Presuntamente por publicar una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, no está funcionando, el editor del semanario y portal Prensa del Sur, Bertín Chino González, fue detenido en esa comunidad.
En declaraciones por teléfono, denunció que su detención fue ordenada por el comisario municipal, Ángel Morales Agustín, a quien responsabilizó de su integridad física, “por si me golpean en la noche, porque aquí son medio cabrones”, dijo.
Contó que el miércoles subió a su portal una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida en esa localidad no está funcionando, y que ayer a las 5 de la tarde, llegaron policías rurales vestidos de azul que dependen del comisario municipal, a la casa de su esposa en esa localidad y lo detuvieron.
Dijo que cuando les preguntó por qué delito lo detenían, el comandante le respondió que “por el reportaje” de Sembrando Vida que publicó.
En el video que subió a su portal el reportero, aparecen imágenes del vivero vacío: “vemos este vivero de Sembrando Vida que está completamente desolado, no tiene nada. Esto que siempre está mencionando el presidente López Obrador que Sembrando Vida… así como aquí están los viveros de Atlamajalcingo del Monte, en Olinalá, en Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, también están así los viveros. En Guerrero no funcionan”.
Por la noche, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emitió una alerta a las organizaciones de periodistas, a la Comisión de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección a Periodistas, así como a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “para que de inmediato se revise la situación del compañero, quien se encuentra detenido por la Policía Rural de la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero”.
La organización, informó que el reportero tiene 30 años ejerciendo la labor de periodista, y consideró que su detención “representa una grave violación a sus derechos humanos, además de una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de informar y estar informado”.
El SNRP demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, su inmediata libertad, “y una profunda investigación que permita sancionar a los responsables de este atentado a la libertad de informar”.
A las 8 de la noche se realizaba una asamblea en la comunidad para determinar la situación del reportero.
Bertin Chino trabajó en Chilpancingo y en los últimos años en la Montaña y la Costa Chica. Estos días se encontraba en Horcasitas, de donde es originaria su esposa.
A las 9:30 de la noche, la Secretaría General de Gobierno informó que Chino González fue liberado luego que fue detenido por la policía rural de San Luis Acatlán por la mediación del director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Trabajadores sin plaza de base del sector Salud muestran una pancarta frente al presidente Andrés Manuel López Obrador ayer afuera del centro de congresos Mundo Imperial Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
Trabajadores sin basificación de la Secretaría de Salud, promotores del nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mineros de Taxco y trabajadores de la Zona 11 de secundarias técnicas de Acapulco se manifestaron afuera del auditorio del centro de convenciones Mundo Imperial con motivo de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los grupos en protesta estuvieron dispersos. Los trabajadores de la Salud se mantuvieron en el extremo derecho, los promotores del nuevo hospital del ISSSTE en el costado izquierdo, los mineros se apostaron en las vallas del acceso principal y los maestros de secundarias técnicas frente al centro de convenciones, sobre el camellón del bulevar Las Naciones.
Todos buscaban acercarse al presidente de la República para plantearle sus demandas y pedirle su intervención para resolver sus problemas.
Los accesos al centro de convenciones Mundo Imperial del lado del bulevar Las Naciones y de la carretera a Barra Vieja estuvieron cercados con vallas metálicas y guardias de seguridad. También hubo patrullas del Ejército y de la Guardia Nacional que hicieron recorridos en torno al edificio.
López Obrador estuvo en Acapulco donde encabezó una reunión privada con Servidores de la Nación y funcionarios de la Secretaría del Bienestar en el forum de Mundo Imperial.
Los grupos en protesta, se acercaron a la camioneta del presidente a su llegada, a las 11:40 de la mañana, y a la salida a la 1:10 de la tarde. Y como siempre le entregaron escritos con sus demandas.
Durante su llegada el presidente bajó la ventanilla de la camioneta en que viajaba y ordenó al chofer de su vehículo bajar la velocidad para escuchar y atender a los manifestantes. Al principio todo fue gritos, pues los inconformes coreaban sus consignas para llamar la atención del presidente. Después entre los mismos manifestantes se callaron para poder expresarle sus demandas.
El primero en hablar fue el representante de los trabajadores sin plaza de base de la Secretaría de Salud en el estado, conocidos como precarios, quienes le solicitaron que no se detenga la entrega de basificaciones, pues están suspendidas por los compromisos que hay entre la líder sindical Beatriz Vélez Nuñez y la secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro, “no hacen nada, no resuelven”.
Los trabajadores de la Secretaría de Salud volvieron a protestar este martes en la visita del presidente por la misma demanda que protestaron el pasado 29 de noviembre de 2022.
López Obrador les dijo que serían atendidos, “va haber respuesta, yo les voy a dar respuesta”. Los trabajadores siguieron la camioneta del presidente hasta que cruzó el cerco de vallas, le pidieron contratos: “queremos justicia laboral”.
Los mineros de Taxco también se acercaron al presidente y le pidieron su intervención: “tenemos años en huelga”. López Obrador inclinó la cabeza y les respondió “sí”.
Al concluir la reunión, cuando salió la camioneta del presidente se volvió a repetir la misma escena. Decenas de personas se pegaron al vehículo para entregarle escritos y pedirle su intervención. Los grupos de manifestantes caminaron desde la salida del Forum en la carretera a Barra Vieja hasta el entronque con el bulevar Las Naciones, un tramo de unos 200 metros.
Mineros
El secretario general del sindicato de mineros sección 17 de Taxco, Roberto Hernández Mojica, pidió la intervención del presidente de la República para que se resuelva el conflicto que está a punto de cumplir 16 años, el más largo.
Indicó que actualmente hay 126 mineros que siguen en huelga de los 400 que empezaron, debido a que algunos han fallecido y otros han aceptado “una infame liquidación”, con el salario de 2006 sin incremento salarial.
El líder sindical consideró que el presidente es el único que puede sentarse a dialogar con German Larrea, el propietario, pues ya agotaron todas las instancias y no es la primera vez que piden su ayuda
Hernández Mojica indicó que el 30 de julio cumplen 16 años en huelga, lo que ha provocado crisis en Taxco porque en el municipio no hay fuente de empleo, siempre ha sido la mina. “Taxco está hundido en la miseria por falta de empleo, queremos reabrir esta fuente de empleo”.
Recordó que son tres las minas de Grupo México las que están en huelga por violaciones al contrato colectivo del trabajo y la inseguridad en las minas.
Salud
El trabajador de la Secretaría de Salud, Honorio Tapia Meléndez, quien es médico general y licenciado en enfermería, se quejó de que el proceso de basificación está detenido y que las dos listas que han publicado, en la primer se dio de alta “a gente que no trabaja en la institución, allegados, familiares que están en Estados Unidos” y al personal precario no le han dado nada, “nos han engañado”.
“Queremos que sea transparente el proceso de basificación”, y se niegan a aumentarles el salario.
Tapia Meléndez dijo que son 7 mil 720 trabajadores precarios en la Secretaría de Salud de quienes 4 mil 448 tienen contrato. En la primera lista que se publicó se nuevas plazas de base, encontraron 30 casos de personas que no laboran en la institución. Relató que no hay transparencia pues en la primera lista publicaron nombre, CURP, unidad de adscripción, fecha de ingreso, antigüedad, pero en la segunda omitieron todos los datos, sóo publicaron nombre y teléfono, “no sabemos quiénes son”.
Agregó que los precarios se conocen en cada una de las regiones y los nombres que aparecieron no los conocen. Lo que han investigado es que son recomendados de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud y Finanzas y de la gobernadora Evelyn Salgado. “El mismo subsecretario nos dijo, ‘esa es gente de la gobernadora, ella la metió, puedes irte a revolcar donde tu quieras, te puedes ahogar donde tu quieras pero esa gente la mando la gobernadora y se respeta lo que ella dice’”.
Agregó que hay trabajadores con más de una década laborando en condiciones de precario y no reciben la plaza de base y tienen salarios bajos: enfermeras 3 mil 100 pesos, médico general 4 mil 700, especialista 9 mil 100 pesos. En cambio los hijos de la secretaria de Salud tienen sueldos de 70 mil y 80 mil pesos.
Secundarias técnicas
El secretario general de la delegación sindical de la zona 11 de Secundarias Técnicas, Marcos Jaimes Ramos, señaló que los problemas de éstas son los mismos que hace cuatro años, cuando se los presentaron en una anterior visita y lo que han visto es que hay omisión por parte de las autoridades en resolverlos.
Indicó que en total suman 200 casos con problemas en ocho secundarias técnicas, desde Las Cruces hasta Lomas de Chapultepec y San Pedro Las Playas, y es un problema desde
hace diez años, cuando empezó “la mal llamada reforma educativa”, pues se dieron una serie de jubilaciones que no fueron atendidas. Se cubrieron los espacios con maestros pero no hubo actualizaciones salariales ni regularización. Agregó que algunos maestros ya se jubilaron pero no tuvieron certeza laboral.
Marcos Jaimes dijo que la petición es que se instale una mesa resolutiva en Acapulco porque siempre que han buscado a las autoridades del estado les dicen que vayan a Chilpancingo y cuando acuden sólo reciben respuestas negativas. La intención de su protesta es para que el presidente se entere que “la autoridad educativa estatal tiene las puertas cerradas”.
ISSSTE
En nombre de la Comisión Intersindical, Asociaciones Civiles y Derechohabientes del ISSSTE en Guerrero Marco Antonio Adame Bello dijo que su presencia en el lugar fue para solicitarle al presidente que haya certeza en la construcción del hospital de tercer nivel del ISSSTE, pues han escuchado rumores de que la obra se iría a otro estado por problemas de corruptelas.
“Queremos decirle que ya lo anuncie, que lo haga público, el inicio, cuando comienza; se nos dice que ya en este mes de abril, pero no queremos que se mantenga en la especulación todo esto, queremos que se haga un anuncio oficial y se de a conocer cuando comienza”.
Agregó que es un compromiso del presidente la construcción del hospital de tercer nivel en Acapulco y que si hubo malos manejos en Guerrero en la compra del predio, confían en que el presidente tiene la capacidad de resolverlo.
A la salida de la reunión, les dijo a los promotores del hospital de tercer nivel del ISSSTE que el proyecto ya está autorizado y les pidió que vigilen esa obra.
Titular de la SEG llega de porrista
Al lugar llegó el secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña acompañado de la sindica de Acapulco María Inés Mendoza Sandoval y el regidor Juan Solís Calderón quienes lanzaron porras al presidente y a la gobernadora, pero el grupo no se acercó al presidente.
Evelyn Salgado Pineda destacó el compromiso de Guerrero en la defensa de la soberanía nacional, con la publicación de un pronunciamiento signado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de Morena, condenando una iniciativa de dos legisladores estadunidenses del Partido Republicano, para una intervención militar contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
En su cuenta de Facebook, la gobernadora declaró: “Junto a las gobernadoras, gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que integramos la Cuarta Transformación, ratificamos nuestro apoyo absoluto a las acciones emprendidas por el Gobierno de México, para garantizar y proteger los intereses de nuestro país”.
En el pronunciamiento expresaron su apoyo y compromiso “en el combate frontal a las organizaciones del crimen organizado que operan transnacionalmente”.
Recordaron que estas organizaciones lucran tanto en México como en Estados Unidos.
Enfatizaron que los dos países comparten el hacer frente a los narcotraficantes, detener el flujo del fentanilo y sus precursores químicos que tanto dañan a la sociedad. Llamaron a la colaboración bilateral e internacional, efectiva y respetuosa, para brindar oportunidades económicas a los jóvenes a fin de que no se unan a los cárteles.
Confirmaron que la dinámica de estas organizaciones criminales “es tal”, que requiere de inteligencia financiera, acompañada de una política de salud y de drogas moderna.
Insistieron en que el fenómeno debe abordarse con un enfoque de salud pública, y no de violencia o invasión militar.
Trabajadores de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG, durantre la toma de sus oficinas para exigir que no los cambien de sede laboral Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Trabajadores de la Subsecretaría de Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), tomaron sus oficinas para protestar contra el cambio de su sede, porque afirmaron que el espacio al que se pretende mandarlos es reducido y está en malas condiciones.
Las oficinas, ubicadas en el fraccionamiento Villas Colibrí, fueron tomadas minutos antes de las 9 de la mañana, para solicitar la intervención del titular de Planeación, Benjamín Adame Pereira.
Los trabajadores explicaron que quieren permanecer ahí, porque hay más espacio. Detallaron que la SEG los quiere mandar a un espacio reducido, que se encuentra en el cuarto piso y es una “galera, un gallinero”.
Precisaron que los pretenden cambiar a un edificio ubicado cerca del encauzamiento del río Huacapa, en la zona de los hospitales, pero el lugar no es adecuado para atender a los usuarios.
Además, uno de los trabajadores, quien se identificó como Mario, manifestó que el gobierno estatal sigue sin construir el edificio de oficinas centrales de la SEG; asimismo, se quejó que los muebles de la subsecretaría están viejos y el equipo de trabajo es “obsoleto”.
Explicó que en las actuales oficinas laboran unos 700 trabajadores en ambos turnos, desde hace siete años, las cuales no cumplen con las condiciones adecuadas, pero que está mejor que donde los quieren mandar.
Los manifestantes hicieron un llamado al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, para que solucione el problema. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) bloquean la avenida Ignacio Ramírez, en Chilpancingo, para exigir el pago de salarios, rehabilitación de plazas comunitarias y la aplicación de exámenes Foto: Lenin Ocampo Torres
Karina Contreras
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la región Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, informó que continúan cerrados los dos centros de maestros, porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha abierto la mesa de trabajo para tratar varias de sus demandas.
Señaló que en lugar de abrir el diálogo, los funcionarios lo que han hecho es amenazar a los trabajadores con presentarles denuncias penales por cerrar las oficinas, con lo que sólo agravarán el conflicto, por lo que pide la intervención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Como informó El Sur, el 6 y 7 de marzo cerraron las instalaciones de los centros de maestros ubicado en la unidad habitacional El Coloso y el de la calle Hornitos de la colonia centro, respectivamente, para demandar una mesa de trabajo con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez, y la principal demanda es la destitución del coordinador general, Oliver Texta Mongoy, a quien acusan de hostigar y exigir dinero a los trabajadores cada quincena.
Los cetegistas colocaron cadenas con candados en las oficinas, así como las sellaron con el logotipo de la organización, para que no puedan abrir las cerraduras y habrían advertido que la toma de ambos centros es indefinida.
En declaraciones telefónicas, Walter Añorve dijo que las instalaciones siguen tomadas por la CETEG, porque no hay avances en la atención que piden, pero la mañana de este jueves los trabajadores le comentaron que los están amenazando con “que les van a fincar responsabilidades ante el Ministerio Público”.
El dirigente cetegista informó que habló con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, donde “supuestamente mañana (hoy) vamos a ver si hay posibilidades de que nos sentemos, por lo que vamos a esperar que así sea”.
Insistió en que hay amenazas contra los trabajadores sin “solucionar el problema” y las advertencias son por cerrar los centros de trabajo, pero no prevén que el conflicto se agrave y como organización van aguantar.
Padres de familia de la primaria Niños Héroes, ubicada en la cabecera municipal de Coahuayutla, denunciaron que el supervisor de la zona escolar 99, Carlos Reyes Gervasio, de manera arbitraria pretende cambiar a una maestra de centro de trabajo, por lo que demandaron la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Este miércoles, vía telefónica, una de las madres de familia de la escuela, manifestó que los papás no están de acuerdo con la actitud del supervisor escolar, quien aseguró que se ha distinguido por cometer diversas irregularidades, entre éstas, favorecer a los profesores que simpatizan con él, pues les da adscripción en escuelas cercanas a la cabecera municipal y a los que no, a las más alejadas, pese a que llegan con un nombramiento distinto.
La ama de casa dijo que se enteraron que el supervisor pretende mover a una maestra de la escuela Niños Héroes a la primaria José María Morelos, “y no estamos de acuerdo, porque allá no tienen la misma cantidad de niños que tenemos en nuestra escuela, y si las autoridades no hacen algo, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de cerrar la escuela y la propia supervisión, porque no está bien eso que el supervisor quiere hacer”.
Agregó que el jefe escolar del sector 10, Artemino Castillo Galarza, “sabe todas las cosas que está haciendo mal este supervisor, pero son muy cercanos y por eso se hace de la vista gorda. Él vino a acompañarlo para darle el nombramiento a la maestra en la escuela y ahora, de buenas a primeras, sale con que siempre no, que porque desde un principio su nombramiento había sido para la primaria Morelos y no en nuestra escuela”.
Enseguida, hizo un llamado al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, “para que haga algo, que intervenga y cambien a este supervisor. Ya no lo queremos en Coahuayutla, que vengan y que lo investiguen, esta injusticia que quiere hacer con la maestra no es lo único, se le saben muchas cosas injustas que hace con los maestros acá en el municipio”.
Dijo que antes de hacer esta denuncia pública, los padres de familia de esta escuela se organizaron y acordaron que darán un tiempo prudente, de una semana, para tener noticias por parte de la SEG, “pero si vemos que no hacen nada y al final cambian a la maestra, vamos a cerrar la escuela y la supervisión, porque ya estuvo bueno que alguien como ese maestro crea que porque él tiene más estudios que uno le vamos a estar aguantando que nos cambie a la maestra, nomás porque él quiere”, apuntó.
El comité sindical, así como los responsables de los subcentros y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 122 de Las Cruces, piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que de manera definitiva se resuelva el conflicto.
Recordaron que hay una minuta firmada con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se asienta que Mateo Carmona Martínez Dorantes concluirá como director el semestre.
En una conferencia de prensa en el 100% Natural de Condesa, el secretario general de la delegación sindical, Macario Cruz Ventura, dijo que es urgente solucionar el problema, porque los más afectados son los estudiantes. Dijo que lo único que quieren es que se respete los acuerdos firmados, que marcan que una vez que concluya el ciclo escolar se emita la convocatoria para elegir nuevo director.
El dirigente sindical dijo que lo único que piden a la gobernadora Evelyn Salgado Pienda, al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, es que se atiendan de manera urgente “nuestros planteamientos, nuestra problemática, para que tenga una solución inmediata al problema que se está suscitando en la UPN y que es la imposición de un director, Jovanni Ramírez Paéz, quien es el jefe de departamento de Educación Universitaria de UPN, a fuerza quiere ser, cuando sabe que Mateo Carmona Martínez Dorantes es el director en funciones, porque durante todo este trayecto ha estado funcionando y respaldado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Marco Antonio Marbán Galván, con quien se firmaron los acuerdos”.
Añadió que la base trabajadora está resplando a Martínez Dorantes, porque quieren la estabilidad y funcionamiento de la escuela, que como sindicato “venimos a defender este derecho, porque la UPN ha estado atrapada en este conflicto por un grupo minoritario de doce personas, que son maestros de la institución, pero que en ningún momento han estado al frente de la escuela, resolviendo los problemas y necesidades de la institución, y que hoy el gobierno estatal y la SEG les están haciendo caso, ignorando la fuerza de la mayoría del personal y alumnado”.
Cruz Ventura dijo que se reunieron el 14 de febrero con el secretario particular de la gobernadora, Pablo Gordillo Oliveros, quien dijo que se deben respetar los acuerdos que alcanzaron con el subsecretario Marco Antonio Marbán, donde se precisa que Mateo Carmona Martínez continuará como director hasta que concluya el ciclo escolar, por lo que iba a seguir funcionando igual, pero el jefe departamento, Jovanni Ramírez, no lo ha respetado y ahora ha dicho por oficio a Mateo Carmona que ya está destituido, cuando no tiene la facultad, y está pidiendo que le entregue el dinero y las instalaciones.
Señaló que la continuidad de Mateo Carmona tiene el objetivo de no afectar a los alumnos en sus trámites, títulos, certificados y todo lo que implica. Agregó que no se quiere perjudicar, porque los procesos de cambio generan tiempo y perjudican al alumnado, y por eso se dijo que éste continúa siendo director, “no hay otro documento superior al firmado por esta autoridad, el subsecretario Marbán es el jefe superior y autoridad responsable de la educación superior, como es la UPN”.
Añadió que la mayoría de los trabajadores no está de acuerdo y por eso exigen la destitución de Jovanni Ramírez, porque está violentando un acuerdo de la SEG. Aseguró que ellos no están de acuerdo en que continúen, que urge la salida y destitución de éste, porque los está perjudicando como institución. Sobre la falta de clases, que originó que el lunes los alumnos protestaran, se aseguró que a pesar de que la escuela no está abierta en las licenciaturas y posgrados, las clases se están dando en línea y que quienes no lo hacen son los maestros que están en contra de que continúe Mateo Carmona.
Dijeron que si no hay una solución pronta, tendrán que llevar a cabo acciones para exigir una atención de las autoridades para resolver el caso, porque no van a permitir la imposición de un director y que no se respeten los acuerdos alcanzados.
Manta afuera del plantel del Colegio de Bachilleres, donde trabajadores afiliados al SUSPEG aseguran que los cambios impugnados por la otra organización forman parte de sus derechos, plasmados en el contrato colectivo y además no son plazas de nueva creación Foto: El Sur
Karina Contreras
Trabajadores administrativos del plantel 24 del Colegio de Bachilleres, en Plan de los Amates, de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para solucionar el problema de la toma de oficinas por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) desde hace un año.
Los manifestantes indicaron que lleva un año tomada la oficina, por parte de los agremiados al Sutcobach, porque exigen que salgan dos trabajadores suspegistas que llegaron a la escuela por cambio de adscripción del plantel de San Marcos y precisaron que no son plazas nuevas, porque ellos ya tienen 20 años en bachilleres.
Precisaron que el cambio es parte de los derechos que tienen en el contrato colectivo de trabajo y afirmaron que el director general de ese subsistema, Jesús Villanueva Vega, tiene conocimiento del caso, pero no ha tenido la capacidad de resolver el problema y por eso piden la intervención de la gobernadora.
La representante sindical del SUSPEG en el plantel, Enriqueta Estrada Rodríguez, señaló que los miembros del Sutcobach piden la salida de dos trabajadores administrativos y por ello tomaron las oficinas administrativas, desde hace casi un año, y no se ha podido resolver, pero no saben porqué no se actúa. Señaló que esta situación los afecta porque no pueden trabajar “nosotros tenemos toda la disposición, pero no nos permiten trabajar”.
Los del Sutcobach piden, dijo la dirigente del SUSPEG, la salida de dos trabajadores argumentando que ya son muchos en la oficina, cuando no son de nuevo ingreso porque su compañero Rutilo Ignacio Trejo tiene una antigüedad de 20 años y Flor Nayeli Rogel Dorantes de 15 años, y ambos vienen con cambio de adscripción del plantel San Marcos, no son plazas de nueva creación ni contratos nuevos, porque “tiene su antigüedad y como lo marca el contrato colectivo tenemos derecho a permuta, cambios de adscripción, permisos sin goce de sueldo. Pero estos compañeros no lo permiten, no lo aceptan y están pidiendo la salida de ellos”.
Señaló que no hay condiciones para trabajar porque están tomadas las oficinas y precisó que no el plantel, pues los docentes están trabajando de manera normal, en cuanto a las clases, pero no las oficinas administrativas, porque los inconformes no los dejan ingresar, al mantenerlas cerradas con candados y que, aunque han hecho oficinas alternas para no perjudicar a los alumnos, no es lo mismo.
Explicó la dirigente Enriqueta Estrada que el SUSPEG sólo tiene afiliado a personal administrativo, que son siete, mientras que el Sutcobach tiene a maestros y once administrativos. Recordó que en enero acondicionaron el área de centro de cómputo para seguir trabajando, por el papeleo de los jóvenes, pero los manifestantes los sacaron y cerraron también con candados, sin importarles que ahí estuvieran los padres de familia y, por eso, piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado, porque el funcionario responsable del subsistema no ha tenido la capacidad para resolver el conflicto.
Autoridades agrarias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Tepecoacuilco, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de núcleos agrarios de Leonardo Bravo (Chichi-hualco), Eduardo Neri (Zumpan-go), Tepecoacuilco y Chilpancin-go, señalaron en conferencia de prensa a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) como la “generadora de conflictos sociales y de violencia” en algunos núcleos agrarios del estado.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se revise la actuación del delegado Roberto Olivares Pita, pues lo ubicaron como el responsable de obstaculizar la solución de conflictos.
Encabezaron la conferencia Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco; José Juan Pérez Sánchez, de Zumpango; Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancin-go, y Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, Tepecoacuilco.
Denunciaron que la dependencia federal está inscribiendo de manera ilegal en el padrón a comuneros o ejidatarios y en otros, no reconoce a las autoridades legalmente electas, lo que está generando una grave división que ha comenzado a provocar confrontaciones, y podría ser motivo de violencia entre los campesinos, advirtió De Jesús Alejandro.
Se advirtió que las autoridades agrarias han iniciado, por ahora, una etapa de denuncia pública de las irregularidades, pero que en seguida, sino se corrigen, seguirán con la protesta pública.
De Jesús Alejandro justificó que pretenden denunciar las irregularidades antes que los conflictos, “que se vienen generando de manera deliberada por el RAN”, escalen a otros niveles de confrontación y “puedan tener otro tipo de consecuencias que no queremos”.
Aseguró que todos los conflictos están documentados y que los van a canalizar por las vías institucionales al presidente López Obrador, para que tome cartas directas en el asunto.
Añadió que, igualmente, van a enviar el documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que depende el RAN y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que a través de sus órganos internos de control hagan las investigaciones pertinentes.
De Jesús Alejandro informó que además de las pruebas de las irregularidades que tienen, hay otras que han presentado en los tribunales agrarios que harán valer.
Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denunció que el 15 de enero de 2021 fueron electos por 306 de 509 ejidatarios, y el 21 de enero acudieron al RAN para pedir que se inscribiera el acta de elección, pero que se las recogieron y nunca la certificaron.
Agregó que en la delegación, “de manera irregular” se la entregaron a cuatro inconformes del ejido mismos que impugnaron la elección.
Reprochó que con ello, en vez de entregarles el acta certificada se la entregaron a los inconformes, para que les sirviera de soporte para su impugnación en el juicio agrario que sigue sin resolverse.
“Con ello, en Chichihualco, el RAN está creando violencia. Está metiéndonos en conflictos cuando los ejidatarios de aquél lugar somos gente de paz”, sostuvo.
El representante agrario denunció, además, que el delegado extendió una constancia a una persona que no es ejidatario y que ni siquiera tiene tierras en el ejido.
Por ello, llamó al presidente y a la gobernadora para que “echen un vistazo” a esa dependencia y vean que “no está haciendo las cosas bien”.
Denunció que para conseguir una ficha necesitan llegar a las 5 de la mañana, porque a las 6 están repartiendo sólo una poquitas, “cuando antes se nos recibía a los ejidatarios sin cortapisas, sin embargo, ahora, si no tenemos billetes no entramos al RAN”, denunció, sin dar más detalles de la presunta corrupción.
Denunció, asimismo, que en 2021 fueron engañados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales. Dijo que fueron visitados en Chichihualco “por los representantes que dicen que están coordinando a los ejidos, pero no nos pareció la forma de proceder, porque nos hicieron muchas promesas que no cumplieron, como la devolución del pago que hicieron productores del Procampo”.
Explicó que el hermano del “mero encargado del RAN en Ciudad de México, les comprometió a que se iba a hacer cargo de la gestión, cosa que no fue cierta”.
“Consideramos que como no quisimos participar en esa coordinadora, ahora el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, nos cierra las puertas”.
José Juan Pérez Sánchez, del núcleo agrario de Zumpango, informó que en 2021, el RAN “se atrevió” a registrar a 107 comuneros cuando por órdenes federales, debido a la pandemia, se prohibía hacer reuniones, y a pesar de que los “legítimos comuneros” estuvieron en contra.
Informó que los comuneros se enteraron un año después, cuando solicitaron el padrón y en el nuevo ya se incluían los 107 cuestionados.
Dijo que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario, de Iguala, y que el juicio agrario sigue pendiente por resolverse.
Informó que hace un mes terminó el periodo del comisariado y se emitió una convocatoria, pero el TUA mandó una medida cautelar en la que dice que los 107 impugnados no pueden participar en la elección.
Añadió que a pesar de la medida cautelar del TUA, el domingo pasado se emitió la segunda convocatoria y se eligió a un comisariado, aun cuando hay un juicio sin resolver.
“Es evidente que el delegado esta coludido con quienes quieren llegar de manera irregular a la representación agraria”, concluyó.
Informó que tuvieron un dialogo con él, pero los atendió “despóticamente”, sin tomar en cuenta su recomendación.
Otro inconforme fue Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancingo.
Denunció que la situación en el RAN “se ha tornado complicada y desquiciante” para los campesinos, porque el director nacional, Plutarco García Jiménez, se ha impuesto y autoproclamado como coordinador de los núcleos agrarios en Guerrero, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, “enviando como operador político a su hermano Arturo García Jiménez”.
“Todos hemos simpatizado en Morena, pero hoy tenemos que hacer a un lado la política de soberbia, de prepotencia, de arrogancia. Hoy debe de aplicarse la política de justicia social”, pidió.
Denunció que en el RAN hay una servidora, Liz Yanetzi Álvarez López, quien atiende con arrogancia “cuando ahora, debería tener un trato humilde, sencillo, y un trato social al campesinado”.
Pidió una limpia en el RAN “que está en los últimos lugares de hacer todo tipo de trámites. Todo tiene que pasar por esta señora, cuando no tiene capacidad, calidad, ni perfil académico”.
Demandó el cambio de los servidores públicos “que en nada le ayudan a la gobernadora, ni al presidente de la República.
Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, denunció que en su núcleo agrario, que es nahua, los ejidatarios sufren un problema de división por culpa del RAN.
Explicó que en 2019 permitió la inscripción de una supuesta acta de asamblea, que la protocolizó el notario de Iguala, Aurelio Ortiz Gutiérrez, y la aceptó el RAN.
Aseguró que la convocatoria, la asamblea y el acta nunca existieron “fue fantasma todo”.
Añadió que lo peor es que, igual que en Chichihualco, aceptaron la inscripción de 32 nuevos ejidatarios, y que, además, no saben bajo qué criterios ni quién le autorizó al notario repartir tierras de agostadero del núcleo ejidal con el aval del RAN.
“Eso, lógicamente, va a generar conflictos una vez que los ciudadanos quieran hacer valer este documento y se quieran agarrar las tierras de uso común, lo que va a generar confrontación que puede llegar a niveles de violencia insospechados”.
Denunció que a pesar de que han presentado la denuncia en el TUA, el RAN les sigue dando la asesoría legal a la otra parte, “que espuriamente quieren hacerse pasar por ejidatarios”.
Agregó que hace ocho días, en la nueva asamblea para el cambio de ejidatarios, a pesar de que el TUA de Iguala emitió en tiempo y forma una medida cautelar, para que el RAN no publicara o no les entregara el padrón, la dependencia incluyó a esos 31 nuevos ejidatarios, “hizo caso omiso, les entregó el acta y se hizo el pase de lista”.
Denunció que el RAN se empeña en reconocer a la otra parte, que es totalmente ilegal y que lo han hecho mediante un documento falso, “pero vemos que las irregularidades del RAN persisten por eso pedimos a Roberto Olivares Pita que pare esto, o si su intención es echar a pelar a los comuneros y ejidatarios de Guerrero. Entonces, vamos a pedir al presidente que tome cartas en el asunto”.
Padres de familia de la escuela Tierra y Libertad, turno vespertino, de la colonia Emiliano Zapata, soldaron las puertas de ingreso al plantel para evitar el ingreso del nuevo director y, con ello, afectaron las clases de los alumnos del turno matutino, de la primaria Plan de Ayala.
Por segundo día consecutivo, los inconformes mantuvieron cerrado el plantel y apoyaron a Miguel de la Rosa Nava como director, quien salió de la escuela por conflictos con algunos docentes. Los manifestantes exigen la intervención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Los manifestantes tienen colocadas varias pancartas donde se lee: “Doctor Marcial Rodríguez ¿qué pasa con sus directivos?”, “exigimos solución al conflicto laboral de la primaria Tierra y Libertad. Basta de tanto conflicto en la escuela de nuestros hijos” y “fuera directivos corruptos”.
El conflicto laboral entre el ex director y maestros, que ya involucró a los padres de familia, escaló más fuerte, al grado de que los inconformes soldaron las dos puertas de ingreso al plantel, el miércoles por la tarde-noche, y esa medida provocó a la falta de clases al turno de la mañana.
Reiteraron que no quieren al director que mandaron las autoridades, porque la misma Secretaría de Educación Guerrero (SEG) absolvió a Miguel de la Rosa de todas las acusaciones que le hicieron, por lo que se debe respetar lo que resolvió el área de contraloría y el jurídico.
Sin querer dar nombres, los inconformes se quejaron de que las autoridades nada más los han engañado, por lo que advirtieron que tendrán cerrada la escuela hasta que haya una solución al conflicto laboral que está afectando la escuela de sus hijos.
De acuerdo con padres de familia, en las próximas horas tendrán una reunión con autoridades, para poder destrabar el conflicto.
Liberan padres la primaria Ruffo Figueroa en Iguala; se enviará a una maestra provisional
Padres de familia de la primaria Ruffo Figueroa Figueroa levantaron su plantón y liberaron el plantel, luego del acuerdo con la directora María Eugenia Hernández Gómez y autoridades educativas, de designar a una profesora provisional al grupo de segundo grado.
Mientras tanto, familiares solicitarán a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que investigue las agresiones que denunciaron los niños.
El martes pasado, los padres de familia del grupo de segundo C tomaron la escuela para exigir la destitución de la directora y la reposición de un profesor, luego de la jubilación del maestro Olegario Víctor Pina Pérez.
Denunciaron que el maestro de cómputo, Emanuel Flores Bahena, quien fue comisionado a ese grupo para darle clases, ejerció violencia contra los alumnos, “que consiste en agresiones físicas y psicológicas”.
Luego de una mesa de trabajo, realizada el miércoles, entre los padres inconformes, la directora de la escuela y autoridades educativas, se acordó el nombramiento provisional de una maestra para el grupo de segundo grado.
En declaraciones a reporteros, la directora Hernández Gómez informó que por acuerdo de los padres inconformes, se determinó que una maestra provisional se quede al frente de la escuela, la cual ya fue presentada este jueves a los niños y empezó a dar clases.
Se le preguntó sobre la denuncia que hicieron los niños, de que el docente del área de cómputo cometió agresiones físicas y psicológicas, pero justificó que ese docente lleva 14 años en la escuela, y siempre le apoya cuando falta un maestro por jubilación, mientras se hace la reposición, “y jamás he tenido problemas”. (Alejandro Guerrero / Iguala)
