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El Ejército en labores de seguridad es “violencia simbólica”, por su pasado: Rosa Icela Ojeda

El panel Violencia y construcción de paz, del seminario Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno, en dónde participaron Rafael Esquivel Rosas, de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la investigadora de IIEPA de la UAG, Rosa Icela Ojeda, ayer en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

La presencia del Ejército como garante de la seguridad pública en un estado como Guerrero, representa “violencia simbólica”, y renueva “la memoria del miedo y el terror”, afirmó la politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivera, en el panel Violencia y Construcción de Paz.
Este jueves comenzaron las actividades del Cuarto Seminario Internacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2023, con el título Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Ojeda Rivera participó en el panel con la ponencia Salir de la violencia y construir la paz.
El panel se llevó a cabo en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho en Acapulco de la UAG.
Ojeda Rivera reprochó que se confió en el cambio democrático para que los asuntos de seguridad pública fueran de seguridad ciudadana, pues instituciones como el Ejercito y la Marina “están formadas para la seguridad internacional, la seguridad del país, por lo tanto responde a una lógica de atacar la violencia por medio de la violencia, pero además no tienen en sus procesos de formación el respeto a los derechos humanos”.
“Lo que seguimos viendo en entidades como Guerrero donde ha habido un peso muy fuerte y muy importantes en las desapariciones y violaciones de los derechos humanos históricamente administrado por la presencia de militares, en menor medida de marinos, algunas grandes violaciones”, las cuales podría mencionar, pero no era el tema de la ponencia.
“Esto, (la presencia de militares en seguridad pública) en estados como Guerrero, lo que hace es incrementar la violencia simbólica, este es un estado que ha tenido restricciones de libertades muy fuertes, desapariciones colectivas muy fuertes como la de los 43 recientemente, además de todas las desapariciones y una historia larga de agravios y de terrorismo de estado, no de Guerra sucia”.
Y aclaró que no se refiere a la Guerra sucia sino a terrorismo de estado, porque “la guerra es cuando hay dos oponentes que tienen mas o menos equilibrada la misma fuerza, aquí no había equilibrada la misma fuerza, aquí fue terrorismo estatal, esta memoria está presente en Guerrero y está presente en la cultura que ahora una política de seguridad nos vuelva a traer a los militares y a los marinos, que sean ellos los que están interviniendo de manera cotidiana, lo que hace es renovar esta memoria de miedo y de terror y no puede haber democracia con miedo y con terror”.
Las fuerzas armadas, señaló, “están hechas para defensa de la nación, no están hechas para los derechos humanos, no están hechas para una investigación del delito porque su lógica, estructura y formación corresponde a otros intereses”.
Otra observación que hizo la es que las universidades han normalizado el estudio de autores que avalan el uso de la violencia institucional. En el caso de la UAG que está en un contexto de violencia y que debiera tener un registro de los hechos de violencia en la entidad.

Ocupar el espacio público

Ojeda Rivera destacó la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina contra la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983, el de las madres y después las abuelas de la Plaza de Mayo que con un pañuelo blanco “armaron una revolución que no hemos visto en el resto de los países donde hubo el mismo nivel de crueldad, de desaparición, de asesinatos, ahí fue el país donde la sociedad civil, desde un tribunal civil juzgó a los militares que provocaron estas muertes”.
En sus conclusiones Ojeda Rivera insistió en que la seguridad de los ciudadanos debe estar a cargo de instituciones que promuevan la recuperación del espacio público y las libertades, y no por fuerzas castrenses formadas para la guerra y la práctica de la violencia. También deben existir políticas públicas de prevención “dirigidas a modificar la cultura poniendo énfasis en la educación y en la reconstrucción del estado de derecho”. Otra de sus propuestas es construir la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos en Guerrero.
En otro panel, el investigador italiano Carmelo Nigro expuso en su ponencia Dinámica de las violencias y experiencias sociales e institucionales de atención y prevención que “la pacificación en el mundo es la victoria de una visión hegemónica del mundo liberado”.
Abundó: “la paz entendida como una situación real que garantice la participación política en naturalidad no ha sido abordada en lo absoluto, en su lugar se logrado, con relativo éxito, ocultar los conflictos permanentes”.
En el panel también participó el estudiante de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Rafael Esquivel Rosas con el tema de la construcción de paz, los derechos humanos, la dignidad humana y relación con la creación del centro cultural en Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec en 2023.
Las actividades del seminario continuarán hoy jueves y mañana viernes.

 

Los feminicidios son ya un problema de salud pública, advierte Marina Reyna

Ante el incremento de las muertes de mujeres en la entidad, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, denunció que los feminicidios en Guerrero son un problema de derechos humanos, de salud pública, de justicia y un problema de carácter social.
Señaló que el problema persiste, no obstante que entre varias acciones hay una ley general y otra ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se decretó una Alerta de Violencia de Género en Guerrero y se diseñó un programa de atención para el seguimiento de la declaratoria.
En lo que del año se ha documentado 94 casos de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio.
“A las mujeres las siguen matando y se observa que hay impunidad ante estos graves hechos, que hay una ausencia de la reparación integral del daño para ellas y su familia, principalmente, para sus hijas e hijos menores de edad, a quienes se les trunca de manera violenta todo su proyecto de vida, su bienestar y desarrollo integral, al que todo niño y niña tienen derecho”.
La activista fue consultada sobre la última racha de asesinatos de mujeres, donde el viernes hubo dos casos en Tlapa: una mujer muerta en un hospital tras ser agredida en su domicilio, y otra hallada en la carretera dentro de un bolsa; así como la ejecución de una mujer en Chilpancingo, en una calle céntrica de la ciudad, y el asesinato de una mujer más en Acapulco.
Recordó que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, dice que de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se debe diseñar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios.
También establece que, para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guerrero.
En este mismo sentido, dijo que la Ley 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 14, señala que las medidas de reparación integral serán las de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición de hechos, entre otras.
Pero en 2018 se han contabilizado 94 casos documentados de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio, “mujeres que en su mayoría se encontraba en edad reproductiva y muchas de ellas tenían hijos. En este sentido, una vez iniciada la carpeta de investigación de los casos, debería estarse dando seguimiento por las autoridades competentes. Pues no hay un seguimiento puntual, ni una articulación interinstitucional para dar atención integral a las hijas e hijos de víctimas de esto casos. Lo cual deja a los menores de edad en total desamparo, riesgo e indefensión”.
Destacó el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, de 25 años de edad, asesinada por su pareja en Taxco en enero, que dejó a dos menores, uno de seis y una niña de cuatro años de edad. De Gladis, de 30 años, asesinada en febrero de este año por su pareja en Tlalchapa, quien dejó a una bebé de ocho meses.

 

Advierte investigadora contra el bajo nivel de la organización ciudadana en México

 

Las asociaciones de ciudadanos son un elemento importante de la democracia contemporánea, y en casos como en Estados Unidos son un soporte para defender a los migrantes, subrayó la socióloga y politóloga de la UNAM, Cristina Puga, quien advirtió que esas formas de participación social en los asuntos públicos no tienen en México la extensión que alcanzan en países desarrollados.
Durante su conferencia magistral Asociaciones y ciudadanía: teorías, métodos y fundamentos empíricos, la investigadora dijo que las propias asociaciones de ciudadanos “han sido fundamentales para proteger y defender los derechos de los migrantes, en este momento actúan como colchón protector de muchos de los que están en condiciones irregulares en Estados Unidos”.
Subrayó que éstas han fortalecido las redes interpersonales en las últimas semanas porque la gente está encargando a los hijos nacidos en ese país.
Resaltó que las marchas que se han dado en Estados Unidos son convocadas por asociaciones preocupadas por lo que está sucediendo.
Otra forma que resaltó es el caso de Las Patronas, la asociación de mujeres de Veracruz que cuidan y dan de comer a los inmigrantes centroamericanos, y destacó aquí que se trata de agrupaciones que a lo mejor no están registradas oficialmente pero que cumplen una función social.
Sobre las policías comunitarias que se han extendido en estados como Guerreero, Puga dijo que en algunos casos podrían llamarse como asociaciones, pero “son muy particulares, son asociaciones armadas para empezar y eso ya las diferencia de otras; y en ocasiones trabajan de acuerdo con ciertos niveles del Estado y hay otra que le disputan al Estado el monopolio de la violencia”.
Indicó que deben entenderse de forma diferente.
Informó que en la Sedesol están registradas unas 26 mil asociaciones en el país, muy pocas considerando que en Estados Unidos hay más de un millón 400 mil, en Francia 200 mil y en Alemania 246 mil.
En su conferencia ante alumnos del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la investigadora dijo que las asociaciones son importantes para la participación democrática y se llegó a la conclusión de que no basta la democracia representativa y se tiene que abrir hacía otras formas.
Indicó que los cambios a la sociedad se atribuyen a una sociedad más vigilante de los proceso democráticos; que se crean espacios de deliberación entre el gobierno y la sociedad.
Indicó que la sociedad logró una nueva ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que consiste la Ley 3 de 3, la cual es la primera iniciativa ciudadana que llega hasta el final, donde “todo un grupo de asociaciones que impulsaron la iniciativa a lo largo de todo el proceso cabildeo; entonces es interesante que se empiecen a organizar estos caminos”.
Aunque dijo que hay numerosos obstáculos tanto en las organizaciones como el gobierno para que estos caminos funcionen.
Dijo que las asociaciones son escuelas de democracia donde los participantes aprender a debatir y dar sus opiniones. Señaló que hay momentos donde la participación ciudadana se vuelve más importante y quienes pueden participar en representación de los ciudadanos o incorporarse a espacios de participación ciudadana son las asociaciones.
Sobre el que muchas veces las asociaciones se vuelven serviles al gobierno, la investigadora señaló que hay de todo y es un riesgo, pero a diferencia de los espacios polìticos aquí requiere una mayor presencia ciudadana para tomar decisiones.
Señaló que las asociaciones son una oportunidad de la sociedad para dar su opinión en temas que pueden ser muy significativos.
Finalmente indicó que las asociaciones son un tema muy interesante para la sociología como para la ciencias políticas, que han sido poco explorado en todas sus posibilidades y “hay que analizar a profundidad para saber tanto las partes positivas para el desarrollo democrático que tiene la asociación como aquellos elementos que a veces desde dentro mismo de las asociaciones estuvieron funcionando en contra, pero que es un elemento muy importante”.