A cuatro años del homicidio de la líder de las familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, se teme que salga de prisión el único detenido por ese delito, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado explica que los testigos presenciales y de cargo se encuentran desplazados y vulnerables, pero han recibido garantías para refrendar las acusaciones en el proceso.
Menciona que el 28 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Juventina Villa, así como del desplazamiento de las familias amenazadas por la delincuencia organizada en Coyuca de Catalán.
Afirma que las autoridades estatales ni las federales han garantizado un lugar seguro ni condiciones dignas para vivir para los desplazados de la violencia.
Denuncia que no existen garantías para las víctimas porque la delincuencia organizada actúa con impunidad y en complicidad con las autoridades y los gobernantes.
Menciona que el primer desplazamiento de las familiares de La Laguna ocurrió después del homicidio del esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso en febrero del año 2011. Toda la comunidad se trasladó al pueblo de Las Ollas para protegerse de los sicarios que los acosaban.
Pese a los acuerdos con el gobierno para atender las necesidades de los afectados ante la violencia, asegura que no recibieron atención y las familias volvieron a La Laguna para trabajar sus tierras y reunir a sus animales, hasta el 28 de noviembre de 2012 cuando se acordó un nuevo traslado a un lugar seguro con el resguardo de policías estatales.
Sin embargo ese día fue asesinada Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, una de sus hijas iba con ella y se salvó. Diez días antes del atentado, el 18 de noviembre de 2012 solicitaron al entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, la intervención urgente del estado, y se propuso como medida de seguridad el traslado de las familias a un lugar seguro.
Sin embargo Salgado Gómez minimizó los hechos y respondió que no sería posible ir por ellos de inmediato porque no tenían sitio para su reubicación. Ofreció la instalación de campamentos en algunas escuelas.
Para el 26 de noviembre, se acordó el traslado de las familias amenazadas y de Juventina para el 20 de noviembre a Puerto de las Ollas.
Pese a los acuerdos no llegaron los policías que acompañarían la caravana de desplazados, y Villa Mojica se separó del grupo para buscar un sitio con señal telefónica para dar cuenta a los defensores de derechos humanos. En ese momento fue asesinada.
Hubo testigos que señalaron a los responsables de las amenazas y de la agresión, pero sólo fue detenido Tereso Díaz Núñez bajo la causa penal 21/2013 en el Juzgado de Primera Instancia de Coyuca de Catalán.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que los testigos están más vulnerables en este momento, ya que se encuentran desplazados en diferentes lugares del país y se les dificulta presentarse a las diligencias, sin garantías ni recursos.
Sobre todo porque saben que los familiares de Tereso Díaz Núñez, el preso, “aprovechando esta situación ofrecerán una fuerte cantidad de dinero al juez para que busque algún argumento legal y a consecuencia de ello deje en libertad al procesado, esto ha causado temores fundados en las familias ya que de quedar en libertad, la vida de todos y cada uno de ellos corre mucho peligro”.
En cuanto a las familias desplazadas, dice que el Estado aún no les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación ni a la educación.
Uno de los argumentos es que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) no ha querido enviar maestros a la comunidad de la Tondonicua municipio de Petatlán, donde fueron ubicados, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha querido activar la clave educativa para la localidad.
Anuncia que una delegación de desplazados de La Laguna viajará a mediados de diciembre a Panamá a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desplazamiento forzado, y lleva la encomienda de plantear el problema de las familias desplazadas por la violencia.
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Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna
Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.
Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos
También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.