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Endurecerán su estrategia por la presentación de los 43 normalistas, advierten los padres en Puebla

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron en Puebla que en los próximos días endurecerán la estrategia para exigir al gobierno federal el esclarecimiento sobre el paradero de sus hijos.
Mientras que la caravana que fue a Guadalajara, Jalisco, se reunieron con organizaciones urbanas que insistieron en la necesidad de unir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades.
“Es momento de cambiar estrategia… que sepa el gobierno de (Enrique) Peña Nieto que si no nos entregan a los 43 normalistas vamos a empezar a actuar de manera diferente en la estrategia de lucha. Ya fuimos pacíficos dos años cuatro meses y días, pero hoy tenemos la necesidad más grande”, expuso en Puebla el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz Sandoval.
En rueda de prensa en el mercado Hidalgo, acompañados por dirigentes de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, Cruz Sandoval dijo que al paso del tiempo el gobierno de Peña Nieto cree que va ganando terreno y que la lucha por los 43 se diluirá.
Consideró que el gasolinazo decretado en enero pasado es una forma de distraer la atención sobre la desaparición de los estudiantes.
“Se le olvida que también somos mexicanos. El aumento de la gasolina es un doble golpe para nosotros, no están nuestros hijos y nos quiere hundir en la pobreza”, manifestó.
Reiteró que no habrá negociación alguna hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos y castigar a los responsables, porque “no tenemos nada qué negociar porque los hijos no se negocian. Estamos seguros que si nosotros encontramos a los jóvenes y castigamos a los culpables, todas las reformas aplicadas por Peña Nieto se caen”.
Mario César González Contreras, otro de los voceros del movimiento, mencionó que recientemente tuvieron una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se les pidió que tuvieran confianza.
“Tanto fue el cinismo de pedirnos confianza”, reclamó, al indicar que en esa reunión los representantes de la dependencia los quisieron engañar al reducir los señalamientos contra Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“De 18 faltas penales que se le habían encontrado, nos quisieron asegurar ahora que sólo son siete faltas y administrativas, no penales”, denunció.
El vocero dijo que del gobierno federal siempre han encontrado el ocultamiento de información y protección para los funcionarios públicos.
Tal es el caso de la libreta negra que fue decomisada al presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, donde aparecen los nombres de Leonardo Vázquez y Omar Hamid García Harfuch, el primero funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el segundo ex jefe de la Policía Federal en Iguala y ahora director de la Agencia de Investigación Criminal en sustitución de Zerón de Lucio.
Los inconformes indicaron que esa información se ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaba el caso, igual que el principal jefe de Guerreros Unidos fue detenido en Puebla con un camión con drogas y dólares.
González Contreras lamentó que ellos y el resto de los mexicanos no hayan sabido defender al grupo de expertos que fueron corridos del país cuando avanzaban en las investigaciones y pudieron haber resuelto el caso, lo que no ha ocurrido con los crímenes de Estado cometidos en este país desde 1968.
“Estos 43 padres ya están decididos a todo, no sabemos hasta dónde podamos llegar, hasta dónde tengamos la capacidad de llegar, pero lo que sí pueden estar seguros es que vamos a seguir luchando por esos 43 hijos”, advirtió.
Vía telefónica Felipe de la Cruz informó que en Puebla un grupo visitó al líder de la organización de ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, en el hospital general donde está con vigilancia policiaca porque está privado de su libertad desde 2001.
Indicó que el luchador social agradeció la visita y conminó a continuar. En la tarde se trasladaron a Tlaxcala para pernoctar en la Normal Rural Benito Juárez, en Panotla y hoy muy temprano encabezarán un mitin en Huamantla, de donde es originario el normalista desaparecido César Manuel González Hernández. A las 2 de la tarde, se prevé una conferencia de prensa en la capital y una reunión con las organizaciones de aquel estado.

Se reúnen con organizaciones de México Despierto en Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, organizaciones urbanas aglutinadas en el frente México Despierto insistieron en la necesidad de reunir diferentes luchas para exigir soluciones reales a las autoridades, durante la caravana en estados del Bajío y el norte del país de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En consulta telefónica el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que los padres fueron recibidos en Tonalá por movimientos campesinos y en la capital del estado por sindicatos y colectivos estudiantiles y populares, unidos en un frente de lucha durante las protestas contra el alza a los precios de los combustibles que denominaron México Despierto.
Indicó que el planteamiento de los padres es actualizar la información de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala que tiene la Procuraduría General de la República (PGR), de las líneas de investigación que no han sido abordadas y la necesidad de impulsar con presión el trabajo de las autoridades.
Coincidieron con las organizaciones en que la movilización debe de ser palanca de presión para que la investigación avance, y no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en la necesidad de hacer fuerza con otras luchas para resolver éste y otros problemas, “porque hay muchas demandas, muchos dolores, otros sufrimientos que es necesario aglutinar”.
Indicó que a las 10 de la mañana fueron recibidos en Tonalá por representantes de unas 15 organizaciones de movimientos en defensa de los bosques y contra proyectos de presas hidroeléctricas.
A las 2 de la tarde llegaron al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipales de Alcantarillado y Agua (Sepsiapa), donde estuvieron representantes de 25 organizaciones.

La Convención aprobará el nuevo plan de acción

La quinta Convención Nacional Popular convocada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para el 26 y 27 de febrero en la ciudad de México, se realizará bajo el formato de plenarias y mesas de trabajo, para aprobar el nuevo plan de acción de este año por distintas demandas sociales, incluidos los migrantes.
Según la convocatoria participarán los delegados debidamente acreditados por organizaciones participantes, en la sección novena de la CNTE ubicada en Belisario Domínguez 32 colonia Centro Histórico.
El primer tema será el diagnóstico de la situación de México: la pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética de la nación, el incremento exponencial de la deuda externa del país y la depreciación acerada del peso frente al dólar que llevó al drástico recorte del presupuesto gubernamental.
Asimismo la profunda crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplías del país, y que los casos de violaciones de derechos humanos se incrementan día con día con la proliferación de las desapariciones forzadas.
Lo que “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Suman “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en Estados Unidos cuyas políticas afectarán los derechos de los migrantes mexicanos y de millones de mexicanos que verán lesionados sus niveles de bienestar y sus derechos humanos”.

Dice la Saica que son seis los jornaleros fallecidos en el accidente en Jalisco

El secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga confirmó que seis jornaleros agrícolas de Guerrero, entre ellos cuatro mujeres, murieron en un accidente de un camión de carga en el estado de Jalisco el viernes pasado.
Sin embargo, consultados vía telefónica, los familiares de las dos niñas y una joven fallecidas en el accidente informaron que hubo ocho muertos, seis mujeres y dos hombres.
Solano Arreaga aclaró que se mencionan dos personas más fallecidas en el hospital, pero no han sido identificadas, agregó que 17 heridos, todos originarios de Guerrero, ya están estables.
Ayer, en estas páginas se informó que dos niñas y una joven nahuas serían sepultadas este lunes en su pueblo natal, fallecidas en un accidente automovilístico cuando se dirigían a trabajar a un plantación de caña.
El secretario dijo que el accidente ocurrió en la ruta de Autlán, en la zona conocida como El Venidero, en Jalisco, cuando una camioneta de carga se salió de la carretera, llevando a los jornaleros al corte de tomate en un campo agrícola.
A las 10 de la noche el funcionario confirmó los datos de cuatro mujeres fallecidas, tres de San Juan Totolcintla, Mártir de Cuilapan (Apango): Fresnia Juárez Domínguez de 13 años, Diana Juárez Villegas de 18 años, y Evelin Domínguez Jiménez de 12 años; de San Francisco Pozonatlán, Huitzuco, Lorena Damián Castelar, de 40 años.
Solano Arreaga manifestó que se había informado de dos decesos más pero que no han sido identificados, y que otra versión indicaba que sus familiares valoraban enterrarlos en Jalisco.
Argumentó que las secretarías de Asuntos Indígenas, Migrante y de Salud del estado, contactaron a las autoridades de Jalisco para atender las necesidades de las víctimas.
Agregó que las víctimas son parte de la migración que sale de Chilapa en los meses de noviembre y diciembre, muchos con enganchadores y que la mitad de los jornaleros no se registra en el padrón de migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El secretario explicó que se basan en el padrón para pedir el seguro en caso de accidentes y decesos, pero en este caso, identificaron la unidad que trasportaba a los jornaleros, para que los abogados revisen la situación laboral de las víctimas.
Añadió que aún desconocen quién contrató a los jornaleros, pero están cubriendo el trámite legal para que la empresa cubra los seguros de vida.

 

Mueren en un accidente de auto el viernes dos niñas y una joven que iban a cortar caña a Jalisco

 

Una niña nahua de 12 años y otra de 13 así como una joven de 21 años murieron en un accidente automovilístico el viernes pasado cuando a las 8 de la mañana se trasladaban a trabajar a una plantación de caña cerca de Autlán de Navarro, Jalisco.
Los cuerpos llegaron la tarde de ayer a su pueblo natal de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango) de donde salieron en noviembre del año pasado en busca de trabajo a los campos agrícolas de ese estado.
Consultado vía telefónica, el comisariado de bienes comunales de ese pueblo, Melquiades García Ríos denunció que los responsables de estas muertes no son sólo los polleros (traficantes de personas) que trasladan a los migrantes en condiciones inseguras, sino también los gobiernos federal, estatal y municipal que no garantizan empleos, educación y salud en las comunidades indígenas.
Visiblemente consternado, García Ríos informó que las víctimas son Evelin Domínguez Juárez, Jessenia Juárez Domínguez y la joven Diana Juárez Villegas. Todas integrantes de una misma familia.
Las tres junto con el resto de su familia se trasladaban en un camión de Autlán de Navarro a la huerta Casimiro Castillo, en donde trabajaban en el corte de caña, informó García Ríos.
El comisariado informó que los cuerpos de las dos menores y la joven fueron recibidos la tarde de ayer en San Juan Totolcintla, pero que serán sepultados hasta este lunes porque todavía no llegaban sus familiares que venían también de Autlán de Navarro, Jalisco.
García Ríos dio a conocer que por las condiciones de pobreza extrema en que se encuentra la familia, los cuerpos fueron trasladados en una camioneta y sin ataúd de Autlán a Guadalajara, Jalisco.
Informó que sólo pudieron conseguir los féretros con la intervención de Humberto Santos Bautista y Guillermo Álvarez Nicanor, conocidos de la familia y quienes solicitaron apoyos por medio de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Explicó que los cuerpos viajaron ya en ataúd de Guadalajara a San Juan Totolcintla, gracias a la ayuda de la Codehum.
García Ríos dijo que los polleros tampoco se interesan en que los jornaleros cuenten con un seguro de vida o que quienes trabajan no sean menores de edad.
“Es lamentables que ocurran estas muertes así, pero también es culpa de nuestros gobiernos federal, estatal y municipal porque no generan empleos en el estado, ni tampoco garantizan educación y salud en los pueblos indígenas, por eso nuestra gente se va en busca de una mejor vida a otros estados”, exclamó.
Informó que los familiares abandonaron en noviembre del año pasado San Juan Totolcintla en busca de empleos y una mejor vida y fueron al estado de Jalisco y allá se emplearon en el corte de caña.
“Los familiares y sus vecinos estamos muy consternados, no sabemos cómo explicar el dolor que sentimos, estas cosas no deberían de pasar si hubiera mayores oportunidades en nuestras comunidades indígenas”, dijo Melquiades García, y agregó que no es posible que las dos niñas hayan encontrado la muerte cuando iban a trabajar a una hora en que deberían estar en la escuela.
“Ojalá el gobierno se diera cuenta que ocurren estos casos para que se sensibilizara, hiciera conciencia, e hiciera algo para evitar que sigan ocurriendo estas muertes”.
Explicó que por ejemplo en San Juan Totolcintla hay mucha riqueza por el agua del río Balsas que bordea dicha comunidad, pero que hace falta inversión del gobierno. Agregó que si los pobladores tuvieron el apoyo no tendrían necesidad de irse a trabajar de jornaleros en donde sufren malos tratos y no todos regresan con vida a sus lugares de origen.

En defensa de Lenin Ocampo y la libertad de expresión

EDITORIAL

La Fiscalía General de Jalisco informó ayer que su policía cibernética encontró en Guerrero el origen de una comunicación atribuida al Cártel Jalisco Nueva Genera-ción, en la que anuncia que ante la especulación causada por el alza en los precios quemará gasolinerías en apoyo “a la clase trabajadora” .
Concluye, en consecuencia, que la comunicación resultó “ser falsa”, pues su autor no fue ese grupo delictivo y advirtió que ejercerá acción penal contra el responsable al que buscará fincarle el cargo de apología del delito.
El boletín oficial de la Fiscalía de Jalisco subraya que su acusado “constantemente hace publicaciones amenazantes, supuestamente relacionadas a grupos armados o delictivos”, y aunque no menciona ningún nombre, su titular Eduardo Almaguer Rodríguez dijo a reporteros que lo entrevistaron que el mensaje amenazante se originó en la cuenta de Facebook del fotógrafo de El Sur, Lenin Ocampo Torres, a quien identificó como “un sujeto de tendencias anarquistas”.
Se trata de una acusación insostenible, pero al mismo tiempo muy grave y preocupante. En carta que se publica en esta página, Lenin Ocampo ha negado “categóricamente” que de su cuenta haya salido la condenable comunicación en la que se anuncia que un grupo delictivo quemará gasolinerías en Jalisco, y subraya que todo lo que él hace en su labor profesional y lo que allí escribe es público.
Si bien la denominación de Sup Pancho Membrillo es un seudónimo, allí mismo ubicado entre paréntesis aparece el nombre de Lenin Ocampo, de modo que está claro quién es el responsable de ese muro como se dice en el argot de las redes sociales.
A Lenin Ocampo, como al resto de los reporteros de este periódico, se les dan diariamente órdenes de trabajo en las que se detallan los asuntos y actividades que tienen que cubrir, sin que eso impida que emprendan trabajos de su iniciativa.
Y Lenin Ocampo se ha destacado en El Sur como un fotógrafo responsable, siempre dispuesto a ir a donde se le indique y con una sensibilidad que le permite captar imágenes acordes a la línea editorial de El Sur, que se resume en proporcionar al lector una información objetiva de la realidad que haga visibles los problemas que aquejan a la sociedad.
Y aquí reivindicamos su trabajo como un ejercicio profesional, apegado a la ética periodística y ajeno a prácticas de militancia política.
Lo que escribe, y las formas en que presenta sus textos en su cuenta de Facebook, es algo de su entera responsabilidad y parte de un ejercicio de libertad de expresión que ninguna autoridad puede coartar, y mucho menos si se trata de comunicaciones que son públicas y de las que se hace responsable con su nombre real.
Por eso decimos que se trata de una acusación insostenible, y en ese sentido no es gratuito que el vocero del Grupo Coordinación Guerrero haya distribuido una comunicación pública en la que califica de “volada” la acusación contra Lenin Ocampo, niega que la Fiscalía de Jalisco haya solicitado la colaboración de la de Guerrero y expresa su respeto al trabajo del fotoreportero y de todos los trabajadores de este periódico.
Ésta parece ser una maniobra mediática del fiscal de Jalisco para salir al paso de la preocupación de los ciudadanos de aquel estado por la comunicación amenazante. Ojalá no sea el inicio de una campaña planeada en los organismos de seguridad del Estado mexicano, pero es ya un ataque a Lenin Ocampo pues se criminaliza su trabajo periodístico.
En Jalisco ya se han anunciado movilizaciones contra la impopular alza del precio de las gasolinas, y tal vez el propósito de la acusación a nuestro compañero sea desprestigiar las protestas que ya se organizan en distintas entidades del país, incluido Guerrero.
Mezclar de manera perversa y sin pruebas al narcotráfico con la movilización social es un expediente al que ya se ha acudido en otros momentos críticos y con funestas consecuencias, como lo demuestra el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
El Sur exige un total apego a la Constitución y las leyes de la Fiscalía de Jalisco; que no fabrique chivos expiatorios ni cortinas de humo para inhibir la protesta social. Y anuncia que defenderá con la denuncia pública y todos los medios legales al reportero gráfico Lenin Ocampo Torres.

Acusa la Fiscalía de Jalisco a un fotorreportero de El Sur de amenazar con incendiar gasolinerías

Luego de la difusión en redes sociales de un presunto comunicado del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación en el que amenaza con quemar gasolinerías, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que la amenaza resultó ser “falsa” y que el origen del texto se localizó en Guerrero, lo que ya investiga para dar con el responsable “y acreditar su presunta responsabilidad por apología del delito”.
Según información que la Fiscalía dio a periodistas, a quien se investiga es al fotógrafo de El Sur Lenin Ocampo Torres, a quien las autoridades pretenden vincular con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Fiscalía dice en un comunicado que después de enterarse del mensaje inició la investigación con apoyo de la Dirección General del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad, que estableció que el origen del mensaje corresponde a una persona que radica en Guerrero, “y que constantemente hace publicaciones amenazantes, supuestamente relacionadas a grupos armados o delictivos”.
Dijo que la institución tiene comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero para que esta persona pueda ser detenida por las autoridades ministeriales e investigadoras de Jalisco.
El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, dijo que fue la Policía Cibernética de Jalisco la que rastreó el origen de este mensaje, y advirtió que “quienes pretendan, de la delincuencia organizada o común, alterar el orden en el estado, van a tener una respuesta muy contundente”.
Periodistas que entrevistaron al fiscal Almaguer Ramírez informaron a El Sur que éste reveló que a quien se señala es al reportero gráfico Lenin Ocampo Torres, quien tiene su cuenta de Facebook como Sup Pancho Membrillo, y a quien el funcionario calificó como “un sujeto de tendencias anarquistas”.
Asimismo en grupos de whatsapp de periodistas se difundió el mensaje que involucra al trabajador de El Sur, y tres fotografías de él que usa en su cuenta de Facebook.
El mensaje dice: “El comunicado que supuestamente hace el Cártel de Jalisco Nueva Generación en apoyo a la clase trabajadora… logramos rastrear su origen… éste se derivó de la páginahttp://www.narcotraficoenmexico.com, y el mensaje fue subido por un sujeto de nombre Lenin Ocampo Torres, con una cuenta de FB: Sup Pancho Membrillo, el cual labora para el periódico El Sur mismo que se imprime en el estado de Guerrero”.
Después sigue: “Este sujeto tiene perfil de anarquista. Sólo que está en Guerrero de acuerdo a su dato en cuenta de FB”. En el mensaje se incluyen tres fotos personales de su cuenta Facebook.

La Fiscalía no investiga a ningún periodista ante las presuntas amenazas: vocero

El vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investiga a ningún periodista, y calificó de “una volada” que desde Guerrero se haya generado una amenaza contra expendios de gasolina en Jalisco.
En un boletín de prensa asegura que la Fiscalía no ha recibido una solicitud de colaboración de su par de Jalisco para investigar el asunto en la entidad.
Expresó que “las instituciones federales y locales de seguridad y justicia se encuentran combatiendo a los delincuentes, no a los periodistas” a quienes reconoció su labor.
Expuso su respeto al periodista Lenin Ocampo y a todos los colaboradores y trabajadores de El Sur.
Ayer la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que se difundió un mensaje que amenaza con incendiar estaciones de servicio de combustible en ese estado, y que el origen del texto se localizó en Guerrero.
Periodistas que entrevistaron al fiscal Eduardo Almaguer Ramírez informaron a El Sur, que dijo que quien difundió esa información es Lenin Ocampo Torres, reportero gráfico de este medio, “que es un trabajador de El Sur periódico que se imprime en Guerrero, que es un sujeto de tendencias anarquistas.  (Luis Blancas / Chilpancingo).

Rechazan padres de los 43 que sus hijos hayan sido infiltrados por grupos criminales

 

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que hay una nueva campaña para distraer las investigaciones que hizo la periodista, Anabel Hernández, que involucra a los militares del 27 Batallón de Iguala en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los normalistas.
Desde la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó vía telefónica la decisión de los padres de familia de dar respuesta a una serie de informaciones periodísticas en periódicos, radio, televisión e internet que están provocando inquietud y nerviosismo entre los familiares así como de los activistas que han acompañado sus acciones por dos años.
Ayer en el evento las organizaciones estrecharon las relaciones  para dar seguimiento conjunto a sus casos.
Los padres rechazaron las afirmaciones sin sustento de que los estudiantes fueron infiltrados por grupos delincuenciales. En referencia a los artículos difundidos en la sección de opinión del portal digital de El Universal que narran de forma detallada la declaración videograbada de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, un presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, que usó la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la “verdad histórica”, según la cual los normalistas fueron confundidos con un grupo criminal rival y por eso fueron atacados, detenidos, asesinados y quemados hasta las cenizas en un basurero, versión descartada en varias ocasiones con pruebas científicas.
Recordaron que la declaración se obtuvo de una persona que denunció tortura, y por ello no tiene validez.
Asimismo denunciaron que un portal de internet informó sin sustento que el normalista, José Ángel Cantor, uno de los 43 desaparecidos fue hallado como indigente y eso generó dolor en sus familiares quienes aseguraron que la información es “completamente falsa”, sus padres siguen buscando a su hijo y no hay registro alguno en hospitales de Tixtla y Chilpancingo de su paradero.
Denunciaron que la difusión de información manipulada y falsa es una cortina de humo para desviar la atención de los señalamientos y datos periodísticos que responsabilizan al Ejército mexicano de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Insistieron en que la PGR debe profundizar las líneas de investigación que se dirigen al municipio de Huitzuco, al registro de los teléfonos celulares, a la Policía Federal (PF) y al Ejército, y que la investigación de la periodista Anabel Hernández publicada en el libro La verdadera noche de Iguala se incorpore a la indagatoria como línea de trabajo.
También demandaron que no se empañe la lucha de los padres y madres de Ayotzinapa y no jueguen más con su dolor.
Por otro lado, el abogado de los padres informó que acudió con la señora Hilda Legideño al foro Los desaparecidos nos faltan a todos, en la FIL de Guadalajara que convocaron organizaciones tapatías y de Nuevo León, entre estas Ayotzinapa somos todos, Por amor a ellos y Ciencia Forense.
Aunque Jalisco es un estado que vive en aparente calma, distinto a lo que ocurre Guerrero, aclaró que los testimonios denotan que la situación de desaparecidos es grave.

Denuncian padres de Ayotzinapa el constante acoso de policías federales durante la caravana

La caravana por la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en el norte del país, fue vigilada por policías federales desde Chihuahua hasta Michoacán, y hostigada en todas sus actividades públicas, denunció el representante d

e los padres, Melitón Ortega Martínez.
Consultado sobre el recorrido en seis estados del norte del país (a la par de la caravana sur en estados del sureste y centro de la República), informó que se caracterizó por el hostigamiento y la intimidación de agentes del Estado; como referencia, mencionó que los policías federales, quienes dijeron que sólo seguirían al autobús por la seguridad de sus integrantes, tomaban fotografías a los estudiantes en las casetas de cobro.
Esto, para dejar constancia de que los normalistas levantan directamente las plumas de paso de las casetas en las autopistas para entrar a las carreteras de cuota.
Aclaró que los gastos de la caravaba, combustible, alimentación y hospedaje, fueron cubiertos por ciudadanos y organizaciones que se acer

caron a los padres de familia, al igual que en la caravana del sur. Se hospedaron en las normales rurales y en las instalaciones de sindicatos en los estados.
Aclaró que, por ellos fue posible denunciar las irregularidades del caso en todo el país, los avances en las investigaciones, producto de movimiento social y la intervención internacional, y la convocatoria a la reunión nacional por la dignidad este 5 de febrero en la Ciudad de México.
Indicó que hubo tres marchas en Chihuahua, Michoacán y San Luis Potosí, con los normalistas rurales de Saucillo, Chihuahua, Atequiza, J

alisco y Tiripetío, Michoacán; y a pensar del frío intenso, con temperaturas bajo cero, los padres mantuvieron el ánimo alto, ante la solidaridad que se expresó al movimiento.
Recordó que en Colima el clima fue más benévolo, pero en Michoacán, donde concluyeron la gira, sufrieron las temperaturas más bajas, de 3 grados centígrados bajo cero, sumamente crudo para padres de la Costa y Montaña de Guerrero.

En espectaculares, ofrece la SEIDO recompensa a quien informe de una joven desaparecida en Iguala

 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), colocó desde el viernes cuatro espectaculares en los que aparece la imagen de una de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el que se ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos para quien dé información para su localización.
Se trata de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, cuando tenía 19 años, y su mamá, Sandra Román se integró al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala desde noviembre de 2014, cuando surgió el grupo tras el caso Ayotzinapa.
Según información proporcionada por Sandra Román, desde el 21 de octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que la PGR ofrece hasta un millón 500 mil pesos de recompensa a quien proporcione información para la localización de Ivette Melissa Flores Román y cuatro personas más secuestradas entre 2011 y 2014, y ofrece una cantidad similar, para quien aporte información para la captura de los responsables de los hechos.
En total fueron colocados desde el viernes cinco espectaculares en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco y el Estado de México, además de su publicación en medios impresos y canales de televisión, en el que aparece la fotografía de Ivette Melissa, datos de su desaparición y el teléfono y correos electrónicos para hacer la denuncia correspondiente.
En el caso de Iguala, el espectacular fue colocado en la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Chilpancingo en dirección sur-norte, junto al puente elevado del crucero con el Periférico Norte.
Los otros desaparecidos por las que se ofrece la misma recompensa son dos de Zitácuaro, Michoacán; uno de San Julián, Jalisco, y uno más de Orizaba, Veracruz.
Ivette Melissa Flores Román, que tiene una pequeña hija, es la primera de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala por cuya localización se ofrece una recompensa.
“Mi lucha es por mi hija y por mi nieta”, expuso Sandra Román, a más de tres años de buscar a su hija desaparecida en Iguala.