Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.
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Exhorta el Legislativo local al Congreso de la Unión y a Peña a analizar la reforma educativa
Con la presencia de representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, el pleno del Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos un exhorto al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que analicen la reforma educativa.
Sin embargo, se rechazó que el Legislativo solicite al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que abstenga de cualquier represalia en contra de los maestros y maestras que se oponen a la reforma.
Este jueves los diputados locales celebraron las dos últimas sesiones correspondientes al tercer periodo ordinario, en las que dieron primera y segunda lectura al dictamen por el que pidieron se analizara la reforma educativa, y en ambas estuvieron maestros de la CETEG encabezados por la profesora Antonia Morales Vélez.
En la exposición de motivos, la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, se explica que es conveniente hacer un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que se reactive la comunicación y reinicien las mesas de trabajo ya concertadas con la Secretaría de Gobernación (Segob).
El dictamen es resultado de las tres solicitudes que el Congreso recibió de las dos fracciones de la CETEG y de la Dirección Colectiva Estatal de las Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales, que solicitaron su intervención ante las autoridades federales y estatales, tras el despido de 951 maestros y retenciones salariales.
El exhorto está dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y a las cámaras de Diputados y de Senadores, para que de manera conjunta se analice la reforma educativa en las mesas de trabajo instaladas por la Segob, la de Educación Pública (SEP) y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La intención, se lee en el dictamen, es que se aborde el asunto relacionado al proceso del cese y la situación salarial de los maestros y solucionar el conflicto social en Guerrero.
El exhorto fue aprobado por mayoría de votos.
El petista Jesús Martínez Martínez, que preside la Comisión de Derechos Humanos propuso un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores a fin de que gire instrucciones al titular de la SEG, José Luis González de la Vega de abstenerse de cualquier represalia, ya sea psicológica, laboral, administrativa o económica contra los maestros que se oponen a la reforma.
En la exposición de motivos se lee que la reforma educativa “no sólo es regresiva en la protección de garantías básicas”, sino que viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, que deja en condiciones de vulnerabilidad a los maestros a quienes, aseguró, se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación.
“Con la reforma educativa el Estado legaliza una relación laboral que deja atrás el derecho conquistado de la seguridad en el empleo, lo que viola garantías consagradas en el artículo 123 constitucional. El principio básico de la Carta Magna es que cualquier modificación no puede orientarse más que hacia una progresividad de los derechos consagrados, es decir, no se pueden aprobar cambios regresivos a garantías ya conquistadas”, expone el documento.
Pese a la argumentación, la propuesta fue rechazada por las fracciones del PRI y PVEM, que hacen mayoría en el Congreso.
En respuesta los maestros gritaron consignas como “va a caer, va a caer, la reforma va a caer” y se retiraron tras dialogar con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo a quien agradecieron la apertura y acordaron continuar las reuniones.