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Protestan normalistas durante el juicio del asesinato de dos estudiantes en una Urvan en Chilpancingo

Una hora y media unos 100 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa protestaron frente a la puerta principal de Ciudad Judicial para exigir justicia por la muerte de sus dos compañeros, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, ocurrida el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto a una Urvan en la salida de Chilpancingo rumbo a Tixtla.
Ese día presuntos asaltantes asesinaron también a un maestro y a un chofer del transporte público, en dos eventos continuos la misma tarde.
Al mismo tiempo que adentro de las instalaciones del Poder judicial continuaba por tercer día la audiencia del juicio oral, donde la Fiscalía General del Estado y la defensa de cuatro presuntos responsables, desahogan las pruebas ante un tribunal colegiado que va a resolver este caso.
Los estudiantes de la academia de primer año -identificados por el cabello rapado que se aplica a los de nuevo ingreso en la semana de adaptación-, llegaron a las 11 de la mañana en dos autobuses del servicio público, desde la calle cantaron consignas revolucionarias, y tuvieron un acto político.
El dirigente estudiantil Javier González explicó que la actividad era para decir a las autoridades que los normalistas están atentos del proceso judicial y de la sentencia que habrá del caso.
Advirtió que si el resultado no esclarece de forma contundente quiénes asesinaron a los normalistas, a qué intereses responden los inculpados y quién ordenó el ataque violento, la escuela Normal seguirá las protestas.
Aceptó que el caso puede que no sea un ataque directo a la Normal Rural dentro de la campaña institucional de terror para desaparecer a la institución educativa, dado que testigos confirmaron que el modo de operación fue un asalto sumamente violento.
El 4 de octubre de 2016, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvo en una gira por Guerrero para inaugurar el Centro de Justicia para Mujeres en la Montaña, y ocurrieron varios eventos de violencia.
Añadió que si no se esclarecen todas las particularidades y el móvil de la agresión, no pueden descartar que los homicidios de Jonathan y Filimón son parte de la misma campaña de terror y violencia contra la Normal Rural, que ha padecido agresiones, asesinatos y desapariciones forzadas, como en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Mencionó que agentes del Estado y del crimen organizado persiguieron, atacaron con armas de fuego, asesinaron a tres estudiantes y a otras personas que se atravesaron en su camino, y desaparecieron a 43 normalistas.
En este contexto de Guerrero, donde políticos y autoridades están coludidas con el crimen organizado, “entendemos como parte de la violencia extrainstitucional, para que el Estado no se manche las manos, pensamos que pueden contratar a sectores de la delincuencia para atacar a sectores organizados de la sociedad”.
De la campaña de terror explicó que a partir de los asesinatos de estudiantes de la Normal, disminuye la demanda de nuevo ingreso, “la gente tiene miedo de enviar a sus hijos a estudiar a la Normal de Ayotzinapa”.
Indicó que antes llegaban más 2 mil aspirantes y en este ciclo escolar sólo concursaron 170 para cubrir una matrícula de 140.

A seis meses, no se investiga del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en una Urvan

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió una investigación, castigo a los culpables y cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, a seis meses del asesinato de los estudiantes Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, en un presunto asalto en una Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En un comunicado el organismo de derechos humanos manifestó que este martes se cumplen seis meses de la ejecución de los jóvenes, donde además resultaron por lo menos tres personas heridas.
“No sería descabellado pensar que el gobierno del estado o federal planearon este hecho violento en conjunto con algún grupo de hombres armados, pues con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, se destaparon varios nexos entre grupos criminales y políticos con algún cargo público, como el caso del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo hasta el momento no se tiene una versión oficial”, señala.
Manifiesta que no existe un avance claro en las investigaciones a los cinco presuntos responsables que están detenidos desde el 9 de octubre, y que según la Fiscalía General del Estado (GFE) están relacionados con al menos 10 casos de homicidios dolosos.
Agrega que no hay indicios de los responsables intelectuales de estos hechos violentos, y que por lo tanto no hay justicia para la Normal Rural ni para los familiares.
El Centro Morelos sostiene “que el contexto de violencia se ha agravado durante los últimos años, y la carretera federal Chilpancingo-Chilapa ha sido uno de los puntos rojos donde se han dado diferentes hechos violentos, y pese a los retenes militares que están a la salida de Chilpancingo y entrada de Chilapa, la seguridad de la ciudadanía en general no ha sido garantizada”.
Manifiesta que es preocupante que una escuela como la de Ayotzinapa que da acceso a la educación a cientos de jóvenes campesinos de bajos recursos sea atacada y criminalizada por exigir sus derechos básicos educativos, alimentación, becas, plazas, mobiliario y transporte.
La situación de violencia que se vive en Guerrero aumenta, contrario a lo que expresa el gobernador Héctor Astudillo Flores, y tal situación afecta día con día las calles, carreteras y a sus habitantes, quienes sufren asaltos, secuestros, desapariciones y enfrentamientos, advierte.
Exige el cese a la criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa y los normalistas, una pronta, imparcial y exhaustiva investigación del asesinato de Jonathan y Filimón y la ubicación de sus perpetradores, además castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona, para evitar a que estos actos se repitan.

El asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en octubre fue premeditado y ordenado por una estructura: Vidulfo Rosales

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que en la actual etapa de investigación complementaria en el proceso que se sigue a cuatro detenidos por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 4 de octubre pasado, se han podido reunir pruebas para demostrar que los imputados pertenecen al crimen organizado y que actuaron de manera premeditada para asesinar a los estudiantes.

El abogado informó que estas pruebas las presentará en la audiencia de la etapa intermedia que será a finales de marzo y que espera que sean valoradas para que se tomen en cuenta durante el juicio oral que se prevé sea en el mes de abril.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, fueron ejecutados la tarde del 4 de octubre cuando viajaban en una Urvan del servicio de transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En ese episodio también fueron asesinados el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y después cuando los homicidas se daban a la fuga también asesinaron en la colonia Reforma de Chilpancingo al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
El 13 de octubre, el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha, resolvió en una audiencia la vinculación a proceso, con prisión preventiva, a cuatro de los acusados por el múltiple asesinato
Los imputados son Israel de 32 años, Carlos de 26, Ismael de 20 y Antonio de 18 años, mientras que un menor de edad fue turnado al juez para adolescentes en donde dos días antes también fue vinculado a proceso.
Consultado ayer, el asesor de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Vidulfo Rosales Sierra, informó que actualmente corre el plazo de cuatro meses a partir del 13 de octubre, cuando se realizó la audiencia para vinculación a proceso, en el que se realiza la investigación complementaria.
En esta etapa la Fiscalía General del Estado (FGE) y el asesor de los familiares de las victimas reúnen pruebas para fortalecer la responsabilidad de los imputados, quienes enfrentan el proceso con prisión preventiva, en tanto se realiza el juicio oral en el que se determinará su situación legal.
El abogado Rosales Sierra informó este jueves que en esta etapa en la que se realiza una investigación complementaria, la asesoría de los familiares de las víctimas han seguido reuniendo pruebas para demostrar que hubo “premeditación” en el asesinato cuando menos de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Reconoció que ha habido muy poca colaboración de los testigos, porque “hay mucho temor”, pero insistió que “existen algunos elementos de prueba que estarían indicando eso”.
Dijo: “Lo más importante para nosotros es, primero, establecer que hubo intención deliberada de agredir a los estudiantes y que hay una estructura por arriba de estas personas que ocasionaron el homicidio. Queremos demostrar que no sólo se trata de ellos, que no actuaron de manera espontánea. Hubo una planeación, un modus operandi y que hay una estructura delictiva por arriba de ellos.
–¿Quieres demostrar que ellos pertenecen a la delincuencia organizada?.
–Es correcto, para nosotros ellos pertenecen a la delincuencia organizada y eso estamos tratando de averiguar para poder acreditarlo en el juicio oral.
La FGE ha sostenido que el móvil del asesinato de los dos estudiantes, el trabajador del IEEJAG y del chofer de la Combi del servicio de transporte público, fue el asalto.
Incluso los mismos imputados han sido vinculados a proceso por otros asesinatos ocurridos en las semanas anteriores al homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, en asaltos cometidos a tiendas y en lugares públicos de Chilpancingo.
Rosales Sierra reconoció que en el expediente que se abrió por el caso de los estudiantes efectivamente han encontrado elementos comprobatorios de que los mismos acusados incurrieron en los otros delitos. “Ya los reconocieron las víctimas, ya los señalaron como los mismos que participaron en aquellos actos”, dijo el abogado.
Sin embargo, insistió que también cuentan con pruebas de que en el caso del asesinato de los dos estudiantes no actuaron por sí solos y que hubo una estructuran por arriba de ellos que los motivó a actuar y que actuaron con premeditación para asesinar a los normalistas.
Informó que todas estas pruebas se desahogarán en la audiencia de juicio oral previsto para el mes de abril y que espera que sean admitidas por el juez en el juicio de la etapa intermedia, que sería a finales de marzo.
“Nosotros como asesores jurídicos estaremos presentando el conjunto de pruebas y el juez determinará cuáles de todas estas pruebas se van a desahogar en el juicio oral”, explicó.

 

Abren proceso a los detenidos por el caso de la Urvan por asalto y asesinato sin premeditación

El juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió la mañana de este jueves la vinculación a proceso, con prisión preventiva, de cuatro de los acusados por el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y del chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
La audiencia pública fue en la sala 1 de juicios orales ubicada en la Ciudad Judicial, a las 7:30, en donde el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que el móvil del múltiple homicidio fue el asalto y que los dos estudiantes normalistas asesinados opusieron resistencia, pero el asesor legal de los dos normalistas, Vidulfo Rosales Sierra insistió en que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los dos normalistas
También hubo discrepancias en cuanto al número de personas que actuaron en el múltiple homicidio. Los representantes del Ministerio Público (MP) que presenta los elementos y su investigación, y de la Fiscalía que defiende su caso, sostuvieron que fueron cinco, mientras que Rosales Sierra dijo que fueron seis.
Sin embargo hubo coincidencia en cuanto a la mecánica y la ruta que siguieron los ahora imputados la tarde de ese 4 de octubre.
Asimismo compartieron la certeza de que los detenidos son los que participaron en los homicidios de las cuatro personas ese día, aunque al término de la audiencia de vinculación a proceso solicitaron un plazo de cuatro meses para la próxima –la audiencia de juicio-, plazo que utilizarán para presentar más argumentos en contra de los imputados.
A su vez los dos defensores públicos que asisten legalmente a los acusados, se reservaron “por estrategia” su derecho a presentar argumentos a favor de sus defendidos, y también omitieron su derecho a emitir argumentos en su defensa.

La ruta de los acusados

La versión de los representantes del MP y de la Fiscalía, que obtuvieron mediante el testimonio de dos testigos, es que los cinco detenidos (cuatro mayores de edad que ayer fueron vinculados a proceso y un menor de edad al que le dictaron medidas cautelares el miércoles en el Tribunal de Justicia para Adolescentes), abordaron la Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla en la colonia Indeco, y que cuando llegaban al kilómetro 4 en el punto conocido como El Derrumbe o la Curva del Amate, sacaron pistolas con las que dos de ellos amagaron al chofer y lo obligaron a detenerse.
“Órale hijo de tu puta madre, párate o matamos a todos”, le habría dicho uno de los hombres armados al conductor, quien detuvo la unidad. Entonces otro disparó (no precisa el MP si éstos se hicieron dentro o ya fuera del vehículo), pero dice que después bajaron a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.
Según el MP y la Fiscalía, Jonathan Morales y Filimón Tacuba (estudiantes de Ayotzinapa) opusieron resistencia y fue cuando les dispararon.
También le dispararon al trabajador del IEEJAG, Juventino Carranza, quien quedó herido pero murió cuando era atendido en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Posteriormente los ahora detenidos dispararon a otros conductores, entre éstos al chofer de una Urvan que circulaba de Tixtla a Chilpancingo e hirieron a un niño de 8 años que iba de pasajero y al conductor. Asimismo resultó herido el chofer de una camioneta de una tienda de abarrotes de Chilapa y el conductor de la Urvan 41 en la que viajaban las víctimas.
Según el MP y la Fiscalía después los cinco hombres armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo particular (del que no mencionan las características) en el que se regresaron rumbo a Chilpancingo y cerca de casa Guerrero lo abandonaron y caminaron rumbo a la colonia Ampliación Revolución (que se encuentra a menos de un kilómetro) en donde en la calle Constitución le hicieron la parada al chofer de la combi número 63 de la ruta Reforma-Mercado, quien al ver que iban armados lo mataron a balazos. Se trata del chofer Marco Antonio Organista Lorenzo.
Enseguida los cinco armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo Chevrolet Sonic negro, quien bajo amenazas los trasladó al otro extremo de la ciudad, a la colonia Sección Séptima, (que se encuentra en la parte alta de la colonia López Portillo, al poniente de la ciudad), en donde se dispersaron y tomaron rumbo desconocido.
El representante del MP y el de la Fiscalía, destacaron que los dos testigos han identificado plenamente a los cuatro detenidos.
La discrepancia

En cambio el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien funge como asesor jurídico de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo en su exposición que fueron seis los hombres armados que participaron en el múltiple homicidio.
El abogado citó como testigos a los mismos que utilizaron el MP y la Fiscalía, aseguró que primero en la parada de la colonia Indeco se subieron tres y tomaron los asientos de la parte de atrás de la Urvan. Metros más adelante abordaron la unidad otros tres que ocuparon los asientos delanteros, situación que el abogado utilizó para argumentar que hubo “premeditación” de los imputados pues planearon dejar en medio e indefensas a sus víctimas.
Rosales Sierra insistió en que durante el ataque a los estudiantes no hubo resistencia de los dos estudiantes y que, incluso, les dispararon a pesar de que Jonathan y Filimón les dijeron que eran estudiantes y que no llevaban nada (de valor).
En cuanto a la ruta que siguieron los hombres armados para darse a la fuga, Rosales sólo agrega que hubo cámaras del Centro de Control, Comunicación y Comando (C-4) que registraron a los seis armados y ahora acusados cuando huían por la colonia Reforma.
Sin embargo el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió que no existen elementos que establezcan que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados y coincidió con el móvil que expusieron el MP y la Fiscalía en el sentido de que se trató de un asalto circunstancial.
Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía expusieron que en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes y el trabajador del IEEJAG se encontraron 11 casquillos de pistola calibre 22, cinco de 9 milímetros, uno de 380 y otro de calibre 25.
Aunque en la necropsia a los cuerpos de las víctimas los impactos que recibieron sólo fueron de 9 milímetros y 22., casquillos de estas dos últimas armas también fueron encontrados en el lugar donde mataron al chofer de la Urvan del servicio público de Chilpancingo, en la colonia Reforma.
De las cuatro víctimas sólo los dos estudiantes de la Normal de Ayozinapa recibieron dos impactos. Filimón Tacuba recibió uno en la cara y otro en la sien, y Jonathan uno en la frente y otro cerca de la nariz. Mientras que Juventino Carranza recibió uno cerca de la patilla derecha y Marco Antonio Organista uno del que no se precisó el lugar del impacto.

Que Dios los Bendiga

Al final el juez de control sintetizó los señalamientos, acusaciones y argumentos del MP, la Fiscalía y de los asesores de los familiares de las víctimas y resolvió la vinculación a proceso de los cuatro imputados.
Asimismo aceptó la petición de los representantes del MP y de la Fiscalía de establecer un plazo de 4 meses para la próxima audiencia que será la de juicio. El plazo fue aceptado por los asesores de los familiares de las víctimas y por los defensores públicos. El juez destacó que este plazo servirá para que las partes presenten más elementos de prueba para la imputación, o bien para la defensa.
Acomodados en sus asientos dos de los imputados se observaron tímidos e intimidados, los otros dos recorrían con su mirada escrutadora la sala y a todos los actores del juicio, uno de ellos incluso parecía retador e interactuó permanentemente con uno de los defensores públicos acreditados para su defensa.
Francisco, el padre del chofer Marco Antonio Organista propuso representarse solo en el juicio, pero el juez le aclaró que tenía que utilizar al asesor de las víctimas del delito que paga el Estado, porque hay términos que sólo éstos conocen y declinó a su propuesta.
Al final quiso participar y el juez le cedió la palabra. Agradeció de entrada a las autoridades por la detención de los acusados, “yo no tengo la certeza (de que sean ellos), ustedes (las autoridades) sí la tienen”, dijo.
Mirando al juez, acusó: “hay autoridades que se corrompen, pero hay un Dios que no”.
Después volteó hacia los acusados y con los ojos húmedos pero firme, les dijo: “sepan ustedes que dejaron a dos niños en la orfandad. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas que enlutan a familias, ya no sigan matando a gente inocente. Que Dios los bendiga”, se escuchó casi suplicante, y, visiblemente abatido se desplomó en su asiento.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra declaró que tratará de demostrar que los detenidos por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la tarde del 4 de octubre actuaron con “premeditación” y no lo hicieron solos, sino que pertenecen a una estructura superior del crimen organizado.
El abogado insistió en que no se puede conformar sólo con los detenidos, “porque desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada y no solo con la delincuencia organizada, sino con todo un conjunto de complicidades de autoridades, de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos”.
Informó que personalmente ha debatido con el fiscal (Javier Olea Peláez), “le hemos solicitado que se puedan investigar estos vínculos, y verbalmente nos ha dicho que sí, esperemos que la Fiscalía se aboque a eso”.
También dijo que falta revisar todas las cámaras de video que hay cerca de Casa Guerrero por donde pasaron los detenidos, de la colonia Nueva Revolución e Indeco y de la colonia Sección Séptima, para determinar cómo actuaron los ahora detenidos.
Declaró que en este caso se debe comprobar la voluntad que tiene el gobierno para investigar más allá de los hechos del 4 de octubre. Pero dijo que lo que está viendo es una posición muy férrea de acotar los hechos a los detenidos, y que se asume la postura de que no hay nada más fuera eso, “y eso nos parece grave porque se están quedando cosas sueltas”.