Educadoras y trabajadores administrativos de los Centros de Atención Infantil (CAI, antes Cendi) 3 y 6 de esta ciudad, pararon labores y tomaron sus instalaciones, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reposición de docentes, médicos, enfermeras, psicóloga y conserjes que se han jubilado desde 2015.
Del mismo modo, piden la incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) de sus compañeros faltantes.
Las inconformes se retiraron de las dos guarderías tomadas a las 4 de la tarde, luego de que se les ofreció una mesa de trabajo con funcionarios de Educación Inicial y Preescolar de la SEG, para la mañana de este martes en Chilpancingo, pero advirtieron que volverán a tomar los dos planteles mientras están en espera de la solución que se dé a sus exigencias.
Poco antes de las 9 de la mañana, las educadoras y trabajadores administrativos, iniciaron el paro laboral y un plantón afuera del CAI 3, ubicado en la calle Mariano Matamoros, de la colonia centro, y del 6, ubicado cerca del Periférico Oriente.
Las trabajadoras, adheridas a la sección 14 del SNTE, exigen a la SEG la reposición de claves presupuestales de trabajadores que se han jubilado en los últimos años.
Mediante una lona colgada en el plantel 3, las educadoras enlistan que no han sido repuestos un médico, enfermera, psicóloga, asistentes educativas, conserjes, un chofer y una profesora de música.
Indicaron que son servicios importantes con los que carecen las dos instituciones, para dar una mejor atención a los niños desde la etapa maternal hasta preescolar. “Este problema ha existido desde 2015 a la fecha, y las autoridades educativas locales, regionales y estatales han hecho caso omiso a esta demanda”, denuncian.
Asimismo, las docentes inconformes solicitan la incorporación a la nómina federal de sus compañeros administrativos, que siguen fuera del Fone. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Miembros de la CETEG ingresan a las instalaciones para colocar cadenas y candados, con lo que declaran iniciada la toma de las oficinas Foto: El Sur
Karina Contreras
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) cerraron las instalaciones del Centro de Maestros, ubicado en la unidad habitacional El Coloso, para exigir la destitución del coordinador general, Oliver Texta Mongoy, a quien acusan de acoso laboral y crear división en las oficinas.
Los cetegistas llegaron alrededor de la 1 de la tarde, encabezados por el dirigente de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, e ingresaron a las instalaciones, ubicadas en la etapa 10, por la Secundaria 100, para colocar cadenas y candados, con lo cual declararon la toma de las mismas de manera indefinida, para exigir respuesta a sus demandas a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
El dirigente cetegista, Walter Añorve, demandó al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, una mesa de trabajo con una postura clara sobre la destitución del funcionario Oliver Texta y explicó que éste ha puesto trabas para la reincorporación de un trabajador, al que se había alejado del Centro de Maestros por recibir amenaza de muerte de un mismo compañero, aplicando los protocolos de seguridad, y ahora no lo deja regresar.
Recordó que ese tema se trató, hace más de seis meses, con el secretario de Educación en una mesa de trabajo, así como con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, y el jefe del Departamento de Formación Continúa, Mateo Rodríguez Jiménez, donde se solicitaron las medidas preventivas, pero ahora que solicitaron su reincorporación, de manera amañada y tramposa tanto Rodríguez Jiménez como Oliver Texta, “manipulan a una parte del personal, anteponiendo un acta donde ya no se le permitía la entrada a Ricardo Leyva”.
Acusó que los funcionarios utilizan un argumento absurdo para no dejarlo ingresar al trabajo, diciendo que “haría espionaje”.
Walter Añorve señaló que han visto una serie de anomalías en el Centro de Maestros, donde dijo que los trabajadores le manifestaron que Oliver Texta les pide dinero cada quincena, cuando es una institución pública que tiene un presupuesto; además, quita a los funcionarios cuando no están acorde con sus intereses.
Subrayó: “Lo que estamos pidiendo es la remoción del coordinador regional del Centro de Maestros, Oliver Texta, por todo lo que hemos estado observando”.
Mientras, el trabajador afectado, que es Asesor Técnico Pedagógico (ATP), Ricardo Leyva Jiménez, dijo que en su momento se siguieron los protocolos de seguridad y ahora, por una manipulación de quien se “supone debe ser el responsable de generar un ambiente de trabajo adecuado y solucionar adecuadamente los problemas, resulto ser un generador de problemas”.
Señaló que el coordinador general Oliver Texta lo que ha hecho es hostigamiento laboral, por el “simple hecho de no comulgar con sus ideas, como si fueran las únicas y las mejores. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, sin embargo, esta persona en los hechos no ha demostrado estar dispuesto al diálogo”.
Señaló que Texta Mongoy ha abusado del cargo para acosar a los trabajadores, “la situación ya debe solucionarse, ya que él llegó gracias a una lucha, donde se hizo un proyecto de trabajo y se hizo un compromiso institucional, de que al primer problema se iba y él aceptó”.
Dijo que Oliver Texta fue nombrado coordinador en febrero de 2020, días antes del inicio de la pandemia, y por eso ha tardado al estar trabajando de manera virtual, porque “ya en la interacción con nosotros, ya se notó que no tenía las características adecuadas para tener esa responsabilidad”.
La trabajadora y ex coordinadora académica, Socorro Rendón Hernández, quien tiene laborando 16 años en estas oficinas, acusó a Oliver Texta de estar dividiendo a los trabajadores, pues ellos no tienen ningun inconveniente en que se reincorpore su compañero.
Acusó al coordinador de no dar equidad en lo laboral y no hay justicia, por lo que “está crítica la situación y cada día estamos peor, y por eso no hay de otra más que la destitución, porque es la única solución”.
Alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN) bloquearon calles afuera de su escuela para exigir la liberación de las instalaciones y retomar clases presenciales, y que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) resolviera la demanda de los trabajadores que estaban en paro y tenían tomad el plantel desde el 13 de enero, conflicto que finalizaron por la tarde.
A las 8 de la mañana de este jueves, unos 400 alumnos de los 21 grupos de primero a tercer grado del CREN llegaron a la parte externa de la escuela, ubicada en la calle Ignacio Maya, y de inmediato iniciaron bloqueos en esa cuadra. Con vallas humanas, los alumnos bloquearon el acceso a esa calle por la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Taxco, y el paso a las calles Guillermo Santana, Europa y Asia, en la colonia Centro.
En un principio, trascendió que los alumnos protestaba contra los trabajadores administrativos que estaban en paro desde hace 48 días, luego de que el 13 de enero se declararon en paro laboral y tomaron las instalaciones, para exigir a la SEG su incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone). Desde esa fecha, los alumnos no tenían clases presenciales.
En declaraciones con reporteros, los representantes del Consejo Superior Estudiantil Lucio Cabañas, Justino Vicencio Peña y Jesús García Serrano, desecharon esa versión de protesta contra los administrativos, y puntualizaron que su movilización era para exigir a la SEG resolver el problema de los trabajadores administrativos, para que ellos pudieran regresar a las aulas y tomar clases presenciales.
Denunciaron que desde la semana anterior el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, les había ofrecido regresar a clases para este lunes, pero no cumplió, “queremos una certeza de que ya podamos regresar a clases presenciales”.
Aunque no dieron detalles, informaron que también entregaron un pliego de peticiones a la SEG que no les ha cumplido, entre ellos las plazas a entregar para los próximos egresados. Informaron que el lunes ellos iban a entrar en paro estudiantil, pero lo suspendieron debido a que continuaba la protesta de los administrativos.
A las 10 de la mañana llegó la Directora de Operación, de Servicios de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Erika Lizeth Urióstegui Cuenca, quien se reunió por separado con los paristas y los alumnos. A las 2 de la tarde los estudiantes retiraron los distintos bloqueos, que mantenían desde las 8 de la mañana.
Luego, se informó que a las 5 de la tarde los trabajadores administrativos dieron por finalizado su paro laboral, después de 48 días, y liberaron las instalaciones. Se espera que este fin de semana se haga la limpieza y aseo de la escuela, y que el lunes ya regresen a clases.
Por la noche, uno de los administrativos informó que el ofrecimiento de la SEG es que van a recibir la documentación de los 16 trabajadores que está fuera del Fone, para que se inicie el proceso de corrimientos de claves dentro de la misma escuela, con nueve puestos vacantes que han quedado de personal que se ha jubilado, y que mediante éstas se pueda hacer su incorporación a la nómina federal.
El presidente del comité de padres de familia de la secundaria técnica 75 Valerio Trujano, en la comunidad Petacalco, Antonio de Jesús Vargas Salamanca, dio a conocer que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) iniciará la rehabilitación de dos edificios, con lo que se estaría cumpliendo con parte del compromiso estatal de atender esta escuela.
En septiembre del año pasado, los padres de familia de esta secundaria mantuvieron cerrado el plantel durante poco más de un mes, para exigir a las autoridades correspondientes que los apoyaran para mantenerla en condiciones, toda vez que los maestros se negaron a trabajar en las instalaciones, porque representan un peligro tanto para ellos como para los alumnos, ante la evidente falta de mantenimiento tanto en salones como en las áreas de uso común.
La movilización de los padres obtuvo la atención de los funcionarios del IGIFE, quienes de acuerdo con el presidente del comité de padres, les manifestaron que harían un diagnóstico del estado de la infraestructura y determinarían si iba a ser necesario reconstruir toda la escuela o rehabilitarla, “lo que nos dijeron fue que necesita rehabilitación y la semana pasada estuvieron aquí representantes del IGIFE, para hacernos saber que la semana próxima empezarán con la rehabilitación de los dos primeros edificios”.
Agregó que se sienten agradecidos con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “por el apoyo que nos están dando. La verdad es que nosotros pensamos que no íbamos a tener una respuesta pronto, pero en las reuniones que tuvimos en Chilpancingo con funcionarios del IGIFE, nos hicieron saber que una de las indicaciones que tienen por parte de ella es que se atienda y se dé solución a todo lo que tenga que ver con la educación, por eso, estamos agradecidos y esperamos que pronto nos rehabiliten toda la escuela, tal como fue el acuerdo”, apuntó.
Alumnos y padres de familia de Prepas populares durante su bloqueo en el bulevar de Las Naciones Foto: Carlos Carbajal
María Avilez Rodríguez / Karina Contreras
Chilpancingo / Acapulco
Integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares bloquearon vialidades en tres municipios, para demandar su reconocimiento oficial, y en Chilpancingo se plantaron frente al Recinto Estatal.
Los manifestantes pidieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que encabeza Marcial Rodríguez Saldaña, el reconocimiento oficial para unos mil trabajadores y que tengan seguridad social, salarios e instalaciones.
En Chilpancingo, a las 11:15 de la mañana, los inconformes salieron del museo interactivo La Avispa e ingresaron al carril central, en el sentido norte-sur de la Autopista del Sol, hasta llegar al entronque con la carretera federal México-Acapulco, donde bloquearon totalmente durante media hora.
Uno de los integrantes del frente, Raymundo Pablo Vázquez, dijo que las preparatorias populares llevan unos 40 años de lucha y 103 escuelas no son reconocidas, por lo que unos mil trabajadores no tienen derechos laborales.
Indicó que los padres de familia tienen que pagar sus colegiaturas, “eso no se vale. Le compete al gobierno estatal asumir su responsabilidad, de otorgar educación”, por lo que detalló que piden el reconocimiento oficial.
Destacó que, en reiteradas ocasiones, han solicitado la aprobación de un decreto del Ejecutivo para que las preparatorias populares se integren a un Organismo Público Descentralizado (OPD), pero no hay avances.
“Unos 13 mil 400 alumnos serían beneficiados, porque al tener un presupuesto propio, se mejoraría la infraestructura de las escuelas y los padres ya no pagarían”, dijo el manifestante.
Una comisión fue atendida por las autoridades estatales, por lo que los trabajadores, padres y alumnos se replegaron a la banqueta. Dos horas después volvieron a bloquear, unos 20 minutos, porque no hubo acuerdos satisfactorios.
Policías estatales con equipo antimotines estuvieron en el encauzamiento del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en espera de la orden de desalojar a los manifestantes.
Raymundo Pablo Vázquez informó que la comisión negociadora se reunió con el titular de la SEG, quien les dijo que no era competente para solucionar sus demandas, por lo que se plantarían frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Los manifestantes retornaron y marcharon en el sentido sur-norte de la autopista, hasta llegar al ex Palacio de Gobierno, donde se plantaron.
En la región Costa Chica, miembros de las preparatorias bloquearon en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en Marquelia, donde los inconformes cerraron con un vehículo la vialidad.
En Acapulco bloquean el bulevar de Las Naciones
Alrededor de 100 estudiantes y maestros de preparatorias populares, bloquearon de manera intermitente el bulevar de Las Naciones, frente a las oficinas de la Promotora Turística (Protur), para exigir el reconocimiento oficial por parte del gobierno estatal.
El bloqueo inició alrededor de las 11:20 de la mañana, en ambos carriles primero, y así estuvieron por cerca de una hora, para después llevarlo a cabo de manera intermitente. Los automovilistas se desviaron por la gasolinera de El Revolcadero para salir a la avenida Las Palmas.
El director de la preparatoria popular Armando Chavarría, del poblado Lomas de Chapultepec, Faustino Moreno Sánchez, informó que el bloqueo es para exigir que sean reconocidos oficialmente y que con ellos, los maestros tengan sus derechos laborales.
Pero también para que los padres de familia dejen de estar pagando cuotas para que sus hijos estudien, pues muchos de ellos son de familias de bajos recursos.
Informó que la acción era paralela, a otras que se estaban haciendo en otras partes del estado, como integrantes del Frente Popular de Escuelas Preparatorias Populares y que era una estrategia, para lograr ese reconocimiento oficial que han estado demandando desde hace 13 años.
Indicó que han tenido mesas de trabajo con las dependencias educativas de los gobiernos federal y estatal, pero no se ha logrado el objetivo tan primordial como es el reconocimiento del gobierno, lo que no es justo, porque están trabajando en las zonas marginadas del estado, donde están llevando la educación media superior a las comunidades, “no tenemos el respaldo de la federación. El reconocimiento oficial es para que ya los padres de familia ya no estén cooperando, ya no estemos molestando a los padres de familia en ese aspecto”.
Moreno Sánchez dijo que en el estado están atendiendo a unos 13 mil estudiantes, que por eso consideran que deben ser tomados en cuenta. Consideró que esos estudiantes para llegar a sus escuelas se gastan unos 2 mil pesos mensuales cada uno.
El director reprochó que desde hace 35 años han estado trabajando en esa modalidad y las autoridades los han tenido marginados.
Añadió que no querían afectar a terceros, pero no hay otra forma de que las autoridades los reciban, pero que quieren mesas que les resuelvan, porque en las reuniones que han tenido sólo han sido “palabras, algunas veces documentos (minutas), pero en la realidad no se ha aplicado”.
Trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales en paro de laboral afuera de sus oficinas Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos cerraron las instalaciones de la dependencia para denunciar hostigamiento laboral y abuso de poder de la titular, Otilia Hinojosa Loza.
Después de las 7 de la mañana y durante cuatro horas, los empleados se concentraron afuera de las oficinas, ubicadas en la avenida Constituyentes, frente a la tienda Autozone.
Después de las 9 de la mañana, los empleados cerraron la oficina, no dejaron pasar a nadie y después del mediodía la liberaron.
Los inconformes fueron atendidos por el director de Gobernación municipal, Ramón Montiel Mejia, quien se comprometió a resolver sus demandas con la funcionaria municipal.
Reclamaron que el 25 de este mes y 1 de enero del próximo año deben trabajar, sin firmar y sin anotarse, pero en caso de no acudir a laborar los van a despedir.
Dijeron que el próximo año, el gobierno municipal despedirá a 3 mil empleados de lista de raya, de todas las áreas del Ayuntamiento.
En declaraciones a reporteros, el dirigente de la sección 23 del Sindicato Independiente, Manuel Alcaraz Vázquez, denunció que la coordinadora de Servicios Públicos, Otilia Hinojosa, por hostigamiento laboral y discriminación contra los trabajadores de lista de raya.
Reclamó que la funcionaria municipal está obligando a los trabajadores a laborar el 25 de diciembre y 1 de enero próximo, sin checar entrada ni salida.
Consideró que la funcionaria no quiere pagar los días festivos, siendo que los empleados ganan 90 pesos diarios, además de que “los días festivos el transporte sube demasiado. Gastan, no se vale”.
Afirmó que el sindicato independiente tiene 150 afiliados en la Coordinación de Servicios Públicos en diferentes turnos, “ellos han buscado a Otilia, pero ella les cierra la puerta, no los recibe y los amenaza constantemente con que los va correr”.
Aseguró que por instrucciones de la Presidencia municipal se tiene conocimiento que se van a despedir 3 mil trabajadores de todas las dependencias del municipio, en enero próximo.
Indicó que los empleados de lista de raya tienen en la Coordinación de Servicios Públicos, de cinco a 35 años de antigüedad, ganando 90 pesos diarios. Ejemplificó con que una persona gana 966 pesos a la quincena.
Dijo que este tipo de acoso laboral no había pasado en otras administraciones, pero “siento que no es por la alcaldesa, sino por sus mandamases, y llegan como depredadores de humanos y con la espada desenvainada”.
La secretaria de Salud, Aidé Ibárez Castro, informó que un juez resolvió un recurso a favor de la dependencia, para recuperar las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05, con sede en Tecpan de Galeana, tomada hace tres meses por trabajadores sindicalizados en demanda de la destitución de la jefa jurisdiccional.
La funcionaria aclaró que desconoce el procedimiento judicial para recuperar el inmueble y las camionetas “llenas de medicamentos” que están ahí encerradas, porque es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones, pero el procedimiento está en curso.
La Jurisdicción fue tomada el 5 de octubre por trabajadores que denunciaron incumplimiento de los acuerdos que firmó el área jurídica con la líder sindical, Beatriz Vélez Núñez.
Consultada sobre los conflictos laborales en el sector, después de la firma de la estrategia nacional de buen gobierno con la Cofepris, informó que en el hospital comunitario de San Luis Acatlán, están agotando el diálogo para restablecer la normalidad, luego de que también fue tomado a principios de octubre por trabajadores inconformes con nuevo director, Genaro Lara Calixto, a quien le impiden el acceso al nosocomio, porque señaló robo de materiales y medicamentos.
Incluso, en declaraciones anteriores de la secretaria denunció que ahí se negó el servicio a una niña, que fue trasladada de emergencia al hospital Raymundo Abarca Alarcón, donde al final perdió la vida. Aunque los inconformes aseguraban que seguían laborando.
“Se terminó la auditoria en San Luis Acatlán, se realizó la reunión en acompañamiento de persona de la Comisión de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Gobierno, estamos agotando todo el diálogo.
Aunque el director aún no tiene acceso al hospital comunitario. Justificó que se prepara su traslado al nuevo hospital del mismo municipio.
Del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y el de Teloloapan, donde enfermeras demandaron el cambio de coordinadora del área, Ibárez Castro aclaró que el tema fue atendido con el cambio de director y de administrador de cada lugar.
Al pedirle más detalles del conflicto en la capital del estado, respondió que el nuevo director puede responder a las preguntas, no obstante que la política de comunicación prohíbe a los operativos hacer declaraciones. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Integrantes de la sección 76 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), liberaron las instalaciones de Vectores que tenían tomadas desde el martes de la semana pasada, para exigir el pago de viáticos de cinco empleados, luego de que la demanda fue cubierta.
Ocho días después de que pararon labores unos 20 trabajadores de Vectores, pudieron llegar a acuerdos con la Secretaría de Salud (Ssa).
El martes de la semana pasada, a las 3 de la tarde los trabajadores tomaron las instalaciones y colgaron pancartas para exponer sus demandas del pago de viáticos y de la destitución del jefe de distrito, Jesús Salgado Benítez, quien retenía viáticos de cinco de ellos.
Este martes a las 11 de la mañana, los inconformes entregaron a autoridades de Salud las instalaciones. Además quitaron el alambre con el que amarraron la puerta, además de los candados.
El secretario de Organización de la sección sindical contó que se reunieron con el director de Epidemiología, Rufino Silva Domínguez y acordaron el pago de viáticos; confirmó que ya se había pagado y que entregarían las instalaciones.(Beatriz García / Chilpancingo).
Padres de familia y alumnos de la primaria Siervo de la Nación bloquearon totalmente el libramiento a Tixtla, cerca de la colonia Indeco, además de dos calles de la capital, para exigir a las autoridades transporte escolar para los alumnos, porque la escuela resultó afectada por el sismo de septiembre pasado y por su remodelación toman clases hasta la colonia 20 de Noviembre.
Los familiares dijeron que el lugar se encuentra muy lejos de donde estaban, que gastan unos 100 pesos diarios de pasaje y habían acordado con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que se les apoyaría con transporte para los alumnos.
Desde las 8 de la mañana, más de 150 manifestantes comenzaron a bloquear las calles Ometepec y Atoyac, frente a la escuela, y ante la falta de respuesta de las autoridades, a las 9:20 comenzaron a cerrar totalmente el libramiento a Tixtla.
Además, denunciaron que el jueves recibieron una notificación del director estatal de Transportes, Jesús Zamora Cervantes, quien les informó que no puede pagar el servicio porque es caro.
En el lugar, una de las madres de familia, Ana Luz Villalba Villalobos, informó que la semana pasada, luego de que bloquearon frente a Palacio de Gobierno, las autoridades de la SEG y de la Dirección de Transportes y Vialidad, que encabeza Jesús Zamora, les dijeron que los apoyarían con el transporte gratuito.
Recriminó que Zamora Cervantes se comprometió darles cinco urvans para trasladar a los alumnos, pero el pasado viernes a los padres les informaron que no los pueden apoyar con el transporte, porque no tienen presupuesto para pagar, por lo que los transportistas suspendieron el servicio.
Villalba Villalobos dijo que son alumnos de la primaria Siervo de la Nación y en total son 280 los afectados, porque se quedaron sin transporte y este lunes no pudieron acudir a la escuela. El plantel resultó afectado por el sismo de septiembre de 2017 y ahora lo están construyendo.
Los padres informaron que deben pagar de dos a tres transportes para llevar a sus hijos a la escuela, ya que algunos viven en las colonias Indeco, Anáhuac, Linda Vista y 16 de Septiembre, y a la semana gastan unos 100 pesos de transporte.
Dijeron que las autoridades de la SEG les aseguraron que cerca de la colonia Indeco, donde está ubicada la escuela, no hay espacios para que los niños tomen clases, por eso es que tienen que acudir hasta la 20 de Noviembre.
Durante el bloqueo, los alumnos y padres cerraron totalmente la vialidad, colocaron piedras y portaron pancartas en las que se leía su exigencia. Por su parte, los automovilistas se molestaron por la obstrucción de la vialidad.
Algunos choferes no respetaban que el acceso estaba bloqueado por niños y algunos, por querer pasar, les echaron los carros, mientras los padres lograban hacerse a un lado para evitar ser atropellados.
Llegaron autoridades de la SEG y de la Dirección de Transportes, quienes informaron que las dependencias no tienen presupuesto para solventar el pago y que todo el dinero que se tenía para 2018 ya estaba etiquetado para otros programas.
A las 11 de la mañana, cerca del bloqueo se escucharon disparos por arma de fuego. Los niños corrieron y los padres los llevaron a un lugar, para resguardarlos y que no sufrieran algún percance. Los balazos fueron cerca del mercado de la colonia Los Ángeles, donde un hombre fue ejecutado a balazos.
A las 12:26 del día, el bloqueo del libramiento a Tixtla fue levantado, luego de que una comisión de padres acudió a la Dirección de Transportes, para saber si se solucionaría el problema.
En el transcurso de la tarde, una madre de familia informó que las autoridades de educación nuevamente se comprometieron en otorgarles el transporte gratuito, y a partir de hoy se reanudará el servicio.
A seis meses del múltiple homicidio de Ranferi Hernández Acevedo y tres de sus familiares, la Organización Campesina Vicente Guerrero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la exhumación y necropsia de los cuerpos la realicen peritos independientes, así como que se haga en otras instalaciones, para tener un análisis serio, científico y poder esclarecer los hechos.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos”, consignó en un comunicado la organización que Ranferi Hernández constituyó en 2015.
En el texto se recuerda que este 14 de abril se cumplieron seis meses del asesinato del fundador de la organización, Ranferi Hernández Acevedo; su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, de 94 años, Juana Dircio Barrios, y su ahijado, el joven Antonio Pineda Patricio, cuando el 14 de octubre se trasladaban a Chilapa por la carretera que conecta a Ahuacuotzingo.
“A seis meses de estos hechos, la situación de violencia, tanto en la región de Chilapa, como en el estado de Guerrero y en todo el país, lejos de detenerse, se ha incrementado. Esto nos muestra el interés consciente del Estado mexicano por mantener esta situación”.
“Se trata de una guerra contra el pueblo mexicano en su conjunto, que lo denominado, a través de los medios de comunicación de paga, como ‘pugnas entre grupos del crimen organizado’, tiene como objetivo el sometimiento de la población a través del miedo. Se trata de una estrategia contrainsurgente que busca la aniquilación de la protesta social”.
De este modo se busca asegurar la implementación de las contra reformas neoliberales aprobadas en este sexenio, señala. Reformas que pretenden entregar por completo los recursos de la nación al capital extranjero y privatizar los servicios públicos, como el agua y la educación.
“El asesinato de nuestros compañeros se inscribe dentro de esta política de terror, al igual que el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, en el que asesinaron a tres estudiantes, desaparecieron a 43 y varios resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en coma desde que sucedieron los hechos”.
“Se inscribe ahí el caso de los dirigentes campesinos asesinados en el presente sexenio: Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Raymundo Velázquez. Todos asesinatos selectivos que en su momento fueron denunciados por nuestro dirigente”.
En todo el país, menciona, los casos de los periodistas asesinados Miroslava Breach, Javier Valdez y Rubén Espinosa; así como la masacre de Nochixtlan, Oaxaca.
Esta guerra ha sido aplicada contra los sectores que luchan contra el sistema opresor, como campesinos, estudiantes, periodistas, maestros, mujeres, defensores de derechos humanos y ecologistas, indica.
Respecto a la investigación del caso Ranferi Hernández, agrega el comunicado, “respaldamos (la postura de) la familia del compañero y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que han planteado que la exhumación y necropsia de los cuerpos tiene que realizarse con la participación de peritos independientes, para tener un análisis serio y científico que lleve a la verdad de estos hechos, así como a la detención de los autores materiales e intelectuales de esta vil masacre”.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos. Como ejemplo están los sacerdotes asesinados en Taxco que fueron, sin ninguna investigación previa, acusados de pertenecer al crimen organizado o el caso de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, a quienes se les fabricaron pruebas para encarcelarlos, cuando ellos fueron los atacados”.
Consultados por separado, familiares de Ranferi Hernández confirmaron que están haciendo las gestiones y solicitarán a la FGE que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realice la exuhumación y la necropsia.
“Queremos saber si fueron torturados y la forma en que murieron. Estaban atados de pies y manos y la Fiscalía del estado lo único que quiere es determinar si los cuerpos tienen orificios de bala, la causa de su muerte y pruebas, dicen ellos, para proceder”.
Revelaron que en noviembre, diciembre y enero pasados, la FGE urgió a la familia a realizar la exhumación de los cuerpos, pues se iban a borrar las huellas del delito.
La familia justificó que ellos y los peritos argentinos tienen conocimiento que la FGE no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar los estudios, además de que el Servicio Medico Forense está saturado.
El comunicado concluye con el poema Ante la ilícita noche en memoria a Hernández Acevedo, compuesto por el maestro Leonel Manzano Sosa, preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Quiero cantar con mis coplas y el pesar del corazón, la historia de un hombre digno en un monto de emoción / Rama seca, hoja de palma ¿por qué visten nuestros cantos con la tristeza del odio y ráfagas del corsario? / Por los caminos del sur anduvo un hombre incesante, de pueblo en pueblo sembrando la semilla delirante / Que derribaba alambrados que censuraba el simulo, una ovación hoy te brindo sin elogio y con orgullo”, versan algunas estrofas del extenso escrito.
