La Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) lamentó lo que ocurrió en la Preparatoria 29 de Tixtla, y dijo que no es un órgano sancionador, pero recomienda que el director pida permiso de tres a seis meses, mientras se investiga.
En tanto, las alumnas que mantenían tomada la escuela la abrieron, al informarles que acudirá la policía cibernética para revisarla.
Por teléfono fue consultada la ombudsman universitaria, Olivia Álvarez Montalbán, quien dijo: “Es un asunto muy reprobable, desde ayer (martes) se instaló una mesa de diálogo”.
Consideró que eso no puede pasar en ninguna escuela, en ningún lugar, “quién va a querer ser vigilado haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso no debe pasar”.
Informó que el jueves volverán a dialogar para quedar de acuerdo con los padres de familia, quienes están pidiendo la destitución del director José Francisco Calvo Hernández.
Olivia Álvarez enfatizó: “Nosotros estamos pidiéndole al director que pida permiso de tres a seis meses, para que de manera libre se pueda hacer la investigación”.
Indicó que la Defensoría Derechos Humanos no es “un órgano sancionador. Los padres están en su libre albedrío de recurrir a otras instancia, no somos órgano sancionador, pero sí podemos recomendar que no se repitan estos actos de dicha naturaleza”.
Las alumnas informaron que reanudarán las clases este jueves, luego de que les prometieron que acudirá la policía cibernética y trabajadores del área del jurídico de la UAG, para hablar con todos los docentes.
El acuerdo con el que también llegaron fue que no abrirán la dirección de la escuela, ni el área de cómputo, mientras se realizan las investigaciones.
El pasado 23 de febrero alumnas de la preparatoria localizaron “mini cámaras” en los baños. El lunes y martes se manifestaron y tomaron la escuela, para exigir una explicación y que se sancione a los responsables. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
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Informará la FGE avances en casos de asesinatos de universitarios, dice el rector Saldaña
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila se comprometió a que la próxima semana entregará un informe del avance de las investigaciones de ocho de los 20 asesinatos que tienen una carpeta de investigación y para los que las familias solicitaron ayuda.
Consultado por teléfono, el rector dijo que en el encuentro compartió información de seguridad de la Universidad y de los universitarios asesinados, para que la Fiscalía tenga más elementos y avance en las investigaciones.
Recordó que 12 de los 20 casos, han tenido avances en sus investigaciones e incluso se han esclarecido y castigado a los responsables.
El rector informó al fiscal de algunas nuevas amenazas que, vía mensaje y llamadas de celulares, han recibidos maestros de Acapulco, pero por lo delicado de la amenaza se reservó dar mayores detalles.
Abundó que la información que compartió de la UAG a la FGE, es para que la dependencia se coordine con las autoridades estatales y militares que cuidan los alrededores de las facultades ubicadas en Chilpancingo y en Acapulco.
Además, informó que acordaron la firma de un convenio de colaboración para que maestros de la universidad capaciten a los trabajadores de la Fiscalía en el nuevo sistema penal acusatorio. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).
Piden agilizar la investigación del asesinato de Antonio Vivar en 2015 en Tlapa
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Colectivo El Grito, Bad Tlapa, organización Popular Independiente de Guerrero y Colectivo Tioko, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que agilice la investigación de la ejecución del activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar Díaz, a manos de policías federales en la colonia Tepeyac, durante la jornada electoral de 2015.
También demandaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que concluya la investigación y emita la recomendación, y que el estado garantice seguridad a los familiares, quienes solicitaron medidas cautelares ante las amenazas del grupo de choque que participó en la agresión a los maestros. Para recordar la exigencia de justicia, al anochecer presentaron un festival musical. (Antonia Ramírez / Tlapa).
Cumplen cuatro días en sigilo las diligencias de la PGR en fosas del cerro Gordo de Iguala
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), con el resguardo de la Gendarmería, cumplieron ayer cuatro días de diligencias en las faldas del cerro Gordo, al poniente de Iguala, en completo hermetismo, relacionadas con las investigaciones de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El miércoles, agentes de la PGR, a bordo de tres camionetas y dos helicópteros con el resguardo de unos 50 gendarmes que se movilizaban en nueve patrullas, cumplieron diligencias en las faldas del cerro Gordo, ubicado entre los parajes La Joya, Monte Hored y La Laguna.
Ese día, de manera extraoficial trascendió el hallazgo de fosas clandestinas en las que habrían hallado cuatro cuerpos, sin embargo la información no fue confirmada por ninguna fuente oficial.
Tras hacer un recorrido entre los cerros, a unos 5 kilómetros del periférico poniente, y tras cruzar las colonias Villa de Guadalupe, Chapultepec, Loma del Zapatero y otras, se toma un camino de terracería usado como saca cosechas, se pasa por los parajes Monte Hored y La Laguna, donde entre 2013 y 2016 fueron hallados más de 40 fosas clandestinas, y en las faldas del cerro se confirmó la presencia de los agentes federales.
La zona en la que se vio ayer a los agentes de la PGR, está a unos 300 o 400 metros del sitio donde se les vio el miércoles, en un pequeño cerro de enfrente, y para llegar a éste se toma un camino diferente. En el predio se alcanza a ver la instalación de una carpa donde al parecer trabajan los agentes federales.
Sólo se vio a cinco patrullas de la Gendarmería y tres de la PGR, pero de acuerdo con información de vecinos de colonias cercanas, durante la mañana sobrevolaron dos helicópteros a baja altura, y los mismos trabajos se hicieron el jueves.
El paraje en el que trabajan ahora los agentes de la PGR, es la única zona de esa parte del cerro que se ve que fue limpiada con la quema de pastizales.
De acuerdo con información de vecinos de colonias cercanas, desde el martes han visto el movimiento de los policías y el recorrido de helicópteros, y durante la tarde del martes vieron una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) que subió al cerro entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche.
“Ya nos acostumbramos a ver los helicópteros y los policías por esta zona”, dijo un vecino ayer.
Estas diligencias del gobierno federal en cerros de Iguala se han hecho en completo hermetismo y con sigilo, y hasta ayer no se había dado a conocer información oficial sobre los resultados obtenidos.
Integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, consultados ayer vía telefónica, dijeron que estas diligencias no están relacionadas con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa, y que la PGR tampoco les está informando a ellos de estos trabajos.
Las diligencias de la PGR se llevan a cabo cerca de los parajes La Laguna, La Joya, El Maizal, y la barranca del Tigre, donde el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala han recuperado 150 cuerpos de fosas clandestinas halladas entre 2014 y 2017, de los cuales la PGR ha identificado a 37.
Un año de notas malas: 15 maestros y estudiantes de la UAG fueron asesinados en seis municipios
En este año, 15 maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fueron asesinados en el estado, mientras que dos alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de Acapulco permanecen desaparecidos, y el ex director de la Preparatoria 2, Evaristo Zaragoza Patricio, fue secuestrado.
De acuerdo con información publicada en El Sur, desde enero y al 20 de diciembre de 2017 se registraron 15 asesinatos en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez, Iguala y Cuajinicuilapa.
El 21 de octubre pasado, durante la conmemoración del inicio de la lucha por la autonomía, el rector Javier Saldaña Almazán pidió justicia para los 27 universitarios que han sido asesinados en los últimos cuatro años; sin embargo, la UAG no proporcionó información actual de los crímenes que El Sur solicitó.
La tarde del 8 de enero, el cuerpo de la integrante del Comité Ejecutivo Central (CEC) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, fue hallado a un costado de la Autopista del Sol, en el tramo entre Chilpancingo y Tierra Colorada; mientras que su ex esposo, el médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Altamirano, Nicéforo Cabrera Rojas, y su hijo de 13 años de edad, Isaac Daniel Cabrera Rosado, fueron asesinados a balazos en su casa ubicada en la colonia Recursos Humanos, atrás del Palacio de Gobierno, en la capital.
El asesinato de Rosado Peña y su familia conmocionó a los universitarios, quienes no sólo la despidieron con un homenaje en las oficinas centrales del STAUAG en la capital, también marcharon y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva con resultados. Aunque más tarde se informó que tres vehículos, presuntamente robados de la casa de Rosado Peña el día de los homicidios, fueron localizados, uno en Cuernavaca, Morelos, no se detuvo a ningún presunto responsable de los hechos.
El 29 de enero la estudiante de la Preparatoria 16, Cinthia Pamela Quiroz, de 18 años, fue asesinada a balazos en el centro de Coyuca de Benítez. El 31 de marzo, el maestro de la Unidad Académica de Enfermería 2, José Luis Cruz Hernández, fue ahorcado junto con su esposa en una casa ubicada en la colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco.
Mayo fue el mes en que los asesinatos de los universitarios impactaron a la sociedad y motivaron distintas manifestaciones en la capital, para exigir el cese la violencia en el estado, así como el esclarecimiento de los crímenes.
El 8 de mayo, el cuerpo decapitado del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Jahaziel Gálvez Ayatle, de 22 años, fue hallado en Chilapa. El 13 de mayo, el estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Cristian Santiago Navarrete, de 22 años, fue asesinado durante el enfrentamiento entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
El 17 de mayo, el estudiante de la Preparatoria 32, Samuel González Saavedra, fue asesinado y su cuerpo desmembrado se encontró en la colonia Adolfo López Mateos, de Iguala. El 24 de mayo, el estudiante de la Escuela Superior de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, fue asesinado a balazos en el bulevar Vicente Guerrero en la capital.
Según consta en un video que se difundió en redes sociales, Barrientos Miranda no murió al instante tras recibir los impactos de bala; el joven trató de incorporarse, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica por parte de los policías estatales y agentes ministeriales que llegaron para acordonar la zona. Las imágenes trascendieron, y a pesar de que los universitarios salieron a las calles a exigir justicia, no se informó de ningún detenido por los hechos o avances en la investigación.
El 23 de agosto, el estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad en Chilpancingo, Engelbert Martínez de la Cruz, fue asesinado a balazos cerca de la alameda Granados Maldonado, en la capital.
El 30 de septiembre, el director de la Preparatoria 2, José Villanueva Arce, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su automóvil en la avenida Ruiz Cortines en Acapulco; su asesinato motivó que Saldaña Almazán emplazara a la FGE a resolver el crimen en tres días, y a exigir seguridad en el estado, antes su administración se limitaba a condenar los homicidios mediante esquelas.
Ante el llamado de justicia de Saldaña Almazán, la FGE investigó el crimen de Villanueva Arce y determinó que no fue premeditado, sino que se trató de un hecho circunstancial por el que tampoco se informó de algún detenido.
El 6 de octubre fue hallado el cuerpo desmembrado de un estudiante de la Preparatoria 26, quien fue identificado como Alberto, de 19 años de edad, hallado en la calle Poniente 10 en Chilapa. Mientras que el 12 de octubre un estudiante de quinto semestre del turno vespertino de la Facultad de Psicología, fue encontrado ensabanado y con un torniquete a un lado del hospital privado Magallanes, a una cuadra de la avenida Costera, en Acapulco.
A consecuencia del crimen, el Consejo de Unidad, académicos y directivos de la Facultad de Psicología suspendieron clases, por tratarse de “una situación delicada”, así como por temor ante los constantes crímenes en Acapulco.
El 16 de noviembre el cuerpo del estudiante de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, Ángel Iván Argüelles, fue hallado en el viejo libramiento a Tixtla, con huellas de tortura. El joven era militante activo del PRI.
Durante lo que va de diciembre ocurrieron dos asesinatos en Acapulco, el 2 de diciembre una estudiante de Enfermería 2 fue hallada decapitada, envuelta en una lona, cerca del contenedor de basura de la colonia Carabalí; mientras que el 5 de diciembre, una estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración fue asesinada a balazos en el conjunto habitacional Infonavit, en la colonia Alta Progreso.
Por otra parte, el 7 de diciembre fue hallado el cuerpo del estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 24 años, Jorge Cortés Carmona, en Cuajinicuilapa, luego de haber desaparecido el 28 de octubre. Su tío, sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez, exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, ante la incapacidad que demostró la FGE para resolverlo.
Los desaparecidos
Saldaña Almazán informó que Zaragoza Patricio fue privado de su libertad el 10 de diciembre. A la fecha se desconoce el paradero del académico, que es originario del municipio de Azoyú, cuenta con dos licenciaturas, Físico-Químico y Licenciatura en Ciencias Biológicas, ambas las cursó en la máxima casa de estudios, donde ingresó para trabajar como académico en 1987; ha sido dos veces director de la Preparatoria 2, con sede en Acapulco, así como subdirector académico.
Mientras que dos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, del mismo grupo de la joven asesinada a balazos el 5 de diciembre, están desaparecidos. Aunque el rector no abundó en detalles de los casos, dijo que se trata de una situación “compleja” y “muy delicada”, por la que solicitó vigilancia militar en las escuelas de la UAG.
Comisiones que no dan informes
El 13 de enero de este año, antes de contender por la Rectoría por segunda ocasión consecutiva, Saldaña Almazán manifestó ante el Consejo Universitario su preocupación por la violencia y la inseguridad en el estado, por lo que propuso la creación de una comisión que se encargaría de hacer un análisis de la situación en la materia, escuela por escuela.
La conformación de la comisión y la publicación de un pronunciamiento para condenar los crímenes en Guerrero se aprobaron por unanimidad. Dicha comisión fue integrada por los ex rectores Florentino Cruz Ramírez y Ramón Reyes Carreto; el investigador Sergio Paredes, quien es especialista en encuestas; y los secretarios generales del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González.
A la fecha no se informó del avance en la investigación, que se realizaría para revisar los protocolos de seguridad, pues según Saldaña Almazán los establecidos por la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) “obviamente se quedan cortos”.
Mientras que una sesión extraordinaria, el 2 de junio de este año, el Consejo Universitario volvió a aprobar la creación de una Comisión Especializada para conocer los problemas en materia de seguridad de cada escuela y así, implementar los protocolos de seguridad necesarios. Tampoco se dieron a conocer los avances o resultados del trabajo que haría la comisión.
De manera constante Saldaña Almazán solicita seguridad de los tres órdenes de gobierno, no sólo para las escuelas de la UAG, sino para la sociedad guerrerense.
Es prioridad del Frente la seguridad, dice Walton en la reunión de la dirigencia estatal de MC
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto encabezó el sábado una reunión de la Coordinadora Ciudadana Estatal en la que informó que un día antes las dirigencias nacionales de su partido, del PRD y del PAN registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición electoral, que ahora se denomina Por México al Frente.
De acuerdo con un boletín de prensa, el ex alcalde de Acapulco dijo en la sesión que la coalición Por México al Frente tiene como ejes centrales “el desarrollo humano, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible”.
Walton destacó que el partido ya “tiene presencia política en 61 municipios, que concentran el 90 por ciento de la lista nominal de electores, y contamos con casi 3 mil 200 círculos ciudadanos”.
En la misma reunión se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que esclarezca los homicidios de los dirigentes regionales del partido: Ángel Vergara Chamú y Armando Arturo López Solano.
El coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente, Ángel Vergara Chamú, fue asesinado el 26 de septiembre, ejecutado a balazos dentro de su vehículo en Chilpancingo; mientras que Armando Arturo López Solano, quien era dirigente de Movimiento Ciudadano en Quechultenango y ex candidato a alcalde, fue asesinado la noche del 23 de noviembre en la cabecera de dicho municipio.
Este sábado sesionó en privado la Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano, en las oficinas del partido en Acapulco.
En declaraciones por teléfono, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, informó que fue la última sesión del año de la Coordinadora, que en ella se aprobó el informé del coordinador de los diputados locales del partido, Ricardo Mejía Berdeja; el informe de la tesorería del partido y el informe del presidente de la Coordinadora, Gilberto Cueva.
En su informe, el diputado Ricardo Mejía habló sobre la actividad legislativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. “Hemos presentado iniciativas en temas fundamentales como seguridad ciudadana, violencia de género, transparencia, derechos humanos y combate a la impunidad”, también se quejó de la falta de interés del Congreso local por aprobar leyes como la de “no más fuero” y las que conciernen a seguridad.
Baja la participación en el foro Estudios sobre Guerrero por inconformidades, informa Cocytieg
El director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (Cocytieg), Víctor Hugo González Torres, informó que hubo una baja participación en la convocatoria del 22 Foro de Estudios sobre Guerrero, debido a inconformidades de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), quienes denunciaron la mala administración de la dependencia.
La convocatoria para participar en el foro se publicó en agosto pasado, los académicos de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Gloria Fernández Tilapa y Adolfo Román Román, consideraron que el consejo no cumple con sus funciones, establecidas en la ley 76, además de que el gobierno estatal no aporta recursos ni apoyos para los trabajos y sus publicaciones.
Criticaron que las comisiones internas del consejo no se reúnen de manera regular y no se presenta un informe transparente de los recursos que manejan; además, señalaron que la dependencia no ha sido dirigida por un investigador, sino por distintos funcionarios y políticos.
En conferencia de prensa en el restaurante La Finca, en la capital, González Torres dijo que el foro se llevará a cabo hoy en Acapulco, en el Fórum Mundo Imperial, donde se presentarán 126 trabajos en 73 modalidades de exposición oral, de cinco áreas de investigación, y 53 trabajos en la modalidad de exposición por cartel.
Respecto de la queja de los universitarios, González Torres reconoció que este año hubo una menor participación por parte de los investigadores del estado, en comparación con otras presentaciones, debido a las inconformidades que trascendieron en agosto pasado.
Señaló que este año hubo menos trabajos en el área de Ciencias Químico Biológicas, pero consideró que esto permitió que se impulsaran otras materias, como las que se presentarán en las cinco mesas: alimentos, desarrollo humanístico, educación, modernización tecnológica y desarrollo regional, y medio ambiente y recursos naturales.
Explicó que la Junta de Gobierno es la encargada de analizar las actividades y dictaminar al respecto, en pro de la investigación de manera anual. Aseguró que las comisiones se reúnen regularmente y que no hay recursos a disposición del consejo, sino que éstos se gestionan ante los gobiernos estatal y federal.
Añadió que solicitó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un programa específico de apoyo a la investigación, el cual está en proceso.
Dijo que uno de los propósitos del consejo es que se consigan apoyos reales para los 500 investigadores del estado, como material para laboratorios, equipo de cómputo y otros que les sirvan para desarrollar sus investigaciones.
No hay nada que festejar, manifiestan periodistas en lo que antes era el Día de la Libertad de Prensa
Periodistas de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo y Tierra Caliente se manifestaron y expusieron que este miércoles, cuando en los tiempos de la hegemonía del PRI se celebraba el Día de la Libertad de Prensa, no hay nada que festejar porque no hay garantías para ejercer la labor periodística en Guerrero.
Además, coincidieron en que los tres órdenes de gobierno deben de garantizar el ejercicio libre del periodismo y exigieron al gobierno del estado que informen sobre las investigaciones de los asesinatos de compañeros y que sean sancionados los agresores de reporteros.
Recalcaron que desarrollan su labor en un ambiente de violencia e inseguridad, que afecta a toda la población.
En Chilpancingo exigen que haya paz y tranquilidad para todos
En la capital los periodistas realizaron un mitin en la Plaza de la Libertad de la Expresión, en el centro de la ciudad, donde se congregaron miembros de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).
Portaron pancartas en las que se leyó: “#NosEstánMatando prensa” y “Sin libertad de expresión no hay democracia”.
En el mitin, el reportero Jesús Saavedra manifestó que hay una situación de alerta en el estado, por las agresiones que han sufrdo compañeros periodistas y asesinatos que no han sido aclarados, que por tal motivo se decidió hacer la protesta.
En su intervención, el director del semanario Trinchera, Ulises Domínguez Mariano, a nombre de la APEG agradeció al SNRP por la invitación a manifestarse juntos, lo cual dijo que demuestra la unidad por la cual han estado trabajando.
“Le agradecemos al sindicato porque generalmente nosotros no conmemoramos esta fecha, por dos razones: una por su origen. Esta fecha tiene un origen oficialista, creo que todos saben que se instituyó en el periodo de Miguel Alemán en 1951, y fue iniciativa de José García Valseca, que era dueño de una cadena de medios grandísima ligada al poder, y lo hicieron con una forma de rendir pleitesía al poder”, abundó.
Criticó el nombramiento de una fiscal especiali para delitos contra el gremio, pues dijo que se ha visto que estas fiscalias no sirven, ninguna ha entregado avances de los casos que se le encomiendan.
Además recalcó que no se manifiestan para que el gobernador los convoque a reuniones y les pongan mecanismos especiales, ni policías para estarlos cuidando, porque dijo que el trabajo debería de hacerse en un clima de tranquilidad y paz.
Subrayó que no sólo los periodistas quieren garantías de seguridad, sino toda la población, y por eso demandan al gobierno que trabaje para lograr la paz y la tranquilidad de todo el estado.
El secretario general del SNRP, Erick Chavelas, resaltó que conmemorar este día bajo fuego es una labor que los reporteros ejercen en el estado y en el país, y mandó un saludo a los compañeros de las distintas regiones y les manifestó que no están solos.
También recordó que fue el gobierno federal quien instauró esta fecha, y dijo que la agrupación que dirige exige al gobierno del estado resultados de las investigaciones de los asesinatos de los compañeros periodistas.
Agregó que el gobierno debe garantizar el trabajo de los periodistass, pues las libertades de expresiòn y de prensa están consagradad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Implementar un mecanismo de protección de derechos humanos de periodistas, que a nivel nacional no ha dado resultados, es una clara política de no hacer nada por garantizar el trabajo de informar, sólo quiere atender agresiones que este mismo gobierno ha hecho, siendo el principal agresor”, reprochó.
También demandó la reparación del daño a los siete reporteros asaltados que fueron asaltados por miembros de un grupo delictivo en un retén en la carretera Arcelia-Teloloapan frente a Acapetlahuaya.
En Zihuatanejo subrayan que los crímenes siguen impunes
En Zihuatanejo, unos 30 periodistas, de las dos agrupaciones que hay en este municipio, participaron en una manifestación frente a las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir justicia por los colegas asesinados en el país y en la entidad.
La manifestación duró aproximadamente 45 minutos y como ocurre cada vez que los reporteros han acudido a manifestarse en la PGR, los guardias de seguridad privada cierran de inmediato las puertas y nadie sale a escuchar las quejas.
Al grito de “justicia” y “ni uno más”, los periodistas de Zihuatanejo hicieron un llamado al gobierno federal y al gobernador Héctor Astudillo para que garanticen la seguridad al gremio periodístico para hacer su trabajo.
Durante sus intervenciones al micrófono, los dirigentes de la Fra-ternidad de Periodistas de Zihua-tanejo y la Asociación de Periodistas de Zihuatanejo, Fernando Arriaga Ramírez y David Obscura Talavera, respectivamente, coincidieron en que cada día es más riesgoso ejercer la actividad periodística, principalmente si no se tienen las garantías para ejercer la labor.
Por su parte, el periodista Ranferi Rosas López hizo un recuento de todos los periodistas que han sido asesinados en el país y en Guerrero en los últimos cinco años. Subrayó que todos los crímenes de los periodistas en México tienen una característica en común: la impunidad en la que permanecen.
En Iguala exigen acceso a las se-siones de Cabildo
Convocados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) , un grupo de 10 reporteros de diferentes medios de comunicación se congregaron a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez del zócalo de la ciudad.
El coordinador de delegados del SNRP en el estado y secretario general de la sección 30 de esta ciudad, Alejandro Aparicio Tetoto, dijo que “no hay nada que celebrar y sí mucho que exigir en este día”.
Repudió la agresión que sufrieron reporteros en Zihuatanejo, Leonardo Martínez Peralta y Eleazar Arzate Morales, quienes el lunes en el desempeño de su labor fueron encañonados por policías, “por lo que se pide a las autoridades que frenen estos agravios y se haga justicia para los compañeros”.
Después el grupo se trasladó a la sede del Ayuntamiento, donde se buscó una audiencia con el alcalde priista Herón Delgado Castañeda o con el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, pero al no estar ninguno, se reunieron con la primera síndica, Leticia Márquez Ocampo, a quien se le pidió por escrito que las sesiones de cabildo o las mesas de trabajo del cabildo sean abiertas y que se permita el acceso a comunicadores, para el mejor desempeño de su actividad y difundir los acuerdos que allí se tomen.
Reporteros de Tierra Caliente se manifiestan mediante un video
Periodistas de Tierra Caliente se manifestaron mediante un video en el que señalaron que en los últimos 10 años el ejercicio periodístico en el país y la libertad de expresión ha sido sinónimo de muerte.
Exigieron a las autoridades no más simulación.
En el video, que dura un minuto 38 segundos, los periodistas expusieron con frases la situación de violencia que viven en la zona, y manifestaron que les han callado su voz, pero que la pobreza, desigualdad y la injusticia están a la vista de la sociedad.
“Por eso hoy levantamos nuestra voz para decir que no se está cumpliendo con el derecho constitucional de la libertad de expresión”, expresaron.
Hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares para que cumplan la Constitución y respeten la libertad de expresión.
Dijeron que no quieren más represión, ni simulación de una libertad amordazada. “Señores políticos, matando periodistas no se asesina la verdad”, recalcaron.
En Chilapa ya no cubren información sobre la violencia
En la parte baja de la Montaña, los reporteros han dejado de cubrir la nota roja y han evitado salir a zonas de alto riesgo por los altos índices de violencia, además de que han adoptado medidas de auto protección, ante la desconfianza en las autoridades civiles y en las corporaciones de seguridad pública.
Félix Hernández Abarca, emblemático reportero de la nota roja en la zona desde 1994, reveló que se vio orillado a dejar de cubrir la fuente a raíz del incremento de la inseguridad, aunque aclaró que no ha sufrido amenazas o ataques.
Para Hernández Abarca en 2017 se llega en condiciones desfavorables para los reporteros de todas las fuentes.
“Llegamos en unas condiciones muy desagradables y desfavorables, ya no nos sentimos seguros de ejercer el oficio, de ir a cubrir, a tomar nota; ya no vamos a la nota roja o cualquier otro tipo, de política, con todo lo que se está viendo hay incertidumbre”.
“Mi respeto para los compañeros de la sección policiaca, los admiro y felicito porque estar jugándose la vida no es fácil; con el riesgo que existe debemos tomar las medidas de precaución, porque ya no hay confianza ni en las autoridades. En este momento en quién vas a confiar, más que en nosotros mismos, cuidarnos nosotros”.
En tanto, el camarógrafo Jesús Rojas Mendoza, quien ha colaborado en medios estatales y nacionales, como Televisa y Milenio, confirmó que no hay garantías de seguridad en la región por lo que se ha visto orillado a evitar zonas de alto riesgo en la ciudad y en la zona rural. Además de que ha empleado medidas de auto protección.
Ambos reporteros exigieron al Estado, por medio de sus representantes en el gobierno municipal, Jesús Parra García; estatal, Héctor Astudillo Flores, y federal, Enrique Peña Nieto, los tres de extracción priista, medidas de seguridad para todos los ciudadanos y poder generar condiciones para realizar su trabajo periodístico.
Al gobierno de Héctor Astudillo y al gobierno federal les demandaron el esclarecimiento de los casos de los periodistas asesinados en el estado, en 2016 y 2017, Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Birto.
Condena Saldaña el asesinato del estudiante de Artes; el fiscal le informa de las pesquisas, dice
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, condenó el asesinato del estudiante de la Facultad de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, e informó que se reunió con el fiscal Javier Olea Peláez, quien le informó sobre los hechos y la situación de las “pesquisas”.
En declaraciones telefónicas, el rector Javier Saldaña dijo sobre el asesinato del universitario, quien fue baleado cuando viajaba en una motocicleta en Chilpancingo, que era muy preocupante la situación que se vive. “Nos preocupa, es algo que nunca vamos a aceptar, que le quiten la vida a un universitario que tenía muchas ganas de hacer las cosas”, indicó el rector.
Señaló que condena que se vea truncada la esperanza y sueños de los jóvenes universitarios. Que el mismo miércoles se reunió con el fiscal para saber sobre los hechos y que le comentó que están en las “pesquisas de las personas que le arrebataron la vida a nuestro estudiante”. El rector dijo que conoció al joven, pues muchos se le acercan para pedirle una beca alimenticia o económica.
Recuerda que Darwin Raymundo Barrientos le pidió una beca y le contó que su madre ya era una persona mayor a la que sostenía, que sabía que cada fin de semana el joven le llevaba despensa a su mamá a su pueblo en Buenavista de la Salud. Dijo que era un joven animoso, que de viernes a domingo se dedicaba a cantar y tocaba varios instrumentos. Que siempre que pudo le tendió la mano y que, incluso, apoyó para los gastos funerarios.
Indicó el rector que piden el esclarecimiento del crimen, pero también está preocupado por la situación, que en Chilpancingo iba a la baja la inseguridad, “con esto nos preocupa y ojalá por el bien del estado las cosas mejoren”.
Al rector se le preguntó qué le ha dicho el fiscal sobre los crímenes que se han dado contra los universitarios, pues ha pasado el tiempo y no se ven resultados claros de detenidos y dijo que éste le explica cómo suceden las cosas y en algunos casos implicación.
El rector lamentó que en la mayoría de los casos la sociedad se acostumbra y dice que si les hicieron algo es porque andaban metidos y señaló que no es una regla, que es algo a lo que no debemos acostumbrarnos a vivir, porque hay casos fortuitos, pero se quiere que se castigue a los responsables y se haga justicia.
Además, que quieren que no nada más haya justicia, sino que no vuelva a suceder otro caso de un universitario que pierda la vida, que es asaltado o extorsionado y subrayó que por eso su relación cercana con las autoridades, a quien agradeció que estén disponibles, pero que quieren también la prevención del delito, que es clave para todos los guerrerenses no solo para los universitarios.
Sobre la presencia de ministeriales en Rectoría el miércoles, el rector Javier Saldaña dijo que el director de la Policía Ministerial acudió por una llamada que se le hizo, pues afuera había un carro con hombres armados que no eran judiciales, “llegó el grupo de reacción inmediata y pedimos que nos dieran la seguridad”. Que se habían robado un carro y que se retiraron cuando se dieron las detonaciones y fue hasta la tarde que él supo que era un universitario el asesinado.
Marchan 50 estudiantes de la UAG; exigen el esclarecimiento del asesinato de universitarios
Unos 50 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon para protestar por el asesinato de su compañero Darwin Raymundo Barrientos Miranda, de la escuela de Artes, hecho ocurrido este miércoles en esta ciudad, y exigieron su esclarecimiento y recordaron que siguen impunes los de los alumnos Cristian Jesús Santiago Navarrete, de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, y Haziel Gálvez Ayatle, de Filosofía y Letras.
A las 3:50 de la tarde, unos 50 universitarios marcharon desde Radio Universidad hasta la escuela de Filosofía y Letras, donde reprocharon a las autoridades la muerte de los tres estudiantes y exigieron el esclarecimiento de los hechos.
Durante la marcha, los universitarios portaron pancartas en las que se leyó: “Exigimos justicia” y corearon consignas como “ni uno más” y “no más estudiantes asesinados”.
Los universitarios participaron en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, que se llevó a cabo en la escuela de Filosofía y Letras, en donde denunciaron que Barrientos Miranda, quien fue asesinado el miércoles junto a otro joven en la lateral del bulevar Vicente Guerrero a unos 300 metros de la 35 Zona Militar, estaba vivo cuando las policías ministerial y estatal llegaron al lugar de los hechos, en la colonia Vista Hermosa, pero no lo auxiliaron.
Señalaron que, como consta en videos difundidos en medios de comunicación, Barrientos Miranda se aferró a la pierna de un agente, en un claro gesto de auxilio, pero no recibió primeros auxilio ni ningún tipo de atención médica.
En su intervención, el estudiante de la escuela de Artes, Emilio Nava Dionicio, dijo que Barrientos Miranda tenía 26 años y dejó huérfano a un pequeño de 4 años. Reprochó que las autoridades estatales son incapaces de garantizar la seguridad de la sociedad y que los asesinatos de los universitarios permanecen en la impunidad.
La estudiante de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Jessica Salazar Vargas, recordó que Santiago Navarrete fue asesinado durante los enfrentamientos entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el 13 de mayo, en El Ocotito.
Dijo que los universitarios, al igual que todos los guerrerenses, no están exentos de la violencia e inseguridad en el estado. Llamó a los estudiantes y maestros a unirse para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes y maestros de la UAG.
Por su parte, el estudiante de Filosofía y Letras, Carlos Javier Sánchez Dionicio, recordó que Gálvez Ayatle fue levantado en Chilpancingo y apareció decapitado en Chilapa, de donde era originario, el 8 de mayo.
Reprochó que las autoridades de la UAG no han dado una postura contundente al respecto del asesinato de los jóvenes, quienes sólo se dedicaban a sus estudios y fueron víctimas de la violencia en Guerrero.
Los universitarios llamaron a la comunidad de la UAG a participar en una marcha que se llevará a cabo hoy en la capital, para exigir justicia para sus compañeros asesinados. También reprocharon que el rector Javier Saldaña Almazán no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto de los hechos.