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Ejecutaron a un comandante de la UPOEG, a su hijo, dos sobrinos y un menor en la sierra

Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos, fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Las víctimas eran originarias de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo militar, según testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.
Los familiares de las víctimas denunciaron el caso el sábado pasado en una reunión en Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la zona.
Las víctimas son Martín Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años de edad.
Los familiares denunciaron que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.
Martín Ramírez Gregorio era hijo de Tomasa Gregorio Barragán, a quien el 23 de abril del año pasado, presumiblemente el mismo grupo delictivo ejecutó en esa comunidad a su nieto José Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.
Los familiares de las víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente 4 años, así como a otro hombre del que no recordaron su identidad.
La madre del comandante, la esposa Reyna Marcelo Oláis, la madre de Luis Alberto Ramírez Marcelo, así como la tía de Rafael Trujillo y Leonardo Guzmán, denunciaron que las dos masacres no se han investigado ni las autoridades buscan a los responsables.

El comandante Martín Ramírez Gregorio

A raíz de la impunidad de la masacre del año pasado, en la que murió su sobrino y su cuñado, el Comandante 4 creó un grupo de la Policía Ciudadana de la UPOEG para encargarse de la seguridad de su comunidad.
El martes 24 de mayo Martín Ramírez y su grupo hacían un recorrido aproximadamente a la 1 de la tarde en la carretera que comunica a su pueblo, y al llegar al crucero de El Jilguero fueron emboscados y asesinados cinco de los integrantes de su grupo, incluido el menor de 14 años que los acompañaba.
“Ellos andaban trabajando por la seguridad del pueblo, por eso los mataron”, dijo Reyna Marcelo, esposa del Comandante 4 durante la asamblea de la UPOEG en Chicahuales,  donde asistieron comisarios y representantes de más de 30 pueblos que aprobaron su adhesión a esa agrupación y a la Policía Ciudadana.
Según testigos, en la emboscada participaron de entre 12 a 15 hombres con armas y uniforme tipo militar, entre ellos reconocieron a Juan Castillo Gómez, conocido en esos pueblos como El Teniente, además de Avelino Márquez Guzmán, Enrique Guzmán García y otra persona al que sólo identifican como El Pica, quienes radican en la comunidad de Tecomazúchitl, municipio de Heliodoro Castillo.
Los familiares contaron que el grupo armado llegó a Vuelta del Sur la noche anterior a bordo de una camioneta particular de redilas, todos vestidos con uniformes tipo militar y portando armas largas, igual que las que usan los militares.
“Yo creo que ya andaban rondando por allí, queriendo matar al Comandante 4”, dijo un familiar de las víctimas.
Consultadas al término de la asamblea, Tomasa Gregorio y Reyna Marcelo exigieron justicia y denunciaron que las autoridades no subieron a tomar conocimiento del caso para integrar la averiguación previa y que ninguna corporación policiaca ha subido para investigar el caso.
Tomasa, de unos 75 años, dijo que se siente desamparada totalmente, y que los últimos hombres con los que contaba dentro de su familia eran su hijo y sus dos nietos que le mataron el martes pasado. “Yo contaba en la casa con mi hijo y con mis dos nietos, pero ya me los mataron, y ahora no sé qué voy a hacer”, dijo a punto de desfallecer.
Contó que hace medio año falleció su esposo y que su yerno asesinado el año pasado le dejó a su hija muy enferma  de diabetes.
“Ahora no sé de que o como voy a vivir, si con mis hijos y mis nietos eran con los únicos que contaba. Eran los que me ayudaban. El día que me los mataron yo sentía que me iba a morir, que ya no iba a aguantar tanto dolor”.
Dijo que del gobierno es el único responsable de la violencia que se vive en esos pueblos y que no ha recibido nada, “por el contrario, yo creo que se vende (el gobierno) o no sé por que respaldan a esa gente, no es posible que les permitan cargar armas y uniformes que usa el Ejército”, se quejó.
“Nosotros ya no sabemos que pensar, no sabemos que está pasando, no entendemos por que los dejan hacer estas cosas sin que nadie les haga nada. Eso es lo que quisiéramos saber. Queremos el apoyo para que esa gente cuando menos se largue de por aquí” exigió.
Por su parte, Reyna Marcelo contó que su esposo trabajaba por la seguridad del pueblo desde finales del año pasado cuando constituyó el grupo de la Policía Ciudadana junto con otras comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri.
Incluso informó que acudiría junto a su grupo de policías ciudadanos a la reunión que se hizo este sábado para continuar con la organización de los pueblos para la conformación de su grupo de policías ciudadanos, porque el gobierno no les ha ayudado con la seguridad a los pueblos que siguen siendo atacados por los delincuentes, sin que nadie los detenga.
“Estamos confundidos. No sabemos en quien confiar, llegan (los delincuentes) a las comunidades con armas y uniforme militar, y uno dice pues son militares, y onde que no son, y en vez de cuidarnos nos atacan”.
“Por eso queremos que el gobierno no se preste para esas cosas, porque como ellos (los delincuentes) consiguen esas armas de los militares, como permite el gobierno eso”.

Niega la SSP estatal que dos grupos armados hayan irrumpido en Ojo de Agua y Polixtepec

 

La Secretaría de Seguridad Pública estatal negó en un comunicado que la tarde del miércoles hombres armados hayan irrumpido en las comunidades de Ojo de Agua en Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Polixtepec en Leonardo Bravo (Chichihualco) y negó que hayan atacado a balazos las fachadas de las casas.
En un boletín de prensa, la dependencia da a conocer que efectivos de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y de la 35 Zona Militar realizaron un recorrido en las comunidades de Yextla, Villa Xóchitl, Ojo de Agua y El Naranjo en la sierra de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo para verificar si ocurrieron los hechos.
La SSP estatal informó que no se registró ninguna irrupción de hombres armados y que fueron incendiados 11 vehículos y una vivienda pero “estos hechos ocurrieron hace aproximadamente un año, cuando dos grupos delincuenciales dedicados a la siembra y cosecha de amapola se enfrentaron en esa región”.
En el recorrido en la comunidad de El Naranjo hallaron 11 vehículos calcinados, “vestigios que quedaron en el lugar desde el año pasado, después del enfrentamiento entre grupos criminales de los que se hace referencia”.
En una de las camionetas quemadas hallaron dos cargadores para fusil AK-47, uno con capacidad para 40 cartuchos y otro para 10.
La dependencia señaló que en Villa Xóchitl entre la maleza de un potrero encontraron una pistola calibre .9 milímetros, dos cargadores y 15 cartuchos del mismo calibre; tres cartuchos calibre .38 súper; y una funda de almohada que contenía 2.5 kilogramos de semilla de amapola.
“De acuerdo con la versión que les expresó el comisario de Villa Xóchitl, Saúl Ramón de Jesús, su comunidad se encuentra pacífica y ratificó que las 11 camionetas localizadas en el camino de terracería, fueron incineradas por personas desconocidas en distintas fechas del año pasado”, indica el comunicado.
Por último las armas y las drogas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.
En una nota publicada ayer en el periódico El Sur, se informó que la tarde del  miércoles trascendió que hombres armados irrumpieron en las comunidades de Ojo de Agua en Heliodoro Castillo y Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) y atacaron a balazos las fachadas de las viviendas.

Autoriza el gobierno federal extraer agua del acuífero vedado Chilpancingo, informa la Conagua

 

El gobierno federal autorizó extraer 22.9 millones de metros cúbicos anuales de agua del acuífero Chilpancingo de los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo (Chichihualco), Tixtla, Mochitlán y Eduardo Neri (Zumpango).
El acuífero Chilpancingo está vedado desde el 13 de febrero de 1975, hace 40 años y 11 meses, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó este martes un estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se recomienda establecer las reglas de operación para otorgar concesiones o asignaciones directas para la extracción de agua.
Este miércoles entró en vigor el acuerdo en donde se da a conocer el resultado del estudio técnico de aguas nacionales subterráneas del acuífero Chilpancingo, clave 1228, en el estado de Guerrero, Región Hidrológico-Administrativa Pacífico Sur, el cual recomienda, “decretar el ordenamiento procedente para el control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas subterráneas en toda la superficie del acuífero Chilpancingo”, y suprimir la veda impuesta desde 1975.
El documento publicado establece que la veda de la extracción de agua del subsuelo sigue vigente, “hasta en tanto se expida el instrumento jurídico que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proponga al titular del Ejecutivo Federal, mismo que permitirá realizar la administración y uso sustentable de las aguas nacionales del subsuelo en el acuífero Chilpancingo”.
El acuerdo también advierte que el acuífero tiene disponibilidad limitada de agua y existe riesgo de sobreexplotación si se permite la extracción desordenada, y sugiere que se haga un aprovechamiento controlado del recurso.
“El acuífero Chilpancingo clave 1228 se localiza en la porción central del estado de Guerrero, cubre una superficie de 543.53 kilómetros cuadrados, comprende parcialmente los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tixtla, Mochitlán y Eduardo Neri”.
De acuerdo con la información del censo de aprovechamientos de 2008 de la Comisión Nacional del Agua, “se registró la existencia de 150 aprovechamientos de agua subterránea, de los cuales 17 son pozos, 117 norias y 16 manantiales”.
“El volumen de extracción total estimado entre pozos, norias y manantiales es de 9.9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 5.2 millones de metros cúbicos, 52.5 por ciento, se destinan al uso público-urbano, 3.8 millones de metros cúbicos, 38.4 por ciento, se destinan a uso doméstico-pecuario, 0.4 millones de metros cúbicos, 4 por ciento, se destina al uso agrícola y 0.5 millones de metros cúbicos, 5.1 por ciento se utilizan para las actividades de servicios”.
En el documento se explica que, “el máximo volumen que puede extraerse para mantenerlo en condiciones sustentables es de 22.9 millones de metros cúbicos anuales, que corresponde al volumen de recarga media anual, menos la descarga natural comprometida”.

Riesgo de sobreexplotación del acuífero

El acuerdo también advierte que el acuífero tiene una disponibilidad limitada de agua y existe riesgo de sobreexplotación si se permite la extracción desordenada, se sugiere que se haga un aprovechamiento controlado del recurso.
“El acuífero Chilpancingo, clave 1228, actualmente tiene una disponibilidad media anual de agua limitada para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, aunado al incremento en la extracción y aprovechamiento del agua subterránea, por consecuencia de alumbramientos que se efectúan de forma desordenada, para satisfacer el incremento de la demanda se podría originar un desequilibrio en la relación recarga-extracción y causar sobrexplotación”, se lee en el documento.
Hay un riesgo de “que se genere efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como la inutilización de pozos, el incremento de los costos de bombeo, la disminución e incluso desaparición de manantiales, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea”, por lo que es necesario prevenir la sobreexplotación y proteger al acuífero de un deterioro ambiental en la región, advierte el estudio.

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.

Los cuerpos hallados en Chichihualco tenían entre cinco días y ocho meses muertos, revela un testigo

Algunos de los cuerpos hallados en la barranca de la Curva de la Virgen, en El Naranjo, Chichihualco, tenían unos cinco días de haber sido asesinados, otros unas cuatro semanas y los de más tiempo unos ocho meses, dio a conocer un testigo que presenció la recuperación de los 19 cuerpos y restos humanos diversos.
Luego de la polémica generada por el hallazgo de los 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y restos humanos diversos en El Naranjo, que durante tres días el gobierno del estado negó pese a que el director general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Joaquín Torrez Osorno los había confirmado, un testigo que presenció el levantamiento de los restos habló del caso.
“¿Por qué el gobierno niega eso, si ellos fueron para allá, no tienen por qué decir eso?”, dijo el testigo la mañana de ayer, antes de que el gobernador Héctor Astudillo reconociera el hallazgo.
Consultado vía telefónica, el testigo indicó que la recuperación de los cuerpos fue del martes 8 al viernes 11 de diciembre, en un lugar conocido como la Curva de la Virgen de la comunidad de El Naranjo, camino a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
El testigo del hallazgo y la recuperación de los nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y restos humanos diversos, precisa que no estaban en fosas, sino a la intemperie, en una barranca que es usado como basurero.
“Si la PGR está diciendo que sí, ¿por qué el gobierno lo niega?… pues sí, se encontraron los cuerpos”, sostuvo.
Describió que unos cinco cuerpos “eran de poco tiempo”, de unos días, otros de más tiempo, como de unas cuatro semanas, y los de más tiempo como de unos ocho meses de haber sido asesinados, según dijeron peritos en el lugar del hallazgo, dijo el testigo.
Explicó que todos los cuerpos y restos humanos aún tenían tejido, “no eran osamentas, eran cuerpos, unos ya como de ocho meses y los otros más frescos, y los que estaban calcinados estaban frescos”, narró.
Por separado, uno de los familiares de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala describió que el lugar fue hallado por un familiar de un desaparecido que alertó a la PGR del hallazgo, y describen al lugar como “el infierno”.
En el lugar, que consideran un tiradero de cuerpos de gente asesinada por presuntos miembros de la delincuencia, señalan que los cuerpos estaban tirados a la intemperie, otros habían sido arrojados a la barranca de unos 500 metros de profundidad, y otros más estaban “colgados”.
En estas páginas se informó que fuentes oficiales de la PGR y una denuncia anónima confirmaron que, entre el martes 8 y el viernes 11 de diciembre, un grupo multidisciplinario de peritos, una antropóloga, un criminalista, un odontólogo, un médico y un perito en foto y en vídeo de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR recuperó al menos 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados y más restos óseos en una barranca de 500 metros de profundidad de la comunidad de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
La fuente de la PGR que dio a conocer la información indicó que, de entre árboles y piedras de un barranco de 500 metros de profundidad fueron rescatados nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y más restos óseos diversos, confirmando que en una primera evaluación son 19 personas, “pero pueden ser más”.

Exige un ministerial a la Fiscalía que pague sus gastos médicos

El agente ministerial Agustín Moreno Tapia exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que pague sus gastos médicos, luego de que sufrió un accidente junto a otros tres policías, en agosto cuando fueron perseguidos y levantados por hombres armados en Leonardo Bravo (Chichihualco).
En conferencia de prensa, se quejó porque fue exhibido en fotografías en el portal de internet y en Facebook de la FGE internado en el Hospital del Sur, “que según estaba recibiendo apoyo de la Fiscalía, lo cual no es cierto”. Señaló que ha gastado 150 mil pesos en atención y medicamentos, y la aseguradora Qualitas lo ha apoyado con 80 mil pesos, pero la Fiscalía no ha atendido sus peticiones.

Emboscan y matan al comisario de Polixtepec y a su secretario en Leonardo Bravo

 

11:29.   El comisario municipal de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos, y su secretario, Víctor González Luna, fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec, del municipio de Leonardo Bravo.

De acuerdo con fuentes policiacas, a las 6:30 de la tarde de ayer ocurrió una balacera en el lugar y los primeros reportes indican que el comisario y su secretario se dirigían a la comunidad de Campo de Aviación para abastecer gasolina.

El comisario y su secretario iban a bordo de una camioneta oficial de la Comisaría, fueron emboscados, asesinados a balazos y la camioneta se fue a un barranco.

David Jiménez Rumbo recorre el municipio de Leonardo Bravo

 

Durante su recorrido por el municipio de Leonardo Bravo, David Jiménez Rumbo, candidato al Senado de la República de la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) se reunión con simpatizantes del poblado de Chichihualco, quienes le expresaron su respaldo y total apoyo en las próximas elecciones del 2 de julio.
En su discurso, Jiménez Rumbo agradeció el respaldo de la población de Chichihualco y se comprometió a trabajar desde el Senado a favor de la clase popular y los sectores más vulnerables del estado.
Además de exponer sus propuestas de campaña que son dotar de pensiones a personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores “vamos a dotar de pensiones a todos los adultos mayores del país, incluyendo a los del PAN y PRI, porque el PRD trabaja para todos” precisó.
También se comprometió a legislar para reducir el IVA (Impuesto de Valor Agregado), las tarifas eléctricas y de gas, asimismo “defenderé la deuda histórica que la federación tiene con el estado de Guerrero, este estado ha aportado mucho y el país no le ha dado nada” puntualizó.
En su intervención el presidente del PRD en Leonardo Bravo, Julio César Ortiz Salado, expresó que David Jiménez es un político experimentado, que ha dado resultados y así lo demostró cuando fue diputado local en la pasada legislatura, “no es un candidato por casualidad, por ello es que tiene el respaldo de nuestro municipio para triunfar en la próxima contienda electoral”.
Finalmente, David Jiménez dijo que seguirá trabajando y recorriendo el estado de Guerrero para lograr la meta de obtener 700 mil votos que le ayuden a ganar a los candidatos a diputados federales, senadores y Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la República.

Autoriza el Congreso crédito por 12 millones a Iguala y a Leonardo Bravo

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo El pleno legislativo autorizó por unanimidad un crédito de 12 millones 200 mil pesos a los ayuntamientos de Iguala y Leonardo Bravo con el Banco Nacional de Obras, para obras sociales, y en garantía darán sus participaciones federales, informó la secretaria de la Comisión de Hacienda, Gloria Sierra López.

El crédito autorizado por el Congreso del Estado a los municipios es parte de la línea de crédito de 500 millones de pesos que aprobó la anterior legislatura con Banobras, para que los alcaldes lo inviertan en obra social, explicó el presidente de la mesa directiva, Heriberto Noriega Cantú.

En tribuna, la diputada priísta Aceadeth Rocha fundamentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, y señaló que 10 millones de pesos serán invertidos en obras hidráulicas en Iguala, mientras que 2 millones 200 mil pesos son para la construcción del mercado central de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

En la misma sesión se aprobó, también por unanimidad, un exhorto al gobernador René Juárez Cisneros, para que instruya al titular de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, con el propósito de que en el cobro del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos se respete la normatividad vigente.

Mientras que la diputada Gloria Sierra indicó que el gobierno del estado, en coordinación con las direcciones de Tránsito municipales no deberá efectuar operaciones como presión para que los conductores paguen el impuesto sobre la tenencia vehicular, como lo afirmó en declaraciones anteriores el secretario de Finanzas del estado.

Autoriza el Congreso crédito por 12 millones a Iguala y a Leonardo Bravo

 

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo El pleno legislativo autorizó por unanimidad un crédito de 12 millones 200 mil pesos a los ayuntamientos de Iguala y Leonardo Bravo con el Banco Nacional de Obras, para obras sociales, y en garantía darán sus participaciones federales, informó la secretaria de la Comisión de Hacienda, Gloria Sierra López.

El crédito autorizado por el Congreso del Estado a los municipios es parte de la línea de crédito de 500 millones de pesos que aprobó la anterior legislatura con Banobras, para que los alcaldes lo inviertan en obra social, explicó el presidente de la mesa directiva, Heriberto Noriega Cantú.

En tribuna, la diputada priísta Aceadeth Rocha fundamentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, y señaló que 10 millones de pesos serán invertidos en obras hidráulicas en Iguala, mientras que 2 millones 200 mil pesos son para la construcción del mercado central de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

En la misma sesión se aprobó, también por unanimidad, un exhorto al gobernador René Juárez Cisneros, para que instruya al titular de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, con el propósito de que en el cobro del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos se respete la normatividad vigente.

Mientras que la diputada Gloria Sierra indicó que el gobierno del estado, en coordinación con las direcciones de Tránsito municipales no deberá efectuar operaciones como presión para que los conductores paguen el impuesto sobre la tenencia vehicular, como lo afirmó en declaraciones anteriores el secretario de Finanzas del estado.