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No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza

El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.

Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179

También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.

La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH

Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.

Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género

También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.

 

Gracias al Ejército, Guardia Nacional y Marina, Guerrero ya no es de los más violentos: Evelyn

 

Daniel Velázquez

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que el trabajo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina mantienen a Guerrero en octavo lugar en cuanto al número de homicidios dolosos, de acuerdo a la lista nacional sobre delitos ocurridos en el primer bimestre del 2023.
De acuerdo con un informe del Inegi de 2014, Guerrero fue ese año el estado más violento del país al registrar una tasa de homicidios de 63 personas por cada cien mil habitantes (El Sur, julio 24 de 2014).
La gobernadora encabezó este jueves la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual se realizó de manera virtual, con la participación de las autoridades de seguridad pública, castrenses y civiles.
En la reunión se informó de la llegada de mil 750 agentes, de la Guardia Nacional y “fuerzas especiales” del Ejército que se suman a los trabajos de combate a la inseguridad para atender las zonas de atención prioritaria en el estado.
En un boletín de prensa del gobierno del estado se retoma la información presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, quien presentó las gráficas de los delitos del fuero común por entidad federativa del periodo enero-febrero 2023. Ahí el estado de Guerrero ocupa el octavo lugar en homicidio doloso, “resultado de la estrategia integral implementada en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno”, se lee en el documento
En la reunión, la gobernadora hizo un reconocimiento por “el apoyo de las instituciones de seguridad estatales y federales como la Guardia Nacional, Ejército mexicano, así como de la Marina, que ha permitido mantener a Guerrero en el octavo lugar a nivel nacional en delito de homicidio dolosos, alejado de los primeros seis lugares por entidades que concentran el mayor número de delitos en todo el país durante el primer bimestre del 2023”.
En su cuenta de Facebook, la gobernadora informó: “también evaluamos y dimos seguimiento a las acciones puestas en marcha dentro del Operativo Vacacional de Semana Santa en coordinación con los tres niveles de gobierno, destacando la llegada de elementos de la Guardia Nacional en refuerzo a la seguridad en los últimos días de la presente temporada vacacional”.
“Revisamos la agenda estratégica de seguridad y delineamos objetivos para la pacificación de Gue-rrero.”.

El destino preferido

A mediodía la gobernadora realizó una trasmisión en vivo desde su oficina en el palacio de Gobierno mediante la red social Facebook en la que informó que en la primera semana de este periodo vacacional de Semana Santa, el estado recibió a 344 mil vacacionistas: “Guerrero, el hogar del sol sigue siendo el destino preferido por muchas y muchos mexicanos y extranjeros”.
La derrama económica estimada es de 2 mil 646 millones de pesos, y la ocupación hotelera promedio es del 75.7 por ciento.
Agradeció a los cuerpos de seguridad que estuvieron pendientes de la llegada de los vacacionistas, a la Guardia Nacional que cuidó la Autopista del Sol, la Marina, Se-cretaría de Seguridad Pública, Tránsito Protección Civil, Ángeles Verdes y Capufe: “gracias a ellos tuvimos una muy buena temporada”.
Salgado Pineda informó que el Air Show estará de regreso en Acapulco este año. La última vez que los aviones hicieron un espectáculo aéreo en la ciudad fue en 2018. Dijo que “ya esta casi casi confirmado”, pues los acuerdos con los promotores de este espectáculo están al 98 por ciento.
Luego, el secretario de Turismo Santos Ramírez detalló que Acapulco, durante la primera semana del periodo recibió 270 mil turistas, a Ixtapa acudieron 64 mil y a Taxco 10 mil paseantes.
Agregó que en mayo habrá muchas convenciones y que los conciertos que ofrecer cantantes en Acapulco también son un indicador de la afluencia de visitantes porque algunos que se desarrollaron en la Semana Santa estuvieron llenos.
Llamó a los prestadores de servicios turísticos a dar lo mejor a los visitantes para asegurar el regreso de los vacacionistas.

Protocolo violeta

La gobernadora invitó a las mujeres a descargar en sus teléfonos celulares la aplicación Protocolo Violeta, una “es una herramienta que ponemos al alcance de niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses”.
La aplicación está disponible para iPhone y Android, donde usuarios hombres y mujeres registran sus datos. Cuenta con un botón de pánico, el cual servirá para rastrear la ubicación en tiempo real de la persona que lleva el teléfono.
En su intervención, el secretario técnico de la gobernadora, Pablo André Gordillo Oliveros, informó que unas mil 500 personas han descargado la aplicación y adelantó que para una próxima actualización se integrará el servicio de transporte público.
Gordillo Oliveros informó que siguen sin ser localizadas 15 mujeres reportadas como desaparecidas. Indicó que de 238 reportes de mujeres desaparecidas han sido localizadas 223 mujeres, lo cual “son muy buenos números”. No especificó a qué periodo corresponden los 238 reportes, sólo que el corte es al 10 de abril.
De las mujeres pendientes de localizar tres son competencia del gobierno del estado, y 12 corresponden a la Fiscalía General del Estado.
Abundó que es una de las entidades que mejores resultados tiene en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas.
En el Transporte Violeta Gordillo indicó que el servicio del Acabús y los 60 taxis preferentes “funcionan muy bien”. Informó que este fin de semana se aplicarán los exámenes de control de confianza a los transportistas, que incluyen examen toxicológico y sicológico
La gobernadora agradeció a la Fiscalía estatal, al Ejército, la Marina, la Secretaría de la Mujer, Seguridad Pública y transportistas por su apoyo para el desarrollo de acciones con el Protocolo Violeta.

 

Ya entregó la ASF el informe sobre la demolición de la biblioteca del Congreso: Paris

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal.
Consultado en el auditorio Sentimientos de la Nación sobre alguna intervención de la dependencia en este proceso, aclaró que no lo revisó, sólo tuvo la información de que la ASF hizo la Auditoría y ya remitió el informe con recomendaciones.
Con este documento se determinaría si existen responsabilidades de personas o instituciones por la demolición del edificio del Congreso local, que en el presupuesto de egresos del estado hace dos años sólo señalaba una inversión de rehabilitación.
En el tema de las auditorias estatales, informó que le ASE cumplirá en tiempo y forma el 17 de febrero, con la entrega 139 informes individuales y general de las cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció que está trabajando a marchas forzadas por el fuerte rezago que dejó la anterior administración; sin embargo, confió en que cumplirán con la obligación de entregar de manera profesional y conforme a la ley.
Recordó que tomó el cargo el 12 de septiembre de 2022, y le tocó entregar el segundo bloque de informes de la cuenta pública de municipios, poderes del estado, organismos públicos descentralizados y auditorías de desempeño. El próximo 17 de febrero es el plazo de entrega del tercer bloque.
Señaló que quedó mucho por hacer con 153 entes fiscalizables en la anterior administración, cubierta por auditores especiales debido al retraso del nombramiento del titular de la ASE, desde julio de 2021 que salió el anterior.
Añadió que hay procedimientos administrativos contra funcionarios que ya se fueron, y que habrá de resolver el Tribunal Administrativo de lo Contencioso.

 

Destaca el Laboratorio de Diagnóstico de la UAG apoyo en la detección de Covid

Alumnas de Biotecnología de la UAG piden maestros y laboratorios en el informe de labores del director de la Facultad de Ciencias Químico Biológica, Óscar del Moral Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En su informe de labores, el director de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Oscar del Moral Hernández, destacó la contribución del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud, el cual ha realizado más 16 mil pruebas para detectar el Covid-19.
Luego de una hora y 40 minutos de retraso de la hora citada, por esperar a que llegara el ex rector Javier Saldaña Almazán, el director rindió su informe en la explanada de la facultad ubicada en Ciudad Universitaria Sur, en Chilpancingo.
Oscar del Moral Hernández dijo: “experiencia y juventud, unidos por la excelencia académica, fue el estandarte principal al encabezar este proyecto para dirigir la dirección de nuestra Facultad en el 2018. Hoy a cuatro del inicio de esta grande y honrosa responsabilidad, hemos demostrado que, con unidad, inclusión y una perspectiva actual, podemos seguir edificando este gran pilar que significa la Facultad de Ciencias Químico Biológicas para la Gloriosa Universidad Autónoma de Guerrero”.
Recordó que en marzo del 2020 el mundo dio una pausa total, “inesperada y sorprendente que nos demostró que nuestra realidad puede cambiar de un momento a otro”.
Dijo que la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 que provoca la enfermedad del Covid-19, cambió la perspectiva de la salud pública, y les dio una nueva visión de la prevención de enfermedades y su atención oportuna.
El 17 de marzo del 2020 se anunció la suspensión total de toda actividad educativa presencial, de manera inmediata, un día después formaron parte del Consejo Universitario de Salud, donde un grupo interdisciplinario acordaron las acciones que realizarían para ayudar a combatir la pandemia aprovechando el potencial humano, científico y tecnológico de la universidad.
El director de la facultad destacó que durante los dos años de funcionamiento del laboratorio, han realizado más de 16 mil pruebas, 7 mil 840 positivas y 8 mil 160 negativas.
Además, consiguieron adaptar una prueba ELISA, que usan para detectar anticuerpos después de contagiarse del SARS-COV-2 y sobre todo, para conocer la efectividad de las vacunas para crear anticuerpos especializados.
“Otro logro fue obtener la tecnología especializada para identificar las variantes del SARS-COV-2 a través de un secuenciador de alta especialidad, esto nos ha permitido identificar las variantes que han circulado en Guerrero, entre ellas Delta, Gama, Alfa, Delta y Ómicron”.
Oscar del Moral dijo que durante su periodo, lograron hacer obras de infraestructura esenciales para el funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas y científicas.
También externó que como muestra de su gran compromiso social lo ha dado la doctora Patricia Ávila Caballero, quien formó parte esencial en la pandemia al no dejar de trabajar en la elaboración del gel antibacterial con una producción de más de 50 toneladas.
El laboratorio pasará a una nueva etapa, será reconvertido a un nuevo laboratorio de diagnóstico especializado y como laboratorio de referencia, que dará servicios de calidad a toda la sociedad y especialmente a la comunidad universitaria, informó el director.
En su participación, Berenice Illades Aguiar en representación del Labdis, indicó que la facultad está por cumplir 60 años, y que fue una de las primeras escuelas formadas en la universidad.
Externó que luego de la pandemia crearon el laboratorio para el beneficio de la población para la detención del virus. Agradeció a todos los que han contribuido para el mejoramiento de la institución. Después le otorgaron un reconocimiento por las aportaciones que ha dado a la universidad.
En el lugar siete alumnos portaron pancartas en las que apoyaban al ex rector Javier Saldaña, asimismo, coreaban JSA.
En su participación, Saldaña Almazán, reconoció el trabajo del director de Ciencias Químicas, “lástima que yo no voto aquí, sino votaría para que te reeligieras”.
Dijo que la facultad es una de las mejores del país, “ustedes son nuestro orgullo, felicitarnos porque tenemos una gran universidad que ha sido posible gracias al trabajo de todos”.
El ex rector pidió a los universitarios seguir trabajando al lado del rector José Alfresdo Romero Olea, “ayer (miércoles) una situación que estuvo fuera tanto del rector como del área de infraestructura, a veces los muchachos pintan y pues lamentablemente quitaron los murales”.
Consideró que la institución es la universidad del pueblo, y “tanto que queremos y respetamos el arte que se creó la escuela de Artes en la Universidad y se le ha dado impulso a los artistas, y cualquier error se puede cometer, pero tampoco podemos decir que fue voluntario, el rector es una gente comprometida con el arte y pasan estas cosas, un descuido de los de obra, es importante aclarar eso, a cualquiera les suele pasar”.

Exigen abrir el laboratorio de biotecnología

En el informe alumnas de la facultad de la licenciatura de Biotecnología, portaron pancartas y pegaron algunas en los barandales de la escuela para exigir docentes y un laboratorio.
En declaraciones, las alumnas pidieron omitir sus nombres e informaron que requieran 15 maestros, “tenemos docentes muy buenos”, pero requieren biotecnólogos, no solo para entender la materia sino el estilo de vida de uno de ellos.
Detallaron que los docentes que les imparten las clases son ingenieros químicos, pero no tienen ese enfoque de biotecnología.
Denunciaron que hay un edificio que tiene laboratorios y que están equipados, por lo que pidieron al director y al rector que los habiliten específicamente para su licenciatura.
Compararon que los laboratorios de la licenciatura Químico Biólogo Parasitólogo (QBP) no son los mismos que de Biotecnología, ya que son carreras diferentes y ocupan otros equipos.
Las alumnas manifestaron que la carrera fue creada hace siete años. Además, consideraron que se debe de habilitar el laboratorio, porque incluso cuentan con los equipos los cuales se están quedando obsoletos.
Dijeron que desconocen el motivo por el cual no se abre el laboratorio. Agregaron que si lo habilitaran les serviría para su mejoramiento académico y laboral.

 

Toman padres y maestros una escuela en Buenavista de Cuéllar; exigen que el director dé cuentas

Padres de familia y maestros de la primaria Abraham Castellanos, en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar, tomaron la institución a partir de la mañana de este lunes, para exigir la destitución del director Édgar Ulises Martínez Gutiérrez, por el presunto desvío de recursos y la falta de entrega de un informe del dinero que se obtiene a través de la cooperativa escolar.
Vía telefónica, el presidente del comité de padres de familia, Héctor Gutiérrez Martínez, denunció que desde hace cuatro años el director de la escuela no les ha entregado un informe financiero, ni de los recursos recaudados a través de la cooperativa escolar.
En el caso también se ve implicada una maestra, de nombre Alma Delia Díaz Martínez, quien es la encargada de manejar el dinero de la cooperativa y a su vez lo entrega al director.
Asimismo, denunció un desfalco de 50 mil pesos por el supuesto robo de dos cheques, sin que el director de la escuela haya presentado a los padres de familia alguna denuncia hecha por el presunto hurto.
Advirtió que la toma de la escuela será por tiempo indefinido, hasta que las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) hagan caso a sus demandas. No descartó extender su protesta con el bloqueo de la autopista Iguala-Cuernavaca, en esa cabecera municipal, en caso de que las autoridades hagan caso omiso.
El cierre de la escuela dejó sin clases a los más de 300 alumnos del turno matutino, pero los padres de familia liberaron la escuela, para permitir las clases de los alumnos del turno vespertino, ya que en ese horario hay otro director.
El padre de familia denunció que ya entregaron oficios de su petición de una auditoría a la contraloría interna de la SEG, desde diciembre, sin embargo han hecho caso omiso.
En la reja principal de entrada a la escuela colocaron cartulinas con textos de sus exigencias: “Cuentas claras de la cooperativa” y “fuera director Ulises”. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Exigen padres que se informe sobre 100 mil pesos que le dieron a una primaria en El Coloso por los sismos

Padres de familia de la primaria Hermandad México-Israel, ubicada en la unidad habitacional El Coloso en Acapulco, exigen al director de la escuela, José Ramón Cuevas Encarnación, que les entregue cuentas de los 100 mil pesos que llegaron de apoyo para la escuela por los sismos de septiembre, así como del dinero de la cooperativa y las kermes.
El comité de padres de familia de la escuela advirtió que si no hay una respuesta, van a cerrar nuevamente la escuela y pondrán una denuncia en el Ministerio Público, pues desde febrero se está pidiendo la información de en qué se ha gastado ese dinero.
La presidenta del comité, María de Jesús Pastor Ortiz, indicó que ya tienen mucho tiempo con esos problemas, debido al manejo del dinero porque “ha habido desvíos”.
Informó que el comité de padres del ciclo escolar pasado, que encabezó Wendolin Belén Clavel Aguilar, no entregó cuentas de las cuotas que dieron y hay una pérdida de 44 mil pesos. La “señora nada más dijo que se utilizó para apoyar al director, que fue secuestrado”.
Agregó que también piden informes de los 100 mil pesos que hicieron llegar a las escuelas por los sismos, al director José Ramón Cuevas Encarnación, que ya le pidieron desde febrero; así come que les haga un desglose de lo que gastó y en qué, pero no ha dicho nada a los padres de familia.
Informó que los padres de familia pagan una cuota de 200 pesos y que hay 400 alumnos, ese dinero entra cada año y no hay reportes. Pero además, el dinero que entra de las cooperativas, alrededor de 500 pesos diarios, tampoco se da cuenta de ellos y además están los 50 pesos que entregan para la kermés, para tener dinero para los festejos del Día de la Madre y otros.
Indicó la presidenta del comité que ya están cansados de que “nunca nos den cuentas claras, es mucho lo que maneja el director”. Informó que el viernes van a tener una reunión con las autoridades y si no dan respuesta, van a tomar nuevamente la escuela. (Karina Contreras).

 

Apoya la CIDH el fallo para crear una Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, el organismo de la OEA afirma que al gobierno de Peña Nieto le falta interés para saber la verdad del paradero de los 43 desaparecidos. Plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación, persecuciones y sentencias de los responsables. Pide determinar el grado de participación del Ejército, la Policía Federal, las municipales y estatales en los hechos. La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, calificó el relator Luis Vargas Silva

Apro, Agencia Reforma y EFE

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
En especial, la CIDH se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa ydesmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la frase del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Apoya la CIDH fallo del tribunal que ordena una comisión de la verdad para Ayotzinapa

 

Los comisionados Paulo Abrao, Esmeralda Arosemena y Margarette May Macaulay en la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa, ayer en Washington Foto: Agencia Reforma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó ayer que falta interés del gobierno de Enrique Peña Nieto en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, plantea la exigencia de que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
Instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 en su informe sobre el seguimiento del caso. “Es importante determinar el grado de participación de la Policía federal en los hechos, así como del Ejército, las policías municipales (…) y estatales”, dice el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, auspiciado por la propia CIDH, que presentó sus conclusiones y recomendaciones en julio de 2016), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
El organismo autónomo de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó la PGR sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de 31 páginas de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, en el que concluye que a pesar de avances en el análisis de telefonía, el uso de nueva tecnología y algunas detenciones, el paradero de los estudiantes es aún desconocido.
“La Comisión concluye que persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, apunta el informe tras casi 2 años de evaluación.
El informe de la CIDH llega sólo unos días después que un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la creación de un Comisión de la Verdad con participación de los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En especial, la CIDH se unió y saludo el fallo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, dijo Vargas Silva.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abr?o, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes, indicó Abr?o.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el ex funcionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

 

Bloquean padres una avenida en Acapulco; exigen que ex directora de un kínder regrese 5 mil pesos

Padres de familia del jardín de niños Miguel Ángel Quevedo, de la colonia Ampliación Los Lirios, bloquearon por una hora la carretera federal en la colonia Benito Juárez, para exigir que la ex directora Erika Rubí Peralta les regrese 5 mil 424 pesos, que tenía ahorrado el grupo de tercer grado A.
Los manifestantes llevaron pancartas, donde se leía: “Exigimos la presencia de la maestra Erika Rubí Peralta y que nos rinda cuentas al grupo 3 grado A” y “cuentas claras de la maestra Erika, que dé la cara”.
Al lugar llegó el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda, quien se comprometió a que hoy se reunirán con la ex directora, para que entregue cuentas a los padres.
La señora Lucía Ortiz informó que el bloqueo fue para exigir la presencia de la ex directora Erika Rubí Peralta, para “que nos venga a dar una rendición de cuentas al grupo de 3 año A”. Explicó que la maestra ya no está en la escuela, porque los mismos padres de familia pidieron su destitución, porque es “prepotente y altanera”, pero se fue con la cantidad de 5 mil 424 pesos y que la supervisora Rosa Isabel Miranda, según rindió cuentas, pero “con facturas que no correspondían y dijo que no podía responder por lo que no había hecho”.
Indicó que por eso exigen la presencia de la ex directora y la supervisora, quien les contestó que no podía ser, porque estaba en proceso jurídico y no podía obligarla a ir al jardín, cuando ellas la han visto en las instalaciones.
Indicó que piden al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, que les dé una solución, pues ese dinero es de las cooperaciones que han dado como padres de familia, entre ellos, 600 pesos de la cuota de inscripción y ahora que van a salir los hijos necesitan ese dinero para comprar las cosas que necesitan para la clausura.
Además, indicó que tienen también el problema de la falta de la maestra, porque la que había también se fue porque agredió a un niño y ahora 21 niños no tienen labores. Los padres de familia se quitaron del bloqueo, con la advertencia de que si no les dan solución hoy, volverán a bloquear la avenida.

 

Hay motivos políticos detrás de las protestas por el ISR, asegura el rector de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, responsabilizó de las protestas en contra de la aplicación del Impuesto Sobre Renta (ISR) a las prestaciones de los trabajadores, a “intereses políticos” de algunos universitarios, de los que omitió nombres.
Saldaña Almazán acudió a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para entregar la Cuenta Pública 2017 de la UAG. Contrario a años pasados, la institución presentó los documentos necesarios en tiempo y forma, sin necesidad de pedir una prórroga. De acuerdo con el rector, los universitarios trabajaron de manera ardua un mes para poder cumplir con este requerimiento, que es parte de la transparencia a la que están sujetas las instituciones públicas.
Los resultados de la revisión correspondiente podrían darse a conocer en abril próximo y según Saldaña Almazán, en caso de que la ASE haga observaciones a la UAG, se tomarán las medidas correspondientes para garantizar el buen manejo de los recursos que llegan a la máxima casa de estudios, también para que las instituciones que aportan financiamiento, para obras y proyectos de investigación, “tengan la seguridad” de que éste se ejerce de manera correcta.
Consultado respecto de las protestas de integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STAUAG y STTAISUAG, respectivamente), Saldaña Almazán recordó que ya había declarado que el ISR aún no se aplicará a las prestaciones de los universitarios, además de que está en constante diálogo con los dirigentes de ambas organizaciones, Ofelio Martínez Llanes y Brenda Alicia Alcaraz González, con quienes formó comisiones bipartitas para analizar la situación, ya que cada una cuenta con prestaciones particulares.
Añadió que motivó a los dirigentes de los sindicatos a contratar los servicios de un experto en la materia, para buscar soluciones que permitan beneficiar y no afectar a los trabajadores. También trabajarán juntos para elaborar un programa compensatorio ante la aplicación del ISR.
Expresó que los quienes protestaron fueron “muy poquitos, los mismo que han estado con sus intereses”, dijo que “cuando esto se complique” se comunicará con los universitarios mediante boletines y conferencias de prensa, o bien, en sus redes sociales. Mientras tanto, pidió que “no hagan caso a la gente que esté queriendo causar problemas o divisiones de manera interna”.
Declaró que la Universidad ha tenido problemas fuertes en 1984 “más atrás”, pero los afrontó y está pagando los impuestos que le corresponden, esto lo dio a conocer para que no se piense que hay una mala aplicación o mal manejo de los recursos.
Por otro lado, informó que las autoridades correspondientes están citando de manera particular a académicos de la universidad para revisar sus impuestos y que éstos se estén aplicando de la manera debida por la Administración Central. Puntualizó que los maestros son elegidos al azar, pero todos comparten la característica de tener “un salario importante”, superior a los 400 mil pesos anuales.
Aseguró que con los ajustes a la aplicación del ISR, los universitarios, principalmente agremiados al STTAISUAG, serán beneficiados y del programa compensatorio. Contó que éste ya se había propuesto en 2016, con apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores, pero “se opusieron algunos y esos algunos ahora otra vez andan gallitos, tomando la iniciativa y gracias a ellos no estamos recibiendo esta compensación”.
También admitió que los sindicatos y la Rectoría no lograron elaborar el programa correspondiente, “en el corto tiempo” que las autoridades les dieron para hacerlo; sin embargo, dijo que tocará las puertas necesarias para garantizar la estabilidad de los trabajadores de la UAG.