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Resuelve juez a favor de la Ssa en la Jurisdicción Sanitaria de Tecpan, afirma Aidé Ibarez

La secretaria de Salud, Aidé Ibárez Castro, informó que un juez resolvió un recurso a favor de la dependencia, para recuperar las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05, con sede en Tecpan de Galeana, tomada hace tres meses por trabajadores sindicalizados en demanda de la destitución de la jefa jurisdiccional.
La funcionaria aclaró que desconoce el procedimiento judicial para recuperar el inmueble y las camionetas “llenas de medicamentos” que están ahí encerradas, porque es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones, pero el procedimiento está en curso.
La Jurisdicción fue tomada el 5 de octubre por trabajadores que denunciaron incumplimiento de los acuerdos que firmó el área jurídica con la líder sindical, Beatriz Vélez Núñez.
Consultada sobre los conflictos laborales en el sector, después de la firma de la estrategia nacional de buen gobierno con la Cofepris, informó que en el hospital comunitario de San Luis Acatlán, están agotando el diálogo para restablecer la normalidad, luego de que también fue tomado a principios de octubre por trabajadores inconformes con nuevo director, Genaro Lara Calixto, a quien le impiden el acceso al nosocomio, porque señaló robo de materiales y medicamentos.
Incluso, en declaraciones anteriores de la secretaria denunció que ahí se negó el servicio a una niña, que fue trasladada de emergencia al hospital Raymundo Abarca Alarcón, donde al final perdió la vida. Aunque los inconformes aseguraban que seguían laborando.
“Se terminó la auditoria en San Luis Acatlán, se realizó la reunión en acompañamiento de persona de la Comisión de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Gobierno, estamos agotando todo el diálogo.
Aunque el director aún no tiene acceso al hospital comunitario. Justificó que se prepara su traslado al nuevo hospital del mismo municipio.
Del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y el de Teloloapan, donde enfermeras demandaron el cambio de coordinadora del área, Ibárez Castro aclaró que el tema fue atendido con el cambio de director y de administrador de cada lugar.
Al pedirle más detalles del conflicto en la capital del estado, respondió que el nuevo director puede responder a las preguntas, no obstante que la política de comunicación prohíbe a los operativos hacer declaraciones. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Reinicia el gobierno estatal la persecución contra el Cecop, advierte Marco Suástegui

Jacob Morales Antonio

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón iniciaron, como en los gobiernos pasados, una persecución en contra de los opositores a la hidroeléctrica.
En declaraciones por teléfono, el dirigente informó que fue notificado de que el juez segundo del distrito de Tabares lo sentenció a más de ocho años de cárcel por el delito de homicidio, hechos que ocurrieron en 2013; sin embargo, él recurrió a una apelación y ahora su caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “Yo podría regresar a la cárcel”.
Suástegui Muñoz dijo que en este contexto de persecución contra el Cecop y su lucha contra la hidroeléctrica fueron detenidos el jueves pasado, con violencia, por policías ministeriales en la comunidad de Huamuchitos, Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
Recordó que ese día los policías ministeriales irrumpieron a las 3:30 de la madrugada en la casa de la familia, sin embargo, en la carpeta de investigación se estipuló que los detuvieron en la cancha de la comunidad lo que es falso, y tan fue así que el sábado se les dio su libertad de la comandancia de El Coloso, pero al salir fueron detenidos nuevamente ahora con unas órdenes de aprehensión de 2013, acusados de intento de homicidio y lesiones, y fueron recluidos en la cárcel de Las Cruces.
Reprochó a la fiscal Valdovinos Salmerón que junto con la gobernadora “usan los mismos vicios y prácticas oscuras del pasado. Concluimos que hay una persecución total para eliminar al Cecop, porque tal vez el movimiento le hace estorbo a la 4T, porque nosotros mandamos al diablo al PRI, al PRD, para poner a un movimiento en el poder como lo es Morena, donde nosotros decidimos abiertamente apoyar en campaña política a la gobernadora, pero vemos que lamentablemente nos equivocamos”.
El vocero dijo que tiene conocimiento de que se están desempolvando las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Cecop, “estamos procesados 30 compañeros, también surgen nuevas órdenes de aprehensión, que este gobierno está sacando de cuando se fabricaban los delitos”.
Luego, se volvió a lanzar contra la gobernadora “nos está mintiendo, diciendo que son amigos de los que menos tienen, pregonan eso, y que en este gobinero no se reprime. Todo lo contrario, sí se persigue, se encarcela, actualmente tenemos a toda la fiscalía en Huamuchitos, a los que llevan sus cosechas de jamaica y de maíz los están deteniendo, hay filtros y retenes, además, la Fiscalía entró a robar como delincuentes y amenazando de manera cobarde a la gente”.
“La gobernadora dice que Guerrero es un santuario de derechos humanos, la Fiscalía viene y tortura y le mete unos balazos a una mujer y la amenazan con quitarle a los hijos para declarar contra su esposo, diciendo que él fue quien le disparó”.
Ante estos hechos, dijo que el domingo en asamblea se acordó pedir el apoyo nacional de las organizaciones sociales, una comisión acudirá a Palacio Nacional, para plantear la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se va a instalar un plantón en Huamuchitos y El Cantón, para evitar que la Policía Ministerial entre, “además estamos pensando que vamos a cerrar la Autopista del Sol, porque tal parece que les importa recibir turistas y crear una imagen falsa, cuando hay un mar de sangre en Acapulco, y cuando el Ejército y la Guardia Nacional están metidos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Suástegui Muñoz también afirmó que “nos mintieron cuando dijeron que iba a haber un cambio” e informó que se cancelaron todos los apoyos a los pobladores de Cacahuatepec, “nos huele como una trampa del gobierno del estado, municipio y federal”.
El dirigente recordó que Maximino Solís Valeriano sigue preso en el penal de Las Cruces, desde 2018, por un delito que no cometió y que se le atribuye a él, pero todo es parte de la persecución contra el movimiento.

Reabren padres el kínder Gabriela Mistral en Zihuatanejo; permitirán trabajos de un actuario

Este jueves, padres de familia del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, abrieron el plantel luego de poco más de dos semanas que permaneció cerrado para exigir que cinco maestras cumplan con el horario de Tiempo Completo.
El 23 de enero pasado, los padres de familia de cinco de los 12 grupos que hay en esa escuela tomaron la decisión de cerrarla de manera definitiva, pues desde el inicio del actual ciclo escolar, sus hijos no han tenido el servicio de tiempo completo porque sus maestras argumentan que tienen problemas de salud y que, además, es muy poco el dinero que les pagan por hacer su trabajo.
Por su parte, las cinco maestras interpusieron una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas federales y estatales, por lo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha podido determinar la situación laboral de las educadoras, porque no hay todavía una resolución judicial.
Este jueves, poco antes de que iniciara la hora de entrada, los padres retiraron las pancartas que desde el 23 de enero colocaron en la entrada al plantel, así como también quitaron el candado especial que tenía el portón, y permitieron que los niños retomaran sus clases.
El delegado de la SEG en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, informó vía telefónica que debido a que no se ha resuelto la demanda de amparo, el juez federal que lleva el caso de las maestras determinó que enviará a un actuario a que lleve a cabo una diligencia, en la que se espera constatar que las maestras incumplen con el horario de tiempo completo.
Leyva Sotelo aseguró que fue una determinación de los propios padres de familia, que mantenían cerrado el jardín de niños, volver a abrirlo para que el actuario que vendrá a hacer esa diligencia pueda llevarla a cabo.
A pregunta, el funcionario señaló que el hecho de que se hayan retomado las clases no es indicativo de que el conflicto ya esté resuelto, “hasta que el juez que lleva la demanda de amparo de las cinco maestras emita su veredicto, hasta entonces la SEG podrá estar en condiciones de determinar qué va a pasar con las maestras que se han mantenido renuentes”. (Redacción)

 

Negó un juez al fiscal detener a miembros del ERPI por el caso Chavarría, revelan

El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).

Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Ya atiende un juez federal desacato local a fallo a su favor, dice la alcaldesa de Apango

 
La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que acudió con un juez contralor del poder Judicial federal para informarle del desacato de las autoridades estatales a la resolución a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que acreditó la violencia política y de género en su contra.
Después de una reunión de la presidenta municipal y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, en el Congreso local, Muñiz Gómez dijo que las autoridades estatales siguen sin acatar la resolución federal que ordenó a las autoridades locales, entre ellos a los poderes Ejecutivo y Legislativo así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), que la reinstalaran en su cargo.
El Ayuntamiento de su municipio está tomado desde hace casi un año por un grupo de ediles y pobladores que la acusan de desvíos de recursos y nepotismo.
A pesar de que desde el 19 de octubre, la Sala Superior del Tribunal resolvió restablecer Felícitas Muñiz “en su derecho político constitucional”, y ordenó al síndico, un regidor y dos regidoras que encabezan la toma del Ayuntamiento, que se abstengan de realizar actos de violencia política y de género que afecten el ejercicio del cargo de la presidenta, esto no ha sucedido.
Informó que ya se reunió con un “juez contralor federal” a quien le reportaron la falta de cumplimiento de las autoridades locales y se volverán a reunir próximo 23 de marzo en Acapulco, Recordó que “el caso ya está judicializado”.
La alcaldesa no supo precisar el cargo y nombre del “juez contralor federal”, pero dijo que posterior a la visita del 23 de marzo visitarán también la cabecera municipal.
Felicitas Muñiz recordó que esta es la segunda ocasión que es presidenta municipal, y en 2018 será la primera vez que los presidentes municipales se podrán reelegir y por “el machismo que existe en el municipio” quieren evitar que se reelija.
A la presidenta municipal se le preguntó por las observaciones que le hizo la Auditoría General del Estado (AGE) en su cuenta pública por  más de cuatro millones de pesos y comentó que en dos días (mañana) se vence el plazo para que ella pueda presentar sus justificaciones.
Explicó que muchas de las observaciones fueron por recursos que utilizó para resolver problemas o necesidades urgentes de las comunidades para las que no se etiquetó, “a veces tenemos que ver qué es más necesario”.

Comparece ante el juez la ex comandante acusada de lesiones contra un albañil

Jorge Nava

aLa ex comandante de la Policía Municipal, Maribel Marcial Angelito, compareció en el Juzgado cuarto penal donde está acusada de lesiones y abuso de autoridad en agravio de un albañil.
Asimismo ayer le dictaron formal prisión por ese caso al ex agente preventivo Sabino Olea Salgado, quien estuvo al mando de la agente denunciada.
De acuerdo con el expediente penal 16-1/2006, el 28 de agosto del año pasado, el agraviado Ángel Palma García entró al bar La Güera después de cobrar 4 mil pesos como oficial de albañil, cuando en el interior fue detenido por policías que después le exigieron el pago de 500 pesos por su libertad.
Amparada con una suspensión de la orden de detención que le otorgó el juez octavo de distrito, Marcial Angelito argumentó que ese día no iba en la operación donde arrestaron al agraviado, que se enteró en la noche, a las 9:30 o 10, cuando llegó a la guardia.
Agregó que siempre apoya a la gente y les sugiere que denuncien.
En su queja, Ángel Palma mencionó que viajaba en una patrulla con los policías que lo arrestaron pero no era la señalada.
El denunciante contó que ese día lo tuvieron en los separos de El Coloso, después de que lo golpearon.
Recordó que allí llegó su hija María Palma Zamora, quien tuvo que pagar 500 pesos para su libertad.
La diligencia se llevó a cabo ante el primer secretario de acuerdos, Edilberto Calderón Juárez.

Resuelve juez a favor del amparo interpuesto por Lucino Loyo

La resolución emitida por la JLCA “no fue fundamentada debidamente”, informó su abogado Vicente Medina. La decisión obliga a la JLCA a determinar quién será finalmente el secretario general de la Sección 20 de la CTM, dice

 Mónica Martínez García El juez tercero de distrito, Jacinto Ramos Castillejos resolvió a favor del ex secretario del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares de la sección 20 de la CTM, Lucino Loyo Cuevas quien desde hace más de dos meses presentó un amparo contra la resolución que el 21 de enero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dio a favor de Javier Gutiérrez Santoyo, entregándole su nombramiento como secretario general de la Sección.

Por lo anterior, la JLCA volverá a determinar a quién le otorga la titularidad de la Sección 20 de la CTM.

Desde enero de este año la Secretaría General de la Sección 20 ha estado en disputa entre Loyo Cuevas y Gutiérrez Santoyo, debido a que el 21 de enero la JLCA entregó el nombramiento a Javier Gutiérrez Santoyo como secretario de la misma, sin embargo Loyo Cuevas se amparó ante el juzgado de distrito para apelar esa resolución.

El abogado de Loyo Cuevas, Vicente Medina Gorostieta informó que el viernes, el juez tercero de distrito le notificó la resolución en la que consideró procedente el amparo que interpuso ante ese juzgado Loyo Cuevas.

Según Medina, el juez consideró que la resolución emitida anteriormente por la Junta no fue fundamentada totalmente y que por ello se determinó que el amparo interpuesto por Loyo Cuevas era procedente.

Dicho amparo consistía en revocar la decisión de la JLCA de otorgar la titularidad de la Sección 20 a Javier Gutiérrez Santoyo, por lo que, según explicó el abogado, ante esta situación la junta debe dictar una nueva resolución, “después de analizar el expediente del caso lo más pronto posible”, y confió en que dicha resolución será satisfactoria para Loyo Cuevas.