Baja la temperatura a 8 grados centígrados en Yextla, Chichihualco, dice Protección Civil

 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero informó que la comunidad de Yextla municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) registró ayer bajas temperaturas de 8 grados centígrados.
El reporte de la dependencia indicó que los municipios en los que hubo altas temperaturas fue en Pungarabato y San Marcos con 38 grados centígrados.
Detalló que los lugares que reportaron bajas temperaturas fueron la comunidad de Yextla municipio de Leonardo Bravo con 8, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) 9, Chilapa 11, Buenavista de Cuéllar, Olinalá y Xochihuehuetlán 13.
Los municipios con altas temperaturas fueron Xochihuehuetlán 37, Alpoyeca 36, Tlapa 35, Acapulco, Cuajinicuilapa, Iguala y Zirándaro 34 grados centígrados. (Redacción / Chilpancingo).

 

Hay 22 mil 890 desplazados en Guerrero sin garantías de seguridad ni retorno, afirma Tlachinollan

Carmen González Benicio

Tlapa

En Guerrero se han registrado 22 mil 890 personas desplazadas de manera forzada, sin que las autoridades garanticen su seguridad y su anhelado retorno a sus hogares de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien lanzó una campaña con la que busca recabar fondos para apoyarlos.
Bajo el lema Guma, que significa tortilla en lengua me´phaa, la organización materializará el apoyo económico en insumos de la canasta básica como el maíz, arroz, frijol y aceite que servirá para alimentar y acompañar a las familias. Piden hacer la donación a nombre de Tlachinollan Grupo de Apoyo de los Pueblos Indios de la Montaña A.C. a la cuenta bancaria: 197 – 668 de CITIBANAMEX, sucursal: 4602, de Tlapa de Comonfort.
En su página de facebook Tlachinollan difundió una infografía en la que menciona que habitantes la Montaña y Costa Chica de Guerrero han sido víctimas de violencia y desplazamientos forzados internos que tienen documentados desde el año 2013 a 2022.
En la infografía del mapa del estado de Guerrero focalizan 25 municipios con desplazamientos forzados en las siete regiones. En Tierra Caliente son seis municipios afectados: Zirándaro, Pungarabato. Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan; en la Centro, son cinco: General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo de los Bravo, Zitlala y Chilapa de Álvarez; de la Norte, son cinco: Apaxtla, Teloloapan, Iguala, Huitzuco de los Figueroa y Taxco de Alarcón.
De la Montaña, dos: Zapotitlán tablas y Cochoapa el Grande; en la Costa Chica, uno: Ayutla de los Libres; y de la Costa Grande, son cinco: Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Benito Juárez y Acapulco el que presenta un desplazamiento masivo.
En el artículo, Los desplazados y Olvidados de Guerrero publicado en El Sur en su edición del 18 de julio de este año, la organización menciona que el desplazamiento es de décadas y se inició con la relación entre caciques y Ejército para sacar a la gente de sus territorios; las políticas basadas en el saqueo de los bienes naturales como la explotación forestal; extractivistas como la minería; construcción de presas y en las últimas décadas relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.
Agrega que esto ocurre a nivel de comunidades completas o de familias que han sufrido algún secuestro, extorsión o les han asesinado a algún familiar. Y que de acuerdo con datos de las organizaciones civiles y académicos, tienen un registro de julio del 2013 a la fecha, de cinco mil personas. Además de que de 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado.
Cita Tlachinollan en su texto que los gobiernos alientan la protección y apoyo a los empresarios y dejan a los campesinos solos, como el caso de familias de Chilpancingo e Iguala que no pueden sembrar por falta de agua que sí tienen las mineras y a eso se suma la delincuencia.
Menciona que el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, desde el 2011, acompaña a más de 30 familias de las comunidades de Hacienda de Dolores y la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, refugiándose en la cabecera municipal de Ayutla los Libres.
Asegura que en el caso de la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas municipio de Zitlala, indica que han sido víctimas de la violencia delincuencial donde las familias en enero del 2016 se vieron obligadas a salirse ante el asesinato de seis personas.
Respecto a la comunidad de Carrizalillo municipio de Eduardo Neri, menciona Tlachinollan que desde el 2014 la comunidad quedó a expensas de un grupo del crimen organizado con un registro de 50 familias desplazadas.
En Chilapa, resalta que las comunidades nahuas de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, huyeron ante la amenaza difundida en facebook de que un grupo de la delincuencia asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades, eso fue el pasado 9 de junio.
Menciona que los habitantes tienen la amarga experiencia de que por ser indígenas no tienen derechos y deben enfrentar esta avalancha delincuencial sin garantía de que su vida y su seguridad estarán a salvo.
En todos los casos las autoridades municipales y estatales han evadido su responsabilidad de brindarles protección dejando a la deriva a un gran número de mujeres indígenas que con sus niños deambulan en otras comunidades y prefieren vivir en la clandestinidad porque tienen fundados temores de que pueden ser privados de la vida, resalta la organización.
Agrega que este drama es compartido por un gran número de familias que a lo largo y ancho del estado enfrentan el flagelo del desplazamiento forzado y lo más cruento es que experimentan la indiferencia y el olvido de las autoridades del estado.

Desplazados de la sierra refugiados en Chichihualco piden regresar a sus casas

 

Al cumplir un mes refugiados en el auditorio de Chichihualco, los desplazados de comunidades del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) exigieron ayer a los gobiernos federal y estatal que los regresen a sus casas, y que repliegue a los civiles armados que siguen en Filo de Caballos, para garantizar su seguridad.
En conferencia de prensa el mediodía de este miércoles, los representantes de los desplazados Crescencio Pacheco González y Alma Delia Barragán declararon que no quieren pasar la Navidad y el Año Nuevo fuera de sus casas y de sus pueblos.
Dijeron que les preocupan los 150 niños menores de 14 años y los 20 adultos mayores porque ha llegado la temporada de frío y duermen en el piso, y sin el abrigo suficiente.
Informaron que el total delos desplazados varia de 400 a 500 porque la mayoría se fue a vivir con sus familiares a otras ciudades, o se han ido de migrantes o jornaleros. Los primeros días del desplazamiento se informó que había de mil 600 a 2 mil desplazados.
Pacheco González denunció que a un mes de que abandonaron sus casas han perdido todo porque los que se dicen policías comunitarios les robaron sus cosechas, sus animales, sus cosas que tenían en sus casas, y en algunos casos se han apoderado también de sus viviendas.
Denunció que los saqueos siguen aún ante la presencia de los soldados y policías estatales que no hacen nada por evitar los robos.
Cuando la conferencia había terminado sorprendió un niño de 10 años, estudiante de quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez de Los Morros. Bajó de las gradas abriéndose paso entre los desplazados y se sentó en medio de Pacheco González y Alma Delia, sin más, soltó: “Yo lo que le pido al gobernador es que haga su trabajo, que nos ayude a sacar a la gente mala que está en nuestros pueblos para que nosotros podamos regresar a nuestras casas”.
Entre sollozos siguió: “yo ya no quiero seguir aquí, ya me cansé de seguir aquí. Allá dejé a mis abuelitos y ellos ya no pueden caminar. Quiero regresar a mi casa”.
Insistió, “le pido al gobernador que nos ayude a sacar a la gente de Tlacotepec para que nosotros podamos regresar. Yo quiero estudiar, quiero ir a la escuela”.
Antes, Pacheco González dijo que ya tienen un mes fuera de sus casas y comunidades de donde fueron sacados por quienes se hacen llamar policías comunitarios, y que el gobierno no ha hecho nada, aun cuando recordó que el gobernador Héctor Astudillo ha dicho que los grupos de civiles armados no pueden hacerse responsables de la seguridad pública.
Expresó que todo mundo sabe, “el obispo, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, el propio gobernador Astudillo, quién está detrás de los civiles armados que nos desplazaron, pero no actúan para retirarlos”.
Reprochó que las autoridades ni si quiera les han ido a decir cómo está la situación, por qué no pueden retirar a los comunitarios y cuánto tiempo van a permanecer así, fuera de sus casas, y quien se va a hacer cargo de la seguridad en la zona de la sierra.
“Si el gobernador no puede retirarlos, cuando menos que nos venga a dar la cara y nos venga a dar personalmente una explicación”, demandó.
Agregó que a un mes de que se refugiaron aquí ya se encuentran en condiciones “no gratas, se nos está acabando todo el apoyo. El gobierno ha dicho que nos está brindando todo el apoyo pero no es cierto”.
Aseguró que la última remesa de despensas que les llevaron del gobierno estatal fue el 16 de noviembre. Dijo que a partir de entonces se ha encargado el municipio y la gente de la cabecera municipal.
Informó que desde entonces “tampoco se ha venido a parar nadie del gobierno y no sabemos qué pasa ni qué traman”.
Contó que ayer por estar fuera de sus pueblos incumplieron con las costumbres de su fe religiosa que es la veneración a la Virgen de Guadalupe, y que no quieren pasar Navidad y Año Nuevo fuera de sus casas porque son fechas de reconciliación y de unidad familiar.
“Pedimos a los gobiernos federal y del estado que se sensibilicen, que nos regresen a nuestros pueblos o que nos den una explicación y nos digan hasta cuándo vamos a seguir así”.
También denunció que a un mes de que dejaron sus casas siguen los saqueos, y que ya han perdido todo, “hemos perdido completamente todos nuestros bienes, la cosecha, animales, las cosas que teníamos en nuestras casas y algunos hasta estas han perdido porque los comunitarios se las han apropiado para vivir”.
También dijo que han perdido su convivencia y sus tradiciones.
Denunció que no entienden por qué los saqueos de siguen cometiendo ante la presencia de militares y policías estatales.
Acusó a las autoridades de inacción y omisión, pues dijo que “ya pasó un mes para que el gobierno realizara una investigación y se hiciera llegar información de lo que pasó, y actuar contra los responsables pero todavía no hace nada, por eso hoy le exigimos que nos regrese a nuestras casas, ya no queremos seguir aquí”.
Dijo que lo que más desean ahora que se acercan las fiestas de diciembre es “llegar a nuestras casas y restablecer nuestra vida como Dios manda. Toda la gente está sufriendo aquí, tenemos 150 niños y 20 adultos de la tercera edad y son los que más recienten el frío, porque duermen en el piso”.
Alma Delia Barragán quien salió de Los Morros con sus seis hijos y su esposo negó que hayan dejado sus pueblos porque deben algo, como han dicho los comunitarios, añadió que se salieron porque temen por la vida de sus hijos, y reclamó que el gobernador no haga nada a pesar de que ya tenía conocimiento que los llamados comunitarios iban a entrar a Filo de Caballos.
También reprochó lo que dijo el secretario Florencio Salazar en el Congreso Local cuando compareció con motivo del tercer informe de Gobierno, en el sentido de que están pagando las consecuencias por dedicarse a sembrar amapola, “pero la culpa es del gobierno porque nunca apoyan con proyectos ni empleos a la sierra. La sembramos porque no tenemos de donde más, otra fuente de trabajo”.
Le pidió al gobernador Astudillo Flores que ayude ahora a los desplazados, “que no se haga el sordo, y si no nos cree cómo vivimos que suba y le presto mi casa un día para que oiga los balazos, a ver si sigue diciendo que es nuestra culpa habernos salido”.
Alma Delia declaró que sólo Dios sabe por lo que están pasando y que sienten feo que la Navidad y el Año Nuevo no los van a pasar en sus casas, “y nunca había pasado estas fechas fuera de mi pueblo, hoy sé que no es agradable pasar estas fechas fuera de la casa y durmiendo en el piso”.

 

Tiene 15 días de nacida la más joven de las refugiadas en Chichihualco; escasean los alimentos

Aspecto del refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, donde llevan más de 20 días familias desplazadas por la violencia de la Sierra, quienes demandan seguridad para poder volver a sus pueblos -Foto: Jessica Torres Barrera
Recién nacida que vive en el refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, junto a su joven madre, quien 7 días antes de dar a luz huyó de la violencia en su pueblo y por la falta de médicos que la atendieran en el parto, abraza a su pequeña de 15 días de nacida -Foto: Jessica Torres Barrera

 

Asustada por los disparos que se escucharon la tarde del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) tomó Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), una joven embarazada abandonó su pueblo, Carrizal. Siete días después, el 18 de noviembre su hija nació y es la primera bebé nacida en un refugio para desplazados por la violencia.
Desde entonces la joven madre pasa los días en el auditorio municipal de Chichihualco igual que el resto de las demás desplazadas, sin atención médica, sin pañales para su hija, sin ropa apropiada y duerme en el piso con su bebé en brazos.
Ayer contó que el 18 de noviembre tuvo que trasladarse del auditorio municipal de Chichihualco, en donde está refugiada, a Iguala para tener a su hija en el hospital general de esa ciudad, porque allá vive su abuela y le ofreció alojamiento.
Sin embargo dijo que apenas dio a luz se regresó al refugio con la intención de estar pendiente del momento en que los regresen a sus pueblos, porque ella ya no quiere seguir viviendo fuera de su casa, “allá bien que mal nos sentimos más cómodas que aquí viviendo entre el montón”, dice mientras sentada en un banco amamanta a su hija recién nacida.
La joven madre, no mayor de 20 años, expuso que el 11 de noviembre salió de Carrizal asustada porque escuchó los disparos en Filo de Caballos, al momento que entraron los policías comunitarios, y porque muchas familias de ese pueblo pasaron por allí asustadas rumbo a Chichihualco.
Ella pensó que en cualquier momento podría dar a luz y que como en Carrizal estaba cerrado el centro de salud y a Filo de Caballos ya no podría ir, abandonó su pueblo para irse a refugiar a Chichihualco.
Su madre, que la acompañaba ayer, lamentó la situación en que se encuentran las tres y demandó a las autoridades que hagan algo para que puedan regresar a sus casas.
Dijo que a su nieta solamente le aplicaron las vacunas cuando nació y ya no la ha vuelto a revisar ningún médico, igual que a su hija recién parida, porque no hay médicos que atiendan a los desplazados. “Afortunadamente mi nietecita nació muy sana, no se nos ha enfermado, si no imagínese, cómo le haríamos”, se quejó la abuela mientras alternaba miradas de ternura a su nieta y a su joven hija, en medio del resto de mujeres y niños desplazados de sus pueblos debido a la violencia.
En el auditorio municipal ayer había desplazados que llegaron desde el 11 de noviembre, cuando irrumpieron los comunitarios en Filo de Caballos, también los que han ido llegando en los días posteriores.
Los más recientes fueron los del viernes que llegaron de Los Morros, aunque todavía ayer en la mañana dos hombres adultos se incorporaron al grupo de desplazados luego de que salieron de Filo de Caballos, aprovechando la presencia de policías ministeriales que fueron a ese pueblo, en donde los dos hombres estaban en contra de su voluntad, obligados por los comunitarios.
Entre los desplazados menudearon las críticas ayer. Denunciaron que el gobierno estatal los ha abandonado, no solamente en cuanto a la seguridad que no les garantiza para que regresen a sus pueblos, sino en cuanto a los apoyos para que sobrevivan.
Un hombre adulto dijo que después de más de dos semanas personal del gobierno del estado les llevó la noche del viernes (cuando llegó otro grupo de desplazados) 50 despensas, “¿pero usted creé que esto nos va a alcanzar?, esto nos dura apenas para un día o dos, tomando en cuenta que somos más de 500”, dijo.
También denunció que en los paquetes de despensa van muchas cosas que no comen, como el huevo en polvo, “que se nos hace masa en la boca, y no pasa, y si alguien tiene diabetes con eso se muere”.
Agregó que en los 21 días que llevan han sobrevivido gracias a la solidaridad de la gente de la cabecera municipal o de otros pueblos, “sólo así vamos comiendo a veces, pollo, frijol, arroz, sardina o atún, pero no siempre alcanza para toda la gente y los que se quedan sin comer se enojan”.
Informó que los primeros días hacían colecta entre los mismos desplazados para comprar otro tipo de alimento, pero se han quedado sin dinero y ahora se aguantan con lo que hay. Los hombres adultos han solicitado que el gobierno los apoye incorporándolos al programa de empleo temporal para que tengan algún ingreso, “podemos trabajar en la limpieza de la carretera de aquí a Chilpancingo, para que tengamos algún ingreso y nos distraigamos cuando menos, pero ni en eso quieren apoyarnos”, reprochó uno de ellos.
Otro denunció que los funcionarios están engañando al gobernador, “por eso le hemos pedido por escrito que venga personalmente a platicar con nosotros”, pues dijo que el secretario de gobierno, Florencio Salazar, el subsecretario Martín Maldonado y la delegada de gobierno, Norma Yolanda le han informado que sólo son 70 los desplazados. “Pedimos que venga el gobernador personalmente a ver cuántos somos y cómo vivimos”, exigió.

Demanda dirigente de la sierra de Chichihualco que se resuelva la falta de médicos y transporte

El presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra por el Desarrollo y la Paz, David Barragán López informó que en esa zona de los municipios de Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco) hace falta que el gobierno del estado resuelva la falta de médicos, medicinas y restablezca el servicio del transporte público hacia la capital y las comunidades de la zona.
“Ojalá que el gobierno ponga atención a eso porque le hace falta a toda la gente que está sin comer, tienen que llegar caminando y pues esa gente está sufriendo muchísimo”, describió.
Este miércoles una comitiva integrada por poco más de 20 ciudadanos asistieron al Congreso Local para recibir y respaldar al gobernador en su tercer informe de gobierno.
Minutos antes Barragán López agradeció el esfuerzo en restablecer las clases en distintas comunidades de la sierra, pero señaló que los problemas persisten.
De manera efusiva agradeció que el gobierno del estado haya dado la seguridad en la zona, pero pidió que sea permanente para el bien de la población.
Reconoció que el gobierno del estado ha respondido a la demanda de restablecer las clases en las escuelas de las comunidades de la sierra, pero pidió que continúe atendiendo las demás peticiones.
Detalló que en la mayoría de las comunidades de la ruta a Filo de Caballos continúan sin acceso a servicios de salud, lo que han tratado de solucionar por sus propios medios.
Explicó que en algunas ocasiones han tenido que bajar por las cajas de medicamentos para las comunidades, pero al llegar a los pueblos no hay médicos que puedan atenderlos.
“Esperamos que el gobernador no quite el dedo del renglón y que nos siga apoyando con la seguridad, se comprometió él a dárnosla, estamos trabajando con él de la mano, protegiéndonos todos juntos”, agregó.
Insistió en que se requiere la atención en el sector de salud para las comunidades Los Morros, Filo de Caballos y que el funcionamiento sea permanente en el hospital comunitario que atiende a más de 22 comunidades.
“Si había denuncias de que no había cómo llevar el medicamento, ultimadamente nosotros hemos tenido que venir por él, venimos con el doctor Saúl”, agregó.

 

Piden vecinos de la sierra desplazados seguridad para regresar a sus pueblos

 

Desplazados por la violencia de los pueblos vecinos a Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), reclamaron ayer vía telefónica que los gobiernos federal y estatal les garanticen seguridad en sus comunidades para que puedan regresar sin riesgos.
Bernardo Cisneros, vecino de Carrizal, contó ayer que después del 5 de septiembre cuando irrumpieron civiles armados en La Laguna, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y atacaron las comunidades de Puentecillas, Carrizal y El Ranchito, siete familias salieron de Carrizal por temor a los ataques de los integrantes del grupo criminal.
Añadió que el fin de semana pasado otras familias abandonaron Carrizal y pueblos vecinos porque las agresiones continuaron en los días siguientes, principalmente en las madrugadas.
Contó que su casa quedó totalmente agujerada porque se encuentra en la orilla y por el lado donde llegan a atacar al pueblo los civiles armados, por eso abandonó su pueblo y su casa la misma noche del 5 de septiembre.
Informó que las familias que salieron en los días posteriores, (desconoce cuántas) viven hacinados en casas de sus familiares en Chilpancingo, otros en Chichihualco, la cabecera municipal y algunos se fueron a Cuernavaca, Morelos.
Denunció que lamentablemente los gobiernos federal y estatal los han dejado solos, pues solamente declaran a los medios de comunicación que hay presencia de militares y policías estatales y que está garantizada la seguridad en la sierra, pero es mentira.
Afirmó que las fuerzas federales y estatales suben solamente cuando ocurre un evento de violencia, levantan los cuerpos, hacen recorridos y vuelven a bajar de la zona.
Mientras tanto los integrantes de los grupos armados se repliegan mientras hay presencia policiaca y militar, pero que cuando se retiran vuelven a atacar a las poblaciones.
“Lamentablemente las familias que no tenemos nada que ver con estos grupos quedamos en medio de dos fuegos, y al final no nos queda otra alternativa que abandonar nuestros pueblos”, se quejó Bernardo, quien está a cargo de un grupo de siete familias que abandonaron Carrizal la noche del 5 de septiembre.
El vecino de Carrizal demandó que los gobierno federal y estatal les ayuden no solamente con la seguridad en sus pueblos para que puedan regresar, sino que mientras permanecen refugiados con sus familiares los apoyen con colchonetas y despensas para que puedan sobrevivir porque huyeron sin nada de sus pueblos.
Asimismo, ayer no había en la zona presencia de militares ni de policías estatales como lo ha venido informando el gobierno del estado y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

No luchan por la amapola y su trasiego, manifiestan pueblos de la “Sierra alta de Guerrero”

Mientras tanto en un pronunciamiento de los pueblos de la “Sierra alta de Guerrero”, aclararon este martes que la lucha no es contra los pueblos, “es a favor de los pueblos, no es por intereses personales, no es por plazas, no es por el control del acaparamiento de la amapola y su trasiego, como justifican los medios y el gobierno, es por justicia, por libertad, por el derecho a la vida, y por sobre todo por amor a nuestra gente, a nuestra tierra”.
Responsabilizaron a las instituciones y al gobierno “por el tan injusto abandono en el que nos han dejado, pues si no fuera por eso este conflicto no tendría razón de ser”.
Critican en su escrito que las autoridades “nos gobiernan pero no nos representan, tanto tiempo minimizando el problema y mientras tanto nuestros hijos no van a la escuela, no tenemos medicinas y doctores en los centros de salud, no tenemos abasto en la tiendas, no tenemos transporte”.
A los pueblos de la parte baja donde se han dado los enfrentamientos les piden “paciencia y comprensión por todo los inconvenientes que este conflicto ocasiona, esta lucha también es por ustedes, pues, muchos de ustedes son nuestros parientes y amigos, sabemos que también sufren la opresión que infringen contra ustedes y sus mujeres al obligarles a manifestarse para pedir ayuda al gobierno a favor del Cártel del Sur”.
Agregan: “sabemos que obligan a los hombres a armarse y a defenderlos y quien no acepta es despojado de sus pocos bienes y son expulsados de sus pueblos o asesinados. Esto ya muy pronto se va a terminar”.
Advierten que han tomado medidas drásticas, “pues el gobierno y los acosos de este grupo criminal no nos dejaron otra alternativa, o vivimos o morimos pero será peleando por el sagrado sostén que tenemos para con nuestras mujeres, ancianos y niños, y el respeto a sus derechos más elementales”, advierten.
En su manifiesto responsabilizan al Cártel del Sur de la violencia en estos pueblos, “se está librando una gran batalla entre la gente de los pueblos de la sierra en contra del llamado Cártel del Sur. Mucho se ha dicho y se ha opinando de este conflicto, pero como dice el dicho: sólo el indio sabe lo que trae en el morral”, dice el escrito.

 

Protestan padres y maestros de Chichihualco en la SEG en la capital para exigir envío de docentes

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Maestros y padres de familia de la zona escolar 012, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) protestaron en la Dirección General de Primarias de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), frente al parque Margarita Maza de Juárez de la capital, para exigir siete maestros y un trabajador administrativo que les faltan desde hace un año.

Unos 70 inconformes denunciaron que desde hace un año han solicitado los maestros, y que la falta de éstos ha perjudicado a más de 500 alumnos de distintas comunidades de la sierra.

En el lugar, el director de la primaria Azteca, de la localidad de Atlixtlac Genaro Muñoz Rosales dijo que faltan siete maestros y un administrativo en las comunidades del El Naranjo, Iyotla, Tepozonalco, Atlixtlac y de la cabecera municipal Chichihualco.

Recriminó que la SEG ya conoce el problema de la falta de maestros, que hace un año se cubrió con interinos, pero no les pagaron, y terminaron su contrato pero no los recontrataron.

El director pidió que haya maestros de base, porque los interinos se van cuando termina su contrato de cuatro o cinco meses; las autoridades solucionan el problema de manera temporal y no definitiva.

Ante la falta de respuesta, algunos padres y maestros de diferentes comunidades acudieron a la capital para exigir el envío de los docentes, o de lo contrario, en próximos días todos protestarán como medida de presión.

En cuanto al modelo educativo, Muñoz Rosales opinó que en la sierra no hay infraestructura o docentes para implementar los clubes; incluso, los docentes se reunieron la semana pasada para analizar los programas de estudio.

Recriminó que les están quitando horas a las asignaturas importantes para destinarlas a la atención de clubes, “estamos en desacuerdo que en las escuelas haya clubes”, porque los maestros no están especializados.

Además, la SEG les propuso la contratación de trabajadores de empresas privadas, y no están de acuerdo en que “la incitativa privada se incorpore a las escuelas”.

Incluso dijo que, en las escuelas de comunidades de la sierra no hay mobiliario para los niños, son los padres de familias los que tienen que comprar butacas, mesabancos, sillas, mesas y material de limpieza.

Una comisión de maestros y padres de familia entró a dialogar con el director de Educación Primaria, Práxedis Mojica Molina, y al salir informaron que Mojica Molina se comprometió a enviar seis maestros a diferentes comunidades a partir de hoy y antes del 5 de septiembre.

 

 

 

 

Se replegaron los médicos que había en la sierra tras las balaceras del domingo, informa Salud

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que los hechos de violencia que ocurrieron en la sierra del municipio de Leonardo Bravo y en El Ranchito, Heliodoro Castillo, “desafortunadamente pone en alerta a mis médicos y enfermeras”, por lo que nuevamente se “replegaron”.
Consultado al finalizar los honores a la bandera en el Palacio de Gobierno, De la Peña Pintos reconoció que los médicos se retiraron porque tienen miedo.
Agregó que los médicos no quieren acudir a laborar cuando hay violencia en la sierra porque “en alguna ocasión los retuvieron por algunas horas, los soltaron, no les hicieron nada malo pero esos hechos les provocan miedo”.
El secretario dijo que ha tenido varias reuniones de trabajo con dirigentes y trabajadores de aquella zona de la sierra, a quienes les ha pedido que cuiden los recursos humanos.
Afirmó que los trabajadores ya habían regreasdo a laborar a Tlacotepec por lo que paulatinamente se iba restableciendo el servicio, incluso en las reuniones de trabajo se acordó que iban a conseguir gente de la localidad para tener arraigo y también en Filo de Caballos.
“Pero bueno ayer (el domingo) se presentó una circunstancia (de violencia) que pone en alerta a mis médicos y enfermeras y hasta que no pase esa circunstancia no van a regresar”, advirtió.
En cuanto a toda la zona de la sierra donde continúan cerrados los 16 centros de salud debido a inseguridad, aseguró que ya se mandó a médicos y enfermeras, “pero se presentan estas cosas y nuevamente se repliega”.
¿Si los centros de salud están cerrados, cómo son atendidos los más de 25 mil habitantes?, se le preguntó, y respondió que por medio de brigadas médicas, “es suficiente con las brigadas para dar atención porque la mayoría de las personas ya se desplazó, e incluso hay pueblos que están solos”.
El domingo la Policía Ciudadana reportó que hubo casi una hora de balazos contra dos pueblos de la sierra, pero el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia aseguró que no existieron hechos violentos.
En Tlacotepec y Filo de Caballos operan grupos criminales antagonistas que han provocado mediante la violencia la falta de los servicios.
El 23 de junio integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo para pedir médicos, y que se abriera el Hospital Básico de Filo de Caballos.
La clínica de interrupción legal del embarazo fue clausurada

Informó que no ha dado autorización para el funcionamiento de la Clínica Marie Stopes, que brinda servicios de anticoncepción e interrupción legal del embarazo.
El funcionario estatal indicó que incluso fue clausurada ya que de acuerdo con la verificación sanitaria que se hizo no cumplía con los requerimientos, “por eso fue que se clausuró”.
A pregunta expresa dijo que la Secretaría de Salud sólo le practica la interrupción del embarazo a una mujer cuando tiene la indicación del Ministerio Público (MP), siempre y cuando sea antes de las 12 semanas y de acuerdo con el código penal.
De la Peña indicó que son pocos los casos en los que se ha practicado la interrupción del embarazo de manera legal, “no tengo en mente la cifra pero es muy poco”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

 

Exigen comisarios que se abra el hospital de Filo de Caballos, cerrado tras balaceras en junio en la sierra

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo para pedir médicos, y que se abra el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos, ya que más de 20 mil habitantes no tienen atención médica y las mujeres embarazadas son las principales afectadas.
Aseguraron que la violencia disminuyó y que los pobladores de más de 20 comunidades de la zona se comprometen a brindar seguridad a los médicos, porque desde hace un mes no tienen atención hospitalaria.
El presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López dijo que en la Jurisdicción Sanitaria los atendió el encargado Saúl Romero Téllez, mediante quien solicitaron que el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos intervenga y envíe médicos “porque hay más seguridad”.
“Los pobladores vamos a apoyar con la seguridad a los médicos porque necesitamos la atención de ellos, en las comunidades hay muchos enfermos y desde hace un mes no tenemos atención médica, por lo que es urgente que acudan”, destacó.
Informó que los pueblos se están coordinando para apoyar enla seguridad y que también “nuestro gobierno del estado que nos dé seguridad, que nos apoye para que tengamos ese derecho a la salud”.
Barragán López relató que antes de que se cerrara el hospital había algunos médicos y enfermeras, “eran pocos y tampoco daban buena atención, ahora dicen que no acuden a la sierra por la inseguridad”.
Se comprometió a que brindarán seguridad desde Xochipala a Filo de Caballos a los médicos.
En total son 23 comunidades afectadas por el cierre del hospital, entre ellas está Corralitos, Filo de Caballos, La Laguna, Puentecillas, y Xochipala, y en total son 20 mil habitantes los que ahí acuden para recibir atención médica, principalmente mujeres embarazadas.
Detalló que las personas que tienen un familiar enfermo, “se vienen como pueden a Chilpancingo para recibir atención médica”, y casi es una hora el tiempo que se toma en llegar en vehículo.
Manifestó que hay familias de escasos recursos económicos que no puede trasladar a su enfermo, por lo que los controlan con hierbas.
Los comisarios informaron que en reiteradas ocasiones han solicitado al gobernador Héctor Astudillo Flores que coloque un retén permanente en Corralitos, para que “la ciudadanía viva en paz”, porque si lo mueven el problema de la inseguridad continuará.
Desde el 9 de junio está cerrado el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos, en la sierra de Chichihualco. Se paralizaron las actividades en decenas de poblados de esa región cuando un grupo delincuencial atacó la comunidad de Corralitos, dejó tres muertos y cortó la energía eléctrica y la telefonía, además de que se suspendió el transporte público y la llegada de camiones que surten a los pueblos de productos básicos.

No hay policías ni militares en la sierra; se avistó en el área a sicarios de Tlacotepec, denuncia la Policía Ciudadana

El coordinador de la Policía Ciudadana de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), Crescencio Pacheco González desmintió al vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, quien el lunes aseguró que a partir de esta semana regresaron los militares y policías estatales para encargarse de la seguridad en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos, luego de que bajaron con motivo de las elecciones del 1 de julio.
Pacheco González declaró vía telefónica que por el contrario, los militares que resguardaban la comunidad de Corralitos, en donde detonó la violencia el 9 de junio pasado, se retiraron desde el martes. Informó que ante el abandono de militares y policías estatales este miércoles se volvió a hacer cargo de la vigilancia la Policía Estatal Rural, junto a la recién creada Policía Ciudadana de Autodefensa.
Denunció que después de que se retiró el Ejército de Corralitos, el mismo martes se avistaron hombres armados en la comunidad de Verde Rico, municipio de Heliodoro Castillo, que se encuentra de 20 minutos a media hora en vehículo de Corralitos, municipio de Leonardo Bravo.
El lunes consultado después del izamiento y homenaje a la bandera en la explanada del Palacio de Gobierno, el vocero informó que los militares y policías estatales se retiraron de la sierra con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero que a partir de esta semana habían regresado, pues “está latente” la violencia en esos pueblos.
También dijo que el gobierno del estado busca el diálogo entre los dos grupos que se han venido enfrentando.
Ayer Pacheco González aseguró vía telefónica que los policías estatales se bajaron de la zona el sábado, mientras que los militares que tenían establecida su base en Corralitos abandonaron el lugar el martes en la mañana.
“A partir de hoy (miércoles) estamos desprotegidos del gobierno, y nosotros como ciudadanos estamos implementando la seguridad para vigilar y estar atentos a cualquier suceso, y en dado caso de que nuevamente ingrese gente armada que quiera agredir, invadir o a hacerle daño a la gente de esta zona”, dijo.
El 9 de junio al menos tres células de un grupo armado de Tlacotepec pretendieron entrar simultáneamente en tres puntos del corredor de Xochipala a Filo de Caballos. En Corralitos se enfrentaron con otro grupo rival de la zona y tres lugareños murieron, entre ellos el comisario municipal. También tres casas y dos vehículos fueron incendiados, asimismo dos casas fueron atacadas a balazos.
Además cerca de la comunidad de Las Palmas sometieron a golpes a 10 personas que viajaban en un camión de volteo, entre ellas a dos niños. A un adulto le rociaron gasolina y amenazaron con prenderle fuego, pero finalmente sólo incendiaron la cabina del camión en el que se transportaban.
A raíz de esas acciones violentas habitantes de 18 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri constituyeron la Policía Ciudadana, y a partir de entonces comenzaron a resguardar los pueblos del corredor de Xochipala a Filo de Caballos, una zona amapolera.
El coordinador de esa Policía Ciudadana declaró ayer en la tarde que la situación sigue complicada porque el martes en la tarde, después de que se retiraron los militares que estaban en Corralitos, avistaron a integrantes del grupo de sicarios de Tlacotepec cerca de la comunidad de Verde Rico.
“Ayer por la tarde (el martes) nos comunicaron que vieron a gente armada vestidos de militares cerca de Verde Rico, inmediatamente (los de la Policía Ciudadana) nos comenzamos a incorporar a las bases para estar pendientes de cualquier ataque, pues los militares que estaban en Corralitos ya se movieron y no sabemos qué ruta tomaron, porque para la capital (Chilpancingo) no bajaron”.
Pacheco González informó que ayer en la tarde no sabían en qué área de la sierra están los militares o por qué ruta se retiraron, “por eso estamos pendientes y si el gobierno está diciendo que regresarán a la zona esperemos que lo hagan, porque la seguridad es responsabilidad del gobierno federal y estatal”, dijo.
Insistió que a partir de ayer solamente estuvieron patrullando la zona agentes de la Policía Rural y la Policía Ciudadana que tienen su base en la comunidad de La Laguna, “se han reunido de 7 a 8 grupos y hacen sus recorridos en todos los pueblos que están en el corredor”.
Informó que estos grupos se encargan de la seguridad en Filo de Caballos, Ranchito, Puentecillas, Corralitos y Campo de Aviación que se encuentran en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos.
Dijo que ocasionalmente los de la Policía Rural han bajado a Casa Verde, que se encuentra en el entronque con la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
Mientras, la Policía Ciudadana está recorriendo los pueblos del corredor cuidando y monitoreando para evitar una incursión del grupo que intentó entrar el 9 de junio a esos pueblos.