La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atrajo las investigaciones de la masacre en el penal de Las Cruces en Acapulco y emitió la recomendación 2/2017 al gobernador Héctor Astudillo Flores “por la subsistencia de situaciones apremiantes a atender y prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad” en los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco.
La CNDH informó en un boletín este miércoles que atrajo las investigaciones del caso para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el organismo informó que mediante diversas visitas realizadas a los cinco centros de reclusión del estado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que persisten situaciones de riesgo que en el caso del centro de Acapulco derivaron en los hechos violentos que dejaron 28 reclusos muertos y tres heridos.
El boletín establece que de inmediato personal de la CNDH se trasladó a las instalaciones de ese centro penitenciario, donde permanece realizando las investigaciones correspondientes.
Antes, los centros penitenciarios que habían sido visitados son los de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco.+
Se informó de las irregularidades
La CNDH informó que entre las irregularidades encontradas en esas cárceles por el Mecanismo destacan la existencia de condiciones de autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación, sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, cobros indebidos y áreas de privilegio, falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
“Esto consta en los informes respectivos emitidos en agosto de 2016 y en mayo de 2017, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad, así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal”, estableció el comunicado.
Agregó que ante la situación imperante en esos centros de internamiento, el MNPT realizó recomendaciones puntuales al gobierno del Estado de Guerrero, consistentes en que es necesario contar con instalaciones apropiadas, dotar a los internos de alimentación adecuada, atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno.
En la recomendación firmada por el presidente de la CNDH y enviada al gobernador Héctor Astudillo Flores, con fecha del 10 de julio, se pide también llevar a cabo programas de prevención y atención de la violencia; y reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias.
Asimismo, mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, de conformidad con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes.
En cuanto a instalaciones apropiadas, la recomendación pide realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los penales para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con planchas y colchonetas suficientes para dormir; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos.
En el aspecto de alimentación adecuada, la CNDH recomienda realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los Ceresos reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene.
Para resolver el problema de sobrepoblación y hacinamiento, el organismo demanda girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad.
Otra de las recomendaciones se refiere a las instalaciones para mujeres y al respecto pide prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las Reglas de Bangkok y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, para resolver el problema de autogobierno, la CNDH pide realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza.
También exige la contratación del personal con el perfil adecuado, “con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado Perfil del Personal Penitenciario en la República mexicana”, emitido por esta Comisión Nacional en 2016.
Con respecto a la imposición de sanciones disciplinarias, la CNDH recomienda girar instrucciones para que las sanciones disciplinarias en las cárceles sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015.
Con respecto al servicio médico, pide realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico y de enfermería suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada.
En cuanto a normatividad, el organismo nacional, establece que “es necesario actualizar o emitir uno o los reglamentos que se requieran para los centros de reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.
El documento de la CNDH emplaza al gobierno del estado para que vaya informando trimestralmente el cumplimiento de la recomendación.
