El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, sostuvo que no hay vínculos entre las pintas Es Claudia con Morena.
Este miércoles, la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD encabezada por el presidente Alberto Catalán Bastida, presentó una queja en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por las pintas a favor de la aspirante presidencial por Morena y jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y pidió que se investigue el origen, se castigue a los responsables y se “sanee” la imagen de los espacios públicos.
Consultado por teléfono, Jacin-to González respondió que en ninguna de las pintas dice “Claudia Sheinbaum”. Dijo que “ahorita no me incumbe a mí como partido, porque Morena no está haciendo eso, Morena no tiene implícitos sus logos ahí, y si los tuviera yo buscaría la manera de quien lo hiciera asuma su responsabilidad.
“Lo único que veo es una campaña muy genérica de quien sea Claudia porque Claudias hay muchas: está Claudia Sierra, la diputada local de Morena, está Claudia Ruiz Massieu, que quiere ser presidenta también. Entonces no le hallo vinculación con Morena. Ya dirá la comisión que le corresponda en el órgano electoral dictaminar, mientras tanto yo deslindo al partido porque no se está manejando la tipografía de nuestro movimiento”.
Al insistirle que las pintas si son a favor de la jefa de gobierno, pues aparece su silueta y en algunas mantas su foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió: “A los dirigentes del partido no los veo pintando bardas, para mí no es vinculante al partido, cuando digan (las pintas) ‘Claudia Sheinbaum o jefa de gobierno’, entonces diremos que sí es notorio, mientras tanto puede ser alguna estrategia de algún otro actor político, pero no puedo decir nada, es muy genérico, Claudias hay muchas”.
Por separado, el vocero de la red Es Claudia en Guerrero, Juan Carlos Manrique García dijo que las pintas en bardas son manifestaciones de “los ciudadanos ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, anunció que buscará que el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sea desautorizado por miembros de la jerarquía de la Iglesia católica superiores a él, y para eso dijo pedirá hablar con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, suponiendo que es algo así como jefe del prelado de Guerrero. También anunció que pedirá a la Secretaría General de Gobierno que también busque hablar con Aguiar con la misma intención.
El dirigente de Morena aseguró que no hay inacción de los gobiernos morenistas ante la violencia generada por grupos criminales, pero que se está atendiendo de una forma diferente a como lo hacían gobiernos pasados, y reiteró que las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza “incitan a la inestabilidad de la administración” de Evelyn Salgado Pineda”.
En declaraciones telefónicas, González Varona sostuvo que su partido no tiene una confrontación con la Iglesia católica, y que la discusión pública generada es porque “un representante de ellos asume el papel protagónico de la misma cuando existen más obispos”.
Acusó a medios de comunicación y partidos de oposición de querer generar la percepción de que “es Morena contra la iglesia”, y afirmó que no es así, “es sólo por la postura de un personaje y sospecho que es postura unipersonal”.
No obstante, dijo que si Salvador Rangel tiene pruebas de la participación de políticos morenistas en cabalgatas o reuniones con grupos criminales como lo declaró en su réplica a la descalificación morenista, “tiene que ir a las fiscalías”.
A la pregunta concreta de si tienen certeza de que Morena no tiene representantes populares o autoridades vinculadas con grupos criminales en el estado, regiones y municipios, Jacinto González respondió que “en su mayoría las acusaciones que se han hecho se han investigado y están algunos, con tema de la secrecía de la información, pero hasta ahorita ningún representante de Morena ha sido acusado o captado en este tipo de actos”.
Sin embargo, dijo que como dirigente no puede decir que los morenistas “están involucrados o no están, hasta que haya denuncia formal y se le dé seguimiento, nosotros lo hemos dicho, no lo vamos a permitir y si es señalado un alcalde, un regidor, una síndica, un diputado local, seremos los primeros en expulsarlo del partido y aportar todas las pruebas necesarias para que asuma su responsabilidad ante la justicia”.
Pidió al obispo emérito que se dedique a lo que su Iglesia le mandata, porque “a él no le corresponde andar dando declaraciones ni dando sermones públicos a nuestro gobierno, yo creo que él ignora cuáles son sus funciones como obispo dentro de su religión”.
Dijo que Salvador Rangel “se ha sobrepasado y es un irresponsable” por lo que acudirán ante el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, para preguntarle si comparte las declaraciones públicas que hace el obispo emérito.
Con esto, el dirigente de Morena pretende saber si Rangel Mendoza realiza estos señalamientos “a título personal o a nombre de la Iglesia católica” en caso de que la Iglesia no comparta estos señalamientos, dijo que considerarán como “desautorizado”.
Y adelantó que también realizará un llamado a la Secretaría General de Gobierno para que de manera oficial también solicite al arzobispo primado de México Carlos Aguiar una postura respecto a los señalamientos realizados de manera pública por el obispo emérito y así “saber con claridad que representa Salvador Rangel, o para que fue enviado”.
González Varona señaló que, a partir de la respuesta de la iglesia, deberá quedar claro si la encomienda de Rangel Mendoza en el estado fue “para tomarse el tecito con los delincuentes, o para crear condiciones para que la Iglesia católica siga sumando más adeptos a su religión”.
Incluso dijo que no le consta que el obispo sea aliado de grupos criminales, pero que “así se deja entrever” y que incluso puede ser que las supuestas reuniones del religioso con líderes de los grupos delincuenciales no se hayan dado “y sea una estrategia de la derecha, de mandar a un vocero de esa magnitud”.
El morenista reiteró que las declaraciones de Salvador Rangel “incitan a la inestabilidad de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
De lo dicho por el dirigente del PRD Alberto Catalán Bastida de que Morena pretende desviar la atención de los fallidos resultados de la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal, el dirigente morenista dijo que no hacen “oídos sordos de lo que sucede el estado” y nuevamente defendió a la estrategia de seguridad, la cual funciona, aunque es diferente a la realizada en gobiernos anteriores, “hoy han trastocado los callos de la delincuencia y por eso esos repuntes”.
En ese sentido negó lo dicho por Salvador Rangel respecto a que hay inacción del Estado, y aseguró que están realizando “acciones específicas” y ejemplificó con las incautaciones en la Tierra Caliente, en la Sierra “también el caso del corredor de Ocotito donde se quitó los retenes de los comunitarios que se preveía que estaban vinculados a algún cartel de la región”.
Pero señaló que la violencia e inseguridad, dijo, son responsabilidad de administraciones pasadas que no atendieron el problema y ahora que creció es más complicado atenderlo “lo vieron como inofensivo, como que se iba a regularizar solo y ahora es un cáncer el que tenemos”.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González en la ceremonia litúrgica de lavatorio de pies en la misa de Jueves Santo en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad en el Zócalo de Acapulco Foto: Jesús Trigo
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, negó que en Guerrero los ciudadanos se consideren “colectivamente secuestrados”, como lo señaló el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, y planteó que además de llevar su informe ante el Papa Francisco, también se lo proporcionen a las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
Después de que obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González informó que en junio los obispos de Guerrero, y sus pares del sur del país, acudirán al Vaticano para reunirse con el
Papa Francisco, a quien entregarán un informe que incluye la situación de inseguridad que se vive en la entidad, ayer se consultó a los dirigentes de Morena y PRI.
Jacinto González consideró que la iglesia como una religión más en el estado tiene el “derecho a decir lo que a ellos convengan” opinión que respeta.
“Ojalá y vayan a proponer algo a la Iglesia que ayude a mejorar la percepción de la seguridad en el estado”, porque todos deben colaborar a mejorar las condiciones que se viven en Guerrero.
Jacinto González señaló que “ojalá ese informe que tienen ellos, detallado, lo presenten a las instancias que se encargan de la impartición de justicia en nuestro estado y colaboren también con las autoridades competentes”.
Como partido político, dijo que respetan las expresiones religiosas y a su máximo líder que es el Papa Francisco, “sabemos que es a él a quien tienen que rendirle cuentas, pero sería importante que informaran que está haciendo la religión para orientar a sus feligreses a que nos ayudemos a que haya paz en nuestro estado”.
A pregunta hecha afirmó que no comparten la opinión del obispo en el sentido de que en Guerrero los ciudadanos se sienten “colectivamente secuestrados” por los grupos criminales, y reconoció en que hay lugares o zonas en el estado en las que la delincuencia organizada tiene mayor presencia, pero aseguró que el Estado está actuando: “la gobernadora está haciendo su trabajo y estamos dándole al máximo como Estado, pero no podemos decir que la sociedad está secuestrada”.
Consideró que afirmar que de manera colectiva la sociedad se siente secuestrada es una mentira y una falta de respeto a las “instituciones y al mismo pueblo que no está diciendo eso”.
De violencia en la capital, dijo que son normales los repuntes “y ahora estamos padeciendo uno”, pero insistió en defender la estrategia de seguridad “estamos afianzándola”, y “se trabaja para que mejore la situación en Chilpancingo”
Dijo que “no quiere decir que sea para siempre, es parte de las acciones de seguridad que se hacen y eso levanta repuntes en las zonas y las regiones, siempre voy a decir que es el efecto cucaracha, que levantas el tapete y corren para todos lados, y ahorita intentan refugiarse y se encuentran con otros criminales”.
A pregunta, el dirigente de Morena dijo que el Ejército no acompaña o pide a pobladores salir de sus comunidades y por el contrario “ayudan a que regresen a sus comunidades los ciudadanos desplazados, las labores del Ejército son la contención de la violencia que se vive, es un fenómeno viene desde administraciones pasadas y no se ha podido controlar, es parte de toda esta pobreza que se vive en las regiones”.
Jacinto González dijo que “el obispo no puede decir que se indigna por que el Ejército acompaña a los desplazados, yo no he visto que el Ejército vaya a los pueblos y les digan ‘sálganse, nosotros los vamos a acompañar’, lo que he notado es que acompañan a que los ciudadanos regresen a sus lugares de origen y los apoyan con seguridad”.
Ayer se buscó al dirigente estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca para tener una postura al respecto, y respondió con un breve texto en el que destacó que el que los obispos lleven el tema ante el Papa puede ayudar a que los gobiernos federal y estatal den resultados en seguridad.
“La situación que estamos viviendo en Guerrero requiere del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, pero también de la suma de todos los sectores de la sociedad; todas las voces que se sumen para erradicar grave problema de inseguridad que vivimos en el estado son bienvenidas”, dijo el dirigente priista en el texto.
Bravo Abarca consideró que “ningún ámbito de la sociedad está a salvo de la violencia. Que los sacerdotes lleven esta problemática al Papa quizá le de la fuerza necesaria para que las autoridades correspondientes realicen su trabajo y se tengan resultados positivos en este rubro”.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, y el secretario de Organización, Jonathan Marquez Aguilar, opinaron que los liderazgos del partido deben superar la elección interna y concentrarse en la elección del próximo año.
En declaraciones por teléfono y a pregunta expresa sobre el litigio que sigue en curso por la elección del año pasado, promovido por el diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, González Varona opinó que esa actitud “no abona a la institucionalidad del partido, no pueden dejar atrás los procesos internos de nuestro partido y por eso nuestro partido a veces no avanza en los procesos administrativo e institucional”.
El dirigente estatal convocó a los morenistas a dejar atrás el proceso interno del año pasado y prepararse para la contienda del 2024 que está a menos de un año, “darle vuelta a la página, no estamos en tiempos de estar peleando ahorita”.
A pregunta sobre si buscará al diputado federal para dialogar con él o establecer alguna intermediación con la dirigencia nacional, González Varona dijo que mientras el proceso está en litigio no se pueden dar diálogos entre las partes, “una vez que se resuelva vamos a buscar los acercamientos, ahorita no podemos porque hay un alegato jurídico”.
Por separado, el secretario de Organización Jonathan Marquez indicó que el Comité Estatal tiene seis meses trabajando en el estado y otros en todo el país. Recordó que fue un proceso nacional y convocó a los morenistas a sumarse a los trabajos y que respeten la voluntad de los ciudadanos que votaron “y se sumen al trabajo en torno a la unidad”.
“Al diputado federal Pablo Amílcar Sandoval lo invitó a que ayude a convocar a la unidad y a trabajar en los distritos federal porque la unidad es primordial para que se organicen los comités seccionales en todo el estado, pues son mas de 2 mil en toda la entidad”.
Agregó que los morenistas que fueron electos como consejeros y como integrantes del Comité estatal ya están enfocados en sus actividades e insistió en llamarlo a la unidad para trabajar para el 2024, “el enemigo no está dentro, no está con los consejeros, nosotros como Comité tenemos la postura bien definida, vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo”.
Pablo Amílcar Sandoval llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) su inconformidad por el desarrollo de la elección interna de consejeros de Morena en el distrito 04 que se realizó el 30 de julio del año pasado. El Trife remitió la queja a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, la cual emitió la resolución apenas el pasado 22 de marzo, lo que causó una nueva queja de Sandoval Ballesteros ante el Trife, organismo que volvió a remitirla a la instancia intrapartidista.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra declaró que la defensa a las labores de espionaje del Ejército del senador Félix Salgado Macedonio y del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, confirma l distanciamiento entre el partido de Morena con el movimiento social y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Hasta ellos (los militantes de Morena) han sufrido persecución, pero ahora se colocan de manera hipócrita del otro lado”, Rosales y refutó que en el actual gobierno el Ejército haya cambiado, pues “es el mismo represor de los años sesentas” del siglo pasado.
Ante el espionaje militar a defensores de derechos humanos y líderes sociales revelado por el grupo de hackers Guacamaya y publicado en estas páginas, el martes Salgado Macedonio dijo que “está prohibido el espionaje en México”, “hay absoluta libertad” y él está en contra del espionaje y a favor de la libertad de expresión.
El lunes el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González argumentó que lo que hacen los militares es sólo “un seguimiento” a los movimientos sociales pero no para reprimirlos, y que el “fortalecimiento” del Ejército en este gobierno no es peligroso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene antecedentes de que les vaya ordenar que reprima al pueblo.
El abogado Rosales Sierra, uno de los defensores a quien se vigila, dijo que es claro que el partido Morena “tiene pacto con un Ejército criminal, con un Ejército que tiene las manos manchadas de sangre, cuya política no es transparente, no tiene mecanismos de rendición de cuentas, que transita en la opacidad y en el autoritarismo, y que tiene una visión contrainsurgente históricamente”.
El también asesor de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a los que también vigila el Ejercito, de acuerdo a las filtraciones del grupo Guacamaya, destacó que el Ejército en Guerrero tiene “una historia de represión, y la ilustran los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, el de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como el de Rosendo Radilla de los que ya existe una sentencia de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos”.
Agregó que si Salgado Mace-donio no conoce estos casos graves de violaciones a los derechos humanos, basta con que se ponga a leer las sentencias de la Corte.
“Yo no sé si el senador Félix Salgado se hace de la vista gorda o solamente esgrime discursos fatuos, triviales, superficiales, sin ver la realidad del estado y lo que está ocurriendo en Guerrero”, reprochó.
Mencionó que hay otro caso más reciente de violación a los derechos humanos por el Ejército, y es el de Bonfilio Rubio Villegas del que acaba de pronunciarse la CoIDH y que próximamente lo darán a conocer.
Se trata del indígena que viajaba de Tlapa a la Ciudad de México pero antes de llegar a Huamuxtitlán en una revisión al autobús en el que se trasladaba, fue ultimado por soldados en 2008.
“Estos casos nos muestran la militarización, y cómo el Ejército enfoca como a un enemigo a las organizaciones sociales que luchan por justicia, por reivindicaciones sociales, por educación, y a quienes les está dando seguimiento, persecución, espionaje y coloca a los defensores de derechos humanos, a los campesinos, a los estudiantes críticos, como el enemigo a vigilar, a perseguir, a monitorear y como a los que hay que mantener a raya”.
Dijo que si el partido en el poder que se dice de izquierda no analiza esta situación, indica su distanciamiento con lo que vive el movimiento social, con lo que padecen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, “y ese partido que cada vez se vuelve más burocrático, que solamente persigue el poder, preocupado por sus componendas de tipo electorera se convierte en lo mismo que era el PRD y el PRI”.
Rosales Sierra reconoció que si bien hay un cambio y libertades con el actual gobierno, no está pasando lo mismo en el Ejército, “es el mismo represor de los años sesentas al año 2000, es el mismo Ejército que tenemos. No hay un cambio”.
El abogado dijo que la sociedad debiera alzar la voz y que el mismo partido en el poder debiera estar haciendo un llamamiento, y la reflexión de lo que está pasando.
“Por lo menos los actores más sensatos deben alzar la voz y pedir que en el Ejercito también haya los cambios paulatinos que se están viendo en la sociedad civil, que no sean obtusos, que no haya miopía política para ocultar una cosa que no existe, entrémosle al debate, al análisis exhaustivo y responsable”, pidió.
De lo contrario, advirtió que un día cuando haya una represión de grandes dimensiones por el Ejército, “esta clase política que se hace miope y lo defiende, va a cargar con esa responsabilidad porque está dejando al Ejército que haga lo que quiera, se le están dando facultades y ocultando que no ha cometido violaciones a los derechos humanos, y eso es una grave irresponsabilidad”.
Con respecto a lo que declaró el dirigente de Morena Jacinto Gon-zález, el abogado dijo que es para “postrarse ante el presidente An-drés Manuel López Obrador quien tiene un pacto con el Ejército, y entonces no lo va a contradecir cuestionando al Ejército o señalar sus graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido”.
Añadió que al Ejército se le sigue venerando y presentándolo como inmaculado.
“Morena está haciendo lo mismo que hizo el PRI en el pasado, que para ellos era una institución inmaculada, pura y blanca, pero es una institución que en la medida que se le coloque en actividades de seguridad pública va a cometer violaciones a los derechos humanos y excesos”, advirtió.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que las fichas que se conocieron en las que el Ejército señala a defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales son sólo de seguimiento y “no para reprimir a los movimientos” como ocurría cuando gobernaban “los Figueroa”.
Se le preguntó por teléfono sobre el espionaje contra representantes de movimientos sociales que realiza el Ejército que fue evidenciado por documentos de las filtraciones del grupo Guacamaya.
De inicio el dirigente respondió que se reservaría declarar al respecto porque “es un tema de seguridad nacional”, sin embargo, de inmediato señaló que “creo que es un tema de seguimiento nada más, no es un espionaje para reprimir o perseguir”.
Jacinto González dijo que “desde que llegó Andrés Manuel López Obrador no realiza espionaje para represión”. Abundó que el fortalecimiento del Ejército en este gobierno no es peligroso porque el presidente López Obrador no tiene antecedentes de haber ordenado represiones.
“El Ejército no se mueve sin que los civiles le den órdenes, todas las represiones que han sucedido son a partir de órdenes de los civiles en el poder”, y consideró que mientras sean representantes de Morena los que estén “al mando no creo que sea riesgoso, antes los que daban la orden eran los Figueroa, hoy ya cambiaron las cosas, hay compañeros que están al frente y que dudo que algún día den la orden de reprimir al pueblo”.
Ya fue notificado por el IEPC de la queja del PRD
González Varona también informó que ya fue notificado sobre la queja que presentó la dirigencia estatal del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en contra del CEE de Morena por la presunta campaña de “calumnias y desprestigio”, y que le otorgó cinco días para contestar este recurso el cual dijo que se vence el 26.
Entre lo solicitado por la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD al IEPC están las medidas cautelares para que “se detenga la campaña de difamación”. Sin embargo, en la notificación que recibió el morenista “se reserva, hasta que haya una investigación profunda, de dictar medidas cautelares”.
Su cargo fue avalado por la militancia, responde
También se le preguntó por lo señalado por el ex diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo en una conferencia con su equipo afín al diputado Pablo Amílcar Sandoval, en la que dijo que a González Varona le falta madurez política para ser dirigente de Morena. Respondió que fue electo “por unanimidad” como presidente del partido: “vieron que yo puedo representarlos bien, lo otro es una opinión personal, ojalá sigan abonando para que haya gobernabilidad y estabilidad en el movimiento”.
Del gabinete de Evelyn Salgado dijo que la gobernadora es la que evalúa el trabajo de sus colaboradores y que los señalamientos de Ríos de que faltan funcionarios sensibles y afines a “la 4T” es una opinión personal que “se respeta mucho”.
Afirmó también que no existe la figura de coordinador estatal de Comités Municipales que se atribuye Catalino Santibañez quien ha instalado 25 de esas instancias y que en Acapulco nombró al ex emecista y ex perredista Napoleón Astudillo Martínez. “Es más bien una agrupación que se pretende hacer al interior del movimiento y que está prohibida estatutariamente”, dijo.
Además recordó que Napoleón Astudillo no está afiliado al partido por lo que está impedido para ocupar un cargo de dirección. “Creo que le tomaron el pelo”, señaló.
No se acordó retirar la denuncia contra líder sindical, dice
Al también diputado local se le preguntó por el conflicto entre la administración del Congreso que encabeza Yoloczin Domínguez con el sindicato Sentimientos de la Nación, después de que el dirigente Fer-nando Martínez denunciara que no se ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que el 3 de marzo llegaron con el senador Félix Salgado.
Jacinto González dijo que a su oficina le comisionaron a Alondra Reza Arzola, uno de los tres trabajadores despedidos, y está en el proceso de adscripción.
Pero de los otros dos trabajadores, Ramón Núñez Campos quien es chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte al personal, y el secretario general Fernando Mar-tínez, que ahora laboran en la oficina del diputado Joaquín Badillo, también morenista, dijo que desconoce su situación, pero precisó que en los acuerdos no estaba el retirar la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General del Estado contra el dirigente del sindicato.
La ex diputada local María del Carmen Pérez, el coordinador municipal Renato Amaya, el diputado Masedonio Mendoza, la diputada federal Araceli Ocampo, el ex diputado Luis Enrique Ríos Saucedo y la ex consejera de Morena Gisela Martínez, del equipo de Amílcar Sandoval y que apoyan a Marcelo Ebrard, llamaron a la marcha del sábado a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Morenistas integrantes del equipo del diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, criticaron la falta de funcionarios sensibles con la Cuarta Transformación en el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, también la “falta de madurez” del presidente del partido Jacinto González Varona para ocupar este espacio.
En una conferencia en sus oficinas ubicadas frente al mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares invitó al “acto masivo” convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizará el próximo 18 de marzo, con motivo de conmemorar la expropiación petrolera y por la soberanía energética.
La diputada dijo que la convocatoria la realizan atendiendo al llamado de Marcelo Ebrard a quien apoyan en su aspiración a la candidatura de Morena por la presidencia de la República: “estamos apoyando este proyecto de nación porque también queremos que se le dé continuidad a todo lo que se está implementando ya con todas las políticas públicas, hacemos un llamado a la ciudadanía para que se sume a este proyecto a esta lucha que encabeza este gran hombre que tiene toda la capacidad”.
Araceli Ocampo informó que realizarán un foro en Chilpancingo, que será uno de los 300 que se realizarán en el país, uno por cada distrito, pero en el de la capital esperan tener la presencia de Marcelo Ebrard.
La diputada Jessica Alejo Rayo llamó a defender la soberanía energética, y el diputado Masedonio Mendoza Basurto pidió seguir respaldando al presidente y “el proyecto de nación que encabeza”, que dijo puede continuar con “el liderazgo de Marcelo Ebrard”.
Faltan funcionarios de la 4T
Un reportero pidió la opinión de este equipo sobre el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda. Al respecto Luis Enrique Ríos dijo que como fundadores del partido, sería justo que quienes ahora gobiernan escucharan sus puntos de vista y propuestas, “nos parece que se está dilapidando la legitimidad con la que llegó este movimiento al ejercicio de la función pública”.
El ex diputado consideró que al gobierno estatal emanado de Morena “le hacen falta funcionarios de la 4T y que los funcionarios que estén conozcan el programa de la Cuarta Transformación… hace falta sensibilidad”.
Consideró que aún están a tiempo ya que no concluye ni el segundo de los seis años para los que fue electa Evelyn Salgado. A la pregunta de un reportero respondió que las secretarías en las que ven mayor problema son en la de Educación y en la Secretaría General de Gobierno, encabezadas por Marcial Rodríguez Saldaña y Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “no se resuelve nada, la gobernabilidad, la gobernanza no está siendo una fortaleza del actual gobierno”.
Mientras que, de la confrontación y las posturas del dirigente estatal de Morena contra partidos como el PRI, PRD y PAN, Ríos Saucedo consideró que es normal porque “del compañero Jacinto no hay una madurez para ocupar tan importante espacio”, e insistió en la falta de legitimidad por la manera en la que se realizó el proceso por el que fue electo.
Del supuesto apoyo del alcalde perredista de San Marcos, Tomás Hernández Palma del grupo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a Marcelo Ebrard, Luis Enrique Ríos Saucedo dijo que los líderes del PRD no se quisieron sumar a Morena en su fundación sin embargo, la militancia sí.
En ese sentido dijo que la visita de Marcelo Ebrard al municipio de la Costa Chica fue de manera institucional, aunque después apuntó “creo que, si se deben preocupar mucho los dirigentes perredistas”, y a pesar de que no llamó a los perredistas a sumarse, el partido lo permite.
De la cargada institucional o apoyo de funcionarios de todos los niveles a favor de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, dijo que los funcionarios son ciudadanos y tienen derecho a manifestar su apoyo a quien consideren, pero respetando las restricciones.
Sin embargo, Ríos Saucedo dijo que a pesar de que “se induzca desde las esferas oficiales”, el que se respalde a alguna propuesta, es una “estrategia ineficaz”.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD Alberto Catalán Bastida, muestra el recurso de queja contra el dirigente morenista Jacinto Barona; lo acompañan Fidel Flores, Jesús Guatemala y Mario Ruiz Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La dirigencia estatal del PRD presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), un recurso de queja contra el presidente de Morena Jacinto González Varona y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) por la campaña de “calumnias y desprestigio” contra el PRD y sus gobiernos municipales, al asegurar que han ganado con apoyo del crimen organizado.
Tras salir de la oficialía de partes del IEPC, el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, insistió en que la intención de Morena es “mermar la participación” del perredismo en el próximo proceso electoral.
“Esta campaña busca que los simpatizantes de Morena difundan un discurso de odio y rechazo contra nuestro partido y en este sentido es importante aclarar que no basta con esconderse detrás del argumento de la libertad de expresión que tanto pregona el diputado Jacinto González”.
Señaló que los señalamientos de éste “generan implicaciones graves para la seguridad de nuestros presidentes municipales y del cabildo en general” que podrían ser víctimas “de verdaderos grupos criminales que se puedan dejar llevar por estas declaraciones sin sustento alguno”.
Catalán Bastida dijo que si ocurrieran situaciones de esa naturaleza “Morena no querría hacerse responsable”.
En el procedimiento iniciado ayer se entregaron las pruebas de lo dicho por Jacinto González en las que esperan que se “encuentren elementos suficientes para acreditar todo el trabajo de difusión que han invertido en esta campaña”, lo cual es ilegal.
El dirigente perredista se refirió como difusión a las notas periodísticas generadas a partir de una conferencia de prensa de la dirigencia estatal morenista, y publicaciones realizadas en la página oficial en internet de este partido.
El representante del PRD ante el IEPC, Mariano Hansel Patricio Aparicio Abarca informó que se trata de un procedimiento ordinario sancionador en contra de Morena, Jacinto González Varona, Yesenia Salgado Xinol, Jonathan Márquez Aguilar y Abel Bruno Arriaga, en su calidad de presidente, secretaria general, secretario de Organización y secretario de Pueblos Originarios del CEE de Morena.
Explicó que inicialmente los consejeros analizarán la procedencia de la denuncia, darán vista a la parte denunciada y que, entre las medidas cautelares solicitadas al órgano electoral, están el “que se detenga la campaña de difamación en contra del PRD porque no afecta solo al instituto político sino a todos los presidentes municipales señalados de manera directa en las declaraciones del dirigente”.
Sin embargo, Alberto Catalán dijo que los alcaldes no presentarán denuncias y que ese trabajo político lo realiza la dirigencia.
Lamentó que estos señalamientos en contra de alcaldes de la Tierra Caliente sean constantes: “sabemos cómo en esta zona en específico predominan los grupos de delincuencia organizada y no hay garantías por parte de la federación y el gobierno estatal que les genere una pacificación, por lo tanto, son señalamientos que se hacen constantemente, no solamente sobre un partido u otro, contra todos los personajes que tienen alguna presencia en la región y que ostenta un cargo público”.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que este lunes se presentará ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una denuncia en contra del dirigente morenista Jacinto González Varona, por una presunta campaña de desprestigio y difamación por el señalamiento de que perredistas, priistas y panistas gobiernan municipios controlados por la delincuencia organizada.
En este procedimiento acusarán que Morena, previo al inicio del proceso electoral, busca denostar al PRD ante la sociedad, “con la finalidad de mermar nuestra participación electoral y la aceptación con la ciudadanía”.
En declaraciones telefónicas, Catalán aseguró que con esta campaña de difamación se busca “limpiar la imagen de Morena, ante la incapacidad de frenar la inseguridad que viven sus municipios en el estado”.
Darán pruebas del acto anticipado de campaña de Ebrard
Sobre la marcha que se realizó ayer en Acapulco, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que sus simpatizantes le manifestaron su respaldo como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, Catalán insistió en que se trata de una campaña anticipada, en la que se utilizan recursos públicos.
Señaló que los aspirantes, incluido Ebrard, utilizan los cargos en el gobierno federal “para tener acercamiento con la ciudadanía, utilizando también el recurso público que ejercen, y vimos también el acompañamiento de las autoridades locales, como la presidente municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez”.
De estos actos, dijo que ya “recabamos la evidencia necesaria y vamos a analizar y presentar alguna denuncia respecto a este tema, porque es un acto anticipado de campaña”.
El dirigente perredista señaló que la reforma electoral, denominada Plan B, lo que plantea es permitir estos actos “que no haya responsabilidades respecto a estas campañas anticipadas y darles todas las herramientas, a estos personajes, denominados ‘Las Corcholatas’ que mueve el presidente de la República en una campaña anticipada”.
Recordó que los aspirantes de Morena a la presidencia de la República manejan un discurso de transparencia y apego a la ley, “pero no es cierto, vemos como hacen eventos de promoción respecto a su imagen e incluso descuidan el trabajo que deben estar realizando”.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, flanqueado por el secretario de Organización, Jonathan Márquez Aguilar; la secretaria general, Yesenia Salgado Xinol; el secretario de Pueblos Indígenas, Abel Bruno Arriaga; y el secretario de Comunicación, Emmanuel Gutiérrez Andraca Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que hay gobiernos municipales como Pungarabato y Chilapa en los que se puede ver la infiltración de la delincuencia, y donde Morena “no puede ganar elecciones por la delincuencia, pero sí el PRI, el PAN y el PRD”.
Aseguró que donde gobiernan estos partidos de oposición “es imposible hacer política, aunque somos nosotros ahora el partido oficial, porque es evidente que puede haber protección”.
Ayer, en conferencia de prensa en las oficinas de Morena, en Chilpancingo, González Varona respaldó nuevamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, debido a la nota que publicó el lunes el periódico Reforma, que señala que bajo el gobierno de la morenista, la Familia Michoacana (FM) expandió su control del territorio en la entidad, y que cita el comunicado sin firma emitido por habitantes de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan –que El Sur publicó el 21 de febrero– con el que la acusan de proteger al grupo criminal.
Sostuvo que es año preelectoral y que los partidos de oposición están frustrados, y tienden a deteriorarse y difuminarse, además, dijo que la publicación de Reforma era una ofensa al pueblo de Guerrero, porque fue un intento de difamar y desestabilizar un gobierno que ha confrontado a grupos de la delincuencia, que fueron empoderados en sexenios pasados y que siguen empoderando “en regiones de nuestro estado”.
Aseguró que la delincuencia permea en los ayuntamientos, y que se “puede ver la infiltración de la delincuencia en ciertos municipios de la región (Tierra Caliente), les voy a dar un ejemplo bien claro donde Morena no puede ganar elecciones por la delincuencia, pero sí el PRI, el PAN y el PRD, ellos si ganan”.
Sostuvo que estos partidos tienen pactos con la delincuencia, mientras que Morena, aseguró, su pacto es con el pueblo.
“La delincuencia creció con Calderón”
El líder de Morena aseguró que “los hechos de violencia que han sucedido en las regiones es un movimiento natural de este grupo de criminales, que con mucho esfuerzo la gobernadora y el gobierno de México han combatido”.
Aseveró que al grupo delictivo de La Familia michoacana fue replegado de la Tierra Caliente a la Sierra y Costa Grande, aunque es un problema de décadas que se recrudeció “con la infiltración cuando ganó el Partido de la Agencia de los Narcos –como nombró en lugar de decir Partido Acción Nacional–, que sirvió como agencia de colocación de los narcos en la Secretaría de Seguridad Pública”, en relación con el ex secretario de seguridad recién sentenciado en Estados Unidos, Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón.
Sostuvo que en la administración de Calderón Hinojosa “la delincuencia se apoderó de todos los territorios” y con la operación llamada Rápido y furioso entraron miles de armas a nuestro país para esos grupos criminales, “encabezados por su ex secretario de Seguridad Pública, (Genaro) García Luna, que tienen armamento más sofisticado que las propias policías estatales y policías municipales”.
Se le preguntó qué ayuntamientos del PRI, PAN y PRD tienen vínculos con la delincuencia organizada específicamente, pero dijo que no podía señalarlo porque no era agencia de seguridad, pero sí podía decir que donde gobiernan es donde más álgida está la violencia, la infiltración, las extorsiones y los enfrentamientos.
Mencionó que en Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, no han dejado gobernar a Morena, y mencionó el caso de la candidata en 2021 por Morena a la alcaldía, Francisca Baltazar Bravo, quien “fue amenazada, la secuestraron y la tuvimos que sacar (junto a su familia) a la Ciudad de México, y ganó el PRI ahí, porque no la dejaron que hiciera campaña, ¿y por qué creen? Yo nada más se los dejo ahí, ya las agencias de seguridad pública nacional se encargarán de investigar”.
Manifestó que donde gobiernan los partidos del PRI, PRD y PAN “es donde es imposible hacer política, aunque somos nosotros ahora el partido oficial, porque es evidente que puede haber protección”.
Defiende a gobiernos municipales de Morena
Se le dijo que Acapulco también tiene problemas con inseguridad y gobierna Morena, pero respondió que ahí hay bandas delictivas que son perpetuadas por las colindancias del municipio, “Acapulco no se visualiza como la Tierra Caliente y la Sierra, es la diferencia, que allá existen grupos”.
Resumió que las causas de la violencia en Acapulco y el apogeo de la Familia michoacana, que argumentó Reforma, se debe a los operativos, y en el último caso “los delincuentes corren hacia la Sierra, hacia Petatlán”, mientras que en Acapulco registra violencia por los operativos que se hacen en la Costa Chica y el Valle del Ocotito, y provoca que los “delincuentes estén caminando hacia el puerto”.
Se le preguntó si hay más municipios como en Pungarabato o Chilapa donde no ganen al PRD o PRI y crean que se deba a los nexos con el crimen, expuso “que solo en Chilapa que es eternamente dirigido por caciques regionales”.
Se le dijo que en Tlalchapa, también la familia Mora Eguiluz ha gobernado por varios periodos y ahora están en Morena. Jacinto González Varona afirmó que “en Tlalchapa yo no he conocido de violencia en ese municipio, ahí está pacificado, no es como Arcelia, no es como Altamirano, no es como Coyuca de Catalán, en Zirándaro”.
En el municipio de Tlalchapa, ubicado en Tierra Caliente, en el periodo 2015-2018 gobernó Amalia Mora Eguiluz –hermana de la actual secretaria de Formación Política de Morena, Celeste Mora Eguiluz, y ex secretaria del Migrante en el estado– por la coalición PRD-PT; en 2018-2021 gobernó su padre, Martín Mora Aguirre, por el PRD; y en el 2021-2024, ganó otra hermana, Tania Mora Eguiluz, por Morena.
Ayer, el dirigente estatal de Morena precisó que en el caso de Zirándaro, el ex alcalde Gregorio Portillo Mendoza, a los cuatro días de ser candidato a la alcaldía en 2018 lo sacaron del municipio “porque no pactó (con el crimen organizado), hicieron campaña de manera virtual, la gente de la cabecera estaba cansada del crimen y le dio el voto, porque las comunidades las perdimos (en votos)”.
“Protegido por Seguridad Pública federal tomó protesta y no lo dejaban gobernar y ustedes han documentado toda esa parte, donde el presidente (municipal) le pedía auxilio al gobernador en turno (Héctor Astudillo Flores) porque no lo dejaban gobernar”.
–¿Entonces la alcaldesa que ganó en 2021 (Tania Pacheco Duarte) sí pactó?
–La alcaldesa que ganó, ganó también porque el presidente hizo un buen trabajo, no permitió que se infiltrara y por eso repite Morena en Zirándaro, no se viven actos tan violentos como se vive en Coyuca de Catalán, en San Miguel Totolapan, en Arcelia, nada más revisen la diferencia que existe entre los municipios que gobernamos y que gobiernan ellos.
–Pero hubo un video donde se difundió una caravana del Cartel Jalisco Nueva Generación en su municipio de Zirándaro -, se le comentó.
–¿Pero está ella? Yo no puedo decir que ella estaba ahí, porque no la vi.
A pregunta de un reportero, sobre la propuesta que la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien declaró que se analizaba solicitar la desaparición de poderes en Guerrero porque el estado está controlado por el crimen organizado, Jacinto González respondió que “es una propuesta muy exagerada, porque ni siquiera hay ingobernabilidad en nuestro estado”.
