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Desalojados de Metlapil ofrecen no reincidir a cambio de sus detenidos

Castrejón Lobato les responde que intercederá ante el procurador de Justicia en el estado

 Karina Contreras

Los desalojados del predio de Metlapil entregaron un documento con más de 80 firmas al director general del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato, donde se comprometen a no intentar reinvadir el predio de 14 hectáreas propiedad de esa dependencia, y a su vez el funcionario gestionará con ellos que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)       “otorgue el perdón” a los detenidos.

Por primera vez –luego del desalojo violento del 4 de mayo–, los inconformes se reunieron con el director de Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato, con quien hicieron un “pacto de caballeros” para juntos acudir a las instancias correspondientes, para que las 12 personas que están acusadas de despojo recuperen su libertad.

La reunión fue en las oficinas de Invisur donde, además de Castrejón Lobato estuvo el delegado, Alejandro López Salgado. La comisión de los inconformes estuvo integrada por los abogados, Álvaro Díaz Castro, Manuel Baltazar Ávila Sierra, Diocelina Facundo Mendoza, Juan Carlos Muñoz Leal, entre otros. Afuera, alrededor de 30 personas esperaban la respuesta del titular de la dependencia sobre el desistimiento de la demanda de despojo.

El primero en hablar fue el abogado, Álvaro Díaz Castro, quien fue directo al asunto entregando el documento a Castrejón Lobato con las firmas que la dependencia solicitó para desistirse de la denuncia de despojo, pues con ésta se garantiza que hay voluntad para cumplir con la palabra de no reinvadir.

Castrejón Lobato respondió que “ya no cabe el desistimiento de la demanda por parte de Invisur, pero para corresponder a la buena fe de los inconformes, pedirá al procurador, Jesús Ramírez Guerrero, el perdón para los detenidos, pues hay un compromiso que no volverá a pasar”.

Luego les dijo que lamentaba que no se hubiera acudido a los canales de entendimiento, porque la dependencia siempre está abierta al diálogo, y agregó que jamás vieron una solicitud de tierra. Les pidió no caer en un “circulo vicioso” de reinvadir de nuevo. Insistió en que hablará con el procurador, porque es el único que puede desistirse de la demanda ante el juez octavo que es el que lleva el proceso de los 12 inculpados.

Luego le dijo que no se vale llevar por delante a la gente pobre en la invasión de predios, y reveló que la dependencia ha hecho investigaciones donde muchos de los invasores tienen casa.

El abogado Manuel Baltazar Ávila Sierra, pidió a Castrejón Lobato, que si no sirve el documento debe decirlo inmediatamente,                     pues perdieron mucho tiempo con el anterior documento –el cual nada más llevaba tres firmas– que entregaron y sus compañeros fueron procesados. Y luego irónico dijo que los juzgados se habían vuelto eficientes, pues en 19 horas dio una orden de desalojo.

La reunión duró escasamente media hora, y las partes acordaron que a partir de hoy buscarán al procurador, para informarle del acuerdo y que otorgue el perdón a los 12 detenidos en el Cereso de Las Cruces.

Sin sustento queja contra delegado de Invisur en Derechos Humanos, hecha por colonos de la 7 de junio

No se puede escriturar sin el aval del dueño, aduce López Salgado

Karina Contreras El delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, dijo que la queja en la Coordinación Regional de los Derechos Humanos contra él, hecha por los habitantes de la colonia irregular 7 de junio no tiene razón de ser, pues el predio invadido es de un particular y ellos no pueden escriturar sin la autorización del dueño.

En una reunión sostenida en sus oficinas con inconformes de esa colonia, les aclaró que es mentira que tenga interés en el predio, pues solo ha acudido a levantar el estudio socioeconómico para hacer la regularización, a petición de los propios colonos.

López Salgado les manifestó que incluso a suspendido los trámites de escrituración por los problemas internos que tiene, le ha señalado al dueño del predio, Jorge Armando Platas, que mientras no se solucionen los problemas esa dependencia no va a regularizar.

El sábado pasado, habitantes de la 7 de junio pusieron una queja en la Codehum contra el director general del Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato y el delegado, Alejandro López Salgado, por violaciones al derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y por ejercicio indebido de la función Pública.

Los colonos le manifestaron que los sacaron de las lista para que se han regularizados, y se está metiendo a otra gente ajena, cuando ellos tienen más de 7 años posesionados del predio. En ese momento, el delegado López Salgado pidió el nombre a uno de los presentes y reviso la lista oficial donde encontró el nombre del quejoso, diciéndole “no se vale confundir”. Finalmente, acordaron que van a revisar la lista que tiene el Invisur detalladamente.

Antes, en una conferencia de prensa en el zócalo, los colonos, encabezados por el abogado Alvaro Díaz Castro, acusaron que Invisur y el dueño del predio, José Armando Platas, les quieren quitar sus predios a 66 familias y por los cuales han pagado 5 mil pesos de enganche.

Según Díaz Castro de “manera perversa y dolosa”, quieren sacar a las familias de las listas de regularización para beneficiar a gente extraña y a familiares del delegado López Salgado y del líder priísta Antonio Ruiz Rodríguez. Manifestó que en el lugar se vive un clima de zozobra, violencia e inestabilidad por culpa de Invisur y José Armando Platas, por lo que pedían la destitución del delegado.

Exigen con pintas de sangre, la libertad de los 12 detenidos por el predio del Metlapil

Madres y esposas protestan afuera del Invisur

 López Salgado les pide un documento en el cual se comprometan a no reinvadir el predio. Estarían ya libres si la dirigente del PRD hubiera dado seguimiento a la mesa de trabajo

 Karina Contreras Madres y esposas de los 12 detenidos del desalojo del predio del Metlapil, en su segunda protesta afuera del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), se sacaron sangre con jeringas, y luego hicieron pintas en las paredes para exigir la libertad de sus familiares recluidos en el Cereso de Las Cruces.

Antes, alrededor de 50 inconformes llegaron a las oficinas de Invisur e iniciaron un plantón afuera de la dependencia para exigir al delegado Alejandro López Salgado que se desista de la demanda interpuesta por despojo contra los 12 colonos que todavía siguen detenidos, luego del desalojo violento del 4 de mayo por policías preventivos y estatales.

A la 1 de la tarde, Vianey Solís Ramírez, Heriberta García Pineda, Tomasa Vargas Angelino, Angela Ortiz Domínguez, Francisca López Rodríguez y Nancy Berrientos Silverio –con apenas 15 años y sin ser familiar de los detenidos–, se formaron para dar la sangre para las pintas.

Con jeringas nuevas a cada una de las personas se les fue extrayendo sangre, la cual fue colocada en un frasco de vidrio pequeño. Los rostros se mostraron serenos durante la extracción de la sangre por una persona que tenía conocimientos de primeros auxilios, mientras murmuraban que aun con su sangre y su vida exigirían la libertad de sus familiares.

Mientras se les sacaba la sangre a los familiares de lo presos; otros inconformes mantenían en lo alto pancartas donde se leía: “Las madres de los detenidos derraman sangre para exigir justicia y libertad de los presos” o “Hoy 10 de mayo las madres, esposas y hermanas exigimos con nuestra sangre la libertad inmediata de los 12 detenidos en el penal”.

La sangre de los familiares fue revuelta en un frasco de vidrio y, posteriormente, la abogada Diocelina Facundo Mendoza escribió en la pared con fondo blanco: “Exigimos la libertad de los compañeros detenidos en el penal”. Mientras se escuchaban los gritos de justicia, justicia, justicia o presos políticos, libertad.

El escurrimiento de sangre dio un toque más dramático a la escena que se estaba viviendo, y una madre en un murmullo dijo: “Así el gobernador a derramado la sangre de los pobres”.

A la 1:40 empleados de Invisur informaron que el delegado, Alejandro López Salgado, recibiría a una comisión de cinco personas                     para ver el problema, pues a esa hora ya había sido informado del giro que habían tomado la protesta de los desalojados del Metlapil.

La comisión fue encabezada por el abogado de los desalojado, Alvaro Díaz Castro. Ahí, el delegado reiteró a los inconformes que la dependencia estaba en la                     mejor disposición de desistirse de la demanda por despojo; y agregó que los detenidos hubieran salido, en el término de las 72 horas, si la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado, hubiera dado seguimiento a la mesa de trabajo que habían iniciado.

En una reunión cordial, entre ambas partes, López Salgado les dijo que si le entregaban un documento con las 84 firmas de los desalojados, en el cual se comprometan a no intentar reinvadir el predio, ellos se desistirán de la demanda, previo conocimiento del secretario de Gobierno, Luis León Aponte.

Luego les dijo que los detenidos hubieran sido liberados antes de llegar a los juzgados, si la presidente del PRD municipal, Beatriz González Hurtado le hubiera dado seguimiento en la mesa de trabajo, pues siempre hubo disposición para negociar.

También López Salgado les dijo que si hubo detenidos durante el desalojo, fue porque hubo resistencia y los policías fueron agredidos con palos y piedras.

La reunión duró alrededor de una media hora, en la cual se acordó que hoy será entregado el escrito donde los colonos que habían invadido el predio no lo volverán hacer; mientras el delegado gestionó una reunión con el director general de Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato

El abogado Alvaro Díaz Castro, en declaraciones a la prensa, antes de entrar a la reunión con el delegado de Invisur, dijo que el gobierno debe ser más sensible ante los reclamos de la ciudadanía, pues se ha comportado de manera cruel y despiadada contra los grupos más desprotegidos

Manifestó que la protesta con pintas de sangre, es porque las madres y esposas les preocupa la suerte de los detenido, y que este 10 de mayo quieren la libertad de sus hijos. “Son madres que sufren el ataque represivo de un gobierno insensible y antidemocrático, corrupto y carente de rumbo”, expresó.

Reveló que el Ayuntamiento ha manifestado la disposición de retirar los cargos de delito y daños contra los detenidos, por lo que esperan que el gobierno estatal e Invisur recapaciten su política de represión, y encaucen todas las necesidades del pueblo a través del desarrollo social.

Cuando se le preguntó su opinión sobre las declaraciones del arzobispo Felipe Aguirre Franco, de que el desalojo de Metlapil no fue violencia, sino cumplimiento del deber sólo respondió: “Creo que el arzobispo no conoce los diez mandamientos”.

No se puede escriturar sin el aval del dueño, aduce López Salgado

 Sin sustento queja contra delegado de Invisur en Derechos Humanos, hecha por colonos de la 7 de junio

 Karina Contreras

El delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, dijo que la queja en la Coordinación Regional de los Derechos Humanos contra él, hecha por los habitantes de la colonia irregular 7 de junio no tiene razón de ser, pues el predio invadido es de un particular y ellos no pueden escriturar sin la autorización del dueño.

En una reunión sostenida en sus oficinas con inconformes de esa colonia, les aclaró que es mentira que tenga interés en el predio, pues solo ha acudido a levantar el estudio socioeconómico para hacer la regularización, a petición de los propios colonos.

López Salgado les manifestó que incluso a suspendido los trámites de escrituración por los problemas internos que tiene, le ha señalado al dueño del predio, Jorge Armando Platas, que mientras no se solucionen los problemas esa dependencia no va a regularizar.

El sábado pasado, habitantes de la 7 de junio pusieron una queja en la Codehum contra el director general del Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato y el delegado, Alejandro López Salgado, por violaciones al derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y por ejercicio indebido de la función Pública.

Los colonos le manifestaron que los sacaron de las lista para que se han regularizados, y se está metiendo a otra gente ajena, cuando ellos tienen más de 7 años posesionados del predio. En ese momento, el delegado López Salgado pidió el nombre a uno de los presentes y reviso la lista oficial donde encontró el nombre del quejoso, diciéndole “no se vale confundir”. Finalmente, acordaron que van a revisar la lista que tiene el Invisur detalladamente.

Antes, en una conferencia de prensa en el zócalo, los colonos, encabezados por el abogado Alvaro Díaz Castro, acusaron que Invisur y el dueño del predio, José Armando Platas, les quieren quitar sus predios a 66 familias y por los cuales han pagado 5 mil pesos de enganche.

Según Díaz Castro de “manera perversa y dolosa”, quieren sacar a las familias de las listas de regularización para beneficiar a gente extraña y a familiares del delegado López Salgado y del líder priísta Antonio Ruiz Rodríguez. Manifestó que en el lugar se vive un clima de zozobra, violencia e inestabilidad por culpa de Invisur y José Armando Platas, por lo que pedían la destitución del delegado.

Presentan queja en la Codehum contra el director y el delegado del Invisur

 

 Aunque pagaron 5 mil pesos fueron excluidos de la lista de beneficiados en la regularización de los predios en la 7 de Junio, dicen vecinos

 Magdalena Cisneros Vecinos de la colonia irregular 7 de Junio –en el fraccionamiento Libertadores– presentaron una queja ante la comisión de Derechos Humanos contra el director general Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) Marco Antonio Castrejón López y el delegado del mismo, Alejandro López Delgado, por “dejarlos en estado de indefensión” al no llevar a cabo los trámites de regularización de los predios por los que pagaron un adelanto de 5 mil pesos.

Una de los 15 colonos que fueron a las oficinas de la Codehum, Guadalupe Salinas Verónica, recordó que llegaron a los predios un 7 de junio –por eso el nombre de la colonia– de 1996, donde se instalaron y comenzaron a gestionar con el dueño para que les vendiera los terrenos. El 2 de junio de 2003 firmaron el convenio y dieron un anticipo de 5 mil pesos.

El trato fue que cada metro cuadrado costaría 300 pesos y se pagaría la totalidad en un año, no obstante, indicó, ahora los dejaron fuera de la lista de las personas beneficiadas.

El representante legal de los colonos, Álvaro Díaz Castro acusó que López Delgado “pretende apoderarse junto al disidente líder de la colonia, Antonio Ortíz Rodríguez, de los terrenos más costosos que son los que están a orilla de la calle para obtener un beneficio personal, por eso se presentó la queja, porque han dejado en estado de indefensión a las compañeras del proceso de escrituración, aún cuando ellas han estado viviendo ahí más de siete años ininterrumpidamente”.

También, dijo presentarán una demanda por el delito de fraude en contra del representante legal de los predios, Jorge Armando Plata Leyva por “haber incurrido en delito de fraude porque cobró el enganche de 5 mil pesos y pagos a Invisur por los trabajos técnicos de medición”.

Acusó a López Delgado de darles escrituras a otras personas que no viven en la colonia y a los que están ahí pretenden “despojarlos, están violando sus derechos humanos”.

Por su parte, el coordinador auxiliar de la Codehum, Alejandro Quintana Ponce, informó que la queja fue presentada por la mañana del sábado pasado, quedó registrada con el número Cra/103/2004-I, y agregó que Castrejón López tendrá 15 días naturales, y López Delgado 5 días hábiles para presentar sus primeras pruebas de descargo.

Quintana Ponce mencionó que los colonos entregaron copia del convenio firmado el 2 de junio por Castrejón Lobato, Plata Leyva, por los colonos Julia Solano Angel y de testigo el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca donde se precisa que Invisur regularizaría los predios.

Dijo que los colonos tendrán un plazo de 10 días para presentar una lista de todas las personas que ya hicieron su pago y no se les reconoce.

Protestan en el Invisur y marchan al Ayuntamiento los desalojados en Metlapil

Exigen que se retracten de las demandas por despojo y lesiones contra los 12 detenidos en el penal del puerto. “Lo haremos sólo si hay un compromiso serio de no volver a invadir”, dice el delegado de Invisur

 Karina Contreras Los precaristas desalojados del predio de Metlapil llevaron a cabo un plantón afuera de las oficinas del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), y marcharon al Ayuntamiento como protestas para exigir que éste y la dependencia estatal, se retracten de las demandas por despojo y lesiones contra 12 personas que están detenidas en el Cereso de Acapulco.

Los inconformes llegaron desde las 8 de la mañana a las oficinas de Invisur, de la cual ya habían sido desalojados 80 empleados por órdenes del director general de esa dependencia, Marco Antonio Castrejón Lobato, “para evitar algún incidente”.

Por su parte, el delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, informó que la dependencia no va a desistirse de la demanda “hasta que no haya un compromiso serio de no reintentar invadir” el predio de Metlapil.

Alrededor de la 1:40 de la tarde los inconformes decidieron hacer una marcha de Invisur al Ayuntamiento, para exigir que éste retire la demanda interpuesta por daños y lesiones a Policías Preventivos municipales. En el lugar fue recibida una comisión por el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, la cual estuvo integrada por los abogados, Álvaro Díaz Castro, Manuel Baltasar Ávila Sierra, Diocelina Facundo Mendoza, y el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Rogelio Pérez Marcial.

Ahí, y luego de escuchar a los quejosos de los hechos violentos del martes en donde participaron los policías preventivos, el funcionario se comprometió a dar una respuesta hoy sobre la petición de desistimiento de la demanda, pues primero tenía que consultarlo con el alcalde, Alberto López Rosas.

Antes, los inconformes se instalaron por la mañana de este viernes en la puerta del edificio de Invisur con sus pancartas, para exigir la liberación de los 12 detenidos que todavía quedan del desalojo violento del martes pasado en el predio, ubicado en Metlapil, y que el Invisur reclamó como suyo.

Las pancartas decían: “Exigimos fin al trato inhumano a nuestros detenidos en el penal”, “El predio Metlapil está reservado para algún funcionario, por eso tanta saña en el desalojo”, “Justicia y libertad para detenidos en el desalojo” o “No somos invasores, sólo exigimos contratación del Invisur. Justicia”.

Por medio de un megáfono, el abogado Alvaro Díaz Castro, acusó al delegado del instituto “que en lugar de dar una solución a los problemas de vivienda arremetió de forma violenta e integrando averiguaciones contra gente indefensa”, y calificó al delegado como “un individuo sin sentimientos”.

Dijo que en lugar de proporcionar proyectos de desarrollo social y de vivienda en el municipio, promueve la violencia como lo que es “un delincuente de cuello blanco”. Luego señaló que a “Alejandro López Salgado se le olvida que es hijo de un conocido cacique del municipio, y sus orígenes son las invasiones. Se olvida que sus hermanos se dedican a quitarle el patrimonio a muchos acapulqueños”, señaló Díaz Castro.

Precisó que con el plantón exigen que se deje en libertad a sus compañeros, y que el Invisur se retracte de la demanda presentada por el delito de despojo y que presente un proyecto de desarrollo para los desalojados.

Díaz Castro manifestó que apelan a la sensibilidad de René Juárez Cisneros, y que deje de utilizar “la ley del garrote”; y pidió a la fracción del PRD en el Congreso local se pronuncie en contra de estos desalojos violentos. Los inconformes se retiraron a las 4:30 de la tarde.

Un compromiso con Beatriz González Hurtado

El delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, informó que a solicitud de la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado, acordaron desistirse de la demanda que interpuso por despojo                   del predio de Metlapil, siempre y cuando los invasores firmaran una carta de compromiso de no intentar invadir el predio, así como pagar los daños causados a al patrimonio del instituto.

Dijo que esta fue firmada por tres individuos, por lo que no tienen ningún sustento ni validez para ellos, pues no se garantiza que se va a cumplir el acuerdo.”Tiene que ser una carta firmada por la mayor parte de los que invadieron”.

López Salgado manifestó que están en la mejor disposición de dialogar con los inconformes, pero ellos quieren seguir en el “activismo porque persiguen fines e intereses políticos y de franca rebeldía”. Confirmó que el personal fue desalojado de las oficinas por órdenes del director general por seguridad del propio del personal y de la gente que acude hacer un tramite.

Protestan en el Invisur y marchan al Ayuntamiento los desalojados en Metlapil

 

 Exigen que se retracten de las demandas por despojo y lesiones contra los 12 detenidos en el penal del puerto. “Lo haremos sólo si hay un compromiso serio de no volver a invadir”, dice el delegado de Invisur

 Karina Contreras Los precaristas desalojados del predio de Metlapil llevaron a cabo un plantón afuera de las oficinas del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), y marcharon al Ayuntamiento como protestas para exigir que éste y la dependencia estatal, se retracten de las demandas por despojo y lesiones contra 12 personas que están detenidas en el Cereso de Acapulco.

Los inconformes llegaron desde las 8 de la mañana a las oficinas de Invisur, de la cual ya habían sido desalojados 80 empleados por órdenes del director general de esa dependencia, Marco Antonio Castrejón Lobato, “para evitar algún incidente”.

Por su parte, el delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, informó que la dependencia no va a desistirse de la demanda “hasta que no haya un compromiso serio de no reintentar invadir” el predio de Metlapil.

Alrededor de la 1:40 de la tarde los inconformes decidieron hacer una marcha de Invisur al Ayuntamiento, para exigir que éste retire la demanda interpuesta por daños y lesiones a Policías Preventivos municipales. En el lugar fue recibida una comisión por el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, la cual estuvo integrada por los abogados, Álvaro Díaz Castro, Manuel Baltasar Ávila Sierra, Diocelina Facundo Mendoza, y el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Rogelio Pérez Marcial.

Ahí, y luego de escuchar a los quejosos de los hechos violentos del martes en donde participaron los policías preventivos, el funcionario se comprometió a dar una respuesta hoy sobre la petición de desistimiento de la demanda, pues primero tenía que consultarlo con el alcalde, Alberto López Rosas.

Antes, los inconformes se instalaron por la mañana de este viernes en la puerta del edificio de Invisur con sus pancartas, para exigir la liberación de los 12 detenidos que todavía quedan del desalojo violento del martes pasado en el predio, ubicado en Metlapil, y que el Invisur reclamó como suyo.

Las pancartas decían: “Exigimos fin al trato inhumano a nuestros detenidos en el penal”, “El predio Metlapil está reservado para algún funcionario, por eso tanta saña en el desalojo”, “Justicia y libertad para detenidos en el desalojo” o “No somos invasores, sólo exigimos contratación del Invisur. Justicia”.

Por medio de un megáfono, el abogado Alvaro Díaz Castro, acusó al delegado del instituto “que en lugar de dar una solución a los problemas de vivienda arremetió de forma violenta e integrando averiguaciones contra gente indefensa”, y calificó al delegado como “un individuo sin sentimientos”.

Dijo que en lugar de proporcionar proyectos de desarrollo social y de vivienda en el municipio, promueve la violencia como lo que es “un delincuente de cuello blanco”. Luego señaló que a “Alejandro López Salgado se le olvida que es hijo de un conocido cacique del municipio, y sus orígenes son las invasiones. Se olvida que sus hermanos se dedican a quitarle el patrimonio a muchos acapulqueños”, señaló Díaz Castro.

Precisó que con el plantón exigen que se deje en libertad a sus compañeros, y que el Invisur se retracte de la demanda presentada por el delito de despojo y que presente un proyecto de desarrollo para los desalojados.

Díaz Castro manifestó que apelan a la sensibilidad de René Juárez Cisneros, y que deje de utilizar “la ley del garrote”; y pidió a la fracción del PRD en el Congreso local se pronuncie en contra de estos desalojos violentos. Los inconformes se retiraron a las 4:30 de la tarde.

Un compromiso con Beatriz González Hurtado

El delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, informó que a solicitud de la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado, acordaron desistirse de la demanda que interpuso por despojo                   del predio de Metlapil, siempre y cuando los invasores firmaran una carta de compromiso de no intentar invadir el predio, así como pagar los daños causados a al patrimonio del instituto.

Dijo que esta fue firmada por tres individuos, por lo que no tienen ningún sustento ni validez para ellos, pues no se garantiza que se va a cumplir el acuerdo.”Tiene que ser una carta firmada por la mayor parte de los que invadieron”.

López Salgado manifestó que están en la mejor disposición de dialogar con los inconformes, pero ellos quieren seguir en el “activismo porque persiguen fines e intereses políticos y de franca rebeldía”. Confirmó que el personal fue desalojado de las oficinas por órdenes del director general por seguridad del propio del personal y de la gente que acude hacer un tramite.

Exigen la libertad de los 12 detenidos. Comenzarán hoy un plantón afuera de las oficinas del Invisur

Protestan en el Zócalo precaristas desalojados del predio en Metlapil

Karina Contreras Precaristas que fueron desalojados el martes pasado de manera violenta por policías municipales y estatales, de un predio de 14 hectáreas, ubicado en Metlapil, y que pertenece al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), protestaron en el Zócalo porteño para exigir la libertad de 12 personas de los 26 detenidos en el desalojo, y que la madrugada del jueves fueron trasladadas al Cereso de Las Cruces quedando a disposición del juez octavo.

Los inconformes llegaron al Zócalo alrededor de las 11 de la mañana y ahí permanecieron durante una hora, mientras gritaban consignas como “¡Justicia, Justicia!”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Presos políticos, libertad”.

Mientras, familiares de los detenidos alzaban pancartas donde se leía: “Añorve Baños, ya estarás contento. Sabemos que tú eres el autor intelectual”, “Invisur, no abuses en tu carácter de gobierno para atropellar al pueblo golpeándolos y robándoles”, “Señor gobernador. Exigimos la inmediata liberación de los detenidos por el desalojo del predio de Plácido Domingo” o “Señor gobernador. Ya basta de represalias y abuso de poder”.

Por su parte, el dirigente de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, detenido durante el desalojo del martes pasado en el predio de Metlapil, acusó a los policías de actuar de manera abusiva contra los colonos en el percance, y señaló que cuando fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público central los mantuvieron incomunicados todo el día y no le permitieron tener abogados de confianza, así como no comer alimentos ni tomar agua.

Aseguró que durante esas horas los policías judiciales ingresaban a los separos para torturarlos física y sicológicamente diciéndoles que les “iban a partir su madre” porque se habían metido “en terrenos peligrosos, que eran instrucciones del gobernador partirnos la madre”.

Señaló que exigen la libertad de los 12 detenidos y que el Invisur se desista de la denuncia por despojo, pues el único delito que cometieron las personas es “exigir e implorar un pedazo de tierra donde vivir, y por cual se cometió una gran injusticia al desalojarlo”.

Se le preguntó su opinión sobre la denuncia que también interpuso el Ayuntamiento porteño, a través del Departamento Jurídico de la Secretaría de protección y Vialidad (SPV), por el delito de lesiones y daños, a lo que Juan Carlos Muñoz respondió: “lo cierto es que, desgraciadamente, tenemos a veces una autoridad ciega y quieren justificar su acción”.

Recordó que a los desalojados ni siquiera se les dio la oportunidad de desocupar el lugar, pues fueron agredidos brutalmente por los policías quienes llegaron de manera violenta; y agregó que al alcalde López Rosas se le informa que si hay policías heridos es porque agredieron a los colonos y éstos tenían que defenderse.

Adelantó que así como los están demandado, ellos también preparan denuncias penales contra el director de la Policía Municipal, Roberto Abizaid Gracián; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima, y contra el delegado de la procuraduría, Efrén Suástegui Mayo, por lesiones y robo, “porque ellos encabezaron la acción violenta”.

Hoy, a las 8 de la mañana, los colonos                   comenzarán un plantón afuera del edificio donde se encuentran las oficinas de Invisur, para exigir que la dependencia se desista de la denuncia interpuesta en la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo.

Protestan en el Zócalo precaristas desalojados del predio en Metlapil

 Exigen la libertad de los 12 detenidos. Comenzarán hoy un plantón afuera de las oficinas del Invisur

 Karina Contreras

Precaristas que fueron desalojados el martes pasado de manera violenta por policías municipales y estatales, de un predio de 14 hectáreas, ubicado en Metlapil, y que pertenece al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), protestaron en el Zócalo porteño para exigir la libertad de 12 personas de los 26 detenidos en el desalojo, y que la madrugada del jueves fueron trasladadas al Cereso de Las Cruces quedando a disposición del juez octavo.

Los inconformes llegaron al Zócalo alrededor de las 11 de la mañana y ahí permanecieron durante una hora, mientras gritaban consignas como “¡Justicia, Justicia!”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Presos políticos, libertad”.

Mientras, familiares de los detenidos alzaban pancartas donde se leía: “Añorve Baños, ya estarás contento. Sabemos que tú eres el autor intelectual”, “Invisur, no abuses en tu carácter de gobierno para atropellar al pueblo golpeándolos y robándoles”, “Señor gobernador. Exigimos la inmediata liberación de los detenidos por el desalojo del predio de Plácido Domingo” o “Señor gobernador. Ya basta de represalias y abuso de poder”.

Por su parte, el dirigente de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, detenido durante el desalojo del martes pasado en el predio de Metlapil, acusó a los policías de actuar de manera abusiva contra los colonos en el percance, y señaló que cuando fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público central los mantuvieron incomunicados todo el día y no le permitieron tener abogados de confianza, así como no comer alimentos ni tomar agua.

Aseguró que durante esas horas los policías judiciales ingresaban a los separos para torturarlos física y sicológicamente diciéndoles que les “iban a partir su madre” porque se habían metido “en terrenos peligrosos, que eran instrucciones del gobernador partirnos la madre”.

Señaló que exigen la libertad de los 12 detenidos y que el Invisur se desista de la denuncia por despojo, pues el único delito que cometieron las personas es “exigir e implorar un pedazo de tierra donde vivir, y por cual se cometió una gran injusticia al desalojarlo”.

Se le preguntó su opinión sobre la denuncia que también interpuso el Ayuntamiento porteño, a través del Departamento Jurídico de la Secretaría de protección y Vialidad (SPV), por el delito de lesiones y daños, a lo que Juan Carlos Muñoz respondió: “lo cierto es que, desgraciadamente, tenemos a veces una autoridad ciega y quieren justificar su acción”.

Recordó que a los desalojados ni siquiera se les dio la oportunidad de desocupar el lugar, pues fueron agredidos brutalmente por los policías quienes llegaron de manera violenta; y agregó que al alcalde López Rosas se le informa que si hay policías heridos es porque agredieron a los colonos y éstos tenían que defenderse.

Adelantó que así como los están demandado, ellos también preparan denuncias penales contra el director de la Policía Municipal, Roberto Abizaid Gracián; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima, y contra el delegado de la procuraduría, Efrén Suástegui Mayo, por lesiones y robo, “porque ellos encabezaron la acción violenta”.

Hoy, a las 8 de la mañana, los colonos  comenzarán un plantón afuera del edificio donde se encuentran las oficinas de Invisur, para exigir que la dependencia se desista de la denuncia interpuesta en la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo.

Denuncia Protección y Vialidad por daños y lesiones a los 26 detenidos en Metlapil

Tres patrullas y dos camiones de traslado fuereon atacados: Salgado

 Los presos no están incomunicados, pues los vio la presidenta del PRD, Beatriz González Hurtado, dice el delegado de la PGJE Efrén Suástegui

 Jorge Nava Dos días después del desalojo de colonos que tomaron un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) integró una denuncia contra los 26 detenidos por los presuntos delito de lesiones y daños.

El jefe del Departamento, José Salgado Sotelo, explicó que la mañana de ayer acudieron policías a declarar al Ministerio Público contra los detenidos la madrugada del martes en el desalojo.

Dijo que desconocía en ese momento los nombres de los policías, pero agregó que en el caso de los daños, era porque tres patrullas y dos camiones de traslado de policías, resultaron dañadas ese día.

El funcionario recomendó consultar al respecto al director operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández, quien argumentó que no tenía los nombres de los policías de esa corporación que resultaron heridos porque los tenía la guardia.

En la guardia, se dijo que los policías son Juan Ignacio Coronado, Cristóbal Cisneros, Rufino Urías y Leonardo Nava Bello.

Un día después de los hechos, la SPV, informó del “desalojo” en su boletín diario, en el que destaca que el agente determinador de la quinta agencia del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, le solicitó a esa dependencia el apoyo de la policía municipal, “para llevar a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en el poblado de Metlapil”.

Se indica que en esa acción participó la Policía Preventiva municipal, con cinco comandantes de sector, 100 policías y ocho vehículos, que iban al mando del capitán Humberto Hernández García, jefe operativo de esa corporación.

Se explica que por la Policía Preventiva del estado participaron 200 policías y once vehículos que iban al mando subsecretario de Seguridad Pública del estado, capitán César Gallegos y Torre. En el caso de la Policía Ministerial, se precisó que participaron 100 policías y 20 vehículos, que iban al mando del coordinador ministerial, Alfredo Camacho Millán.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que participaron 12 agentes del Ministerio Público y diez vehículos a cargo del fiscal regional, Efrén Suástegui Mayo; mientras que por Invisur se aclaró que fueron 25 empleados de esa dependencia, con dos vehículos al mando del delegado Alejandro López Salgado.

Según la dependencia, en la operación, resultaron lesionados los policías preventivos municipales, Juan Ignacio Coronado Gonzaga, quien presentó una herida en el lado derecho del rostro; Cristóbal Cisneros Martínez, con una herida en la boca; Rufino Urías Rodríguez, terminó con una herida en la rodilla derecha y Leobardo Nava Bello, que presentó una herida en el pómulo izquierdo y otra en la mandíbula.

La dependencia informó que con daños quedaron cinco vehículos, dos tipo Cherokee, dos camiones de traslado de policías y una camioneta tipo Silverado.

Se agrega en el boletín que dicha diligencia inició a las 4 y media de la mañana, en la que se “desalojaron a 200 personas, aproximadamente”.

Se indica que finalizó a las 6 y media de la mañana del martes, con 26 detenidos. Asimismo que se aseguraron once automóviles y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público del fuero común Sector Central y asuntos especiales.

En el párrafo final del boletín se añade que a las 7 y media, se presentó en esa dependencia la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, acompañada de la regidora municipal, Alejandrina Javier Santiago, sin abundar con qué objetivo.

Por su parte, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, declaró que los 26 detenidos, se encontraban en los separos de la Policía Ministerial adscrita al Ministerio Público del Sector Central, porque en ese lugar tienen cerca peritos y médicos legistas.

Aclaró que no hay menores de edad detenidos y que hoy jueves se vence de 5 a 7 de la mañana la situación jurídica de los 26 detenidos, con relación a la averiguación previa Tab/V/073/2004, que presentó el Invisur contra los que tomaron su terreno.

Negó que mantuviera incomunicados a los detenidos, como fueron las denuncias de los familiares en la protesta y de su abogado, Alvaro Díaz Castro, pues argumentó que el martes acudió al medio día la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, para que precisamente se les brindara atención médica a los heridos y otros hablaran con sus familiares.

Agregó que los familiares no podían estar entrando constantemente a hablar con los detenidos porque “no se encontraban en un día de campo”.

El funcionario mantuvo la postura de que no fue un desalojo de los colonos que ocuparon el predio de Invisur, pues aclaró que fue una restitución al propietario de ese predio, que no es de los colonos.

Agregó que éstos presentaron una posición violenta cuando se les pidió que salieran del predio, por lo que actuaron las diversas corporaciones policiacas.

Efrén Suástegui añadió que no ha habido presión por parte de nadie en este caso. Con respecto a la presidenta local del PRD, afirmó que no es la primera vez que tratan estas cuestiones por invasión de predios, y que ella sabe que “la ley es la ley”.