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Ya se investigan las denuncias contra el alcalde de Tlacoapa, dice Raymundo García

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.

 

Investiga la Codehum tres quejas contra agentes de seguridad estatal; son casos de 2023

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, informó que en lo que va del año han recibido tres quejas contra agentes de seguridad de diferentes corporaciones; también por desplazamiento en la sierra, que les remitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y están en proceso para que puedan exhortar al gobierno del estado a garantizar los derechos a las víctimas.
Ayer, antes de celebrarse la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil en la Junta Local Ejecutiva del INE, en la colonia Vista Hermosa de la capital, Cecilia Narciso Gaytán dijo que hasta el momento no han recibido una queja en la tercera visitaduría especializada en desaparición, por el caso de José Dolores Tolentino, comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), desaparecido desde el 18 de febrero cuando el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desmantelaron su base en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Afirmó que se hacen actas de manera circunstanciadas y de manera oficiosa, para “hacer los procedimientos de investigación, sí estamos en eso independientemente que familiares presenten la denuncia, pero la Comisión siempre estará atendiendo a la ciudadanía”.
Se le preguntó si han recibido quejas del actuar de la Policía del Estado. Respondió que sí han recabado algunas contra “elementos de las corporaciones (de seguridad) y pues la Comisión está en esa vía de atender de acuerdo a las atribuciones que tenemos, de poder documentar las quejas por probables violaciones para en su momento emitir una resolución”.
“De enero a la fecha tenemos tres quejas (por abusos de agentes de corporaciones de seguridad) que se han recabado en estos dos meses”, y precisó que son por actos violatorios, de seguridad jurídica por acción u omisión”, y que está en el procedimiento probatorio de ambas partes.
Acerca del acompañamiento a pobladores desplazados en la sierra de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, sostuvo que de manera oficiosa la Codehum inició las actas para investigar, y que CNDH “ya nos remitió algunas denuncias que han hecho ciudadanos y que también a la comisión han llegado esas denuncias”.
Mencionó que han atendido el caso de los desplazados de Los Bayados y la Trinidad y que en caso de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos tienen la facultad de hacer pronunciamientos para exhortar a las autoridades a garantizar los derechos de todas y todos.
Añadió que han estado dando el acompañamiento a los desplazados y que incluso en las reuniones de la Mesa para la Coordinación de la Paz han asistido los delegados de la comisión en Tierra Caliente y Costa Grande para coadyuvar.
El martes 21 de febrero en Tecpan choferes bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de Aguas Blancas para exigir el retiro de los puestos de revisión de la Secretaría de Marina porque señalaban que los agentes acosan y hostigan a los conductores y pasajeros.
Al día siguiente, reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal, se quejaron de que cuando realizaban su trabajo del aumento del pasaje y cobro de caseta, una camioneta se le cerró el paso de manera violenta y los bajaron de su vehículo.

 

Investiga la Fiscalía a otros cinco líderes del grupo contrario a la alcaldesa

 

El vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango.
Consultado al finalizar la reunión del comité rector del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, que se realizó en la Casa Guerrero sin acceso a la prensa, Bonilla Uribe detalló que las carpetas que se integran son por los delitos de despojo, motín, lesión y sedición.
Agregó que en el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios, quien fue detenido la semana pasada, enfrenta los cargos de motín, despojo, lesión y sedición, pero sólo hay un proceso por parte del gobierno del estado y dos por un particular.
“Dos por los delitos de lesiones, despojo, motín; sólo un proceso en contra del estado y los otros dos en contra de particulares; aún está el desahogo del proceso, las preparatorias, una es reaprehensión y la otra es aprehensión y están en términos constitucionales”, señaló.
El pasado domingo 7 de agosto funcionarios y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en esta cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad.
A pregunta expresa sobre si existen otras órdenes de aprehensión contra más participantes del movimiento en contra de la alcaldesa, dijo que la Fiscalía integra otras carpetas en contra de otras personas.
“Existen otras investigaciones, otras carpetas que se están integrando en contra de cuatro o cinco personas que participaron”, agregó.
Detalló que el proceso legal consiste en la integración de las carpetas de investigación, y tras desahogarse las “diligencias” se solicitará la orden de aprehensión si así lo determina el juez de control.
“Una vez que se desahogan, entonces se hace el análisis jurídico y se determina la carpeta de la investigación”, dijo.
Agregó que no se trata de tiempo, sino de la prontitud en realizar “las diligencias” en la investigación, ya que las pruebas presentadas al juez determinarán las órdenes.
Este domingo los disidentes del cabildo de Apango denunciaron en conferencia de prensa que el fiscal general Xavier Olea Peláez está incumpliendo los acuerdos a los que llegaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada.
El vicefiscal se retiró sin dar más detalles sobre el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios ni sobre qué otros integrantes del movimiento son investigados por los hechos del pasado 7 de agosto.

Se investiga si algunos alcaldes tiene nexos con el crimen, dice el fiscal Olea

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que un grupo de inteligencia investiga si algunos alcaldes tienen relación con grupos delictivos.
Luego de una reunión con integrantes del Consejo Empre-sarial del Estado, Olea Peláez dijo que desconoce si la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a otros alcaldes, luego de la detención por segunda ocasión del de Cocula, el perredista Eric Ulises Ramírez Crespo.
“No tengo información, nosotros en nuestro grupo de inteligencia estamos investigando algunos, pero eso se mantiene en sigilo absoluto”, declaró el fiscal.
Del informe del Equipo Argentino de Antropología Foren-se (EAAF), que concluyó que los restos hallados en el basurero de Cocula no son de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el fiscal dijo: “Ustedes saben que no fue en mi tiempo. Es una cuestión de la PGR y nosotros no tenemos intervención, entonces lo que ustedes saben es lo que sé”.

En la zona turística de Acapulco pocos delitos

Por otra parte dijo que la violencia en la entidad no se puede negar que siga, “se está haciendo lo más humanamente posible” para inhibir los delitos y es cierto que si las autoridades detienen a tres o cuatro, y diez en el estado, de repente se nos suben los homicidios.
“Puede haber nueve (homicidios) en un lugar, puede bajar en Acapulco, pero se nos sube en Iguala”, y señaló que “creo que ha bajado pero sí son un problema grave los secuestros, los homicidios y el cobro de piso”.
Reiteró que en Acapulco “debe haber entre 30 y 40 bandas, en el estado ya sabemos cuáles son los grupos, El Pez, El Tequilero en Tierra Caliente; en la Montaña los Ardillos y los Rojos. Entonces hay que ir atacando, hay que ir limpiando, vamos a darle, no hay de otra, y agarrar el toro por los cuernos”.
Respecto a si seguía operando el Cartel Independiente de Aca-pulco (Cida) el funcionario estatal dijo que “hay varios grupos aquí muy violentos, ya hay grupos muy chicos de tres, cuatro, cinco gentes, entonces es difícil”.
Subrayó que para prevenir el delito en Acapulco, “puedo decir que se está haciendo lo humanamente posible… y les quiero decir e insisto que si bien es cierto que hubo tres homicidios en el Malecón, también es cierto que la incidencia en la parte turística es 0.5 por ciento, en esta parte está bastante bien, arriba (en el resto de la ciudad), reitero, no estamos nada bien”.
Afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong saben de la inseguridad en el estado.
Informó que la Fiscalía ya emitió su convocatoria para contratar a mil policías ministeriales, que antes van a ser capacitados y deben pasar los exámenes de control y confianza “y ojalá haya aspirantes que quieran incorporarse a la corporación”