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Firman CRAC-PC, INPI y gobierno estatal convenio para prevenir violencia hacia mujeres

Emiliano Tizapa Lucena

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n, Rau?l de Jesu?s, el delegado del INPI, Manuel Va?zquez y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino en la firma del convenio Foto: Jessica Torres Barrera

Chilpancingo

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), firmaron con la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el gobierno del estado, un convenio para difundir, capacitar, aplicar su reglamento y prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzado.
Ayer se firmó el convenio en las instalaciones del INPI, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, donde la secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, agradeció a la CRAC por establecer un diálogo para alcanzar fines comunes como son la prevención de las violencias hacia la mujer y el matrimonio en uniones tempranas de niños.
Comentó que el gobierno estatal busca alianzas con la federación, los gobiernos municipales y con la CRAC, esta última una organización con influencia desde hace muchos años en los pueblos de la Costa Chica y la Montaña. Afirmó que desde el año pasado se desarrolla la estrategia integral para el bienestar y la justicia de las mujeres y las niñas en nueve municipios y en 24 localidades de esas regiones.
Aseguró que juntos avanzarán en el proceso de sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres y de las niñas, y celebró que las reformas al reglamento de la CRAC, entre ellas el castigo a la venta de menores y al matrimonio forzado. “Ya en sí es un paso trascendental” que debe difundirse y dársele la importancia, porque significa una voluntad clara y expresa de la CRAC para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, aseguró que hace un año se implementó un proyecto para fortalecer, construir y adecuar el reglamento interno de la CRAC, y destacó que el INPI ha sido muy respetuoso de las actividades organizativas de la organización comunitaria.
Dijo que el año pasado la CRAC trabajó en la prevención de la violencia de las mujeres indígenas en las comunidades donde tienen jurisdicción y aplican su sistema comunitario, así como la prevención del matrimonio infantil, por lo que los comisarios municipales le planteraron junto a los coordinadores la continuidad del proyecto para la difusión, capacitación, prevención y la aplicación del reglamento.
Expuso que el apoyo será económico, aunque no precisó la cantidad, pero manifestó que la CRAC administrará el recurso, por lo que pidió les ayuden a transparentarlo, y se aplique para lo que se destinó.
El vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raul de Jesús Cabrera, agradeció que por segundo año consecutivo el INPI apoye a la CRAC con un nuevo proyecto.
Precisó que en 2022 el apoyo del INPI sirvió para la modificación de 18 artículos de su reglamento interno, del que destacó la prohibición de venta de menores o matrimonios forzados, que lograron con 10 reuniones y recorriendo las cinco Casas de Justicia: Zitlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas-Caxitepec, El Paraíso y San Luis Acatlán.
Dijo que este año la idea es difundir, capacitar, y la aplicación del reglamento interno, para prevenir el matrimonio forzado, su objetivo, destacó, será tener 15 reuniones, recorrer y capacitar todas las autoridades y las comunidades, consensuar, y esperan que en octubre próximo, cuando cumpla 28 años la organización, presenten el proyecto y entreguen todos los resultados.
Al concluir la firma, en declaraciones a El Sur, Raúl de Jesús Cabrera, añadió que el reglamento interno de la CRAC indica que se aplicará un castigo de 15 años de reeducación a quienes realicen venta de menores o matrimonios forzados.
Expuso que los reglamentos ya se entregaron a las autoridades de todas las comisarías que pertenecen al sistema comunitario, a los consejeros y los comandantes, y la idea es explicar el contenido, por eso las reuniones serán abiertas para toda la comunidad, además de que tendrán en una versión digital que difundirán.
Añadió que después de que en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de la niña Angélica, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Cochoapa de Grande, luego de que sus suegros exigían que sus padres devolvieran el dinero, pues la habían vendido a los 11 años para forzarla al matrimonio, “hasta la fecha no se han presentado situaciones iguales, eso no quiere decir que se haya acabado, quiero pensar que existe el temor de los delitos que se está contemplando”.

La Semujer llevará información a las reuniones de la CRAC sobre derechos de mujeres y niñas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera, informó que la Secretaría de la Mujer (Semujer) llevará información sobre los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a las reuniones que prepara la institución comunitaria, sobre la aplicación e implementación del reglamento interno, con un proyecto apoyado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En consulta telefónica, aclaró que la última modificación del reglamento tiene varios puntos, entre ellos, la prohibición y sanciones de las partes que intervienen en las uniones tempranas, para evitar que otro caso se salga de control, como el de la policía comunitaria de Dos Ríos, que detuvo en 2021 a la niña Angélica, víctima de matrimonio forzado en Cochoapa el Grande.
Recordó que la institución de los pueblos fue muy golpeada por el error de los comandantes, por eso reforzaron su reglamento interno, para establecer sanciones a quien entregue y a quien reciba dinero por un acuerdo matrimonial.
Explicó que en una reunión, este lunes en la casa matriz de San Luis Acatlán, con los coordinadores de las casas justicia de Espino Blanco, del municipio de Malinaltepec; El Paraíso, del municipio de Ayutla y Caxitepec-Las Juntas, perteneciente al municipio de Acatepec, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, explicó la estrategia integral para la justicia y el bienestar de las mujeres y las niñas, que se busca implementar en seis municipios de la Montaña y tres de Costa Chica.
Informó que el acuerdo unánime de los coordinadores fue coadyuvar con estas acciones de gobierno, en sinergia con los talleres que prepara la institución comunitaria. Además, la funcionaria se comprometió con llevar la información, si es necesario, a otras comunidades que señalen las autoridades de la CRAC y de los ayuntamientos de las regiones.
El vocero de la coordinadora indicó que es la segunda reunión que se realiza con Pino Girón, para organizar esta capacitación. Estuvieron también el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernandez Martínez, y representantes de Atlamajalcingo del Monte.
Todos los actores coincidieron en la importancia de informar a las autoridades de la CRAC para combatir los matrimonios forzados, indicó.
Precisó que la CRAC aún está elaborando el programa de reuniones de capacitación, de unas dos horas, para que los comisarios tengan tiempo de exponer también los asuntos pendientes en sus pueblos. “Ya estamos preparando el calendario, para ir avanzando en las reuniones. Primero, en Zitlaltepec por los tiempos de lluvia, que ya tenemos encima, en las partes más lejanas”.
En tanto, adelantó que la Secretaría de la Mujer ya llevó la capacitación a la casa de justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, que no está entre los nueve municipios de la estrategia, pero es importante que los conozcan, en caso de que un hecho de esta naturaleza ocurriera en sus comunidades.
Este sábado, estará con comisarios de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que sí está en la lista de atención del gobierno estatal.
Sobre la niña Angélica, recordó que los comandantes fueron detenidos por la coordinadora y se les ordenó dar una reparación del daño, pero la familia de la niña y otra mujer agraviada, están divididos y no han llegado a un acuerdo.
Añadió que en la primera reunión con Piño Girón le pidieron información sobre el seguimiento del caso, que tampoco avanza por asuntos externos al gobierno.

Abren un comedor la UPN y el INPI en Tlapa para becar a 78 universitarios de la Montaña

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) abrieron un comedor universitario para becar con la alimentación a 78 estudiantes indígenas, provenientes de los municipios de la Montaña.
Explicaron que el comedor universitario llevará el nombre del docente y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, por ser el pionero y fundador de la carrera licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, adscrito a la UPN-Ajusco de Ciudad de México.
La directora de la universidad, María Luisa Santiago Jiménez, dio la bienvenida a las autoridades presentes y dijo a los estudiantes que el comedor representa una oportunidad para que los jóvenes ya no se preocupen por lo que van a comer y que se dediquen a estudiar, porque el almuerzo y la comida ya estaba garantizada.
Dijo que el comedor llevará el nombre de Abel Barrera porque fue el proyecto original, es para reconocerlo como docente que ha contribuido con la educación y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, aunque en lo administrativo tuvieron que registrarlo como Códice Azoyú.
En su turno, Abel Barrera explicó que la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral es un modelo educativo distinto y único al tecnológico o escuelas de media superior, como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) 178 o el Centro de Estudios de Bachillerato (Cbach) 7/2 Ignacio Comonfort Ríos, y la Preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Porque es una escuela que educa a los futuros profesionistas y a valorar la sabiduría de sus ancestros, que el compromiso que tiene es regresar a sus comunidades para asesorarlos, para servir al pueblo, no para aprovecharse.
Recordó que para la aprobación de la universidad fue a base de una lucha que se hizo en conjunto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), de marchar constantes para que les construyeran sus edificios.
Incluso hasta por recomendación del entonteces relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en la UPN-Ajusco.
Dijo que la apertura del comedor lo estaban esperando desde hace dos años, porque se tiene garantizar la educación de los estudiantes indígenas.
Se quejó de que en este gobierno, de Evelyn Salgado Pineda, la UPN no ha recibido ni un centavo, no reciben por parte del estado ni un presupuesto, se ha ido sosteniendo con el pago de las inscripciones de los estudiantes.
La presidente estudiantil, Emilia Ramírez Luna, proveniente de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, dijo que ese apoyo les va servir mucho porque en su mayoría viene de pueblos que apenas les alcanza para pagar la rentas, que eso ayudará a que no deserten y culminen su carrera universitaria.
El delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero, explicó que las becas son para 78 estudiantes, pero el próximo año hará lo posible para incrementar para 100 becas, porque ya hay un expediente, siempre y cuando la escuela los renueve.
Agregó que el personal del INPI estará verificando que funcione y el recurso destinado sea para lo que es, con total transparencia.
Advirtió a los alumnos que si no cumplen con la normatividad ese comedor se puede mover a otra escuela. Los conminó a que lo aprovechen, para que las próximas generaciones puedan gozar de esos beneficios.
El evento se desarrolló en el auditorio del plantel y también estuvo el subsecretario de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Panfilo Sánchez Almazán, docentes y cerca de 80 alumnos.

Cierra el INPI la Casa del Niño Indígena en Huitzuco que albergaba a 50 nahuas del Alto Balsas, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, Martiniano Calixto Álvarez, denunció ayer que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cerró sin explicación alguna desde octubre pasado, la Casa del Niño Indígena en la que se daba albergue y alimentación a 50 niños nahuas de pueblos de la zona del Alto Balsas.
En declaraciones por teléfono, Calixto Álvarez explicó que las instalaciones “están muy bonitas” y que apenas se terminaron de construir en el 2018 pero que desde octubre pasado se cerraron y ahora los niños a quienes les daban albergue, tienen que caminar desde sus comunidades para ir a la escuela a ese pueblo.
Informó que la mayoría de los menores nahuas son de Ahuetlixpa y de San Miguel Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan.
Informó que después de que se cerraron las instalaciones del albergue, los padres de los menores “se quejan porque dicen que están gastando hasta 150 pesos diarios para que sus hijos vayan a la escuela porque tienen que pagar la alimentación de sus hijos y cuando menos un pasaje.
Calixto Álvarez, aseguró que la delegación del INPI no les dio ninguna explicación del por qué el cierre.
“Hace un mes fuimos a la delegación del INPI a hablar con Manuel Vázquez (el delegado) y nos dijo que en ocho días visitaría la comunidad para reunirse con los habitantes y darles una explicación, pero no cumplió”, dijo el ex comisariado.
Añadió que desde entonces le han hablado por teléfono pero no les contesta, e incluso lo han buscado “a través de amigos para que les sirvan de enlace y se resuelva su demanda de que se reabra la casa, pero no le da importancia a este caso”.
Recordó que estos internados hicieron historia y que funcionan desde hace muchos años; “antes eran internados, después se convirtieron en casas del Niño Indígena; uno se fundó en San Francisco Ozomatlán, y los otros en San Agustín Oapan, San Juan Totolzintla y Xalitla, pero ya todos se cerraron y desde octubre cerró el de San Francisco Ozomatlán.
El ex comisariado de Bienes Comunales, Calixto Álvarez, explicó que se siente mal porque fue él quien gestionó la construcción de la Casa del Niño en esa comunidad.
“Está muy bonita pero se va a cerrar y no sabemos por qué y para que se van a destinar las instalaciones”, dijo Calixto Álvarez.
Advirtió que a diferencia de las otras comunidades en donde ya se cerraron las casas, en San Francisco Ozomatlán no lo van a permitir.
“Estamos acordando las acciones que vamos a tomar”, advirtió, y añadió que el fin de semana pasado se reunieron y acordaron que no van a dejar sacar los muebles, “porque de las otras casas se están llevando los muebles, quien sabe para dónde o con qué fin”.
Advirtió que esa será la primera acción que van a realizar; impedir que saquen los muebles, “porque nomás llegan y se los llevan, y no se vale, debe haber una explicación de las autoridades”.
Insistió que por eso están pidiendo que vaya el delegado del INPI a darles una explicación “y a decirnos por qué se están cerrando estas casas del Niño”.
Aseguró. “Nosotros seguimos el protocolo de respeto; fuimos a su oficina a explicarle por qué, y la razón de nuestra inconformidad, le pedimos que venga al pueblo y le explique a la gente y que se investigue si no está funcionando bien o qué hace falta”.
Informó que hasta el año pasado las instalaciones albergaban 50 niños pero que a partir de este año la matricula se redujo a 45 y que tampoco hubo una explicación.
“Queremos una investigación, si la directora o los trabajadores no cumplen con su función que los cambien y que manden a otros, pero que no cierren las instalaciones sin ninguna explicación”, insistió la ex autoridad agraria.
Explicó que en este albergue el servicio que recibían los niños eran de alimentación y alojamiento para que no tuvieran que trasladarse todos los días desde sus comunidades hasta la escuela donde estudian, pero que a raíz de que se cerró en octubre, tienen que trasladarse desde sus comunidades para ir a la escuela a San Francisco Ozomatlán.
Informó que la Casa del Niño se terminó de construir en el 2018 y que no saben para qué utilizarán las instalaciones si ya no van a tener esa función.

Promueven INPI, SAICA y diputados el catálogo de pueblos indígenas y afros

El delegado en Guerrero del INPI Manuel Vázquez Quintero en la reunión con autoridades municipales en la cancha de basquetbol de la colonia Burócratas Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante en Guerrero del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas (Saica) del gobierno estatal, Reyna Mejía Morales, y diputados locales, se reunieron con presidentes municipales de la Costa Chica, Montaña y de la zona Centro, para promover la elaboración del catálogo nacional de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El registro comenzó a elaborarse en septiembre y termina el 23 de diciembre.
La reunión se realizó en una cancha techada ubicada frente a las oficinas del INPI en la colonia Burócratas, en la que estuvieron las diputadas de Morena Marben de la Cruz Santiago, Beatriz Mojica Morgan, y del PRD Ociel García Trujillo, así como el director de Asuntos Internacionales del INPI, Marcos Matías Alonso.
Aunque la convocatoria fue para todos los presidentes municipales que tienen pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos, asistieron únicamente nueve y unos 20 enviaron representantes.
Vázquez Quintero informó que el catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se elabora a raíz de que el 22 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandató al INPI iniciarlo.
Explicó que el objetivo es registrar cuántas comunidades indígenas y afromexicanas hay en el país, y en este caso en Guerrero, “para identificar cuántos pueblos afromexicanos, Ñu savi, Me phaa, Ñomdaa y Nahua tenemos”.
Informó que en el 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, van a informar cuántas comunidades indígenas y aformexicanas hay en el país.
“Lo que se pretende es registrar e identificar a las comunidades para que posteriormente sean beneficiadas con los programas no sólo del gobierno federal, sino del gobiernos estatal y los municipales”.
Añadió que se sabe el porcentaje aproximado de la población indígenas, pero no de las comunidades.
Dijo que actualmente ni siquiera el INE y el IEPC cuentan con un catálogo que las specifique.

Argumentó que esto impide otorgar apoyos o beneficios por condición indígena a algún vecino de alguna comunidad porque no estar registrada como indígena.
“A veces me da pena cuándo vienen hermanos indígenas y hasta para tramitar una beca no le podemos ayudar porque no tienen el registro, no hay un catálogo nacional”.
En la reunión el representante del INPI, la secretaria de la Saica y los diputados locales, llamaron a los alcaldes a sumarse al trabajo para registrar e incorporar a dicho catálogo a sus comunidades indígenas y afromexicanas.
El registro inició el 21 de septiembre, cuando se establecieron módulos itinerantes en los municipios de Taxco, Tetipac, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal, Ayutla, Zihuatanejo, Malinaltepec, Copalillo, Acatepec, Copanatoyac, Tlalixtaquilla, Alcozauca y Metlatónoc. Estos módulos se levantaron el 9 de noviembre.
Sin embargo, Vázquez Quintero informó ayer que actualmente siguen instalados módulos fijos en los centros coordinadores del INPI de Chilpancingo, Tlapa, Chilapa, Olinala y Ometepec, mismos que estarán abiertos hasta el 23 de diciembre.
Les pidió a los alcaldes que inviten a las autoridades comunitarias, delegados de colonias y comisarios, que hagan suya la iniciativa y que registren a sus pueblos y comunidades.
“Este catálogo va a ayudar a ubicar la cultura, la tradición y la personalidad jurídica de las comunidades para fortalecer las políticas públicas de los pueblos y comunidades indígenas”, les explicó.
Además dijo que se pretende fortalecer la institución comunitaria desde la comisaria municipal en las comunidades indígenas y afromexicanas.
La secretaria de Asuntos Indígenas del gobierno estatal, Reyna Mejía Morales, abundó que el catálogo establecerá las bases para integrar y operar un sistema de información y estadística sobre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a nivel nacional y particularmente en Guerrero.
La diputada Marben de la Cruz reconoció que hace falta difundir, promover y trabajar sobre todo en la identidad afro.
Pero Beatriz Mojica dijo que si no hay un compromiso de los alcaldes no se va a poder avanzar.

Advierte Marcelino Díaz que puede haber simulaciones para acceder a recursos destinados a los indígenas

El dirigente nahua, Marcelino Díaz de Jesús, cuestionó la elaboración del catálogo. Dijo que se trata de “un robo, despojo y una nueva invasión a los pueblos indígenas”, porque con tal de tener derecho al presupuesto y los apoyos destinados a los pueblos originarios, se registrarán municipios y comunidades que no tienen indígenas.
Por ejemplo en Iguala donde no hay indígenas, el presidente municipal cuando supo que habría dinero para los caminos artesanales, fue a invitar a los pueblos del Alto Balsas para integrar una Coordinadora de Pueblos indígenas “porque le interesan los recursos de ese programa”.
Además añadió que se incrementarán casos como el del diputado local Alfredo Sánchez Esquivel (de Morena) que sin ser indígena “se robó” una diputación que pertenecía a un indígena, porque se autoincribió como indígena sin serlo.
También criticó que para registrarse se utiliza un formato de más de 20 páginas “bien complicado; te preguntan qué longitud y latitud se encuentra tu pueblo, preguntan cosas que sólo un geólogo puede responder”.
Los alcaldes que asistieron fueron el de Ometepec, Efrén Adame Montalván; la de Copala, Guadalupe García Villalva; Atlamajalcingo del Monte, Camilo Cano Guzmán; de Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas; Florencio Villarreal, Rodrigo Pavón Gallardo; San Luis Acatlán, Adaír Hernández Martínez; Atenango del Río, Jonathan Ensaldo Muñoz; Tlalixtaquilla, Raquel García Orduño, y de Ahuacuotzingo, Glorinda Casarrubias Nava.