La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, indicó que es importante redoblar esfuerzos en cuestión de seguridad y lamentó el asesinato de la joven de 16 años, Eyna Vanesa Pérez Bahena, y de la maestra Marlene Enríquez, el primer caso en Acapulco y el segundo en Chilpancingo.
En declaraciones al iniciar un acto en Acapulco que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la diputada local dijo que ha habido acciones por parte del gobierno del estado encaminadas a la protección de las mujeres, y recordó que la gobernadora ha dicho que Guerrero será un santuario para las mujeres.
Añadió que el Protocolo Violeta ha sido muy acertado, “yo confió en nuestras autoridades en materia de seguridad que harán lo conducente. Necesitamos redoblar esfuerzos definitivamente, pero es un tema que no nada más es del ejecutivo. Es un tema que se tiene que tratar con los tres órdenes de gobierno, se tienen redoblar esfuerzos, se tiene que hacer una línea de acción con cuestiones más severas”.
La diputada dijo que son temas que tienen en la mesa las autoridades competentes en el tema de seguridad y desde el legislativo es redoblar los esfuerzos para avanzar. A la diputada se le dijo que hay un reclamo a la Fiscalía porque su falta de resultados en las investigaciones lleva a más hechos que quedan en la impunidad y eso genera más hechos como los vividos. Respondió que desde “nuestro espacio, ¿qué es lo que solicitamos? Solicitamos que se redoblen esfuerzos en materia de seguridad. Al redoblar esfuerzos creo que es un tema general, redoblar esfuerzos es pisar un poco más el acelerador en el sentido de los temas de seguridad”.
Sobre si podrían llamar a comparecer la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, respondió que en estos momentos no se ha puesto en la mesa el tema, aunque “no es un tema alejado. No puedo decir sí y no puedo decir no”, pero se que podría analizar.
Señaló que se debe reconocer que hasta este momento las acciones del Ejecutivo en protección a las mujeres con loa protocolos han sido positivos.
El sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación se dividió. Ayer se presentó a seis nuevos integrantes del comité, entre ellos a otra secretaria general, Jasmín Piza Rodríguez, quien estaría en lugar de Fernando Martínez Román. Ambos afirman ser los dirigentes legalmente reconocidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En una conferencia de prensa en la velaria del Congreso local un grupo de trabajadores informaron que realizaron una asamblea en la que determinaron cambios de una parte del Comité, entre ellos la secretaría general. Por su parte Fernando Martínez Román denunció que los trabajadores actúan por presiones de la presidenta de Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna y de quien la asesora y “manda” en el Congreso, el priista Héctor Apreza Patrón.
En la conferencia Jasmín Piza leyó un comunicado del sindicato en el que señalaron “hemos vivido una situación muy complicada por múltiples circunstancias en estos últimos meses, mismas que fueron generadas por una minoría de integrantes de nuestro sindicato”. Ahí señalaron que hubo “acciones negativas que se realizaron y que afectaron el trabajo de los diputados”.
Responsabilizaron a Fernando Martínez “de la problemática” que vivió el sindicato por dar a conocer información que se “desvirtuó” pero no quisieron precisar a qué se referían.
Lo que sí se mencionó en el comunicado es que se deslindan de “acciones ilegales que fueron llevadas a cabo y que contravienen a nuestros estatutos”, dijo en aparente referencia a la difusión de recibos de nómina de familiares directos de la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, de las que se responsabiliza a Fernando Martínez.
Además del “cumulo de descalificaciones expresadas en algunos medios de comunicación, por lo anterior se deriva de la situación legal administrativa y conceptual” leyó Jasmín Piza con evidente dificultad en su dicción.
Se señaló en este comunicado que Fernando Martínez Román debe “es el que debe de solucionar su situación ante las instancias correspondientes” también precisaron que la mayoría de los integrantes del sindicato desconocían los procedimientos en contra de su entonces dirigente.
En el comunicado que leyeron informaron que la mayoría de los integrantes del sindicato tomaron decisiones entre las que destacan el desconocimiento de Fernando Martínez Román como secretario general y otros integrantes del Comité que fueron sustituidos.
Además de sustituir a Fernando Martínez por Jasmín Piza Rodríguez, informaron que en la asamblea también se nombró a Feliciano Pérez Morales, Elvira Elizabeth Adame Aponte, Jesús Gallardo Cruz, Berenice Guerrero Almazán, y Patricia García Sánchez en la carteras de Finanzas, Asuntos Laborales, Derechos Humanos, Organización, de Prevención respectivamente.
Ahí mostraron “la toma legal, expedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 29 de marzo” con la que dijo que se avalan estos cambios, y agradecieron a la presidenta de la junta por “abrir las puertas al dialogo” después de que realizaron el cambio de integrantes del comité incluido el secretario general.
Jasmín Piza Rodríguez dijo que no había división del sindicato y que permanecían los 103 trabajadores incluidos los seis destituidos de sus encargos en el comité, a los que llamaron a reintegrarse a las actividades del sindicato como agremiados.
También se deslindó de “toda la mal información que pueda él en nombre del sindicato” y reiteró que ya tienen una toma de nota ante el tribunal que avala los cambios.
Por su parte, Fernando Martínez dijo que continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos y laborales “a cargo de la presidenta del Congreso Yoloczin Domínguez Serna, estamos hoy ante un gobierno represor, que no le importa las familias de los trabajadores, al Congreso de Guerrero no ha llegado la Cuarta Transformación, aquí se reprime a los trabajadores”.
Pero también acusó al coordinador del grupo parlamentario del PRI Héctor Apreza Patrón “está detrás de esto el diputado plurinominal eterno del PRI… él es el que manda aquí en el Congreso, él es el que asesora a la presidenta”.
Hasta ayer, dijo se habían cumplido 75 días “de la retención arbitraria del salario sin justificación alguna” a él y a Ramón Núñez Campos “es una represión por denunciar todos los atropellos” de los que dijo son víctimas los trabajadores; demandaron también que los grupos parlamentarios se pronuncien por la situación de ambos trabajadores.
Del anuncio de los cambios en el comité del sindicato Martínez Román afirmó que tiene la toma de nota en la que está reconocida su elección como secretario general hasta el 2025, “no los juzgamos ni los criticamos, en todo momento nosotros reconocemos que actúan con base a las circunstancias, si no actúan de esa forma habría represalias”.
La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, condenó el asesinato del líder transportista Omar Reyes Campos y confió en que las autoridades esclarezcan el crimen y descartó que esté vinculado con su activismo político.
El sábado por la tarde, después de participar en una actividad de promoción de la jefa de gobierno de Ciudad de México en Las Cruces fue asesinado a balazos el líder transportista Omar Reyes Campos.
Consultada al finalizar la asamblea municipal de ayer, Yoloczin Domínguez confirmó que sí estuvo con el líder transportista en una actividad en apoyo a Sheinbaum el sábado “y posteriormente, cuando culmina el evento, mucho después, cuando todos se despiden fue cuando sucedió la situación, lamento que se quiera politizar una desgracia como la que sucedió, yo condeno y confío en las autoridades competentes para que puedan esclarecer esta situación y le puedan dar tranquilidad al gremio del transporte”.
Se le preguntó si el asesinato del líder transportista tendría relación con la actividad política que realizaba pero ya no contestó.
Del problema de inseguridad en Acapulco que ha sido intenso en las dos semanas de vacaciones, la diputada dijo que “deben implementarse estrategias para que puedan sacar avante esta problemática tan lamentable”.
La diputada a quien se menciona como posible aspirante de Morena a alcaldía de Acapulco, estuvo ayer con un equipo de seguridad de cuatro hombres, quienes en su afán de “protegerla” generaron estrés, este domingo al terminar la asamblea en la colonia Zapata, la rodearon y no permitieron que la gente se acercara, para poder consultarla se tuvo que forcejear con sus guaruras que ni siquiera le obedecen, mientras ella decía “no empujen, sí voy a dar la entrevista” los hombres que la rodeaban hacían todo lo contrario. La diputada dijo que los que forcejeaban con la gente y los reporteros no era su gente, pero fueron ellos quienes la rodearon y la sacaron de las canchas de la Zapata.
La actitud del equipo de seguridad de la diputada fue contrastante con los otros diputados que asistieron a la asamblea, quienes permanecieron largo tiempo en las canchas, saludaron a algunos de los asistentes y salieron por la puerta principal sin ser rodeados por guaruras, como Joaquín Badillo, Beatriz Mojica y Citlali Calixto.
En las anteriores actividades públicas de la diputada en Acapulco no tenía ese sequito de seguridad, en la conferencia del 11 de abril cuando se anunció la asamblea no estuvo rodeada de guaruras.
También fue consultado sobre el asesinato de Reyes Campos el coordinador de la red Es Claudia, Héctor Ulises García Nieto, se le dijo que el crimen ocurrió después de que hizo actividades a favor de la jefa de gobierno de Ciudad de México, respondió que ese crimen está en investigación y no le corresponde a él ese asunto.
El coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la postura de su partido es agotar en el plazo acordado con Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, para el nombramiento de los ayuntamientos instituyentes, porque al Congreso no ha llegado ninguna notificación de juicios de amparo promovidos por ciudadanos contra el decreto de creación de los nuevos municipios.
En consulta telefónica, indicó que ya lo planteó en reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque se venció un primer plazo para el trámite en diciembre, y por acuerdo parlamentario se aprobó una prórroga de 120 días que terminó en marzo.
Confirmó que el caso ya está en manos de la Jucopo, después de los trabajos de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, pero reconoció que hay posiciones distintas al interior de la Junta.
García Gutiérrez señaló que el pleno del Congreso regresó este 1 de abril al periodo ordinario de sesiones, tras el periodo de la Comisión Permanente. Por lo tanto, aseguró, están en tiempo de atender el acuerdo parlamentario. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) entrevistará a puerta cerrada desde el 10 de abril, a los 17 aspirantes a un espacio de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIG), y a los 12 aspirantes a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acéfalos desde hace más de dos años.
Sin ninguna justificación legal, la Jucopo mantiene en sigilo los nombres de los aspirantes a estos cargos, además de que se sabe que los grupos parlamentarios se han distribuido ya estos espacios, así como los de los titulares de los órganos de control interno de órganos autónomos.
Son siete los nombramientos para el ITAIG, el consejero de la Judicatura y los titulares de los órganos internos de control del ITAIG, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El próximo lunes, la Jucopo entrevistará a 38 aspirantes, de los cuales 17 buscan ser comisionados del ITAIG. Para el mismo órgano hay 9 aspirantes mujeres a un segundo espacio que será para este género, y 12 a consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 6:45 de la tarde.
Los aspirantes apenas tendrán 15 minutos para exponer su plan de trabajo ante los integrantes de la Jucopo, tiempo en el cual los diputados realizarían preguntas que responderán los aspirantes.
En el caso de las entrevistas a los aspirantes a los órganos de control interno que fueron ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, en las que en la mayoría de los casos no hubo preguntas, de acuerdo a lo comentado por los aspirantes a su salida.
El promotor del municipio de San Nicolás Tolentino, Felipe de la Cruz, denunció que el Congreso local se burla y abusa de los pueblos originarios y afrodescendientes, incumpliendo sus propios acuerdos al retrasar el nombramiento de los cabildos instituyentes en los cuatro nuevos municipios.
Vía telefónica, denunció que el viernes pasado fue la fecha tentativa de reunión que les ofrecieron a los promotores los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el secretario técnico de la misma, los directores de Servicios Parlamentarios y de Asuntos Jurídicos, luego de que protestaron fuera de las sede legislativa, hace dos semanas.
En marzo terminó la prórroga de 120 días que aprobó en un acuerdo parlamentario el Congreso local para concluir la designación de los cabildos instituyentes, que según estos funcionarios quedó anulada con una demanda de amparo que promovieron pobladores de San Nicolás y de Santa Cruz de El Rincón. Advirtió que no han visto ninguna evidencia de los juicios que refirieron.
Dijo que los comités promotores atendieron todas las convocatorias, como los lineamientos del Congreso para presentar las propuestas que consideraron elegibles para la conformación de los primeros gobiernos instituyentes de Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
Recordó que el Congreso también aprobó como acuerdo parlamentario los nombres de las personas elegibles para la designación de los integrantes de los ayuntamientos.
Ahora resulta que nada de eso tiene validez por un juicio de amparo que promovieron pobladores de San Nicolás y Santa Cruz contra la reforma constitucional que incluye en el artículo 27 a 85 municipios del estado, sumando los cuatro aprobados hace casi dos años.
Recriminó que La Jucopo plantea una consulta expresa para reponer todo el proceso, y todos los pueblos están inconformes porque los funcionarios tampoco les han presentado ninguna evidencia de las demandas, y porque tampoco se ponen de acuerdo entre ellos.
Estimó que la propuesta de consulta es otra excusa para alargar el proceso, y designar nombramientos en los nuevos ayuntamientos para después de las elecciones de 2024.
Denunció que la Jucopo no los ha recibido desde que la diputada de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, asumió la presidencia, a pesar de que han insistido en una audiencia por escrito.
Estimó que en el gobierno del estado han tenido un diálogo fluido con el secretario general de Gobierno, Marcial Ludwig Reynoso Ñúñez, para que en el momento que el Congreso apruebe la integración de los ayuntamientos, y con las claves del INEGI se distribuyan los recursos.
Estimó que el fondo del problema ahora son los “jaloneos al interior de partidos”. Ratificó que tendrán que tomar otras medidas porque el acercamiento no ha funcionado con los diputados.
Trabajadores del Sindicato Sentimientos de la Nación en conferencia de prensa en la puerta principal del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Fernando Martínez Román, secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, de trabajadores del Congreso local, denunció que ya son tres quincenas las que se les deben a los tres despedidos, y demandó a los diputados no ser cómplices con su silencio de “las represiones” a los agremiados y pronunciarse respecto al conflicto laboral que persiste con la administración del Poder Legislativo que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna, como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Informó que no se han liberado los pagos de los tres trabajadores despedidos, incluido el suyo: “este Congreso lo encabeza una represora, hemos pedido estabilidad laboral y nos han suspendido los pagos, hemos pedido diálogo y hay denuncias en el Ministerio Público”.
El dirigente, acompañado de representantes de diferentes sindicatos, dijo que la presidenta de la Jucopo no cumple con los principios de Morena, porque no se está respetando los derechos de los trabajadores agremiados: “tenemos nuestra toma de nota, firme, sustentada”, porque cumplieron con los requisitos para conformarse como sindicato.
Fernando Martínez dijo que “con una facilidad, una soberbia y una represión, porque eso es lo que es la presidenta de la Junta, una represora, de manera natural y perversa destituye a los compañeros, les suspende el salario. Esa clase de políticos no genera confianza al pueblo de Guerrero, está bien marcada la represión”.
Demandó a los coordinadores de los grupos parlamentarios a que manifiesten una postura respecto a la “represión” de la presidenta de la Junta Política del Congreso local (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, contra los trabajadores: “les hacemos un llamado respetuoso, que fijen una postura, porque con mantener silencio también abonan a la represión, que se definan si están a favor o en contra de la base trabajadora”.
Nuevamente llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “los trabajadores somos pueblo, ayúdanos, fue una mala decisión poner a esta señora represora que lo único que ha hecho es reprimir a los trabajadores”, aunque después señaló que no piden la destitución de nadie sino que se respeten los derechos de los sindicalizados.
Del respaldo de nueve de los 22 diputados de Morena, dijo que están a la espera de que el tema se hable al interior del grupo parlamentario y que ellos sean el puente de comunicación con la presidenta de la Junta.
También aseguró que la demanda principal del sindicato es la reinstalación de los tres despedidos, que son precisamente él como secretario general, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola, y el pago de sus salarios.
En la conferencia en la entrada del estacionamiento del Congreso local estuvo Ramón Núñez, quien era chofer y que a pesar de que ahora está laborando en la oficina del diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla no se le han pagado tres quincenas; ahí estuvo pidiendo cooperación voluntaria.
Fernando Martínez señaló que el tema de las 63 bases a las que el tribunal dio marcha atrás no las están demandando en este momento porque ese será un tema que decida precisamente el tribunal.
Los representantes de sindicatos que acudieron a la conferencia llamaron a Yoloczin Domínguez a detener la represión en contra los trabajadores y a reconsiderar su decisión de “dejar a tres familias sin su sustento”, lo cual consideraron que es un claro acto de represión.
Otra de las presentes en la conferencia llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que observe cómo se comportan los representantes de Morena en el estado y en particular en el Congreso “porque los preceptos de la Cuarta Transfor-mación sólo los representa él”.
En la conferencia otro de los asistentes señaló que el 3 de marzo cuando se reunieron con el senador Félix Salgado Macedonio, se comprometió a que ese mismo día quedaría resuelto el problema, pero no pasó.
Acompañaron la conferencia representantes de los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores académicos de la UAG, de Bomberos, el de trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH), del CECyTEG, y del DIF, quienes dijeron que ven a Yoloczin Domínguez “como una niña caprichosa que no quiere resolver esta situación”.
Nueve diputados de Morena suscribieron un posicionamiento en contra del trato que la administración del Congreso local que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna da al nuevo sindicato de trabajadores Sentimientos de la Nación, porque que es contrario a los principios de ese partido político; demandaron respeto a los derechos laborales de los agremiados y los tres despedidos.
Este lunes el sindicato dio a conocer un documento firmado por las diputadas Leticia Castro Ortiz, Nora Velázquez Martínez, María Flores Maldonado y los diputados Masedonio Mendoza Basurto, Osbaldo Ríos Marique, Fortunato Hernández Carbajal, Alfredo Sánchez Esquivel, Antonio Helguera Jiménez, y Marco Tulio Sánchez Alarcón, fechado el 14 de marzo pasado, es decir hace dos semanas.
En el escrito firmado por nueve de los 22 diputados de Morena se apunta que es “con el ánimo de contribuir a la solución del conflicto” generado por la separación de su trabajo del líder del sindicato de trabajadores Fernando Martínez Román, y dos integrantes de esta organización, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola.
Los diputados firmantes plantearon una “propuesta de solución para resolver de manera imparcial, reflexiva y democrática, respetando los principios de legalidad”.
Y posteriormente señalan: “coincidimos en que habiendo rebasado la línea de los acuerdos llevados a cabo por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y teniendo presente que ya es del dominio público, ocasionando con esto que la capacidad de solución política de la fracción mayoritaria que recae en Morena quede expuesta a que la opinión pública califique como insensible y falta de observación a la legalidad laboral que nos rige”.
En seguida se apunta que los diputados firmantes acordaron llevar el tema a discusión al interior del grupo parlamentario “la solución colectiva de este conflicto y de la problemática que representa la creación del nuevo sindicato, por tal motivo hacemos un llamado respetuoso para que de manera inmediata y efectiva sean reinstalados a sus actividades laborales y evitar que sus derechos laborales sean trastocados”.
En un último párrafo, los diputados exigen “respeto a la base trabajadora, como lo ha demostrado el Poder Ejecutivo representado por la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda. Por tal motivo manifestamos que nos deslindamos del trato que se ha dado al nuevo Sindicato por ser contrario a los principios de nuestro partido político”.
El dirigente sindical había denunciado la semana pasada que se incumplieron los acuerdos que el sindicato llegó con el senador Félix Salgado Macedonio quien se comprometió a ser el interlocutor para que se reinstalaran en sus trabajos en las oficinas de los diputados de Morena Joaquín Badillo Escamilla y Jacinto González Varona lo cual no ocurrió a pesar de que desde el 3 de marzo levantaron el plantón que tenían por los tres despidos.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), declaró infundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovido por el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que desechó una queja que presentó contra Yoloczin Domínguez Serna por declaraciones a medios de comunicación en las que presuntamente lo denosta.
De acuerdo con proyecto aprobado por unanimidad del pleno del TEE, Sánchez Esquivel había denunciado ante la CNHJ a su sucesora en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque “realizó una serie de declaraciones ante diversos medios de comunicación en la que denosta e imputa de manera dolosa una serie de actos en su contra, que considera el quejoso pueden constituir una falta a los estatutos de Morena”.
El ex presidente de la Jucopo quien mantiene una pública confrontación con su sucesora en el cargo, argumentó que durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo Domínguez Serna se realizaron estas declaraciones.
Pero la CNHJ de Morena el 7 de febrero del 2023 declaró la improcedencia de la queja presentado porque fue promovida fuera de los 15 días “que señala el artículo 27 en relación con el 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ de Morena, lo anterior, pues la responsable tomó en consideración la última fecha relatada por el actor (23 de noviembre) en que dijo se cometieron las denostaciones en su contra”.
Sánchez Esquivel buscaba que el TEE revirtiera la decisión de la CNHJ de declarar improcedente su queja y que le ordenara darle cause, pero el órgano jurisdiccional aprobó confirmar el acuerdo de desechamiento del órgano intrapartidario, “toda vez que no le asiste razón al impugnante porque no se está en presencia de transgresiones a reglas y principios internos de Morena, sino de supuestas conductas que infringen derechos personales del ahora actor, por parte de otra Diputada miembro de su partido”.
Ordenan reponer elección de delegados en Metlatónoc
En la misma sesión el TEE dejó sin efectos los nombramientos de delegados de la colonia Guadalupe, municipio Metlátonoc que emitió el Ayuntamiento de ese municipio y ordenó su reposición.
El proyecto lo presentó la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, y fue aprobado por mayoría de votos. Se declararon fundados los agravios promovidos por Artemio León Leal, en contra de la elección de 21 de enero pasado, de delegado municipal de la colonia Guadalupe y, en consecuencia, el nombramiento expedido Elpidio Olivera Vitervo, como delegado propietario, expedido por el presidente del Ayuntamiento.
El motivo, es porque “la persona que se le nombró como delegado no participó en la elección realizada el tres de enero del 2023 que celebraron por usos y costumbres, en la que Artemio León resultó electo”, el pleno del TEE consideró que la elección se realizó “bajo los parámetros mínimos de regularidad constitucional”.
También se ordenó al Ayuntamiento que, en el plazo de 24 horas a partir de la notificación de la resolución, expida los nombramientos a los ciudadanos electos delegados en la elección del 3 de enero.
El secretario general del Sndicato Sentimientos de la Nación de trabajadores del Congreso local, Fernando Martínez Román posa con el puño en alto en el plantón que mantienen afuera de las instalaciones Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Dominguez Serna, señaló que solo son “ocho personas” las que se mantienen en paro y que los dos despedidos tenían menos de un año trabajando.
En declaraciones al término de la sesión del Grupo ACA, la diputada morenista señaló que el dirigente del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, se ha negado a firmar los acuerdos que se han alcanzado en tres mesas de diálogo, y que sus demandas están “fuera de contexto”.
La diputada subrayó que ha sido respetuosa y que siempre ha estado disponible para el diálogo, pero que desconoce cuáles son ahora los motivos para obstruir el acceso del Congreso local, y dejar a trabajadores adentro. “Están actuando al margen de la ley y eso es completamente grave”, señaló.
Agregó “nosotros en la casa de las leyes no podemos permitir que se tomen actitudes y acciones al margen de la ley. No podemos ser omisos de eso”, y aseguró que se tuvieron reuniones abiertas con la presencia de reporteros, donde no hubo hostigamiento laboral como lo han denunciado los paristas.
Dijo que “la mayoría del sindicato está trabajado muy bien en el Congreso, sólo son ocho personas” las que protestan “encabezadas por el dirigente quien, dijo, “ha distorsionado los temas”, y que en tres ocasiones se reunió con él pero no firmó los acuerdos.
Respecto a los dos despidos dijo que fueron empleados por contrato y que tenían menos de un año laborando además de que la baja se dio luego de la solicitud que hizo la sección 25 del SUSPEG, dijo que uno de los trabajadores era el chofer de la unidad de transporte del personal.
