Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
De manera conjunta e individual, vocales y funcionarios de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, así como de las juntas distritales preparan amparos y juicios electorales, para solicitar la suspensión de los efectos de la reforma electoral, denominada Plan B, o en su caso, para proteger sus derechos laborales.
Tras la entrada en vigor de esta reforma, unos 200 trabajadores del INE en Guerrero podrían perder sus empleos, de acuerdo con lo dicho la semana pasada por el vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola.
Este domingo, se buscó a funcionarios de las juntas distritales, quienes confirmaron que, de manera colectiva e individual, están trabajando para recurrir a las instancias ante los efectos del denominado Plan B.
Sin embargo, los tres funcionarios electorales pidieron no mencionar sus nombres, en tanto no sean presentados estos procedimientos y sean aceptados.
Los vocales recordaron que ya hay un juicio electoral, por la destitución del secretario ejecutivo del Consejo General del INE, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
En el caso de las nueve juntas distritales, comentaron que se trabaja en amparos que se presentan ante un juez de distrito, para los cuales hay un plazo de 30 días, en este caso, se presenta para solicitar la suspensión de los efectos de la reforma electoral.
El otro recurso que tienen es el juicio electoral, que se puede presentar de manera individual, para el que tienen sólo cuatro días hábiles a partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial de la Federación, éste es para la protección de los derechos laborales.
Como la publicación se realizó el viernes pasado, los trabajadores y funcionarios electorales tienen hasta el miércoles para presentar estos juicios electorales ante el tribunal electoral.
En el caso de las juntas distritales, en un artículo transitorio de la reforma se establece que entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, que será la única figura que quedará, ya que pasará de cinco a un solo vocal.
A más tardar el 1 de junio próximo se deberá tener por “concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las juntas distritales, para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares” se señala el décimo segundo transitorio.
A más tardar el 15 de agosto de 2023, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares, para cumplir con los tiempos establecidos en el decreto de reforma electoral.
Otro de los tiempos establecidos es que, a más tardar el 1 de mayo de 2023, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del INE, es decir, el proceso de reducir a lo mínimo indispensable para la operación de las juntas.
A pesar de que algunos vocales comentaron que “no hay una línea” por parte del INE de realizar estos procedimientos, otros comentaron que hay despachos de abogados que están buscando a los funcionarios y trabajadores, para ofrecerles sus servicios e iniciar con ambos recursos.
Lo que ambos confirmaron es que los trabajadores, en conjunto, se están organizando para presentar amparos y juicios electorales, algunos contrataron en conjunto a abogados que los representan; otros lo hacen de manera personal, pero la gran mayoría de los funcionarios que directamente se verán y los que podrían ser afectados, están realizando estos procesos.
Por ahora, las juntas distritales están conformadas por cinco vocales: Ejecutivo, Secretario, de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores; y con la aprobación de la reforma electoral, pasará a solo un vocal, denominado “Operativo”.