado seguimiento.
El sábado, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que existe un requerimiento del SAT al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos por concepto del ISR que el gobierno de Aguirre Rivero no pagó de la secretaría de Educación y Salud.
–¿Qué se está haciendo para resarcir el daño financiero provocado por esa situación? –se consultó al secretario.
–Nosotros estamos haciendo las auditorías. También como hay mucha inversión de recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están trabajando en lo mismo. De tal manera que tenemos ya bastante información de lo que hemos trabajado aquí en colaboración y coordinación con las dependencias que le acabo de mencionar.
–La ASF interpuso una demanda ante la PGR en contra de 11 ex gobernadores, entre ellos está Ángel Aguirre, ¿está notificado de eso? -consultó otro reportero.
–Nosotros no tenemos esa información, tenemos información de 32 asuntos que nos ha enviado (la ASF) y que nosotros le estamos dando seguimiento para el procedimiento de responsabilidades administrativas, porque nosotros somos competentes solamente para el área administrativa.
–¿De qué ejercicio fiscal?
–Hay 2013, 2014, 2015 y quizás 2012.
–¿Sólo responsabilidad administrativa, no existe demanda penal?
–Bueno, eso sí, pero tiene que mandarse la denuncia a otro lado, ahorita nosotros estamos en la etapa de lo que tenemos facultad que son las responsabilidades administrativas, que son las sanciones como la inhabilitación, el resarcimiento de lo que no se haya podido solventar.
El funcionario aclaró, sin embargo, que las observaciones de la ASF no solamente corresponden al periodo de Aguirre Rivero, sino también al periodo de Rogelio Ortega Martínez. “Los asuntos los tenemos ya en nuestras manos y vamos adelante”.
–Se supone que hubo un proceso de entrega-recepción. Han pasado once meses (de la actual administración) y todavía están en el procedimiento administrativo, cuando son reiterados los señalamientos públicos de que se encontraron adeudos al SAT o faltantes por créditos que se entregaron a trabajadores a quienes se les cobró pero no se reportó el dinero…
–Bueno, porque es resultado de una auditoría y de la fiscalización física y financiera cuando se trata de la construcción de obras.
–¿No se trata de solapamiento?, porque nada más se denuncia y en los hechos no pasa nada…
–No, lo que pasa es que para que se llegue a todo esto (la sanción), necesita integrarse el expediente perfectamente y tener todos los elementos, si no nos ganan los asuntos.
–¿Pero cuando será esto?
–Pues estamos en los juicios, ya pasó la etapa de solventación y ya va la cuestión de responsabilidad.
–Si ya las anteriores administraciones no solventaron, ¿qué va a proceder, se hará denuncia ante la Procuraduría…?
–No, están en nuestra etapa administrativa, resultado de auditorías que hemos hecho nosotros y la ASF. Nosotros vamos a fincar las responsabilidades.

Entregó ya al Congreso la auditoría a Felícitas Muñiz, informa Damián Peralta

 
El auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que entregó completa la auditoría que el Congreso local le requirió del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero aclaró que no fue una fiscalización especial sino ordinaria, con la que el Poder Legislativo puede trabajar en el juicio de revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez.
El auditor visitó el municipio el pasado 14 de julio y dijo que la información de su visita fue incluida en el informe de resultados que la AGE entregó al Congreso el 29 de septiembre.
El auditor comentó que el órgano fiscalizador está en un proceso de señalar observaciones del ejercicio fiscal 2015 a los entes  por presuntas irregularidades cometidas durante sus gobiernos el año pasado.
Explicó que después de las notificaciones, la AGE espera la documentación de los ex funcionarios para comprobar las observaciones.
Se le preguntó también por lo dicho el sábado por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, sobre el requerimiento de pago que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que durante 2013, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, las secretarías de Salud y Educación no pagaron.
Lo anterior lo confirmó ayer el contralor del gobierno estatal, Mario Ramos del Carmen, quien informó de 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones, principalmente en Salud y Educación, y en ese sentido el auditor explicó que la AGE se rige por procedimientos anuales, por lo que ahora trabaja en la fiscalización de 2015.
Sin embargo dijo que sí hay observaciones a pasadas administraciones, pero habló principalmente del 2015, de las que dijo que están entregando las notificaciones a los ex servidores públicos para que presenten la documentación comprobatoria, o de lo contrario se emitirán pliegos de observaciones y procedimientos resarcitorios.
El auditor comentó también que del ejercicio fiscal que revisa la Auditoría General del Estado (AGE) no ha presentado denuncias penales porque la cuenta publica fue entregada puntualmente después de las sanciones ejecutadas contra los funcionarios que han faltado a los tiempos que señala la ley.
Afirmó que de los casos de procesos de fiscalización que han llegado a denuncias penales contra ex servidores públicos, todos han presentado la información que les ha sido requerida.