La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió justicia para Eyna Vanesa, la adolescente desaparecida y encontrada asesinada hace dos días en una colonia de Acapulco, y para la maestra Marlén, asesinada ayer en Chilpancingo.
En su cuenta de Facebook, la Red consideró “inaceptable que las mujeres vivamos en constante peligro, y que las autoridades no estén cumpliendo con su responsabilidad de proteger nuestros derechos y nuestra vida”.
Demandó que las instituciones “asuman su responsabilidad y tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género y se tipifiquen como feminicidios (las muertes dolosas de mujeres), para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores”.
En un primer mensaje en la mañana, la organización cuestionó la eficiencia de los protocolos de búsqueda en el estado, por el asesinato de la adolescente Eyna Vanesa, vista por última vez al salir de sus clases de baile, y hallada sin vida anteayer en una barranca de la colonia Mozimba.
Expresó gran indignación por el feminicidio de la estudiante de 16 años “porque su muerte sucedió una vez más en las narices de las autoridades. Vanesa no es un caso aislado, se repite en las siete re-giones de Guerrero, donde primero las desaparecen y después, las encuentran asesinadas”.
Señalaron que las investigaciones no son pertinentes ni oportunas, al contrario, están “mermadas de revictimización y prejuicios en razón de género”.
Denunciaron que la negligencia, corrupción y misoginia de las instituciones, “nos violenta y nos mata todos los días”.
Recordaron que Guerrero tiene dos alertas de violencia de género pendientes de atención, una por violencia feminicida, con ninguna medida cumplida, y la de agravio comparado, para la atención integral de víctimas en los servicios de salud.
Se solidarizaron con la familia de Eyna Vanesa, y exigieron a los gobiernos estatal, municipal de Acapulco y la Fiscalía que no haya simulación.
Advirtieron que Eyna Vanesa apareció asesinada un día 25, cuando funcionarios se visten de naranja y hablan de acciones en favor de las mujeres, no obstante la impunidad permisiva que persiste.
Luego que trascendió en redes el asesinato de la maestra Marlén en Chilpancingo, expresaron ma-yor preocupacion porque en menos de 24 horas se registraron dos feminicidios en Guerrero.
Además de demandar justicia para ambas, confirmaron que la violencia contra las mujeres no retrocede en Guerrero. Insistieron que no haya más listones naranjas, sino hay justicia, ni investigaciones pertinentes con perspectiva de género. Es decir, que se tipifiquen como feminicidios los asesinatos de mujeres, lo cual crucial para garantizar que las víctimas obtengan justicia y que se castigue a los agresores.
Maestros de la Zona Escolar 42 se manifiestan afuera de las oficinas de Protur, para exigir la liberación del profesor David Beltrán Salas, quien fue detenido por la Marina Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Por segundo día, familiares y maestros de la zona 42 bloquearon frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Se informó que la primera audiencia del docente será hoy a las 5 de la tarde, en los juzgados federales. Los alrededor de 100 manifestantes, primero marcharon por el bulevar, una vez que salieron del punto conocido como El Revolcadero para llegar a los juzgados federales, donde llevaron a cabo un bloqueo de alrededor de una hora.
La marcha ocupó todo el carril Puerto Marqués-Areopuerto, lo que provocó un fuerte tráfico en el transitado bulevar.
En su segunda protesta consecutiva, los manifestantes insistieron en la liberación del maestro de educación física, de 50 años y maestro de la primaria Juan N Alvarez, de la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En declaraciones, el supervisor escolar de la zona, Rey Rueda Padilla, informó que mañana sábado a las 5 de la tarde se llevará a cabo la primera audiencia del caso del maestro, por lo que piden al juez federal no cometer una injusticia contra el docente.
El supervisor dijo que estaba en esa protesta para “dar el testimonio de que el compañero David, a nosotros nos consta, es una persona honorable, dedicada a su trabajo, muy responsable. Ese es el motivo de la manifestación, de nosotros como magisterio, de declarar que es un maestro honorable”.
Subrayó que si están defendiendo al maestro David Beltrán, es porque lo conocen y es una persona “honorable y uno de los mejores elementos de la zona. Es un destacado docente”.
Indicó que ellos nada más defienden al maestro, no a las personas que fueron detenidas con él, porque no los conocen, porque lo conocen y estuvo “en el lugar equivocado a la hora equivocada”, porque se encontraba en un festejo religioso.
Agregó que quieren que se dé una sensibilización en este caso. El supervisor dijo que la información que tienen es que el “delegado fiscal en Guerrero está haciendo los enlaces con la Fiscalía federal, donde le indican que ya se está trabajando, ya están revisando la carpeta de investigación del maestro David y se está sensibilizando”.
Indicó que hay pruebas contundentes a favor del maestro, que no es como lo dice la parte acusadora y que apelan al juez, para que “revisen bien el caso, no se equivoque y no declare culpable a una persona inocente, porque ahí sí vamos a emprender un movimiento de lucha”.
Mientras que la hermana del maestro, Consuelo Beltrán Salas, dijo que acudirán a poner una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los golpes que recibió su familiar.
Dijo que los delitos que se le imputan son posesión de droga y armas, lo que es “totalmente falso”. Señaló que la carpeta de investigación ya la tienen sus abogados, para revisarla, y su movilización es porque es “injusto de lo que se le está acusando”.
Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Santa Rosa de Lima, Tecpan
Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.
Alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 134 de Chilpancingo, instalaron un tendedero en el que exhibieron a su profesor, Julio Azúcar Heziquio, de “acosador” y “pedófilo”.
Las alumnas dieron a conocer su actividad, que realizaron el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mediante fotografías que enviaron este viernes a los medios de comunicación.
Además, mediante mensajes de Whatsapp se quejaron de que el maestro “acosador”, del turno vespertino, goza de la protección de los directivos de la institución.
Entre las fotografías que hicieron públicas, hay una con el logotipo del CBTIS, en la que agregaron el nombre de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETIS), de la que dependen los CBTIS, que dice: “Porque el prestigio se gana con el silencio”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
La Operación Relámpago, del 6 de marzo de 1990, puesta en marcha por el gobernador priista José Francisco Ruiz Massieu, para reprimir y terminar con el conflicto poselectoral en 24 municipios, fue documentada por el académico y activista Abel López Rosas.
A 33 años de distancia, el investigador plantea en entrevista, al ahora senador Félix Salgado Macedonio, protagonista de esa época, y a su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “¿Cuál es su compromiso con el esclarecimiento y la aplicación de la justicia de esos actos de represión, de los que el entonces diputado federal fue testigo?”.
Se trata de la investigación titulada Ahora es el pueblo el que tiene el poder: los ayuntamientos populares de Guerrero 1988-1990, con la que Abel López obtuvo el grado de maestro en Historia y Etnohistoria, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 2022.
López Rosas es parte de la Organización Campesina Vicente Guerrero, creada por el finado líder social Ranferi Hernández.
López Rosas es licenciado en Historia por la UNAM. En 2020 presentó la tesis Cuando la lucha es el deber. Esbozo biográfico político de Ranferi Hernández Acevedo (1953-2017), para graduarse como maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En la investigación acerca de los ayuntamientos populares, el investigador contextualiza el conflicto derivado de los resultados de las votaciones locales de diciembre de 1989, desde la lucha cívica y electoral de 1960, la creación del Frente Democrático Nacional y las elecciones presidenciales de 1988.
Algunos protagonistas de esta etapa política y de represión en Guerrero aún hacen vida política, a 33 años de distancia, como el caso del senador por Morena, Félix Salgado, y el priista Rubén Figueroa Alcocer.
También Eloy Cisneros Guillén, en aquella época presidente municipal popular en Ometepec; Saúl López Sollano, ex coordinador regional del PRD, o Adela Román Ocampo, jueza penal y ex alcaldesa de Acapulco.
Del mismo modo aparecen Ranferi Hernández, ese ese tiempo nombrado presidente popular de Ahuacuotzingo, y Guillermo Sánchez Nava, quien era diputado del PRD.
El primero fue hallado asesinado el 14 de octubre de 2017, en Chilapa, junto a su esposa, suegra y ahijado. El segundo se encuentra en estado vegetativo, a causa de una salvaje agresión por parte de brigadistas del PRI y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, el 11 de enero de 2011.
De noviembre de 1989 a marzo de 1990, el maestro en Historia documentó 21 militantes perredistas asesinados, cuatro personas desaparecidas y una cantidad importante de personas golpeadas, torturadas y encarceladas.
Ante los cuestionados triunfos de los candidatos del PRI y su toma de protesta en enero por el Consejo Estatal Electoral (CEE), los pobladores que estaban en protesta permanente contra lo que consideraron fraude, decidieron conformar ayuntamientos paralelos, llamados constitucionales populares.
Esta figura contaba con el respaldo de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Rosalío Wences Reza; de la nacional de Heberto Castillo, así como de la entonces poderosa figura nacional de oposición: Cuauhtémoc Cárdenas.
El primero se constituyó y ratificó en Coyuca de Benítez, en diciembre de 1989, y enero de 1990. El presidente popular fue Roberto Salinas Herrera.
Para los militantes perredistas la legitimidad estaba fincada en el apoyo del pueblo, en esa asamblea y no en los resultados de la CEE. Contaba con la aprobación de los comités municipales del Frente Cardenista para la Reconstrucción Nacional (FCRN), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), indica el texto.
Sin ser reconocido por el gobierno estatal, el Ayuntamiento popular se sostuvo con el apoyo de la población. Se celebraron audiencias públicas, se rehabilitó el mercado con el cobro de impuestos y empleó a la población para levantar obras.
En el mismo enero, los ayuntamientos paralelos se instalaron también en Ometepec, Florencio Villarreal, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la región de la Costa Chica; Tixtla, Mártir de Cuilapan, Juan R Escudero y Leonardo Bravo, en la región Centro; Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande; Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala, en la Tierra Caliente; Ahuacuotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec, en la región Montaña; Teloloapan, Cuetzala y Cocula, en la región Norte.
Ya en marzo, luego de una serie de infructuosas negociaciones, falsas promesas y marchas de perredistas por los asesinatos de sus compañeros y manifestaciones en apoyo al gobierno estatal de sus organizaciones, se preparó en el discurso una justificación a la acción represiva por venir.
Hubo dos avisos. La primera por parte del líder estatal del PRI, Rubén Figueroa, quien declaró tres días antes, en una marcha de huestes priistas, que el 6 de marzo “posiblemente” habría una solución en 10 municipios tomados por militantes perredistas y de otros partidos de oposición.
La segunda del líder del Congreso, Israel Soberanis, quien aseguró recibir una carta del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, donde exigía liberar a perredistas detenidos.
Así narra Abel López la operación Relámpago del 6 de marzo de 1990: “El gobernador Francisco Ruiz Massieu dio luz verde para reprimir a los pobladores que sostenían los ayuntamientos populares y desalojarlos de los palacios municipales. Como si se tratara de un enfrentamiento con un grupo armado”.
“El gobierno estatatl llamó Relámpago a la acción policiaca, por medio de la cual la policía antimotines y la policía judicial recuperaron por la fuerza ocho de los 24 ayuntamientos tomados por los militantes perredistas”.
“El operativo fue efectuado entre las 3 y las 6 de la mañana. Participaron 800 elementos coordinados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública de Guerrero, y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial”.
Los ayuntamientos populares desalojados fueron Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R Escudero. Las acciones más cruentas fueron en Ometepec y Florencio Villarreal, indica el texto.
“Eloy Cisneros, presidente popular en Ometepec, declaró que fue torturado por dos días en un penal de Acapulco. La juez tercero penal, Adela Román Ocampo, le informó que se le acusaba de usurpación de funciones y uso indebido de documentos, que cometió al proclamarse presidente popular; fijó una fianza de 50 millones para que pudiera llevar el proceso en libertad”, agrega la investigación.
El mismo día, el gobernador Francisco Ruiz Massieu manifestó: “El estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
El secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero machacó en un comunicado: “Los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales dan por terminadas las acciones ilícitas, como ayuntamientos ‘paralelos’, supuestas policías ‘populares’, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía, así como arrestos administrativos sin justificación”.
El acto de represión política sentó las condiciones para la disolución de los 14 ayuntamientos populares restantes, en algunos, con la entrega de sindicaturas y puestos administrativos a perredistas.
El investigador de la ENAH explica en entrevista, que detrás de la decisión de iniciar la operación también estuvieron los siguientes funcionarios priistas: José Rubén Robles Catalán, procurador de justicia; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En ese contexto, Félix Salgado era diputado federal, cargo al que llegó en las elecciones de 1988. Participó en las movilizaciones para exigir el reconocimiento del triunfo de los candidatos del PRD en las elecciones locales de 1989 y estuvo presente en algunos de los ayuntamientos populares.
El académico Abel López se cuestiona, a 33 años, cuál es el compromiso del ahora senador Félix Salgado y de su hija Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, con el esclarecimiento y aplicación de justicia de los actos de represión de los que el propio senador fue testigo.
En el ámbito federal, añade, hay una investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, un instrumento de la Comisión de la Verdad, decretada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de 1965 a 1990.
“El gobierno federal también tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos represivos, ubicar a los responsables y reparar el daño cometido contra las personas afectadas”, finaliza el investigador en movimientos sociales y armados en México.
El trabajo completo se puede encontrar en la siguiente liga: https://enah.academia.edu/AbelLópez
Estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa iniciaron las celebraciones por el 97 aniversario de creación de la escuela, y refrendaron su exigencia para la búsqueda de justicia por los 43 normalistas desaparecidos.
En una publicación en su página oficial de Facebook, se observó que la celebración inició con Las Mañanitas, cantadas por un grupo de mariachis en la normal rural, ubicada en el municipio de Tixtla.
Además, se indicó que el 2 de marzo, pero de 1926, “se plantó esa semilla en estas tierras guerrerenses. Esa semilla que como todo lo justo, a los poderosos les incómodo, sufriendo golpes dolorosos desde su inicio”.
“Ayotzinapa es una semilla y hoy en día es un árbol que tiene raíces importantes, que es Raúl Isidro Burgos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y la de decenas de generaciones que en estos 97 años han enaltecido y emblematizado el nombre Ayotzinapa”, se leía.
Manifestaron que celebran la resistencia, “alzamos el ejemplo de nuestros caídos, seguiremos buscando justicia para los ausentes. Nuestro aniversario va por los 43, por los caídos, por lo que tanto necesitamos y merecemos como pueblo”.
La próxima semana, en la escuela se realizarán conferencias, exposiciones y en el lienzo charro de Tixtla se presentarán grupos musicales, entre ellos, Gerardo Díaz y su Gerarquía. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
La policía ministerial intercambió disparos con un hombre que huía, luego de que intentaron detenerlo con una orden de aprehensión por violación, la noche de este miércoles, cerca de la población Santa Bárbara, municipio de Pungarabato.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, cuando intentaban detener a Pedro Juan, originario de Tlapehuala, al que perseguían en un auto blanco, el cual impactaron contra una patrulla sobre la carretera federal 134, cerca del poblado Santa Bárbara, justo al pasar frente a las instalaciones de Grúas Peña.
El conductor se bajó del vehículo, comenzó a correr y a la vez empezó a disparar contra la patrulla, por lo cual los policías ministeriales empezaron a responder la agresión. El hombre alcanzó a correr unos 200 metros, en un callejón, e intentó esconderse entre la maleza de un terreno baldío, pero le dieron alcance con las patrullas y, a su vez, los oficiales continuaban disparando al aire.
Se reportó que el hombre tiene una orden de aprehensión, por el delito de violación equiparada, y que sería puesto en manos del juez.
El hombre fue detenido y el vehículo fue asegurado, mientras tanto, comenzó una búsqueda de la pistola que había aventado en el camino, pero debido a que la maleza estaba alta y a que ya era de noche, no la encontraban.
No se reportaron personas lesionadas. La zona fue asegurada por la policía ministerial, una vez que también llegó la Policía Municipal y el Ejército. Todo ocurrió a un costado de las instalaciones de Grúas Peña, donde comienza la barda de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
El arzobispo Leopoldo González González reflexionó que muchos policías en las calles no garantizan la seguridad de las personas, ni sus bienes, sino que es necesario abatir la impunidad para llevar a la justicia los responsables de los crímenes y garantizar su no repetición.
“Nos duele, entristece e indigna la violencia que ha ejecutado, asesinado o herido a personas en estos días. Son crímenes que hieren a todos en la sociedad. Lo mismo las extorsiones, que sangran la economía familiar. Hemos visto que no bastan muchos guardias para asegurar la integridad de las personas y sus bienes. No pueden vigilar a cada uno para que no hagamos mal. Estamos convencidos de que la impunidad en que quedan tantos crímenes en nada ayuda a la paz y a la tranquilidad. Es necesario que, conocida la verdad, se repare el daño en la medida de lo posible, y conforme a derecho se ponga a quienes cometieron esos crímenes en condiciones de no seguir cometiéndolos”.
La reflexión del arzobispo ocurre luego de que el pasado domingo la alcaldesa dio el banderazo de arranque a las operaciones de seguridad con motivo del periodo vacacional de fin de año, donde se anunció que mil 600 agentes entre Guardia Nacional, Ejercito, Marina, Policía Estatal y Municipal estarán a cargo de la seguridad en Acapulco.
También esta semana ocurrió un asesinato en playa Papagayo, justo a un costado del Asta Bandera, en plena zona turística.
El arzobispo habló de las posadas y el simbolismo que tienen y que debe replicarse en la vida cotidiana, “es necesario que nos reconozcamos y nos acojamos. Reconocernos como personas de igual dignidad, reconocernos como hermanos, reconocer en cada uno a Jesucristo. Acogerlos es no hacerles lo que no queramos que nos hagan. Tratarlos como queramos ser tratados en situación semejante. Acogerlos es que el más grande ayuda al menor a crecer”.
Dio la bienvenida a los vacacionistas que comenzaron a llegar al puerto, “les deseo un muy buen descanso, que disfruten de la gran hermosura de estos lugares, de la hospitalidad de la gente, de la convivencia con su familia”.
Familiares de Vicente Suástegui Muñoz, quien cumplió este lunes un año y cuatro meses de haber desaparecido, denunciaron que no hay avances de las indagatorias y que los cuatro detenidos podrían salir libres.
Por la tarde, la esposa de Suástegui Muñoz, Samantha Colón Morales, acudió a la celebración de una misa, así como a un acto de exigencia de justicia y presentación con vida del joven Jonathan Guadalupe Romero Gil, frente a playa Tlacopanocha.
En declaraciones, Colón Morales recordó que su esposo cumplió 16 meses de desaparecido. Indicó que la exigencia a la Fiscalía es que ejecute una orden de aprehensión pendiente, porque esta persona es, según uno de los cuatro detenidos, quien tuvo el último contacto con Vicente.
La esposa del también integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La parota (Cecop) informó que se han mantenido las búsquedas. El 19 de septiembre visitaron un corralón de autos en Metlapil, pero no localizaron nada; luego fueron a la comunidad El Bejuco y ahora está pendiente ir a la comunidad San Antonio, para el 10 de diciembre.
Por su parte, el hermano de Vicente, Marco Antonio Suástegui Muñoz, recriminó que “hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. No hay un resultados favorables para dar con su paradero”.
Agregó que “lo lamentable es que la fiscal (Sandra Luz Valdovinos Diego) no ha me dado audiencia, ni acceso a la investigación y las cuatro personas que están detenidas, van a poder salir libres en caso de que no encuentren responsabilidades y esto agrava la situación”. (Jacob Morales Antonio).
Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.
Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.
