Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con 23 años de edad, de los cuales tres años y dos meses pasó en prisión por un delito que no cometió, Aurelia García Cruceño, hablante del náhuatl y español, se dice fortalecida para enfrentar la vida en libertad y lograr su anhelo de ser maestra.
En entrevista telefónica sobre su nueva vida, tras la absolución que obtuvo del delito de homicidio en razón de parentesco, del que fue acusada después de un aborto en un parto fortuito el 2 de octubre de 2019, señaló que quiere trabajar y estudiar la preparatoria abierta.
No le teme al trabajo, pues desde pequeña ayudó a sus abuelos en las faenas de la casa y en el campo en Xochicalco, municipio de Chilapa.
Indicó que estudió hasta secundaria en Zizicazapa, a una hora caminando y media hora corriendo de Xochicalco; aunque intentó continuar la preparatoria en El Jagüey, su familia no tuvo dinero para cubrir el ingreso.
“Me quedé en mi pueblo, ayudando a mis abuelos, y a mis papás que también estaban ahí”, dijo
Fue en Xochicalco donde fue abusada sexualmente por una persona que debía cuidarla. Ahora y durante los siguientes años quiere olvidar la violencia que padeció entonces.
Ya se ha documentado que, al descubrirse embarazada, Aurelia huyó a casa de una tía a Iguala, donde tuvo un parto sin atención, que concluyó en un aborto.
Su tristeza aumentó cuando, de un cuarto de hospital la llevaron a prisión, sin entender la razón.
“En una celda estábamos cinco, los primeros días no podía salir, luego me dijeron que ya podía estar en el patio y ya podía hablar con mi familia (por teléfono). No podía creer que estaba en la cárcel” expresó.
Se adaptó para sobrevivir en el penal en donde conoció a otra mujer que fue acusada también por homicidio en razón de parentesco.
Explicó que antes de la defensa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el poder Judicial cambió dos veces a sus abogados, “yo confiaba en ellos, pensé que estaban haciendo bien las cosas”, indicó.
El resultado fue una sentencia de 13 años de prisión en un juicio abreviado, anulados en un proceso de apelación.
En la audiencia de fallo de reposición del juicio, donde la jueza Mariela Alfaro Zapata presentó los argumentos de la sentencia, Aurelia García Crucena, reconoció que tuvo miedo de que la declararan culpable, pero en la medida que avanzaba la lectura que señalaba “como ocurrieron las cosas”, recuperó la esperanza.
Aunque habla con fluidez el español, no pudo explicar en terminos su libertad. “Me sentí emocionada, cuando dijo que ya no iba a estar en la cárcel” dijo.
Admitió que aún tiene miedo, pero recibió muchos ánimos de sus compañeras, de su familia y de las activistas que abanderaron su causa, “tengo que salir adelante, no quiero ver atrás”.

María Onofre, otro caso como el de Aurelia: organizaciones

En el seguimiento del caso de Aurelia, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Violencias hacia las Mujeres, y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio denunciaron que el gobierno del estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha atendido las medidas de la Alerta por Agravio Comparado, para resolver y atender casos como el de Aurelia.
Recordaron que el TSJ debe hacer la revisión de expedientes de delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco, que hasta hoy sólo han sido visibles las organizaciones de mujeres.
Indicaron que en las mesas de trabajo con autoridades presentaron también el caso de María Onofre Gómez, recluida en el mismo penal que Aurelia, bajo la misma acusación: homicidio en razón de parentesco.
Recordaron que, aunque se consiguió la libertad de Aurelia, aún quedan muchos pendientes por resolver para ella y las mujeres recluidas por algún delito relacionado con el aborto.
Subrayaron que justamente una de las medidas incluidas en la actualización de la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres de Guerrero por agravio comparado, es la reparación del daño a mujeres en prisión por causas relacionadas con abortos, y garantías de no repetición.
También mencionaron que dan puntual seguimiento y están a la expectativa de cuáles serán las acciones que las instituciones responsables, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), emprenderá para Aurelia, siendo paradójicamente una de las instituciones que la acusó.
Esto, porque abogados de la CEAV representaron la defensa del producto del embarazo, en el caso del Estado contra Aurelia.
Indicaron que son 13 medidas pendientes, relacionadas con la capacitación y profesionalización de servidores públicos en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, para dar un trato digno a las víctimas y a las defensoras, algo que carecen, como constataron en el juicio de Aurelia.
Urgieron al poder judicial a juzgar con perspectiva de género, y que abandonen “pensamientos misóginos” que criminalizan a las mujeres.
Finalmente, exigieron que se publique y se cumpla un plan de reparación del daño para Aurelia, y todas las mujeres que hayan perdido años de su vida, detenidas en prisiones por delitos que no cometieron.
Además, que no se criminalice a las defensoras, que, como en el caso de Aurelia, fueron obligadas a no hablar del caso en los medios, después de que fueron advertidas por la juez, que serían acusadas de obstrucción a la justicia.