Por mayoría de votos, el pleno del Congreso aprobó hacer un exhorto a los diputados federales para que tras el análisis de los resolutivos de la ONU y sobre el monitoreo del cultivo de la amapola, legislen sobre la posibilidad de legalizar la producción de amapola con fines medicinales.
Después de una discusión entre diputados del PRI, MC y PRD, que se acusaron de no cumplir el procedimiento legislativo en el tema, ayer finalmente se aprobó el exhorto que el martes las comisiones unidas de Salud y Justicia aprobaron, con el único voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros.
El punto de acuerdo lo leyó el presidente de la Comisión de Salud, Raymundo García, por el cual el Poder Legislativo exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y determine la legalización de la amapola con fines medicinales.
De esa manera fue desechada finalmente la iniciativa propuesta por los diputados de Movimiento Ciudadano.
La argumentación del exhorto se basa principalmente en el último informe del monitoreo del cultivo de amapola en México, que señala que en el país hay una superficie sembrada con cultivos de amapola de 24 mil 800 hectáreas, principalmente en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de los que Guerrero está entre los primeros lugares.
En el dictamen se recuerda que en marzo la fracción parlamentaria de MC presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de legalización del cultivo de amapola.
Esa iniciativa fue enviada a las Comisiones de Justicia y de Salud, que “tras analizarla consideramos procedente que sea por su competencia el Congreso de la Unión quien lleve a cabo en el ámbito de su competencia el análisis y en su caso legisle en la materia que nos ocupa”.
En tribuna el diputado Raymundo García aclaró que aunque el Congreso local tiene facultades para iniciar reformas a leyes del ámbito federal, la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Mejía, Silvano Blanco y Magdalena Camacho “no se acompaña de los estudios técnicos, médicos, sociológicos, científicos, socioeconómicos, culturales, de campo y aquellos que resulten necesarios para contar con los elementos básicos necesarios y emitir un posicionamiento fundado en la razón y con elementos convincentes en la materia”.
La decisión provocó debate entre los diputados de MC y los que dictaminaron la propuesta.
El coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía votó a favor el exhorto que aprobaron en lugar de su iniciativa, porque dijo que “todo lo que abone a terminar con la política prohibicionista nosotros lo vamos a respaldar”.
Recordó en la tribuna que el debate de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales lo inició el gobernador Héctor Astudillo.
Pero el presidente de la Comisión de Justicia, el priista pero diputado por el Partido Verde, Héctor Vicario Castrejón, insistió en que la propuesta de los legisladores de MC tenía “carencias sustanciales” y que ese fue el motivo para desecharla.
Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, consideró que en Guerrero no existen las condiciones de salud “para enfrentar las consecuencias de una legalización de la amapola, además de que el hacerlo sólo beneficiará a quienes se queden con las patentes de los llamados usos medicinales” y por eso coincidió en que es en el Congreso de la Unión donde se debe legislar.
Silvano Blanco, de MC, criticó que “entendemos que con este exhorto pretenden dar por concluido este proceso legislativo; estaban mal y siguen estando mal, porque son dos procesos distintos, una cosa es el dictamen, que ya sea se vote a favor o en contra, y otra es el exhorto, esto que se está haciendo es ilegal y va en contra del procedimiento legislativo”.
Mientras que el priista Cuauhtémoc Salgado defendió que no es un acuerdo unilateral ni es tema exclusivo del PRI, y justificó que “es competencia del Congreso federal, podemos proponer pero lo que necesitamos es que el Congreso investigue, aporte más elementos a este tema”.
Fiscalía para la desaparición forzada
Para homologar la ley local y la federal, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación e incorporación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas.
En la tribuna, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, adelantó que revisarán la trayectoria de quien será el fiscal, que debe tener “solvencia moral y que cuente con el aval de las familias de las víctimas”.
De lo contrario dijo que la fiscalía especializada será un “elefante blanco, una oficina más del gobierno”.
Exhortó al fiscal para que envíe la propuesta al Congreso de quién podría ocupar el cargo, para que los diputados lo puedan consultar con las familias de las víctimas.
Por su parte la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, lamentó que a pesar de que la reforma sólo es un trámite y que la Constitución política de Guerrero señala que la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada es la que se encargará de la persecución del delito y búsqueda de las víctimas, el fiscal general no ha designado todavía al encargado.
“El fiscal sigue tan campante” sin designar al fiscal especial, a pesar de las miles de víctimas que hay en Guerrero, reclamó la diputada de Morena.
El pleno también desechó por mayoría de votos del PRI y del Partido Verde la adición al código penal y de procedimientos penales de Guerrero, que presentó el diputado Ricardo Mejía.
La reforma planteaba incorporar el delito de desaparición forzada de personas, e incorporarlo en el catálogo de delito grave, pero según el dictamen que desechó la propuesta, “sólo el Congreso de la Unión es el órgano encargado o facultado para expedir la legislación en materia de desaparición de personas y establecer las sanciones”, leyó el diputado Héctor Vicario Castrejón.
La diputada María de Jesús Cisneros advirtió que si se desechaba la propuesta de Mejía Berdeja quedará un vacío jurídico grave que será utilizado por la defensa de los delincuentes, que podrán argumentar que quien los investigó y consignó no tiene facultades, por lo que podrán objetar por violación al debido proceso y quedarán libres, por lo que presentó una moción suspensiva para que la propuesta sea analizada nuevamente en comisiones.
Ricardo Mejía respaldó la propuesta de la diputada de Morena, y argumentó que “la Corte ha señalado que mientras no entre en vigencia una ley general, puede seguir la legislación de los estados y por la naturaleza y gravedad del tema de la desaparición forzada se debe reformar la legislación local”.
Por eso pidió que se regresara su propuesta a comisiones y que se apruebe la reforma, y cuando entre en vigor la ley general, entonces se realicen las adecuaciones necesarias. Recordó que en la Ciudad de México ya hay una ley de desaparición forzada.
El también coordinador de los diputados de MC insistió en que la intención es que los huecos legales no sean aprovechados por los delincuentes o esgrimidos como pretexto por los ministerios públicos y jueces para no impartir justicia.
“¿Quién gana con la ausencia normativa?; los delincuentes, por eso nosotros no queremos ni un minuto sin tipificación penal para que los fiscales puedan hacer su trabajo, para que no haya pretexto de los jueces para decretar autos de libertad”, insistió Mejía Verdeja.
Sin embargo la moción fue desechada por la mayoría de votos de los diputados del PRI y Partido Verde, así como la propuesta de Ricardo Mejía.
Otros temas
La fracción de MC también presentó un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución, que consistía en que el Congreso local realice un exhorto a la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, para que la dependencia “apoye” con recursos suficientes a los refugiados y centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades.
El punto de acuerdo hace referencia principalmente a los centros que existen en Acapulco, y plantea que en Guerrero se elaboren programas que contengan una gama de servicios de salud que se deben ofrecer en esos lugares, como física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo, y programas encaminados a la protección de la mujer con el fin de brindar una asistencia integral.
Los diputados también aprobaron por unanimidad un acuerdo parlamentario para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores para que instruya al secretario general de Gobierno y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíen al Congreso un informe pormenorizado respecto del estado que guarda el expediente del folio registral electrónico 4891 del distrito de Guerrero, denominado “Loma Larga”, y el expediente técnico del proyecto de construcción de la celda emergente en la comunidad de Matlalapa, en Tixtla.
En la sesión se dio primera lectura a los dictámenes con proyectos de leyes de ingreso de Acatepec, Ajuchitlán, Arcelia, Atlixtac, Ato-yac, Ayutla, Azoyú, Benito Juárez, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Co-pala, Coyuca de Benítez, Cuajini-cuilapa, Eduardo Neri, Floren-cio Villarreal, General Canuto Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhté-moc, Juan R. Escudero, Ajuchitlán, La Unión, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Teloloapan, Tepecoa-cuilco, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa y Zitlala.
Los 30 diputados asistentes a la sesión de ayer autorizaron a los síndicos y regidores de Tecoanapa, Zitlala, Atoyac y Copala a que de-sempeñen funciones docentes.
